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  • El Tribunal Supremo suspende cautelarmente un apartado de la Orden por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos por el Estado de alarma
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/09/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) y ha suspendido de forma cautelar el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por el Estado de alarma. El apartado suspendido dispone que “una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV y los certificados de inspección técnica de los vehículos a los que se refieren los artículos 10 y 18 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas”. La Sala concluye que procede la suspensión cautelar de dicho artículo ya que lo contrario hace perder su finalidad legítima al recurso, y que en este caso “están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino solo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos”. FENADISMER argumentaba en su petición que la medida le causa no solo un perjuicio económico, pagar dos veces la tasa con apenas días de diferencia, sino también la pérdida de productividad por tener que acudir dos veces seguidas. Además, alegaba en su petición que, en contra de cómo se ha hecho hasta ahora y así establece en su normativa reguladora, sea cual sea el día en que el vehículo pase la revisión en la estación ITV no se consignará como fecha de la próxima revisión la que le corresponda a partir de dicha fecha de realización de la revisión, sino desde la fecha límite en que durante el estado de alarma le correspondía pasarla, sin que exista ninguna razón que lo justifique. En su auto, la Sala afirma que coincide con el contenido del punto 7 de la resolución del Defensor del Pueblo, al que se refiere el recurrente en su petición, que pone de relieve que “al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto”.

  • El Tribunal Supremo abre causa a un diputado de Unidas Podemos por un caso remitido desde un juzgado de La Laguna
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/09/2020 a las 13:30

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al diputado de Unidas Podemos Alberto R.R. al considerar que existen indicios de la comisión de un hecho delictivo, y ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral. El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado. Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

  • El Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad planteados por el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra las decisiones de la Junta Electoral Central sobre el acatamiento a la Constitución
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/09/2020 a las 12:32

    La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad planteados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra las sentencias de la misma Sala, de 10 de junio de 2020, que rechazaron sus recursos contra los acuerdos de la Junta Electoral Central, de junio de 2019, en los que se comunicó al Parlamento Europeo que no habían adquirido la plenitud de su condición de eurodiputados electos al no haber prestado acatamiento a la Constitución española, y se denegó su inclusión en la lista de electos remitida a la Cámara europea. En dos autos, la Sala reitera la inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que consideren incompatible con el Derecho de la Unión el requisito de acatar la Constitución que establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Así, recuerdan que sus sentencias pusieron de manifiesto que “no hay ningún pronunciamiento jurisdiccional europeo sobre el requisito exigido por ese precepto, no sólo antes, como tiene que reconocer el propio escrito de promoción del incidente, sino tampoco después de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, porque no se ocupa de él sino del momento en que se adquiere la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea. Es decir, de la que asiste al candidato electo para dirigirse al lugar de reunión del Parlamento Europeo y regresar de él, que es una cuestión distinta a la aquí debatida”. Asimismo, los magistrados destacan que las sentencias explicaron por qué no era relevante someter al Tribunal de Justicia de la UE la pregunta de si es compatible o no con el Derecho de la Unión el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una vez que los recurrentes ya han sido admitidos como diputados del Parlamento Europeo, y ello porque la respuesta no llevaría, cualquiera que fuera, a que la sentencia a dictar modificara tal hecho.

  • El Tribunal Supremo condena a dos años de prisión a un profesor de un colegio de Vizcaya por abusos sexuales a un alumno
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/09/2020 a las 12:00

    El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión al profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya) por un delito continuado de abusos sexuales a un alumno menor de edad entre 2009 y 2011. También ha sido condenado a la pena de prohibición de acercarse a la víctima durante 4 años y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó al docente a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales por cinco episodios fácticos de abusos sexuales cometidos por el acusado en su despacho. La Audiencia dio credibilidad a la víctima, basándose en el testimonio aportado por los peritos de la acusación. La Sala estima de forma parcial el recurso del profesor –vulneración del derecho a la presunción de inocencia- y excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena –haber instado al alumno a masturbarse en su presencia y a introducirse un bolígrafo en el ano-, al apreciar “una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no podemos avalar”. El tribunal, integrado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que es el ponente de la sentencia, y por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Susana Polo, explica que la víctima describió los tres primeros episodios, consistentes en tocamientos, desde el momento en que decidió contar lo sucedido a sus padres, pero que los dos hechos citados no se los contó ni a ellos ni a los diferentes profesionales que le trataron a partir de mayo de 2011, ni a la Fiscalía de Menores en el año en que se siguieron diligencias por acoso escolar, ni ante el fiscal superior del País Vasco en 2013, haciéndolo en fecha próxima al 2015 a un psiquiatra, y a partir de ahí los narró en su totalidad en la querella y posterior declaración judicial. En su sentencia, dictada por unanimidad, la Sala agrega que “no se trata de un hecho inicial que luego va siendo objeto de matizaciones, incluso retractaciones, por parte de quien lo narra. Estamos en presencia de un menor de edad que sufre abusos sexuales de su preceptor, que narra su realidad y existencia a sus padres y a los profesionales que le asisten cuando ya ha cumplido 15 años y que, finalmente, cuando ya ha alcanzado los 19 años de edad, enriquece su relato con dos hechos de una gran trascendencia penológica, silenciados hasta entonces y que tienen una presencia sobrevenida en la querella criminal que interpone en el año 2015”. La Sala afirma que la razón de la omisión inicial y la falta de continuidad en el relato de la víctima la obtiene la Audiencia de Vizcaya de las declaraciones del menor, que explicó la vergüenza y la culpa que sintió por lo ocurrido, y en el dictamen de los peritos que atribuyen el silencio a esos mismos sentimientos. Falta de persistencia en la incriminación Sin embargo, la Sala advierte que la falta de persistencia en la incriminación quiebra el apoyo probatorio de esos dos hechos y recuerda que fue también la razón que llevó al fiscal a no incluirlos en sus conclusiones definitivas durante el juicio. Añade que no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia por atribuir valor probatorio a la declaración de la víctima que se enriquece con detalles no incluidos en el relato inicial, pero “lo que resulta decisivo, en fin, es la coincidencia en aquellos aspectos nucleares de la narración, sin la cual, el significado incriminatorio de la declaración de la víctima se desvanece”. En este caso –razona la Sala- esos dos hechos “son algo más que un añadido llamado a completar el relato”. La sentencia destaca que es perfectamente posible que un hecho determinante del juicio histórico sea conocido años después de la denuncia inicial. Afirma que “la verdad no prescribe”, y en delitos contra la indemnidad de la víctima es perfectamente posible que el proceso de maduración del menor vaya aportando la entereza precisa para el recuerdo de una lacerante vivencia que se ha querido arrinconar en la evocación de lo vivido años atrás. “Pero lo que resulta indispensable es que esa secuencia añadida muchos años después, cuando la víctima ya ha alcanzado la mayor edad, quede absolutamente probada. Tan probada como el hecho inicial. Y la prueba de ese hecho no puede hacerse descansar en una percepción intuitiva de los Magistrados ante quienes se ha desarrollado la prueba. No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a 11 años de privación de libertad”, indica la Sala. El tribunal mantiene que para la fundamentación del juicio de autoría no es suficiente un acto de fe del órgano de enjuiciamiento. “No basta con que la versión de la víctima inspire credibilidad. La realidad de los hechos imputados y su atribución al acusado tienen que ser el resultado de un proceso de valoración probatoria que no reserva espacio para intuiciones voluntaristas”, subraya el tribunal. Asimismo, afirma que “la reprochabilidad que es inherente a cualquier acción penal se hace más intensa cuando se proyecta sobre un niño”, pero “ni siquiera en esas circunstancias puede rebajarse el canon impuesto por el derecho constitucional a la presunción de inocencia”. Por ello considera que “la indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca puede actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo”. Para el Supremo, “cuando el Tribunal (la Audiencia de Vizcaya) reconoce que falta el detalle de la vivencia traumática, cuando afirma que ello es así porque el impacto emocional hace explicable hasta que se carezca del recuerdo de esa vivencia y cuando, en fin, los hechos de especial gravedad son narrados muchos años después de la fecha en la que se sitúa su acaecimiento, proclamar sin fisuras que existe persistencia en la incriminación y aceptar la íntegra verosimilitud del relato, es un ejercicio de voluntarismo incompatible con el canon constitucional de valoración probatoria”.

