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  • El Tribunal Supremo anula la absolución del exjefe de Policía Local Coslada, su mujer y su hijo y confirma las de los otros siete acusados
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 21/02/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que absolvió a los diez acusados del llamado ‘caso Coslada’ solo en la parte que afecta al exjefe de la Policía Local de dicho municipio madrileño, G.J., a su mujer y a su hijo. Por otro lado, la Sala mantiene las absoluciones para los otros siete acusados en esta causa en la que se investigó una presunta trama de corrupción de la Policía Local de Coslada por delitos de prostitución, cohecho, omisión del deber de perseguir delito, amenazas, blanqueo de capitales, tenencia y depósito de armas. El tribunal estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Coslada, que contaba con el apoyo del Ministerio Fiscal, y acuerda que a la mayor brevedad la Audiencia Provincial de Madrid dicte una nueva resolución judicial, valorando las intervenciones telefónicas y el resultado de los registros practicados en el domicilio y espacios de control de G.J. que fueron anulados por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de motivación de los autos que avalaron tanto las intervenciones telefónicas como la entrada y registro. En relación con las intervenciones telefónicas, la Sala admite que los autos de tales resoluciones judiciales no presentaban una motivación muy extensa ni intensa y que hoy, tras la LO 13/2015 no hubieran pasado el filtro de convalidación, pero “en la fecha de su dictado se encontraba vigente la doctrina de la motivación por remisión al oficio policial y esto es lo que ocurre en el caso de autos”. En la sentencia, con ponencia de Julián Sánchez Melgar, la Sala declara que, junto con el apoyo del Ministerio Fiscal, “los indicios que se ponen de manifiesto son suficientes para poder dictar el Auto de intervención telefónica, validando la injerencia, a los efectos de lo disciplinado en el art. 18.3 de nuestra Carta Magna. Son conductas muy graves llevadas a cabo tanto por particulares como por funcionarios de policía, que dan lugar después a una investigación mucho mayor. No puede haber mayor indicio que una prueba, y una prueba es la declaración de ambas denunciantes ante la policía judicial poniendo de manifiesto tan horrendos hechos”, concluye la Sala. Añade que una vez iniciada la interceptación judicial de las conversaciones, pueden verse confirmados los indicios iniciales de modo que los Autos que sustentan las prórrogas están plenamente justificados. Así, explica que en el seno de dichas conversaciones se ponen de manifiesto las sospechas fundadas de constatarse la existencia de una red de extorsión a prostitutas (eventualmente, a hosteleros y comerciantes), apareciendo referencias al acusado G.J. como “el jefe”, justificando las intervenciones de su teléfono. Del mismo modo, la Sala valida el auto que autorizó la entrada y registro en el domicilio y espacios de control de G.J., que, por el mismo motivo, también fue anulado por la sentencia recurrida. En este sentido, concluye que “como antes hemos resuelto, aquí ocurre lo propio, los indicios por remisión son suficientes para sustentar la medida de injerencia acordada, por lo que, declarándose la validez de tal resolución judicial, hemos de retrotraer la causa al momento de valorar las pruebas correspondientes a tal diligencia de entrada y registro. Lo que tendrá la incidencia que razone el Tribunal sentenciador a la vista de tales argumentos, y en la medida en que el hallazgo de los vestigios citados, ha sido considerado como un hecho probado en la resultancia fáctica de la misma”. El tribunal indica que será la Sala sentenciadora de instancia la cual, una vez devueltas las actuaciones, llevará a cabo la valoración de todo el patrimonio probatorio, sin que proceda ahora la resolución concreta de esta censura casacional.  

  • El Tribunal Supremo interpreta la limitación de responsabilidad del transportista en caso daño en la mercancía
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/02/2020 a las 13:20

    Una sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado por primera vez la interpretación del art. 61.3 de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, sobre los pactos que pueden alcanzar de las partes a efectos de superar el límite indemnizatorio previsto en la ley para las indemnizaciones a cargo del transportista por pérdida o avería de la mercancía. La Sala analiza la naturaleza de la limitación de responsabilidad del transportista en caso de daño a la mercancía, que constituye una fórmula de reparto de los riesgos entre las partes y produce efectos beneficiosos en la economía del contrato, tanto desde la perspectiva del transporte en sí, como de su aseguramiento. Con dicha limitación se pretende hacer asegurable la responsabilidad a un precio asumible, lo que evita el riesgo de insolvencia del transportista y el sobrecoste que, de otro modo, sufriría el precio del transporte. Se adjunta nota de la Sala.

  • El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio por abuso sexual sobre un menor saharaui en Alicante porque la Audiencia Provincial no justificó que la víctima no declarara
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/02/2020 a las 07:30

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado nulo el juicio oral y la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que condenó a dos años y medio de cárcel a un hombre por un delito de abuso sexual a un niño saharaui a quién acogió en su casa de Alicante en un programa de vacaciones, y ordena a dicha Audiencia repetir el juicio con una composición distinta de magistrados. El motivo de la nulidad es la insuficiente justificación que ofreció la Audiencia al rechazar como prueba la declaración del menor en el juicio, solicitada por la defensa del acusado, teniendo en cuenta que su testimonio era la única prueba de cargo de la acusación. El Supremo estima el recurso del acusado al considerar que la decisión de la Audiencia le generó indefensión. El TS cita un conjunto de elementos que muestran que la limitación del espacio de defensa, al rechazar la declaración de la víctima, careció de su debido soporte, empezando porque no hubo ninguna petición de protección al menor, siendo emitida de oficio la decisión denegatoria de la prueba, que además había sido inicialmente admitida. De otro lado, señala el Supremo, la demora en la tramitación de la causa llevó a que el menor, al momento en que había de prestar su declaración en el plenario, contaba ya con una madurez susceptible de modificar sensiblemente la debilidad psicológica que pudiera haberse apreciado cuando los hechos tuvieron lugar (año 2014), habiendo pasado de los 13 años de edad entonces, a los 17 años en el momento del juicio. Recuerda además la sentencia que el propio menor, posiblemente por haber sido prevenido por la defensa, compareció voluntariamente al acto del plenario, “observándose en ello su personal capacidad y disposición a abordar el acto judicial”, y además la Audiencia, cuando denegó la práctica de la prueba, no identificó ningún soporte a su conclusión de que la declaración podría comportar una victimización secundaria. El acusado asumió en su recurso que en fase de instrucción se tomó declaración al denunciante y que la diligencia se practicó como prueba anticipada para el juicio, pero en todo caso, destacó que el instrumento probatorio se anticipó por haber apreciado el juez instructor un riesgo de que el denunciante, al tener procedencia y residencia extranjera, pudiera abandonar el territorio español para cuando el juicio oral tuviera que celebrarse. Sin embargo, esa posibilidad no se materializó y cuando la defensa del acusado pidió la declaración presencial del menor en el juicio oral, la resolución inicial del Tribunal fue la admisión de todos los instrumentos de prueba propuestos. En el momento en que la defensa reclamó que se cursaran unas citaciones que no habían llegado a emitirse, fue cuando el Tribunal declaró que no procedía la reiteración de un testimonio que se había recabado como prueba anticipada.

  • El Tribunal Supremo rechaza suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaró la pérdida de la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 18/02/2020 a las 12:40

    La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado la petición de Oriol Junqueras de que se decretase la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral Central, del pasado 3 de enero, por el que se declaró su pérdida de la condición de eurodiputado, al incurrir en causa de inelegibilidad sobrevenida por haber sido condenado a 13 años de prisión por la Sala II del Supremo el 14 de octubre de 2019. En un auto, la Sala indica que, sin prejuzgar en absoluto lo que se pueda acordar en su momento en cuanto al fondo del recurso de Junqueras, deben prevalecer los intereses generales que se conectan a lo resuelto en la sentencia penal firme de la Sala Segunda del Supremo. Según los jueces, la existencia de esa sentencia penal firme constituye la “circunstancia objetiva” que tuvo en cuenta el acuerdo de la Junta Electoral Central para aplicar la causa sobrevenida de inelegibilidad prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para condenados a penas privativas de libertad por resolución firme. La Sala rechaza que exista ‘periculum in mora’, es decir, la posibilidad de que el recurso pierda su finalidad si eventualmente se le diese la razón sobre el fondo. El Supremo señala, por el contrario, que una eventual sentencia estimatoria sería ejecutable ya que podría anularse en su caso la credencial expedida en favor del eurodiputado sustituto de Junqueras. El auto también desestima las alegaciones del recurrente sobre una supuesta falta de competencia de la Junta Electoral Central. El TS subraya que dicho órgano es uno de los ejes sobre los que se articula nuestro sistema electoral, tiene la finalidad de garantizar un régimen de elecciones libres, y que una de sus misiones según la LOREG es precisamente expedir las credenciales en caso de vacante de parlamentarios, y por tanto en este momento procesal “la JEC es el órgano ‘ad hoc’ que ostentaba la competencia para actuar”. “En definitiva, el ‘fumus boni iuris’ que se invoca no ayuda a la pretensión cautelar porque, de existir, resulta contrario a las pretensiones del recurrente”, reza el auto. La misma Sala ya se pronunció el pasado 9 de enero en contra de la medida cautelarísima de suspensión cautelar pedida por Junqueras.

  • El Tribunal Supremo anula la retirada temporal de la acreditación de prensa en el Congreso a un periodista de Okdiario
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 18/02/2020 a las 10:50