  • El Tribunal Supremo confirma la condena de un año y medio de inhabilitación al president de la Generalitat, Joaquim Torra, por delito de desobediencia
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/09/2020 a las 11:20

    La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al presidente de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, a 1 año y 6 meses de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, al considerar que desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso electoral de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril de 2019, al estimar la Junta que vulneraban la neutralidad exigida a las administraciones públicas en esos procesos. El Supremo, en sentencia dictada por unanimidad, desestima el recurso de Torra y confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 19 de diciembre de 2019. La sentencia ratificada condenó a 1 año y medio de inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado. En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso “no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral”. No es libertad de expresión En ese sentido, la Sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra. El alto tribunal insiste en que “el objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política. El objeto es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas”. Añade que “la exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales”, y cita su jurisprudencia para remarcar que el “sufragio libre” “significa proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política”. Torra ha admitido su negativa a cumplir las órdenes de la JEC Para descartar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el Supremo parte de que Torra “en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central”, aunque el recurrente alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión. La Sala indica al respecto que las resoluciones de la Junta Electoral Central “fueron dictadas con arreglo a Derecho, y el mandato contenido en los Acuerdos de 11 y 18 de marzo era claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos para su cumplimiento”. Contumaz y obstinada resistencia En conclusión, el Supremo constata, a la vista de todo lo analizado, “la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad”. La Sala considera que además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, el recurrente tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención. La sentencia detalla que el dolo exigible no consiste en querer cometer un delito de desobediencia, sino en querer incumplir la orden de una autoridad superior. El tribunal recuerda que el recurrente es Presidente de la Generalitat y además escritor y abogado, con una preparación y conocimientos jurídicos superiores a la media, lo que unido a los distintos informes remitidos por los Servicios jurídicos de la propia Generalitat, en fechas anteriores , sobre la exhibición de simbología en las sedes de la administración autonómica, hacen concluir, según la Sala, “ que el hoy recurrente disponía de los suficientes elementos sobre la obligación de acatar los mandatos de la JEC no solo por el propio contenido de estos sino por los términos de los informes de los Servicios Jurídicos que despejan cualquier duda acerca de la plena conciencia que el acusado tenía sobre los efectos asociados a los acuerdos de la JEC, sin que pueda hablarse de error alguno” Alcance de la inhabilitación y proporcionalidad de las penas Asimismo, la Sala avala la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y añade que el recurrente ha sido condenado en su condición de autoridad pública- que ejercía en su cargo de naturaleza política- por negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden emanada de autoridad superior, “imponiendo de esta forma su voluntad frente al mandato de los acuerdos de la JEC de 11 y 18-3-2019. En este sentido, el tribunal considera que la pena de inhabilitación – que se prevé como principal para el delito citado- debe abarcar a cualquier ámbito en que se comete el delito. La sentencia explica que es obvio que cuando el delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal se comete en un cargo público de naturaleza política, como lo es el de Presidente de una Comunidad Autónoma, “constituiría una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los Poderes Públicos que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo, fruto directo o indirecto de unas elecciones políticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio gobierno autonómico, o de la Nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la Unión Europea, o en el ámbito municipal”. En línea con la doctrina del TC, la Sala considera que condenar por un delito contra la Administración Pública del artículo 410.1 CP y poder mantenerse en su propio puesto de Presidente de la Generalitat o la posibilidad de ser elegido como representante de los ciudadanos en un órgano legislativo o de gobierno de cualquier otro ámbito, mientras cumple la pena de inhabilitación especial impuesta, “contradice la propia naturaleza de la pena principal establecida por el legislador para aquel delito”. La Sala también entiende que es proporcional la pena impuesta, frente al argumento del recurrente de que se había vulnerado el principio de igualdad en relación con otros casos de desobediencia en los que la JEC sólo impuso sanciones económicas. Después de analizar su propia doctrina, el tribunal concluye que la no imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la corrección de las sanciones efectivamente impuestas, pues a estos efectos solo importa si la conducta sancionada era o no merecedora de dicha sanción. El tribunal concluye que en el caso concreto “no puede hablarse de una reacción penal desproporcionada e innecesaria que se aparte del principio de intervención mínima y de última ratio que en toda sociedad democrática tiene que tener el recurso al derecho penal”. La Junta Electoral Central es el órgano competente En relación con la alegación relativa a la falta de competencia de la Junta Electoral Central para dictar los acuerdos que dieron lugar a la condena por el delito de desobediencia, la Sala afirma que la competencia de este órgano “se ajusta al ordenamiento electoral” y que la orden “fue dictada por órgano competente”. El tribunal señala que comparte el criterio tanto de la sentencia recurrida como del Ministerio Fiscal en este punto, y subraya que el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General atribuye a la Junta Electoral Central durante el periodo electoral «resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se dirijan de acuerdo a la presente ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia».Agrega que los hechos inciden en el periodo electoral de unas elecciones generales, y se inician cuando el representante de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía se dirige a la Junta Electoral Central invocando acuerdos anteriores de la Junta Electoral Central de 2017 sobre la exhibición de lazos amarillos, pancartas sobre Presos Políticos y esteladas que entienden que suponían una vulneración de la neutralidad política. “El partido político se dirige a la JEC de conformidad con el art. 20 de la LOREG. En la tramitación del expediente, en las alegaciones del Presidente de la Generalitat no se invoca la falta de competencia de la Junta Electoral Central”, recuerda la sentencia. Queja por trato inadecuado del tribunal En cuanto a la queja del recurrente por lo que entiende trato inadecuado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hacia su persona en el desarrollo del juicio oral, al no referirse a él en el juicio con los honores y tratamientos propios de un cargo como Presidente de la Generalitat, la Sala concluye que “en modo alguno puede entenderse como signo de parcialidad y anticipo de una decisión de condena ya tomada”. El Reglamento 2/2005, de 23-11, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los actos judiciales solemnes considera en su Preámbulo que se ha procurado evitar que su aplicación alcance al desarrollo de los actos estrictamente jurisdiccionales, por tratarse de un ámbito en el que, en propiedad, no rige norma protocolaria alguna sino las leyes procesales, tal como recoge en su art. 2. Por tanto, los tratamientos son protocolarios y el juicio oral no está sometido a ese protocolo. Todo acusado -no solo el recurrente- debe ser tratado con respeto, como así sucedió, por lo que la queja del recurrente resulta infundada.  

  • El Tribunal Supremo confirma la condena a un periodista canario a indemnizar con 25.000 euros al fiscal Ignacio Stampa por intromisión en su honor
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 25/09/2020 a las 10:00

    La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al periodista Francisco Javier C.S. a indemnizar con 25.000 euros al fiscal Ignacio Stampa Fuente por intromisión ilegítima en su derecho al honor en intervenciones en la radio y en artículos de prensa, en el año 2014, donde comentó la actuación del citado fiscal en los casos conocidos como ‘Unión’ y ‘Stratus’. El Supremo ratifica que las informaciones transmitidas por el periodista no eran veraces. El Supremo estima que la cuantía de la indemnización de 25.000 euros que impuso la Audiencia Provincial de Las Palmas es proporcionada, por lo que no atiende la reclamación de elevarla realizada por el fiscal Stampa, que la consideraba escasa, ni la de rebajarla por excesiva, que pedía el periodista. El Juzgado de Primera Instancia de Arrecife, que vio el caso inicialmente, cifró la indemnización en 50.000 euros, posteriormente rebajada por la Audiencia de Las Palmas. En su sentencia, el alto tribunal rechaza el recurso del periodista y expone que en sus artículos y programas de radio “ha expresado opiniones y valoraciones personales, pero también ha transmitido información y ha propagado simples rumores insidiosos. Y mientras que a las primeras no se les puede aplicar el canon de veracidad, cuando se transmite información sí es exigible el requisito de la veracidad, en los términos en que ha sido configurado por el Tribunal Constitucional”. Añade que “ese requisito, que la información transmitida sea veraz, ha sido incumplido por el Sr. puesto que, de acuerdo con lo fijado en la instancia, las informaciones transmitidas respecto del demandante se han revelado falsas y no existe prueba de que el recurrente hubiera intentado comprobarlas conforme a cánones de diligencia profesional”. “Se trató, por tanto, -indican los magistrados- de la difusión de rumores e infundios sobre la actuación del demandante como fiscal. De las manifestaciones del periodista demandado se desprende que el demandante habría obtenido favores (no cobrarle el alquiler del piso, facilitarle un vehículo de alta gama, enchufar a su exesposa en el Ayuntamiento de Arrecife) de una determinada persona contra la que no había dirigido acusación pese a estar implicada en tramas corruptas. Asimismo, el citado periodista se hizo eco de un supuesto rumor según el cual el bufete en el que trabajaba la pareja del fiscal tenía un altísimo porcentaje de eficacia en la consecución de la libertad condicional de los investigados en asuntos de inmigración y tráfico de drogas”. Para el Supremo, son hechos que “suponían un grave desprestigio para el demandante, que cuestionaban su integridad moral y su rectitud profesional, y le atribuían la comisión de hechos ilícitos, cuando no directamente delitos y, por tanto, constituían una intromisión en su derecho al honor. Al no ser veraces, puesto que no consta que el demandado actuara diligentemente para comprobar que sus afirmaciones se correspondían con la realidad, la intromisión en el honor del demandante es ilegítima”. El alto tribunal solo varía un aspecto de la sentencia del caso dictada por la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, y es que la responsabilidad solidaria de la productora del programa de radio donde hizo sus comentarios el periodista, “El Espejo Canario”, será respecto a 20.000 euros de la indemnización, mientras que Informaciones Canarias, SA, editora de ‘Canarias 7’, el periódico que publicó los artículos, será responsable solidaria del pago de los restantes 5.000 euros. Ello porque la intromisión más grave se produjo en la radio.

  • El Tribunal Supremo avala el Plan de Ordenación Urbana de Madrid que afecta al estadio Wanda Metropolitano
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/09/2020 a las 12:12

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del Ayuntamiento, la Comunidad autónoma de Madrid y el club Atlético de Madrid y ha considerado ajustado a derecho el Plan de Ordenación de Urbana de Madrid, aprobado en 2016, que afecta al estadio Wanda Metropolitano. La Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha concluido las deliberaciones correspondientes al Recurso de Casación 6895/2018 interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Club Atlético de Madrid S. A. D., contra la sentencia 593/2018, de 17 de julio (ECLI: ES:TSJM:2018:5519, RCA 227/2017), dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Recurso Contencioso-administrativo 227/2017, que había sido seguido, a instancia de la Asociación Señales de Humo, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, adoptado en su sesión de 30 de diciembre de 2016, por el que llevó a cabo la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 «Parque Olímpico-Sector Oeste» y el Área de Planeamiento Específico 20.14 «Estadio de la Peineta», Distrito de San Blas-Canillejas. La Sala ha decidido declarar haber lugar al citado recurso de casación, anulando la sentencia 593/2018, de 17 de julio, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el citado Recurso Contencioso administrativo 227/2017. En consecuencia, el Tribunal Supremo ha procedido a anular la sentencia. Conociendo sobre el Recurso Contencioso administrativo 227/2017 seguido, a instancia de la Asociación Señales de Huno, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid impugnado, la Sala ha procedido a la desestimación del mismo y a declarar que el citado Acuerdo, adoptado en sesión de 30 de diciembre de 2016 (por el que llevó a cabo la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 «Parque Olímpico-Sector Oeste» y el Área de Planeamiento Específico 20.14 «Estadio de la Peineta», Distrito de San Blas-Canillejas), se encontraba ajustado al Ordenamiento jurídico. La Sala no ha procedido a la imposición de las costas causadas en la instancia y en casación. La sentencia se notificará a la mayor brevedad a las partes intervinientes en el recurso, a las cuales se ha notificado el fallo.

  • El Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción desestima el conflicto planteado por la Generalitat catalana frente al Juzgado de Barbastro por la devolución de 111 obras de arte
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/09/2020 a las 10:30

    El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha desestimado el conflicto positivo de jurisdicción planteado por la Generalitat de Cataluña frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro (Huesca) en relación con la devolución de 111 obras de arte desde el Museo de Lleida a la Diócesis de Barbastro. El Tribunal ha declarado que corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro la competencia para seguir conociendo del asunto que la Generalitat de Cataluña le discutía. En concreto, según lo decidido por el Tribunal de Conflictos, el Juzgado de Barbastro debe resolver las solicitudes de aclaración y complemento de la sentencia que dictó dicho Juzgado el 10 de diciembre de 2019, que declaró que los bienes eran propiedad de distintas parroquias aragonesas de las que procedían, y que debían ser devueltos de forma inmediata a las mismas. Asimismo, el Juzgado deberá ocuparse de la tramitación, en su caso, del recurso de apelación contra su sentencia. El Juzgado suspendió el procedimiento en enero de 2020 a efectos de recurso de apelación y de las solicitudes de aclaración y complemento de sentencia al plantear la Generalitat catalana el conflicto de jurisdicción tras dictarse la sentencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se  encarga de resolver los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, y está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, que la preside, y por cinco vocales, de los que dos son magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y los otros tres son Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Alto Tribunal. La sentencia se notificará en los próximos días.  

  • El Tribunal Supremo declara la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/09/2020 a las 12:46

    El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estima el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador. La parte recurrente formuló un segundo motivo de casación que se desestima por el incumplimiento de requisitos formales.

  • El Tribunal Supremo cita para el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés y al resto de testigos del caso
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/09/2020 a las 12:24

    El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha citado a declarar como investigado el próximo 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés dentro de la causa abierta contra él por un presunto delito de maltrato que habría ocurrido el pasado mes de agosto en su domicilio en Majadahonda (Madrid). Martínez Arrieta, que fue designado instructor del caso la semana pasada por la Sala de lo Penal del Supremo, ha citado también para el 1 de octubre a los testigos del caso: la esposa del magistrado Valdés, cinco guardias civiles destinados en el puesto de Majadahonda, dos particulares, un médico del SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid), y los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente. Todos ellos han sido citados durante la mañana del 1 de octubre, a partir de las 9 horas, para comparecer y declarar en el Supremo. El pasado 15 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, y designó al magistrado Andrés Martínez Arrieta instructor de la causa. En su auto, la Sala afirmó que en la exposición razonada sobre los hechos elevada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que fue asumido por la Fiscalía. Añadió el auto que la Sala también comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”.

  • El Tribunal Supremo impone a una entidad financiera el pago de las costas en caso de estimación total de la demanda del consumidor en litigios sobre cláusulas abusivas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/09/2020 a las 13:00

    El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho. En este caso, los consumidores solicitaron en una demanda de 2016 la nulidad de determinadas cláusulas de un préstamo multidivisa que habían concertado para la adquisición de su vivienda, alegando su carácter de producto financiero complejo y, de forma subsidiaria, la normativa sobre defensa de consumidores y usuarios. En primera instancia se desestimó la demanda, pero la Audiencia Provincial aplicó la nueva jurisprudencia establecida por la Sala 1ª a partir de la STS 608/2017, de 15 de noviembre, y declaró la nulidad de las cláusulas debatidas por no superar el control de transparencia. Se adjunta nota de la Sala.

  • El Tribunal Supremo confirma la condena de 14 años de prisión a un entrenador de fútbol de Don Benito por abuso de menores
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/09/2020 a las 12:20

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 14 años de prisión a un entrenador de fútbol infantil y agente de la Policía Local de Don Benito (Badajoz) por abusar sexualmente de tres menores en su domicilio. El tribunal desestima los tres motivos del recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que confirmó la pena dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz por tres delitos de abusos sexuales cometidos sobre menores de dieciséis años, subtipo agravado de prevalerse de una relación de superioridad. Además de la citada pena de prisión, le impuso el pago de una indemnización de 40.000 euros a las víctimas, en concepto de responsabilidad civil, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio por un tiempo superior en dos años al de la duración de las penas de prisión impuestas y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 18 años. La Sala concluye que las pruebas corroboran sin lugar a duda los testimonios de los menores y destruyen la credibilidad del recurrente. En este sentido, afirma que la sentencia recurrida desgrana con detalle la prueba practicada ante el tribunal de instancia, prueba que considera suficiente y racionalmente valorada, particularmente, en lo que se refiere a las declaraciones de las víctimas, de las cuales “no halló elemento alguno que permitiera cuestionar su credibilidad”. Destaca, además, dos pruebas de especial relevancia, a las que el recurrente –según la sentencia- no hace ninguna referencia en su recurso: la prueba videográfica y de los mensajes que enviaba el acusado a los menores a través de la aplicación WhatsApp y la descripción del vídeo en el que quedó grabada la agresión de uno de los tres menores. El tribunal asegura que el testimonio que pudieran ofrecer otros menores y sus progenitores lo único que podría acreditar es que no ha realizado con ellos actos semejantes a los que son objeto de enjuiciamiento en esta causa. Por otra parte, la Sala rechaza la alegación relativa a la vulneración de derechos fundamentales durante el registro practicado en el domicilio del condenado. Considera que se llevó a cabo con todas las garantías legales, ya que este dio su consentimiento libre y voluntario tras el necesario asesoramiento de letrado, por lo que fue válido. En relación con las dilaciones indebidas, el tribunal afirma que no se puede apreciar que la causa haya sufrido una dilación extraordinaria, puesto que transcurrieron algo más de dos años desde que el recurrente fuera detenido y prestara declaración como investigado hasta la celebración del juicio oral y el dictado de la sentencia por la Audiencia Provincial.

  • El Tribunal Supremo inadmite una querella del PSOE contra una diputada de VOX por un delito de calumnias contra el Gobierno
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 21/09/2020 a las 12:38

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra la diputada de VOX Macarena Olona Choclán por un presunto delito de injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno y las Instituciones del Estado por relacionar en un programa de televisión el fallecimiento de ancianos durante la pandemia del Covid-19 con los proyectos del ejecutivo sobre la eutanasia. La Sala no aprecia indicios de delito y pone de manifiesto, al igual que el fiscal en su informe, que “es comprensible la queja de la parte querellante, pero no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista en relación con la gestión de la pandemia”. Añade que “sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos, pero el exceso (en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general) no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal”.

  • El Tribunal Supremo desestima la demanda de un hombre que impugnó la paternidad establecida por una sentencia penal firme
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 18/09/2020 a las 10:00

    El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la interpretación de la disposición transitoria 6.ª de la Ley 11/1981, de 13 de mayo («las sentencias firmes sobre filiación no impedirán que pueda ejercitarse de nuevo la acción que se funde en pruebas o hechos sólo previstos por la legislación nueva») en un litigio en el que la demanda, presentada en 2017, pretendía impugnar la paternidad del demandante, que había sido declarada en 1968 por una sentencia penal firme que le condenó por estupro y determinó la filiación de la hija nacida de la víctima del delito. Dicha demanda fue desestimada en las dos instancias y el Pleno ha desestimado ahora los recursos interpuestos por el actor. Se adjunta nota de la Sala.

  • El Tribunal Supremo abre causa a un magistrado del Tribunal Constitucional por un posible delito de maltrato
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 15/09/2020 a las 11:00

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional F. V. al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal. La Sala ha designado instructor de esta causa al magistrado Andrés Martínez Arrieta. En un auto, notificado hoy, la Sala afirma que en la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que es asumido por la Fiscalía. Añade que la Sala comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal Penal”.