    La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado, por infracción del principio de tipicidad, la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 3 de julio de 2019, que acordó la retirada de la acreditación de prensa durante un año a un periodista de Okdiario por incumplimiento de la Instrucción de la Presidencia del Congreso sobre información gráfica en la cámara, en relación a una información publicada por el citado medio sobre los despachos de los diputados de Unidas Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero. El Tribunal Supremo estima el recurso del periodista al considerar que el acuerdo ha sancionado una actuación no tipificada por la Instrucción aplicada, que nada dice sobre el uso de las imágenes que pudieran obtenerse en contravención de los límites que ella misma establece. Por eso mismo, tampoco autoriza la retirada de la acreditación a quien no es informador gráfico y no se le imputa haber hecho unas fotografías al margen de sus previsiones, sino haberlas publicado en una información, como es el caso del periodista. “La sanción no obedece a que se considerara probado que el recurrente tomó las imágenes de los despachos en cuestión, ni a que accediera a un lugar expresamente prohibido a los informadores gráficos, sino a que utilizara las fotografías en la información que publicó al respecto”, indican. Recuerdan que la propia letrada de las Cortes consideró irrelevante quién hubiese sido el autor de las fotos publicadas. La Sala indica que la ausencia de la imprescindible tipicidad supone, en consecuencia, la infracción del artículo 25.1 de la Constitución que prohíbe las sanciones «por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan (…) infracción administrativa según la legislación vigente en aquél momento». Por otro lado, los magistrados indican que publicar fotografías de los despachos de diputados no afecta a su intimidad si no muestran ningún aspecto de la esfera personal a la que, indudablemente, tienen derecho. “Sin embargo –resaltan-, no se ha identificado ningún aspecto íntimo, ni siquiera personal, en las fotografías. Por tanto, ninguna limitación a la información gráfica ofrecida por el recurrente puede provenir de ese derecho fundamental, de naturaleza, hay que insistir, personalísima”. Lo mismo cabe decir, según el Supremo, del derecho que tienen a ejercer sus cargos públicos representativos los diputados a quienes se adscribieron los despachos. “No se ha explicado en ningún momento de qué manera ha podido incidir en él la publicación en cuestión. Las fotografías solamente muestran los despachos y no ofrecen ningún elemento del que pueda deducirse impedimento alguno al mismo”. El tribunal señala además que la posible procedencia irregular de las imágenes no excluye que en el ejercicio de la libertad de información se hagan públicas. “Ciertamente, los derechos del artículo 18 de la Constitución (entre ellos el derecho a la intimidad) son un límite especial expresamente establecido por su artículo 20.4 a dicha libertad, pero no juegan en este caso porque, como se ha dicho, no se ha identificado ningún aspecto íntimo o personal. Pero tampoco se ha concretado ningún elemento de otra naturaleza, como la seguridad de los afectados o el desempeño del cargo parlamentario susceptible de justificar una restricción a esa libertad, la cual, sin lugar a dudas, juega también en este caso”, indica la sentencia. Para el tribunal, “no parece dudoso que sean de interés público las cuestiones abordadas en la información por la que se resolvió la retirada de la acreditación, mientras que los reproches a su veracidad no poseen entidad suficiente para excluir la protección constitucional ofrecida por el artículo 20.1 d) de la Constitución, a la actividad del Sr. xx”. En su informe, la Fiscalía defendió la estimación del recurso. El acuerdo de la Mesa estaba suspendido cautelarmente desde julio de 2019 por auto de la Sala III.  

  • Reconocen a una mujer el derecho a cobrar una pensión en favor de familiares por la muerte de su madre, pensionista del antiguo régimen SOVI
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 17/02/2020 a las 12:50

    El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido a una mujer el derecho a percibir una pensión en favor de familiares por la muerte de su madre, pensionista del antiguo régimen SOVI. La madre de la demandante falleció siendo perceptora de una pensión SOVI, régimen de protección anterior a la Seguridad Social. Se trata de pensiones otorgadas a quienes no alcanzan cotizaciones suficientes con posterioridad a 1967, cuya cuantía para 2020 es de 437,70 euros mensuales. La hija solicitó del INSS la pensión en favor de familiares, que se otorga a hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, mayores de 45 años, que estén solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, siempre que acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante. La Seguridad Social se la denegó argumentando que esta pensión sólo está prevista para los casos en que el fallecido fuera pensionista de la Seguridad Social, rechazando que pueda incluirse el extinto régimen SOVI. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo recuerda que ya en 2009 acudió, por vez primera, a efectuar un enjuiciamiento guiado por la perspectiva de género mediante el examen de la transversalidad del principio de igualdad. Se adjunta nota de la Sala.  

  • El Tribunal Supremo confirma como trabajadora indefinida a una bailarina del Ballet Nacional despedida que firmó diez contratos temporales seguidos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 17/02/2020 a las 11:49

    La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado como trabajadora indefinida a una bailarina despedida del Cuerpo de Baile del Ballet Nacional de España al haberse acreditado que firmó sucesivos contratos temporales -una decena entre 2002 y 2012- para realizar actividades permanentes y estructurales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), lo que no está permitido ni por el Real Decreto 1435/1985, que regula la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, ni por el Estatuto de los Trabajadores (ET). El tribunal aplica a dicho régimen laboral específico de los artistas el artículo 15.5 del ET que permite convertir en fijo el contrato temporal de un trabajador que, en un periodo de treinta meses, haya estado contratado más de veinticuatro meses para una misma empresa, con o sin solución de continuidad, en el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o más contratos temporales. La Sala desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música y confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, al igual que la sentencia de instancia dictada por un juzgado de lo Social de Madrid, declaró el despido improcedente y condenó a la empresa a la readmisión de la mujer o al pago de una indemnización de 51.666 euros. La sentencia recurrida consideró que el cese fue un despido al negar la validez de los contratos temporales en aplicación del artículo 15.5 del ET. El Tribunal Supremo comparte el mismo criterio y concluye que, en el ámbito de esta relación laboral especial, “con independencia de que -atendidas las circunstancias concretas de la actividad objeto del contrato- la temporalidad pueda ser utilizada con normalidad, no cabe ninguna duda de que, cuando el objeto de la actividad contratada, sea la realización de labores estructurales y ordinarias de la empleadora la única contratación posible sea la contratación indefinida”. La Sala afirma que la regulación del artículo 15.5 del ET, que constituye la trasposición al ordenamiento interno de la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada, “que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de contratos temporales a un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar circunstancias indiciarias de abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los contratos temporales de los artistas, ya que de otra manera se llegaría al resultado inadmisible de que el Estado español no habría dado cumplimiento a la Directiva en cuanto a estos trabajadores temporales”. La sentencia, con ponencia del magistrado Ángel Blasco Pellicer, explica que el objeto de los sucesivos contratos que tuvo la trabajadora era la prestación de sus servicios en las actividades del repertorio del Ballet Nacional de España durante el período a que se extendía cada uno de ellos. Así, recuerda que la artista “debía estar a disposición del Ballet para actuar en todos los espectáculos que su presencia fuera necesaria dentro de las actividades programadas por el INAEM, estando sujeta en todo momento a la dirección artística en lo concerniente a ensayos, clases y planes de trabajo, estando sometida a dedicación exclusiva de suerte que no podía actuar en ningún otro trabajo, ni siquiera benéfico, sin autorización escrita”. Del mismo modo, explica que, como consta en los hechos probados, la trabajadora había participado en las actividades de repertorio de ballet, tanto respecto de las concretas representaciones anuales programadas como respecto de la actividad relacionada con el mantenimiento, preservación y actualización de la danza española. De ello se deduce, -afirma la Sala- que el objeto de los sucesivos contratos de la demandante “no estaba ligado a una actividad coyuntural determinada o temporal del INAEM, sino a un conjunto de actividades que conformaban la actividad ordinaria y estructural del INAEM (representaciones y ensayos de obras variadas en las que tuviera que intervenir el ballet y que no estaban prefijadas, al menos en el propio contrato; clases, ensayos y participación en el mantenimiento preservación y actualización del repertorio tradicional de la danza española. No estaba a disposición de INAEM para una obra o función determinada que se alargase en el tiempo o que estuviera programada para una temporada, sino que estaba a disposición del Ballet Nacional de España y del INAEM para los servicios que resultasen necesarios en la actividad estructural y ordinaria de la institución”.