  • El Tribunal Supremo inadmite por falta de legitimación los recursos del PP y de diputados de VOX contra la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del CNI
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 09/09/2020 a las 11:00

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión de los recursos interpuestos por el Partido Popular y 52 diputados de Vox contra el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, respecto de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, por falta de legitimación activa de los recurrentes. La Sala recuerda su jurisprudencia sobre la falta de legitimación activa de los partidos políticos, grupos parlamentarios y diputados que recurren de manera individual para impugnar actos y disposiciones generales cuando no se esgrime la titularidad de un derecho ni interés legítimo. Añade que “no se trata de un supuesto relativo al ejercicio de una acción popular y que no puede invocarse el mero interés por la legalidad o la infracción de la jerarquía normativa para justificar la legitimación activa, como en este caso al aducir la vulneración de una norma con rango de ley. Tampoco resulta relevante, en los términos en los que se invoca, que el recurso se interponga por el primer partido de la oposición”. La Sala explica que ello no significa que los partidos políticos no puedan interponer recursos, pero siempre que concurra esa conexión específica con su actuación o funcionamiento, como sucede en los casos de impugnaciones respecto de actos de la Junta Electoral o cualesquiera otros que afecten a su propia esfera delimitada por la defensa de sus propios derechos o intereses legítimos, pero no cuando se trate de intereses que únicamente proyecten sus efectos, como es el caso, en la esfera política. En su auto explica que la solución contraria, es decir, reconocer la legitimación de los partidos políticos y de los diputados a título individual para impugnar cualquier actuación del gobierno y de la administración (y también en los de ámbitos local y autonómicos) “equivaldría a reconocerles una suerte de acción popular encubierta, que no tienen atribuida por nuestro ordenamiento jurídico”. Como ejemplo, se refiere a sentencias de su propia Sala en las que se ha declarado la citada falta de legitimación activa de otros partidos políticos: Compromís para impugnar el acuerdo de un pleno municipal que aprobó su presupuesto anual, Izquierda Unida para impugnar un real decreto sobre enseñanza o el otorgamiento de permisos de investigación, Partido Socialista Obrero Español para impugnar una orden ministerial, y partido político Familia y Vida para impugnar el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

  • Restablecen la prestación por desempleo suspendida a una mujer por no comunicar la comisión de 206 euros que le correspondía por la venta de un robot de cocina
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 08/09/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera que no procede imponer una sanción de extinción del subsidio de desempleo a una mujer que no comunicó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el cobro de una comisión de 206,76 euros por la venta de un robot de cocina Thermomix al tratarse de una cantidad insignificante, reducida y de escasa cuantía, fruto de una actividad marginal, que no es incompatible con la prestación. El tribunal estima la demanda de la beneficiaria contra el SEPE que le impuso una sanción de extinción de la prestación de desempleo por cobro indebido de la misma y le reclamó la devolución de 4.225 euros por no haber comunicado en su oficina dicho ingreso. Un juzgado de Tenerife y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimaron la demanda y confirmaron la resolución del SEPE que ahora ha sido anulada por el Tribunal Supremo. La Sala afirma que la única ganancia patrimonial obtenida por la beneficiaria y no comunicada al SEPE ha sido la percepción de una comisión “cuya manifiesta y evidente insignificancia económica” justifica que se hubiere omitido la notificación de esta circunstancia a la entidad gestora, ya que no genera la causa de incompatibilidad entre la prestación y el trabajo por cuenta propia que contempla el artículo 282.1 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que se trata de una infracción que tipifica como falta grave –artículo 25.1 Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social- no haber notificado la baja en las prestaciones en el momento en el que se produzca situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho. El tribunal sigue los criterios establecidos en materia de incompatibilidades y sanciones vinculadas a las prestaciones de desempleo que determinan la suspensión o extinción de la prestación. Así, recuerda que el artículo 47.1 de la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, al que se acoge el SEPE en su resolución, establece la sanción de extinción cuando se trata de prestaciones de desempleo e incapacidad temporal frente a la regla general que para las infracciones graves contempla la sanción de pérdida de la prestación de seguridad social durante tres meses. La Sala asegura que procede la sanción de extinción de la prestación cuando injustificadamente se hubiera omitido la notificación a la entidad gestora de la concurrencia de alguna de las circunstancias que dan lugar a la suspensión o extinción de la misma. Sin embargo, recuerda el criterio establecido por la propia Sala, en aplicación del principio de insignificancia económica, que ha de regir en la correcta interpretación de la regla del artículo 282.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que impone la incompatibilidad de las prestaciones de desempleo con cualquier clase de trabajo por cuenta propia. Con esa doctrina –afirma el tribunal- “hemos matizado la enorme desproporción y excesiva rigurosidad de las consecuencias jurídicas que se derivarían, en los casos en los que los ingresos obtenidos por el beneficiario de la prestación son especialmente reducidos, insignificantes, y de muy escasa relevancia, fruto de una actividad económica absolutamente marginal”.

  • El Tribunal Supremo admite cualquier prueba válida de la relación de pareja para obtener una comunicación ‘vis a vis’ en prisión
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 08/09/2020 a las 13:00

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado como doctrina jurisprudencial «que la relación de pareja entre los solicitantes de una comunicación vis a vis puede ser acreditada, aun cuando uno de ellos hubiera tenido anteriormente una comunicación de tal clase con otra persona, mediante cualquier medio de prueba válido, siendo por tanto valorable como tal una escritura de constitución de unión de hecho, sin que sea admisible como único medio de prueba la acreditación de que existe dicha unión desde 6 meses antes a través de comunicaciones en locutorios». El tribunal interpreta así el artículo 45 del Reglamento Penitenciario, que regula la concesión de ese tipo de comunicaciones íntimas a los internos a solicitud de los mismos. Lo que ha examinado el Supremo en su sentencia es cuáles son los medios de prueba válidos para acreditar la condición de allegado o familiar de la persona con quien se solicita la comunicación vis a vis cuando ésta con anterioridad ha mantenido un ‘vis a vis’ con otro interno. La Sala estima el recurso de un recluso en la prisión de Zuera (Zaragoza) a quien el centro denegó una comunicación vis a vis con el argumento de que la mujer con la que se solicitaba no era pareja sentimental del interno. Para justificarlo se aportaban informes en los que se señalaba que la citada mujer no constaba que tuviera relación alguna con él, que figuraba como abogada de 11 internos en distintos centros, como amiga de 5 internos, y que había comunicado la última vez con un interno en julio de 2017 y como compañera sentimental de otro interno con el que comunicó en octubre de 2016. El preso recurrió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón y a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que le denegaron la solicitud de comunicación vis a vis con la mujer, con la que él acreditaba escritura de constitución de unión de hecho. La Audiencia Provincial estimó que no se había acreditado la celebración de comunicaciones en locutorios durante los seis meses anteriores entre los solicitantes. Para el auto recurrido, la existencia de una escritura de constitución de una unión de hecho, acorde a la Ley autonómica de Navarra, no era suficiente para entender probada la relación de pareja, ya que para ello, de conformidad con la Instrucción 4/2005 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se exige la acreditación de una relación epistolar o de comunicación en locutorios de 6 meses de duración previa a la comunicación vis a vis, ello habida cuenta de que la persona con la que se solicitó el vis a vis había mantenido comunicación anterior con otros internos. El reglamento no impone un único medio de prueba El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, da la razón al recluso recurrente. En primer lugar, admite que es lógico exigir prueba de la relación sentimental en las comunicaciones vis a vis, ya que el buen orden del establecimiento no admitiría, por ejemplo, una relación de prostitución en la que se vieran involucrados determinados internos. Pero ello no obliga a una interpretación del artículo 45 del Reglamento Penitenciario “en la que se exija, cuando uno de los intervinientes haya tenido una comunicación previa con una tercera persona, un único medio de prueba (la relación en locutorios previa de 6 meses de duración) y se descarten sin más otros posibles medios probatorios de diferente entidad”. En ese sentido, la sentencia indica que “la escritura pública que declara la existencia de una pareja de hecho supone un medio de prueba válido -en un sistema de prueba libre- que como tal ha de poder ser valorado; de ahí que la Instrucción 4/2005 no puede condicionar la interpretación del artículo 45 del Reglamento Penitenciario y exigir en todo caso -a modo de prueba tasada- una prueba epistolar o de solicitud de comunicaciones por locutorios de 6 meses de duración a quienes -pese a estar inscritos como parejas de hecho a partir de una determinada fecha- hayan celebrado otras comunicaciones vis a vis con anterioridad con persona distinta a la solicitada”. “La citada escritura ha de poder ser valorada –destacan los magistrados–, en un régimen de prueba libre y no tasada, como un elemento con potencialidad para acreditar -salvo supuestos de fraude de ley- la existencia de la relación de pareja entre los solicitantes de la comunicación vis a vis”. “Es decir, aunque exista una relación vis a vis mantenida con anterioridad con un tercero, no existe limitación en los medios de prueba que pueden ser valorados libremente por los órganos judiciales para acreditar la existencia de una relación sentimental”, concluye la Sala.

  • El Tribunal Supremo fija criterio sobre la duración de los procedimientos de inspección tributaria cuando hay entrada autorizada a domicilio
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 03/08/2020 a las 11:30

    La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que fija como doctrina que en los supuestos en los que la Administración tributaria solicita autorización judicial para la entrada en domicilio y, con ocasión de los datos obtenidos en dicha entrada, inicia después un procedimiento inspector, las actuaciones realizadas con carácter previo al inicio de ese procedimiento de inspección tributaria, que se produce mediante su comunicación formal al obligado tributario, no pueden considerase actuaciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo de duración máxima regulado en el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En un supuesto en el que la Agencia Tributaria solicitó y obtuvo autorización judicial de entrada y registro domiciliario antes de comunicar el inicio de un procedimiento inspector al contribuyente afectado, señala la Sala que aquellas actuaciones son distintas e independientes del procedimiento de comprobación e inspección, que se inicia cuando se notifica al obligado tributario.    Solo cabría incluir esas actuaciones previas en el procedimiento cuando se constate que la actuación de la Administración se ha dirigido a burlar la regla general mediante la intención fraudulenta de alargar artificiosamente el tiempo de duración del procedimiento inspector.

  • El Tribunal Supremo fija criterios sobre el inicio del plazo para solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 31/07/2020 a las 10:45

    La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el  derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos puede surgir, no cuando se efectúa dicho ingreso, sino cuando el contribuyente tiene conocimiento de que el mismo era indebido, pues en ese momento nace para él el derecho a la reclamación. La sentencia aborda la cuestión de la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos (fijada legalmente en cuatro años) estableciendo cuándo debe situarse la fecha inicial del plazo prescriptorio. En el supuesto analizado, una sociedad había autoliquidado su impuesto sobre sociedades declarando como ingresos unas comisiones abonadas por otra empresa y esta segunda entidad es sometida a una inspección que concluye con una liquidación que señala que aquellas comisiones no son gastos deducibles por constituir, en realidad, una retribución por la participación en capitales propios. Cuando esta liquidación gana firmeza, la primera empresa solicita la devolución, como ingresos indebidos, del importe de aquellas comisiones que contempló como ingresos en su autoliquidación del impuesto sobre sociedades, siendo así que esa petición se efectúa transcurridos más de los cuatro años de prescripción. Señala la Sala que una Administración que sirve con objetividad los intereses generales y que debe ajustar su actuación a la Ley y al Derecho no podía desconocer que la regularización que efectuaba a la empresa a la que rechazó el gasto incidía de lleno en la situación tributaria de la que había declarado el ingreso, pues la calificación del gasto implicaba una calificación idéntica del ingreso realizado. Por eso, la sentencia concluye que debe situarse el ‘dies a quo’ o día inicial del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha en la que se constata que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra que aquella en la que la Administración –al regularizar el gasto de otro contribuyente- efectúa una calificación incompatible con la condición del ingreso afectado como debido. De esta forma, se altera la regla general (que sitúa el inicio del plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos en el momento en que se realiza el ingreso) por aplicación de la doctrina de la actio nata y del principio de buena administración.

  • El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso de reposición contra la liquidación
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 30/07/2020 a las 11:10

    La Sala III del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia que la Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. En el supuesto analizado, el contribuyente había interpuesto un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso. La Administración dictó providencia de apremio una vez agotado el plazo de resolución del recurso sin resolverlo, considerando entonces que se había producido el acto desestimatorio presunto que le habilitaba para iniciar la vía de apremio. La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sale al paso de esta interpretación recordando, en primer lugar, que el acto surgido por silencio solo es una ficción cuya principal virtualidad es la de permitir al afectado la posibilidad de impugnarlo, impidiendo el bloqueo que supone la creación de situaciones indefinidas u obstinadas de falta de respuesta.Tal posibilidad impugnatoria no altera el deber de la Administración de resolver expresamente el recurso, de manera que –dice la sentencia- aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se mantiene intacto dicho deber “es dar carta de naturaleza a dos prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales: a) La primera práctica, no por extendida menos aberrante, es la de que el silencio administrativo sería como una opción administrativa legítima, que podría contestar o no según le plazca o le convenga. b) La segunda práctica intolerable es la concepción de que el recurso de reposición no tiene ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado; en otras palabras, que se trata de una institución inútil, que no sirve para replantearse la licitud del acto, sino para retrasar aún más el acceso de los conflictos jurídicos, aquí los tributarios, a la tutela judicial”. Y concluye la Sala de forma muy gráfica: “no se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado explícitamente éste, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio, colocando así el carro y los bueyes -si se nos permite la expresión- en la posición funcionalmente adecuada. El mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la Administración dicte la providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en tiempo y forma, o aun intempestivamente, el recurso de reposición, evitando así la persistente y recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima al deber de resolver”.  

  • El Tribunal Supremo confirma la pena de tres años de cárcel para el exsecretario general de SOMA-UGT por apropiación indebida
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 30/07/2020 a las 11:00

    La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 3 años de prisión para el exsecretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) José Ángel F.V. por delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato, y ratifica la condena a que indemnice en la cantidad de 234.462 euros a SOMA-FITAG-UGT y de 190.696 euros a SOMA-UGT, lo que hace un total de 425.000 euros. El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de José Ángel F.V. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, de 19 de septiembre de 2018, que le impuso además por el mismo delito una multa de 24.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, el Supremo ratifica la condena de 2 años de prisión y 2.400 euros de multa al exsecretario del Patronato de la Fundación INFIDE Pedro C.P. por delito continuado de apropiación indebida, debiendo indemnizar con 114.954 euros a dicha Fundación INFIDE. La Sala también desestima su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Oviedo que le condenó. Según los hechos probados de la sentencia confirmada, José Ángel F.V. vino recibiendo de la empresa HUNOSA, desde noviembre de 1989 hasta enero de 2001, “aparte de otros por su condición de Consejero en la empresa, cheques extendidos a su nombre por las cantidades que el Sindicato del que era Secretario General había de percibir, en concepto de dietas, por la asistencia al Comité Intercentros de sus miembros en condición de representantes de los trabajadores, entre ellos él, cheques que José Ángel F.V., bien personalmente o bien a través de otra persona designada por él, cobraba, quedándose con sus importes y ello por un total de 234.462,46 euros”. A partir del mes de febrero de 2001, prosiguen los hechos probados, HUNOSA modificó el modo de abono de las referidas cantidades al Sindicato, pasando a hacerlo mediante transferencia bancaria, a cuyo fin José Ángel F.V. abrió una cuenta bancaria a nombre del SOMA, desde la que, a su vez, transfería el dinero recibido a otra cuenta bancaria, también del SOMA. “Desde entonces y hasta el 2012 -indican los hechos-, con cargo a esas cuentas le fueron abonados a José Ángel F.V. diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían por el desarrollo de sus funciones de Secretario General del Sindicato, tales como: adquisición, mantenimiento, reparación, seguros, carburante y multas de dos vehículos Mitsubishi a su nombre; consumos del teléfono móvil del que era titular; comidas en restaurantes; y adquisición de puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos y similares, maletas, delicatesen, libros, cds, dvds, perfumes o ropa, entre otras cosas, y ello por un importe total de 173.932 euros”. Además, dice en otro punto la sentencia recurrida, José Ángel F.V., “tras haber finalizado el pago del segundo de los Mitsubishi por él adquiridos, siguió percibiendo las cuotas que le eran transferidas por el Sindicato y ello por un importe total de 16.764,27 euros y con el fin de compensarse de la disminución de sus ingresos al cesar en los cargos políticos que venía ejerciendo en la Junta del Principado y en el Senado”. Se prevalió de su cargo sindical para hacer suyo el dinero de las organizaciones En su sentencia, el Supremo destaca que de los hechos probados “se desprende una conducta ininterrumpida desde el año 1989 hasta el año 2012 en la que el recurrente, prevaliéndose del ejercicio de sus cargos sindicales, hizo suyas diversas cantidades de las organizaciones que representaba, no dándoles el destino que les correspondía, existiendo un dolo de continuidad en todos los hechos. Por ello, rechaza que pueda aplicarse la prescripción a determinados hechos, como pretendía el recurso, ya que la fecha de partida para el cómputo del tiempo de prescripción aun tratándose de delito continuado empieza cuando se termina la actuación dolosa enjuiciada. El plazo de prescripción sería de 10 años, y como los hechos finalizaron en 2012 y la querella se admitió en 2015, es evidente que no ha transcurrido, dice la Sala. También desestima el argumento de la defensa del recurrente de que debió aplicarse en su caso lo previsto en la Ley para casos de demencia sobrevenida, ya que ello le impidió una defensa completa y eficaz que vulneró su derecho a un juicio justo y la tutela judicial efectiva. El Supremo avala, sin embargo, las razones del tribunal de instancia, que concluyó a la vista de los informes médicos que el acusado, aunque sufre diversas patologías, no padece un notable deterioro mental de sus funciones cognitivas, volitivas e intelectivas asimilable a la “demencia” que le impida conocer la trascendencia del juicio y el significado de la acusación. Debe devolver el dinero no los bienes que adquirió Respecto a la pretensión del recurrente de que la restitución que ampara la responsabilidad civil se viera satisfecha, no con la devolución de las cantidades de dinero apropiadas, sino con la devolución de los bienes que con esas cantidades de dinero habría adquirido para su uso y disfrute, para el Supremo es inaceptable. “Lo específico del delito de apropiación indebida ha de ser la devolución del bien respecto del cual existiría la obligación de entregar o devolver. En el caso que nos ocupa esa especificidad recayó en dinero, pues de lo que el acusado dispuso a su conveniencia fue el dinero metálico, no las cosas que luego, ya consumado el delito, adquirió, y no puede imponerse al perjudicado que acepte como indemnización la sustitución del dinero del que fue indebidamente privado por los bienes adquiridos, una vez consumado el delito de apropiación indebida”, explica la sentencia. Asimismo, la Sala rechaza que se haya vulnerado la presunción de inocencia del acusado: “No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el tribunal de instancia, que se basó en pruebas documentales y personales válidamente obtenidas y practicadas, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y ponderación exigibles”.  