  • El Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho de una mujer a computar el servicio social para la jubilación anticipada
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 17/02/2020 a las 07:00

    La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a computar el tiempo en el que realizó el “Servicio Social de la Mujer” para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación anticipada, en la misma forma en la que se tiene en cuenta, a dichos efectos, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria para los hombres. El tribunal aplica la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 208.1.b de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que contempla que para acreditar un periodo mínimo de cotización a efectos de jubilación anticipada se podrá computar el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria con un límite máximo de un año. La interpretación literal de este artículo -aclara la sentencia- conduciría a una violación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, pues supondría un trato discriminatorio de las mujeres ya que el citado artículo -208.1.b LGSS- no incluye el “Servicio Social de la Mujer”. La Sala analiza el caso de una mujer que había solicitado la jubilación anticipada y que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por faltarle siete días para cumplir el mínimo de cotización exigido por la ley. En primera instancia, un juzgado de lo Social de Barcelona sí le dio la razón y reconoció su derecho a acceder a la jubilación anticipada. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa primera sentencia, estimando el recurso del INSS, al considerar que el tiempo que la mujer estuvo cumpliendo el “Servicio Social de la Mujer” no contemplaron obligación alguna de las autoridades competentes en orden a una supuesta afiliación, alta o cotización. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que el recurso de la mujer debe ser estimado en aplicación de la dimensión de género que vincula a todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. La Sala admite que en nuestro ordenamiento no hay norma alguna que considere como periodo cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial, el periodo de prestación del “Servicio Social de la Mujer”. Pero añade que la aprobación de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) persigue la igualdad de trato y de oportunidades, y que es un principio informador del ordenamiento jurídico que debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. La sentencia, con ponencia de Mª Luisa Segoviano, recuerda que la finalidad tanto del servicio militar como del “Servicio Social de la Mujer” fue similar, tal y como establece el Decreto número 378 de octubre de 1937, como un servicio obligatorio para hombres y mujeres. En el caso de éstas se estableció como “deber nacional de todas las mujeres españolas en edad de 17 a 35 años”, y estuvo en vigor hasta 1978. Por ello, la Sala concluye que resultaría discriminatorio reconocer a los hombres a efectos de jubilación anticipada el cómputo del servicio militar o la prestación sustitutoria, como reconoce el artículo 208.1.b de la LGSS, y, en cambio, rechazarlo en el caso de las mujeres. Añade que “el servicio militar únicamente lo realizaban los hombres, luego se está reconociendo un periodo no cotizado a efectos de acceder a la jubilación anticipada, únicamente a los hombres”. Así, afirma que “no cabe argüir que a las mujeres no se les podía reconocer dicho derecho ya que no realizaban el servicio militar”, aunque sí se les exigía realizar el “Servicio Social de la Mujer”, pero sin reconocer dicho periodo para la jubilación anticipada.

  • El Tribunal Supremo completa su doctrina sobre la cláusula de vencimiento anticipado en relación con los préstamos personales
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/02/2020 a las 13:00

    El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado por primera vez la nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos personales. Parte de la doctrina general fijada por la sala en relación con los préstamos hipotecarios, con una sentencia de septiembre, que estima que la previsión del vencimiento anticipado no es nula por sí misma, sino que la nulidad provendría de los términos en que fue redactada, pues para no ser abusiva debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. De esta forma, una cláusula que permite el vencimiento anticipado por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias, debe ser reputada abusiva. Se adjunta de la Sala.

  • El Tribunal Supremo confirma la obligación de la concesionaria del aeropuerto de Murcia a pagar el aval de 182.000 euros
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/02/2020 a las 12:00

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, S.A. (SCAM) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que confirmó la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda que declaró la obligación de pago de 182.628.215 euros, en concepto del desembolso efectuado por la Administración Autonómica a terceros en nombre de la recurrente, con fundamento a la relación contractual de afianzamiento que les vinculaba. El tribunal confirma la sentencia recurrida que declaró ajustada a derecho la resolución impugnada por SCAM. En su sentencia, explica que la interpretación que realiza el tribunal de instancia del contrato de aval, en especial de las cláusulas segunda -derecho de reembolso- y séptima del mismo, no adolece de defectos de interpretación. La sentencia indica que pretender, como sostiene la recurrente en todo el proceso, que existe una vinculación entre ambas cláusulas y que, precisamente por ello, el ejercicio del derecho de reembolso debía comprender la reducción de las cantidades que en caso de resolución del contrato originario de concesión debiera entregar la Administración a la contratista que había incumplido, no puede aceptarse como acertadamente consideró la sentencia de instancia. Añade que es cierto que el impago de la deuda a que se vinculaba el contrato de aval comportaba la resolución del contrato de concesión y que, en dicho supuesto, se deberían compensar las deudas que aquella debiera a la concesionaria en virtud de dicha resolución. Ahora bien, -aclara la sentencia- ese era un régimen específico para cuando fuese precisamente el impago de la deuda la causa de la resolución de la concesión, supuesto en el cual era lógica la compensación. Sin embargo, la Sala afirma que “no fue eso lo acontecido en el caso de autos y fuera de ese supuesto la cláusula no puede tener el régimen pretendido. La resolución de la concesión, en el caso de autos, no lo fue por el impago de la deuda de la recurrente, se había producido con anterioridad y por causa bien diferente (como ya se declaró en las sentencias a que antes se hizo referencia), como se ha dicho, que fue ajustada a Derecho y no precisamente por el impago de la deuda avalada, sino por incumplimiento de obligaciones dimanantes directamente del contrato de concesión y en la propia sentencia de instancia se transcribe gran parte de aquella otra sentencia en que se declaró ajustada a Derecho la resolución por incumplimiento contractuales por la recurrente de la misma concesión pactada con la Administración y con ocasión de ello tendrían debida atención las obligaciones inherentes a ese supuesto de resolución por incumplimiento. Pero si la resolución del contrato de concesión no era debido a la efectividad del aval, no entraba en juego la cláusula séptima, como concluye la sentencia de instancia, por lo que no procede hacer las deducciones pretendidas, sino el contenido del derecho de reembolso en su integridad”. El tribunal concluye “es más, si nos atenemos a los fundamentos de las sentencias, la de instancia y casación, en que se decidió la legalidad de la resolución del contrato de concesión, lo que ahora pretende la defensa de la recurrente, con ocasión de las resoluciones aquí recurridas –muy posteriores a la que en esas sentencias se debatía–, es suscitar nuevamente una reducción de sus obligaciones pecuniarias que ya han quedado decididas en aquellas decisiones jurisdiccionales”. La Sala subraya que “si lo que se está pretendiendo con alguna argumentación que se hace en el motivo del recurso que se examina, en especial al referirse a la prueba, es que la Administración no ha procedido al pago de la totalidad de la deuda avalada, sino que ha pactado con las entidades acreedoras otros medios para dicho pago, es lo cierto que esos pactos, no es ya solo que no se haya probado, como declara la sentencia de instancia, sino que si existió pacto específico para hacer efectivo el pago a que se vio obligado la Administración de la importante deuda desatendida por la recurrente con acuerdos parciales, en modo alguno comporta ello que dejara de asumir la obligación de pago que como avalista le venía impuesto y, por tanto, se generaba ya desde esa modalidad del pago el referido derecho de reembolso que se había pactado en el contrato”.

  • El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el saldo de compensación y derechos de cobro tras la modificación de la concesión de Autopistas, Concesionaria Española (ACESA)
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 13/02/2020 a las 12:00

    La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictaminado que el saldo de compensación y derechos de cobro derivados del Real Decreto 457/2006, de 7 de abril, por el que se modifican determinados términos de la concesión de Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal (ACESA) no puede ser considerado como activo financiero, sino que debe ser calificado como inmovilizado intangible, manteniéndose el contenido de lo consignado en la censura previa. La Sección Cuarta estima el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la razón a ACESA al anular la censura previa de las cuentas anuales del ejercicio 2011 por esta concesionaria, que había contabilizado como un activo financiero, y no como un inmovilizado intangible, el saldo de compensación y derechos de cobro derivados de dicho Real Decreto 457/2006. En este caso, la delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje realizó la censura previa al considerar que la fórmula recogida en el convenio no concedía al concesionario derecho subjetivo en la actualidad, sino simples expectativas, y por tanto daba lugar a un reflejo contable que no podía calificarse ni contabilizarse como activo financiero. La Sala Tercera en su sentencia, con ponencia de la magistrada Celsa Pico, analiza la naturaleza de la censura previa como una fiscalización que no es vinculante en orden a modificar los criterios de contabilidad seguidos por la empresa. El tribunal argumenta que la administración que ha otorgado la concesión se limita a manifestar una opinión técnica, de conformidad con la legislación vigente, incluyendo la contable y las normas reguladoras de la concesión en cuestión, sobre cómo deberían reflejarse los distintos conceptos respecto de los que muestra su crítica. Añade que al criticar la administración el criterio financiero seguido por la sociedad concesionaria “informa a terceros acerca de su discrepancia con las operaciones contables, situación financiera y resultados de la concesionaria reflejados en las cuentas”. “El resultado de la censura previa solo conduce a la necesidad de que tal información se aporte con las cuentas elaboradas por la compañía para su presentación en la Junta General. Es información a terceros como el informe de auditoría de cuentas (art. 5 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas) en que la opinión técnica del informe de auditoría de cuentas anuales puede ser favorable, con salvedades, desfavorable o denegada”, subraya la Sala. La sentencia explica que se trata de un acto meramente informativo, pero al haber dado la administración pie de recurso administrativo, primero, y contencioso-administrativo, después, la Sala entra a examinar el acto.El tribunal distingue entre los activos financieros y los inmovilizados intangibles. Explica que los activos financieros son títulos o anotaciones no contables que otorgan el derecho a recibir un ingreso futuro procedente de la contraparte, mientras que los inmovilizados o intangibles son activos no monetarios susceptibles de valoración económica. En este sentido, la Sala recuerda que ya se había pronunciado el 4 de junio de 2019, en un proceso en el que también fueron partes ACESA y la Administración del Estado, sobre que no existe hasta el 31 de agosto de 2021 derecho adquirido a un saldo de compensación de resultado desconocido.  