  • El Tribunal Supremo confirma la pena de 15 meses prisión y 8 años y medio inhabilitación al exalcalde de Pallejá (Barcelona) por prevaricación y acoso laboral a la interventora
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/07/2020 a las 12:50

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 meses de prisión y a 8 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Pallejá (Barcelona), Ismael Álvarez Serrano, al considerar probado que realizó una campaña de hostigamiento a una interventora municipal, a la que abrió un expediente disciplinario tras denunciar al exgerente del ayuntamiento por acoso sexual, para que se fuera de su puesto de trabajo. El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el exregidor contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que le impuso la citada pena por un delito contra la integridad moral en su modalidad de acoso funcionarial y un delito de prevaricación. Además, le condenó al pago de una indemnización de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, por el daño moral causado a la víctima. La Sala rechaza la alegación del condenado que en su recurso sostenía que su conducta no estuvo guiada por la intención de apartar a la Interventora de sus funciones en el consistorio municipal. Afirma que el recurrente realizó una pluralidad de hechos, en un periodo de tiempo relativamente corto, “en los que se aprecia una misma y continuada intencionalidad: el obstinado deseo de torcer la voluntad de la Interventora para que dejara su puesto de trabajo, a través de una serie de actuaciones, todas ellas legítimas, que no pueden merecer otra calificación que la de hostigamiento”. La sentencia destaca que partiendo de la evidencia inicial del correcto ejercicio de sus funciones por parte de la Interventora municipal y a raíz de la comunicación de una posible proposición sexual inadecuada por parte del Gerente, la reacción del alcalde fue requerir a la funcionaria para que se fuera del ayuntamiento. A partir de este inicial requerimiento, según la sentencia, se produce toda una serie de actos dirigidos a conseguir ese propósito ilícito. Asimismo, detalla que “en este contexto coactivo se explica la formulación de una querella por delito de injurias que no fue admitida a trámite, sino que dio lugar a la calificación de falta y posteriormente a una sentencia absolutoria. También se explica la incoación simultánea de un expediente disciplinario por los mismos hechos, calificados unilateralmente de delito grave, cuando no había una sentencia judicial que así la proclamara y cuando el Juzgado ya había declarado falta tales hechos”. A pesar de tal declaración, -afirma la Sala- el expediente no sólo continuó, sino que dio lugar a que a la funcionaria se le suspendiera de empleo y sueldo. “Para continuar con esa campaña de acoso se la expulsó de forma pública del puesto de trabajo y se dio a conocer a los medios de comunicación todo este conflicto. Y una vez que toda esa estrategia había fracasado, continuaron los actos de acoso y hostigamiento como la retirada del teléfono, el cambio de despacho, la retirada de las llaves o la desocupación funcional”, según la sentencia. Así, concluye que “nada cabe objetar a la valoración que ha merecido la conducta del acusado. Todos y cada uno de los hechos han sido acreditados mediante prueba plural y suficiente, sin que apreciemos ninguna quiebra argumental o hipótesis alternativa que ponga en cuestión la solidez y coherencia de la racionalidad de la sentencia”. Del mismo modo, considera que los hechos declarados probados han sido correctamente calificados como delito de acoso laboral (mobbing), puesto que se cumplen todos y cada uno de los presupuestos típicos del mismo. “Los actos se produjeron a lo largo de todo el año 2012; se desarrollaron en el contexto de una relación funcionarial prevaliéndose el sujeto activo de su situación preeminente dentro de la corporación municipal en su condición de Alcalde, y los actos fueron reiterados, graves y humillantes”, subrayan los magistrados. En relación con el delito de prevaricación, el tribunal señala que la sentencia recurrida “acierta al decir que el presupuesto legitimador de la apertura de expediente y de las medidas cautelares en él adoptadas era inexistente porque ni había condena penal previa por delito doloso, ni hubo delito doloso”. Para la Sala, el simple hecho de que se denunciara un delito inexistente, atribuyendo a un documento crítico en alguno de sus párrafos, el calificativo de injurioso, o que la Secretaria del Ayuntamiento emitiera un informe en tal sentido “no priva de injusticia y arbitrariedad a las decisiones adoptadas. La incoación del expediente y las medidas cautelares deben ser entendidas a la luz de la globalidad del comportamiento. Sólo así se comprende que ante el desagrado por la denuncia de insinuaciones o requerimientos sexuales inapropiados formulada por la Interventora contra el Gerente, la reacción del Alcalde, como máximo responsable del personal de la Corporación, fuera el intento de apartar de su función a la Interventora y, acto seguido, la presentación de una querella criminal y de un expediente administrativo por los mismos hechos, la suspensión de empleo y sueldo, la publicidad de todas estas actuaciones, en perjuicio de la buena fama y honor de la afectada, y la realización continuada de los actos de hostigamiento que han sido relatados anteriormente”. Por tanto, -concluyen los magistrados- “la ilegalidad de todo el proceso es patente y la arbitrariedad en la conducta desplegada por el acusado incuestionable por más que se pretendiera justificar mediante la imputación de un delito a todas luces inexistente. El hecho de que se pretendiera la ampliación de la denuncia inicial o que se recurriera la sentencia absolutoria no son sino exponentes adicionales de la arbitrariedad de la decisión, ya que todos y cada uno de estos intentos de criminalizar la conducta de la funcionaria merecieron el más absoluto rechazo”.

  • El Tribunal Supremo confirma que los solicitantes de asilo en Ceuta o Melilla tienen derecho a libre circulación por España tras ser admitida a trámite su solicitud
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/07/2020 a las 11:50

    La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los solicitantes de asilo desde las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, una vez que su solicitud es admitida a trámite, tienen derecho a la libre circulación por España, y que, en consecuencia, no es conforme a derecho limitar sus desplazamientos a Ceuta o Melilla. El Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de mayo de 2019, que estimó el recurso de un extranjero contra la resolución de la Jefatura de Policía de Ceuta que incorporó en la documentación que justificaba su condición de solicitante de protección internacional la inscripción ‘válido solo en Ceuta’, anulando tal inscripción por ser contraria a Derecho y reconociendo el derecho del recurrente a circular libremente por territorio nacional. Dicha sentencia fue recurrida en el Supremo por la Abogacía del Estado, y ahora el alto tribunal desestima el recurso al negar que, tanto desde la perspectiva del derecho interno como del comunitario e internacional, la admisión a trámite de la solicitud de asilo en España desde Ceuta o Melilla presente la particularidad de limitar la libre circulación del solicitante a cada una de dichas ciudades autónomas, respectivamente, sin que pueda desplazarse por el resto del territorio nacional. Así, en lo relativo a la legislación interna, la Sala recuerda que la Ley 12/2009, de 30 de octubre, del Derecho de Asilo, no establece particularidad o limitación alguna en relación con las solicitudes formuladas en Ceuta o Melilla, “refiriéndose en todo momento y de manera reiterada al territorio nacional, sin excepciones al respecto, de manera que los solicitantes de la protección internacional en Ceuta y Melilla quedan en la misma situación y con los mismos derechos de todos los solicitantes en España”. Para el Supremo, analizados los preceptos de la Ley, “ha de entenderse que la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional supone para el solicitante la autorización, aunque sea con carácter provisional, para la permanencia en territorio español (…), sin distinción de lugar o limitación a una parte del territorio nacional, pudiendo obtener autorización para trabajar. Igualmente, durante dicha estancia no podrá ser objeto de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición, de manera que, salvo que se adopten las medidas cautelares limitativas que se establecen en la misma Ley, la admisión a trámite de la solicitud permite al interesado la permanencia en cualquier lugar del territorio nacional sin más exigencia que la de informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca al respecto”. “No pueden acogerse, por lo tanto -añaden los magistrados-, las alegaciones en contrario formuladas por la Administración recurrente en relación con el derecho interno, ni resulta justificado a su amparo el establecimiento de limitaciones en la libertad de circulación del solicitante de protección internacional por el hecho de haberse formulado en Ceuta o Melilla, en cuanto la admisión a trámite de la solicitud y subsiguiente autorización provisional de permanencia, viene referida a todo el territorio nacional sin distinción por razón del lugar en que se formuló la misma”.Dicha situación, expone la sentencia, no queda alterada por la aplicación de las previsiones del Reglamento (CE) 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, ni del acuerdo de Schengen, ratificado por España en 1993, en lo relativo a los controles de pasajeros procedentes de Ceuta y Melilla. “Tales previsiones -resalta la sentencia- no se refieren concretamente a la permanencia en territorio nacional por la admisión a trámite de una solicitud de protección internacional y en todo caso, se refiere al control de pasajeros, en aplicación de la ley nacional y para verificar que siguen cumpliendo las condiciones en virtud de las cuales fueron autorizados a entrar en territorio nacional, de manera que en modo alguno cabe imponer al amparo de tales normas limitaciones o restricciones distintas o no previstas en la norma nacional en virtud de la cual se autoriza la permanencia en España del interesado”. Tampoco resulta aplicable al caso, como señalaba el recurso de la Abogacía del Estado, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, ya que, según el Supremo, contempla una situación muy distinta, “cuál es el cruce de fronteras Schengen por personas titulares de autorización provisional de residencia o resguardo de solicitud de permiso de residencia expedido por las autoridades de un Estado, que hayan salido de tal espacio y pretendan regresar al amparo de tal documentación, situación que en nada se refiere ni afecta a la entrada inicial del interesado y las circunstancias que llevaron a la autorización provisional, como es el caso presente de la solicitud de protección internacional y efectos de la admisión a trámite de la misma”.  

  • El Tribunal Supremo se pronuncia sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de imputación de gastos y tributos en los préstamos hipotecarios
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/07/2020 a las 09:20

    La Sala Primera del Tribunal Supremo ha ratificado en esta sentencia su doctrina sobre la nulidad, por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios, en cuanto implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. En consecuencia, el tribunal debe entrar a analizar a quién correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados, que, en este caso, se referían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los gastos notariales y a los gastos registrales. Se adjunta nota de la Sala.