  • El Tribunal Supremo rechaza la prescripción de las reclamaciones dinerarias por incumplimientos de convenios urbanísticos en Marbella
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 12/02/2020 a las 14:00

    La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de varias sociedades inmobiliarias que reclaman al Ayuntamiento de Marbella por incumplimiento de convenios urbanísticos suscritos con dicha Corporación en los años 1996 y 1997, al considerar que sus reclamaciones, formuladas en 2010, no han prescrito. Por ello, devuelve el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que sí entendió extemporáneas las reclamaciones, para que resuelva sobre el fondo del asunto. El Supremo establece que el plazo adecuado y aplicable, en los supuestos de incumplimiento de los convenios urbanísticos, es el previsto en el artículo 1964.2 del Código Civil (que era de quince años en el año 2010, y hoy es de cinco años, desde la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil), y no el de cuatro años que contempla el artículo 25.1 de la Ley General Presupuestaria.

  • El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 12/02/2020 a las 12:40

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión. En su sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Tercera, que condenó por un delito de estafa a cinco de los acusados a la pena de dos años de prisión y a nueve meses de prisión a un sexto como cómplice. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, ha rechazado el recurso interpuesto por los condenados que propugnaban su absolución, así como el de la acusación particular en cuanto a la responsabilidad civil fijada en la sentencia. Los hechos probados recogen que tres trabajadores de una empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería. De esta manera, los trabajadores, encargados de clasificar la chatarra por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por estériles mezclados con la chatarra útil para la transformación en acero, cuando llegaba la carga de chatarra a la empresa transformadora efectuaban un descuento por estériles muy inferior a la cantidad que realmente estaba mezclada con la chatarra útil de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible estériles inservibles para la transformación. Ello ocasionó un fraude tasado en la responsabilidad civil de 456.340’27 euros, en el caso de un grupo de condenados, y otra de 340.650’66 euros, en otro grupo. La Sala destaca que el origen de la investigación surge de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de la empresa que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, lo que dio pie a una investigación interna que acabó en el descubrimiento de los hechos. Destaca el Tribunal Supremo y valida el uso de las “denuncias anónimas” para la detección de ilícitos penales que sea corroborada, como aquí ocurrió, con la posterior investigación interna en la empresa y policial. Así, apunta La sala Penal que: “Importancia tiene la denuncia llevada a cabo y en la que, con la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo interno, sí que resulta notablemente interesante que en el periodo de los hechos probados se lleve a cabo una mecánica de actuación ‘ad intra’ en el seno de la empresa que ha sido recientemente regulada en el denominado “canal de denuncias interno” o, también denominado ‘whistleblowing’, y que ha sido incluido en la reciente Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”. Sobre esta necesidad de implantar estos canales de denuncia, y que se vio en este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como “notitia criminis” se recoge por la doctrina a este respecto que la Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia. En definitiva, añade la sentencia, se busca reforzar la protección del whistleblower y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información reconocida en el art. 10 CEDH y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y con ello incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas, como en este caso se llevó a cabo y propició la debida investigación policial y descubrimiento de los hechos. Debe destacarse, en consecuencia, que la implantación de este canal de denuncias, forma parte integrante de las necesidades a las que antes hemos hecho referencia del programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal de denuncias quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades conocerá que desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma. “En el caso ahora analizado una denuncia interna -señala la sentencia-, al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el periodo de tiempo indicado en los hechos probados, y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado”. “Resulta, pues, necesaria -añaden los magistrados- la correlación entre el programa de cumplimiento normativo en la empresa para evitar y prevenir los delitos cometidos por directivos y empleados ‘ad intra’, como aquí ocurrió con los tres empleados, a fin de potenciar el control interno y el conocimiento de directivos y empleados de la posibilidad de que dentro de su empresa, y ante el conocimiento de alguna irregularidad, como aquí ocurrió perjudica a la propia empresa, y, al final, a los propios trabajadores, si el volumen de la irregularidad podría poner en riesgo y peligro hasta sus propios puestos de trabajo, pero más por el propio sentimiento de necesidad de la honradez profesional y evitación de actividades delictivas, o meras irregularidades en el seno de la empresa, circunstancia que de haber existido en este caso hubiera cortado la comisión de estos hechos, aunque sin que por su ausencia, por falta de medidas de autoprotección, derive en una exención de responsabilidad penal, como se propone en este caso por el recurrente.” Con ello, la Sala penal valida la utilidad y eficacia de las denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de una empresa, o entidades, prácticas delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del hecho para permitir la investigación interna.

  • El Tribunal Supremo anula la adjudicación de una plaza en el TSJ de Cataluña a una magistrada
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 12/02/2020 a las 11:00

    La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado la adjudicación por el Consejo General del Poder Judicial a una magistrada de una plaza en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al corresponder la misma al magistrado Carlos M.P., de mejor número en el escalafón judicial. La sentencia ordena al Consejo General del Poder Judicial que adjudique la plaza, que fue sacada a concurso en agosto de 2018, a Carlos M.P. El Supremo argumenta que el Consejo del Poder Judicial, al adjudicar la plaza a la magistrada (actualmente en la Audiencia de Barcelona y actual vocal del CGPJ), consideró erróneamente que la solicitud a la misma presentada por el otro candidato lo había sido extemporáneamente. La sentencia indica que Carlos M.P. presentó su solicitud correctamente el último día de plazo, al interpretar que se había ampliado dos días respecto al plazo inicial debido a la presentación de una corrección de errores en el BOE del acuerdo de convocatoria que, según los magistrados, afectaba a dicha plaza. La Sala explica que al candidato ocupaba en la fecha de los hechos el número 1.208 en el escalafón, y la magistrada el número 1.434. Y recuerda que el propio acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 15 de noviembre de 2018, que entendió extemporánea la solicitud del candidato, reconoció que “si el aquí recurrente hubiera solicitado en plazo la plaza controvertida, habría sido, en cualquiera de los escenarios posibles, el adjudicatario de la misma, por ostentar el mejor derecho conforme a los distintos criterios que hipotéticamente se quieran aplicar”.

  • El Tribunal Supremo condena a cuatro hermanos por simular enfermedades para cobrar la pensión por incapacidad
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 11/02/2020 a las 11:00

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El tribunal estima de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los recurrentes y, aunque mantiene la condena por un delito de estafa (en un caso agravada) con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, les absuelve de un delito de falsedad documental por falta de pruebas. De esta manera, corrige la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas que sí condenó por este último delito –además de por estafa- a penas de entre diez meses y tres años y seis meses de prisión. La Sala confirma que tres de los recurrentes tienen que pagar una indemnización de 102.795 euros al INSS por el cobro indebido de las prestaciones desde 2006 a 2009 (37.503 euros, 16.730 euros y 32.004 euros), y que dos de ellos deberán abonar 186.739 euros a dos aseguradoras que les pagaron determinadas cantidades (172.365 euros y 14.374 euros) tras acreditarse la situación de incapacidad declarada por el INSS. Según los hechos probados, los cuatro hermanos se pusieron de acuerdo, con el fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito, para obtener la declaración de incapacidad más severa posible que les permitiera obtener las prestaciones sociales en función del grado de incapacidad alcanzado, simulando unos padecimientos que no se correspondían en absoluto con su situación clínica bien por no existir en modo alguno o por ser exacerbados. Sin embargo, se pudo comprobar que los recurrentes hacían una vida normal (conducir o ir de compras a un centro comercial) que no se correspondía con la situación clínica –“catatonia-autismo” en algún caso- que aparentaron ante los médicos evaluadores. La Sala indica que en todos los casos el procedimiento fraudulento ha sido similar. “Uso de un certificado médico mendaz para inicio del expediente, simulación de un estado próximo a la catatonia para superar el control de los evaluadores de la Seguridad Social y existencia de una patología de base (depresión) que los distintos médicos que la han atendido no han podido evaluar la posible existencia de fraude, aunque algunos de ellos han dudado de esta circunstancia y de la existencia de esa patología”, subraya el tribunal. Añade que el descubrimiento de la actuación similar de los cuatro hermanos, unido a las vigilancias realizadas una vez descubierto el fraude, así como las apreciaciones de los médicos forenses han permitido establecer con la necesaria certeza la existencia de simulación sobre la totalidad del proceso de forma que la discordancia entre la realidad y las declaraciones de incapacidad administrativa se extienden no sólo a la declaración final de incapacidad sino al periodo previo de incapacidad temporal. Para la Sala, la prueba para acreditar estos hechos ha sido suficiente y su valoración ha sido prolija y atendiendo a pautas de racionalidad a las que no cabe hacer tacha alguna. Por lo que se refiere al delito de falsedad documental, la Sala explica que procede la absolución, de acuerdo con su doctrina, porque en los hechos probados no hay ninguna referencia a falsedades documentales y, en cambio, en los fundamentos jurídicos se argumenta y precisa por qué razones se entiende cometido este delito. Por ello, considera que “la ausencia absoluta de mención en relato fáctico de los hechos que han dado lugar a la condena por delito de falsedad de certificado oficial no puede ser complementada con la valoración de pruebas y argumentos incluidos en los fundamentos jurídicos”; razón por la que absuelve de dicho delito.

  • El presidente del TS remite al del Parlamento Europeo la solicitud de suplicatorio de Clara Ponsatí
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 10/02/2020 a las 12:57

    El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido hoy al del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, la solicitud de suplicatorio de suspensión de inmunidad relativa a la miembro de esta Cámara legislativa Clara Ponsatí instada el pasado día 4 por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ en el alto tribunal, así como testimonio de distintas resoluciones acordadas en ese procedimiento y de la sentencia de la Sala Segunda dictada en la causa especial.

  • El Tribunal Supremo confirma que la huelga convocada por Intersindical-CSC el 8 de noviembre de 2017 no fue ilegal
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 10/02/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por Foment del Treball Nacional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaró que la huelga general convocada el 8 de noviembre por el sindicato Intersindical-CSC no fue ilegal. El tribunal considera que la finalidad de dicha huelga fue fundamentalmente “de defensa de los derechos de los trabajadores y aunque aparecen enunciadas otras finalidades que pueden ser calificadas de políticas, no desvirtúan el carácter esencial de la huelga, su finalidad primordial, ni contaminan dicha finalidad, ni, en consecuencia, conducen a tildar de ilegal la huelga”. Además, indica que la huelga no se ha utilizado con una finalidad económica-social distinta de aquella que le ha sido atribuida por el ordenamiento jurídico, como sostiene el recurrente. La sentencia rechaza que fuese abusiva por establecer un tiempo indeterminado para el inicio y el desarrollo de la misma, y por la desconvocatoria de las huelgas llevada a cabo por el sindicato.