  • El Tribunal Supremo considera accidente laboral la lesión cardiovascular sufrida por un trabajador durante la «pausa del bocadillo»
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/07/2020 a las 12:10

    La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera accidente laboral la lesión cardiovascular sufrida, súbitamente, por un trabajador durante el descanso de la “pausa del bocadillo”, al estar incluido en la jornada laboral según el convenio de su empresa. El tribunal destaca que el breve descanso durante el que sobreviene la lesión es tiempo de trabajo tanto a efectos de la jornada (por previsión convencional) como de la presunción de laboralidad, recogida en el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho artículo dispone que se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo. La Sala explica que el Estatuto de los Trabajadores –artículo 34.4- contempla la existencia de esta pausa de una duración no inferior a quince minutos cuando la jornada diaria continuada exceda de seis horas, y que se contabilizará como tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. La sentencia, con ponencia del magistrado Antonio V. Sempere, afirma que este “periodo de descanso” debe disfrutarse necesariamente en algún momento intermedio de la jornada, como corresponde a su naturaleza de interrupción de la actividad con la finalidad de recuperarse de la fatiga y reanudarla en mejores condiciones físicas, pero no al principio ni al final de aquélla, porque en tal caso no se trataría ya de un descanso, sino de una simple reducción de jornada. Añade que así se realza “el carácter de seguridad y salud laboral asociado al mismo. Es decir, hay una implícita conexión con el esfuerzo (físico y mental) de quien presta su actividad; por otro lado, la breve duración y, sobre todo, la necesidad de reanudar inmediatamente la actividad productiva sugiere que estamos ante un tiempo vinculado al contenido del contrato de trabajo”. Esta última idea, según la sentencia, es, seguramente, la que explica la extraña fórmula legal conforme a la cual se considera tiempo de trabajo, pero solo si así se pacta (de forma colectiva o individual). El tribunal estima el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por un trabajador que sufrió un síncope con parada cardiorrespiratoria durante “la pausa del bocadillo” en el comedor de la empresa. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció al recurrente, que trabajaba como moledor de corcho, una Incapacidad Permanente en grado de invalidez, derivada de contingencia común, con derecho a percibir 2033 euros mensuales. Disconforme con dicha resolución administrativa, el trabajador interpuso una demanda que fue estimada por el Juzgado de lo Social nº de Algeciras. La sentencia de instancia condenó a la Mutua al abono de las prestaciones correspondientes y absolvió al INSS, a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la empresa al entender que el convenio colectivo aplicable consideraba la “pausa del bocadillo” como tiempo de trabajo, por lo que concurrían todos los elementos para que operase la presunción de inocencia sin que la parte demandada la hubiese desvirtuado. Por su parte, la Mutua recurrió el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que concluyó que la enfermedad sufrida por el trabajador se produjo dentro de la empresa, pero fuera del tiempo de trabajo; por lo que no estaba amparada por la presunción de laboralidad. Al estimar el recurso, el Tribunal Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y confirma la dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras.  

  • El Tribunal Supremo desestima la demanda contra la distribuidora de una prótesis defectuosa que identificó al fabricante responsable
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/07/2020 a las 10:00

    El Pleno de la Sala Primera ha desestimado el recurso formulado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que habría apreciado la falta de legitimación pasiva de Johnson & Johnson S.A., empresa distribuidora de prótesis de cadera fabricadas por una sociedad distinta, DePuy International Ltd. Las dos sociedades forman parte del mismo grupo de empresas, Johnson and Johnson y, antes del litigio, la distribuidora había informado al demandante sobre la identidad del fabricante. La Sala aplica la jurisprudencia del TJUE sobre grupos de empresas y productos defectuosos y considera que la mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina, por sí sola, que se extienda al distribuidor la responsabilidad que el fabricante pudiera tener por los daños causados por los defectos de sus productos. Se adjunta nota de la Sala.

  • El Tribunal Supremo anula el artículo que regula la obligación de informar a Hacienda sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 27/07/2020 a las 13:00

    La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado y dejado sin efecto el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, introducido en 2017, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo. El TS ha estimado el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”. El Supremo aplica al caso la sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”. Para el alto tribunal, “los términos de la sentencia del TJUE (…) son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho”. Dicho artículo 54 ter establecía que “las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien”. Establecía que tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito, en particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información. También regulaba que los datos que debía contener la declaración informativa. Como la identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. También la identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente, y la identificación de las personas o entidades cesionarias, así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, y además el importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

  • El Tribunal Supremo fija que la víctima constituida en acusación particular en un proceso judicial no recupera el derecho a la dispensa de declarar si renuncia a esa posición procesal
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 27/07/2020 a las 11:50

    El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las víctimas, una vez constituidas en acusación particular, no recuperan el derecho a la dispensa de declarar contra su pareja o determinados familiares -artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- si renuncian a ejercer dicha posición procesal. La Sala modifica la jurisprudencia que mantenía hasta ahora y considera que de este modo protege a las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones de su agresor para que no declaren contra él, después de haberle denunciado. En sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, destaca que el derecho de dispensa “es incompatible con la posición del denunciante como víctima de los hechos, máxime en los casos de violencia de género en donde la mujer denuncia a su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, debiendo naturalmente atribuirle la comisión de unos hechos que revisten los caracteres de delito. Y en algunos, es imprescindible su contribución procesal para que pueda activarse el proceso. Pretender que la denunciante pueda abstenerse de declarar frente a aquel, es tanto como dejar sin contenido el propio significado de su denuncia inicial”. Los hechos son los siguientes: como consecuencia de las desavenencias entre los cónyuges, el marido sale del domicilio común, pero vuelve a él, de vez en cuando, a ver a la hija común del matrimonio, y a llevarse algunos objetos personales. Sin embargo, a partir del mes de septiembre de 2015, y con motivo de la iniciación del procedimiento de divorcio, la esposa le requiere para que no vuelva más y le hace saber que ha cambiado la cerradura de la vivienda. En el mes de enero de 2016, el acusado se dirige a la vivienda que fue familiar, entra en ella tras cambiar la cerradura, y deja una llave en el buzón de la casa, lo que comunica a su mujer, de la que ya está separado, mediante un mensaje de Whatsapp, siendo denunciado inmediatamente por ella ante la Guardia Civil, que llega a personarse como acusación particular, para dejar de ostentar tal posición procesal al iniciarse los trámites de la constitución del Jurado. En el juicio oral, comparece la denunciante y declara en él, en tanto que la Magistrada-Presidente del Jurado no le concede la posibilidad de acogerse a la dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ese momento, ya se había dictado la sentencia de divorcio. La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado y confirma la pena de seis meses de prisión por un delito de allanamiento de morada que le impuso un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Oviedo, y que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. En el recurso se plantean dos temas: procesalmente, la posibilidad de acogerse a la dispensa, lo que fue denegado por la Audiencia, y en cuanto al aspecto sustantivo, que cuando el acusado entró en la vivienda no había recaído aún resolución judicial atribuyendo el piso a la esposa. La Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia desestiman la primera queja argumentando que cuando la testigo denunciante compareció al juicio ya no existía entre ellos el vínculo que autoriza el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por consiguiente carecía del presupuesto necesario para su reclamación.  No es lo mismo el estatuto jurídico del testigo que no ha sido víctima de los hechos, ni por consiguiente, denunciante, y que por ello carece de cualquier esfera de relación con el delito investigado, que el testigo víctima y denunciante de tal delito. La dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensada y concebida para el primer testigo, no para el segundo. Al pariente se le concede la posibilidad de no declarar si con tal declaración compromete la posición de aquel con quien mantiene los vínculos relacionados en el precepto. Dicho de otro modo: la dispensa cobra todo su fundamento respecto a ese otro testigo, que no es víctima de los hechos, que se encuentra en el dilema de tener que poner de manifiesto en la causa detalles que pueden comprometer o perjudicar a su pariente, desoyendo sus lazos de sangre. Ya lo hemos expresado en STS 486/2016, de 7 de junio: la exención al deber de declarar que proclama el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene mucho que ver con razones de índole puramente pragmáticas. El legislador sabe que las advertencias a cualquier testigo de su deber de decir verdad y de las consecuencias que se derivarían de la alteración de esa verdad, no surten el efecto deseado cuando es un familiar el depositario de los elementos de cargo necesarios para respaldar la acusación del sospechoso. De ahí que, más que una exención al deber de declarar, el art. 416.1 arbitre una fórmula jurídica de escape que libera al testigo-pariente de la obligación de colaboración con los órganos jurisdiccionales llamados a investigar un hecho punible. Ése es el significado jurídico de aquel precepto y su aplicación no puede ir más allá de su verdadero fundamento. De modo que no puede aplicarse la dispensa en aquellos casos que carece de fundamento, y ello sucede cuando se trata de un testigo que es denunciante y víctima, pues en ese caso pierde toda razón el concederle una dispensa a declarar frente a su pariente, porque precisamente mediante su atribución delictiva se ha activado el proceso penal. Esto se ve mucho más claro en materia de violencia de género, puesto que cuando la mujer denuncia a su pareja no puede estar dispensada de la obligación de declarar, toda vez que tal reconocimiento es incompatible con la denuncia que ha formalizado. Cambio de jurisprudencia: corrección del Acuerdo Plenario de 23 de enero de 2018 (apartado 2º), declarando que no recobra el derecho de dispensa (art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), quien ha sido víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular, aunque después cese en la misma. Las razones que justifican esta postura, son las siguientes: En primer lugar, porque tal derecho es incompatible con la posición del denunciante como víctima de los hechos, máxime en los casos de violencia de género en donde la mujer denuncia a su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, debiendo naturalmente atribuirle la comisión de unos hechos que revisten los caracteres de delito. Y en algunos delitos, es imprescindible su contribución procesal para que pueda activarse el proceso. Pretender que la denunciante pueda abstenerse de declarar frente a aquel, es tanto como dejar sin contenido el propio significado de su denuncia inicial. En segundo lugar, porque si la persona denunciante que se constituye en acusación particular no ostenta la facultad de dispensa, conforme hemos declarado en nuestros Acuerdos Plenarios, su estatuto tiene que ser el mismo al abandonar tal posición, sin que exista fundamento para que renazca un derecho que había sido renunciado. Esto es lo que expresaba la STS 449/2015, de 14 de julio: tal derecho de dispensa «había definitivamente decaído con el ejercicio de la acusación particular». En efecto, al renunciar al ejercicio del derecho de dispensa, primero por la interposición de la denuncia y después constituyéndose en acusación particular, una vez resuelto el conflicto que constituida su fundamento, no hay razón alguna para su recuperación, lo cual, por cierto, es un mecanismo que se predica de la renuncia a cualquier derecho. En tercer lugar, porque cuando la víctima decide denunciar a su agresor, y recordemos que no tiene obligación de hacerlo (ex art. 261.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), es porque ya no hay espacio para que se produzca una colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y de solidaridad que unen al testigo con el acusado. En efecto, la víctima ya ha resuelto el conflicto que, derivado de su vínculo con el agresor, le permitía abstenerse de declarar contra él; una vez que ha dado ese paso, e incluso ostenta la posición de parte acusadora, no tiene sentido ya recobrar un derecho del que voluntariamente ha prescindido. En cuarto lugar, porque de esta forma, el testigo víctima, no puede ser coaccionado en su actuación posterior al prestar testimonio, para que se acoja a la dispensa, siendo libre de declarar con arreglo a su estatuto de testigo. Recordemos que el art. 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal proclama que la única declaración que ha de ser tomada en consideración es la del juicio oral, a efectos del delito de falso testimonio, por lo que, en el caso de testigos víctimas, deberá velarse por su completo asesoramiento acerca su estatuto como testigo o como parte acusadora, de acuerdo con las previsiones del Estatuto de la Víctima del Delito, lo que habitualmente se verificará en las Oficinas de Atención a las Víctimas. En quinto lugar, porque mantener lo contrario y acogerse, o no, a la dispensa, a voluntad de la persona concernida, permitiría aceptar sucesivamente y de forma indefinida la posibilidad de que una misma persona, pudiera tener uno u otro status, a expensas de su voluntad, lo que en modo alguno puede ser admisible. Esta Sala lo ha considerado así en diversas ocasiones y resulta de la aplicación del principio de los actos propios, como veremos más adelante. Y es más: no pueden convertirse de facto a este tipo de delitos como si fueran susceptibles de persecución a instancia de parte, cuando estamos en presencia de delitos públicos perseguibles de oficio. En sexto lugar, porque al tratarse de una excepción, debe ser interpretada restrictivamente, y por ello únicamente aceptable en los casos que fundamentan tal dispensa. En definitiva, una adecuada protección de la víctima justifica nuestra decisión, en tanto que la dispensa tiene su fundamento en la resolución del conflicto por parte del testigo pariente. Una vez que este testigo ha resuelto tal conflicto, primero denunciando y después constituyéndose en acusación particular, ha mostrado sobradamente su renuncia a la dispensa que le ofrece la ley. Si después deja de ostentar tal posición procesal no debe recobrar un derecho al que ha renunciado, porque tal mecanismo carece de cualquier fundamento, y lo único que alimenta es su coacción, como desgraciadamente sucede en la realidad, siendo este un hecho de general conocimiento. Tampoco es posible convertir delitos de naturaleza pública en delitos estrictamente privados, no siendo este ni el fundamento ni la finalidad de la dispensa que se regula en el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de aquel modo los desnaturaliza. Como dice el Tribunal Constitucional no debemos interpretar este precepto con formalismos “desproporcionados”, como así lo declaró dicho Alto Tribunal en el caso al que anteriormente nos hemos referido. De todo ello resulta que la razón de nuestra interpretación va dirigida a amparar la resolución del conflicto por la víctima y después contribuir a su protección. Votos particulares Cuatro magistrados han firmado votos particulares en los que expresan su discrepancia con el criterio establecido en la sentencia.

  • El Tribunal Supremo confirma la prisión permanente revisable en los casos de dos hombres que asesinaron a mujeres tras agredirlas sexualmente
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/07/2020 a las 09:20

    La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado en dos sentencias la pena de prisión permanente revisable impuesta a dos hombres que asesinaron a dos mujeres con la finalidad de ocultar el delito previo de agresión sexual sobre las mismas víctimas. Los crímenes se produjeron en 2017 en Huércal de Almería y Pilas (Sevilla), respectivamente, y tanto tribunales del jurado de la Audiencias de Almería y Sevilla, como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, impusieron la prisión permanente revisable entre otras penas a los dos autores. En el caso de lo ocurrido en Pilas, el Supremo confirma una pena de prisión permanente revisable a un hombre que asesinó con arma blanca a una mujer el 12 de marzo de 2017, inmediatamente después de intentar agredirla sexualmente. El TS le impone dicha pena como autor de un delito de asesinato cometido para evitar el descubrimiento de un delito contra la libertad sexual, con la agravante de abuso de superioridad. Además, ratifica otros 8 años de prisión por el delito de agresión sexual en grado de tentativa. El tribunal considera compatible aplicar el artículo 139.1.4 del Código Penal, que agrava el homicidio cometido con la finalidad de ocultar un delito, convirtiéndolo en asesinato, y el artículo 140.1.2, que establece un tipo hiperagravado castigado con pena de prisión permanente revisable cuando el asesinato fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que el acusado “ejecutó dos hechos secuencialmente unidos, con un dolo inicial de agredir sexualmente a Ana María y una voluntad sobrevenida de acabar con su vida ante el riesgo de ser identificado. El acusado cosificó a su víctima, la convirtió en un instrumento para su inmediata satisfacción sexual y cuando constató que no podía culminar su propósito y que podía ser descubierto, decidió matarla. El recurrente vio en Ana María la persona sobre la que podía volcar su incontrolada pulsión sexual y una vez se percató de que no podía satisfacer su propósito inicial, decidió matarla. La víctima sólo fue para su agresor un momentáneo instrumento de placer interrumpido que no merecía seguir viviendo”. La sentencia señala que el legislador ha querido, aún “con deficiente técnica y bordeando los límites impuestos por la proscripción del non bis in idem”, que el delito de asesinato cometido con vocación de impunidad, cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, sea castigado con la máxima pena prevista en el Código Penal. “Ha asociado la pena de prisión permanente revisable a la mayor reprochabilidad que representa la convergencia de un ataque prácticamente simultáneo a bienes jurídicos del máximo rango axiológico, la libertad sexual y la vida. De todos aquellos asesinatos cualificados por haber servido como instrumento para facilitar u ocultar un delito precedente, el legislador ha estimado que, si el delito inicial es un delito contra la libertad sexual, la respuesta penal sea la más severa”, indica el Supremo. La Sala mantiene por tanto las penas impuestas por el Tribunal Superior andaluz (prisión permanente revisable por asesinato y 8 años de prisión por agresión sexual intentada), y ello pese a que estima parcialmente el recurso del autor, y revoca la concurrencia de alevosía, calificando los hechos como asesinato por tratarse de un homicidio perpetrado para facilitar la comisión de otro delito o para impedir que se descubra (artículo 139.1.4 del Código). Aprecia además la agravante de superioridad. Voto particular de dos magistrados La sentencia cuenta con el voto particular de los dos magistrados que la firman, Antonio del Moral y Andrés Palomo, que consideran que se ha utilizado una misma circunstancia (la finalidad autoencubridora del asesinato respecto al delito de agresión sexual) para agravar doblemente el hecho, lo que es incompatible. Por ello, creen que no debió imponerse la pena de prisión permanente revisable sino una pena de entre 15 y 25 años de prisión por asesinato del artículo 139.1.4 del Código Penal, sumado a los 8 años de la agresión sexual intentada, con un máximo de cumplimiento efectivo de 25 años. Agresión sexual, asesinato y mutilación genital en Huércal de Almería En la segunda sentencia la Sala confirma una condena de la Audiencia Provincial de Almería, ratificada por el TSJ de Andalucía, a prisión permanente revisable por asesinato y 15 años de prisión por un delito de agresión sexual a un hombre que acabó con la vida de su ex pareja después de agredirla sexualmente la madrugada del 15 de enero de 2017, en la localidad almeriense de Huércal de Almería. El condenado sorprendió a la mujer en su domicilio mientras dormía y la agredió sexualmente, propinándole más de 100 golpes en el cuerpo, varios cortes en el cuello, cortándole la lengua y una vez muerta mutilando parte de sus genitales. La Sala señala que la sentencia dictada por el TSJ de Andalucía recoge una valoración expresa, detenida y detallada de las pruebas de cargo que permiten concluir que el condenado actuó con ensañamiento, alevosía y que una vez muerta la víctima, intentó ocultar las pruebas del delito sexual. El tribunal considera acertado el razonamiento del jurado que apreció ensañamiento y alevosía ante la innecesaria reiteración de golpes propinados a la víctima “los que indudablemente le causaron un dolor absolutamente innecesario, como lo pone de manifiesto la pluralidad de objetos con los que el acusado agredió a su víctima y el hecho de que en vida le cortase la lengua”. La mayoría de las heridas fueron ocasionadas en vida, salvo las genitales que fueron causadas post mortem. Por ello concluye que la única motivación del acusado fue, de manera consciente, causar aún más sufrimiento a su víctima de forma totalmente innecesaria e inhumana. La sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela argumenta que el condenado intentó ocultar el delito de agresión sexual, escondiendo los objetos utilizados y lavando el cadáver por lo que llega a la conclusión de que “el designio primero del recurrente era sexual, derivado tanto de la propia conducta desarrollada por él, como del hecho de la última agresión que cometió sobre el cuerpo de la víctima, al mutilarle parte de sus genitales, siendo solo después de cometer la agresión sexual, cuando se planteó poner fin a la vida de Doña Antonia con la única finalidad de hacer desaparecer los vestigios de aquella previa agresión sexual”. *Se adjunta una de las sentencias