  • El Tribunal Supremo rechaza aplicar el subtipo agravado de multirreincidencia en los delitos leves de estafa por considerarlo desproporcionado
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 07/02/2020 a las 07:00

    La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha interpretado por primera vez la agravación penológica por multirreincidencia en los delitos leves de estafa tras la reforma del Código Penal por la Ley LO 1/2015 y rechaza su aplicación.  La Sala concluye que en los supuestos de multirreincidencia en delitos leves de estafa, no está regulado de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y que, en su defecto, no se puede permitir “una interpretación extensiva en contra reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada”. El tribunal señala que la aplicación de la nueva figura agravada para las estafas leves produce una distorsión del sistema, “porque solo así puede entenderse el que la mera existencia de tres antecedentes previos, que ya en su día acarrearon la correspondiente pena, equipare una estafa de menos de 400 euros, con otra en la que no se aprecie multirreincidencia, pero que puede llegar a alcanzar un cuarto de millón de euros”. El tribunal analiza esta cuestión al resolver el recurso de casación que presentó un hombre condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de estafa por  engañar a través de internet, ofreciéndose como técnico de electrodomésticos. El relato de hechos de la sentencia recurrida describía 4 episodios defraudatorios, ninguno de los cuales superó los 400 euros.  El recurrente planteaba que la agravación penológica prevista en el artículo 250.1 8º del Código Penal para el delito de estafa vulneraba el principio de culpabilidad y que en su caso no se le debía aplicar la agravación porque sus seis condenas anteriores por estafa (que sustentaban la modalidad agravada del art 250.1 8º) se referían a hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley LO 1/2015.  Antes de perfilar la figura de la estafa agravada, el tribunal recuerda la interpretación que realizó sobre la agravación en relación con el delito de hurto, en su sentencia del Pleno de 28 de junio de 2017 y cuyos estándares, explica la Sala, mantienen toda su vigencia en su correlación con el delito de estafa. La mencionada sentencia fijó que en la multirreincidencia no pueden operar los antecedentes penales por delitos leves (hurtos inferiores a 400 euros).  Es decir, en aplicación de tal doctrina, la figura agravada del artículo 250.1.8 CP no podrá conformarse sobre previas condenas por delitos leves, que quedan excluidos en la formulación de la agravante genérica de reincidencia.  En su sentencia, ponencia de Ana Ferrer, el tribunal explica que la redacción del artículo 250.1 que describe la estafa agravada, no distingue para su operatividad entre el delito básico de estafa del artículo 249.1 CP y la versión leve incorporada en su apartado 2, que no superan los 400 euros. Sin embargo en el delito leve de hurto (art 234.2 CP) expresamente se deja a salvo la concurrencia de alguna de las circunstancias agravantes del artículo 235 (entre ellas la de multirreincidencia). Mientras que en la redacción del delito leve de la estafa (249.2) el legislador de 2015 omite toda referencia a la aplicación de las circunstancias agravantes del art 250 “lo que a contrario sensu, avala la exclusión del delito leve de estafa de la órbita agravatoria del artículo 250 CP”.  La Ley lo 1/2015 sí expresó claramente la hiperagravacion por multireincidencia en el caso de los hurtos  El tribunal llega a la misma conclusión analizando el Preámbulo de la Ley LO1/2015 que incorporó los delitos leves.   Explica que el legislador, en el caso de los hurtos sí expresó claramente las razones por las que sometía los hurtos leves a la hiperagravación por multirreincidencia, para hacer frente a la delincuencia común: hasta entonces los delincuentes habituales eran condenados por meras faltas pero, con la modificación, los reincidentes podían ser condenados como autores de un tipo agravado castigado con penas de uno a tres años de prisión.  Sin embargo, en el caso de la estafa y los supuestos de multirreincidencia, la Sala destaca que la ley no hace referencia alguna a la extensión de efectos al delito leve de estafa. “Puede considerarse un simple olvido del legislador -indica la sentencia- o entender que la referencia que hace en este último inciso al hurto abarca también este extremo, pero hacerlo así, no solo comporta el riesgo de una interpretación extensiva contra reo, sino que resulta difícilmente explicable cuando la proyección de la multirreincidencia sobre la versión más leve de la estafa es totalmente novedosa”.  La Sala recuerda que el tema de la multirreincidencia siempre ha sido contemplado por el legislador como un supuesto agravatorio de los delitos de hurto, “ sin entender que esa misma exacerbación proceda históricamente con respecto a los delitos de estafa».  Desproporción penológica  La sentencia añade que el salto en la penalidad que provocaría aplicar la multirreincidencia al delito leve de estafa, que está castigado al igual que el de hurto con multa de uno a tres meses, es aún más vertiginoso que en éste. Mientras el delito de hurto contempla una pena máxima de 3 años, la estafa hiperagravada fija el límite máximo en 6 años de prisión y 12 meses de multa. También aclara que lo dicho sobre esta agravación del artículo 250.1.8 –multirreincidencia- es aplicable a las restantes circunstancias que el precepto prevé, pues, aunque están sustentadas en distinto fundamento y algunas de difícil, cuando no imposible, encaje estructural con un delito leve, deben ser tratadas desde la misma pauta interpretativa. En el caso concreto analizado, la Sala estima parcialmente el recurso y rebaja la condena de 4 a 2 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal mantiene el delito de estafa agravada por multirreincidencia porque la suma de los 4 fraudes cometidos que conformaron la continuidad delictiva sí superó los 400 euros.  

  • El Tribunal Supremo desestima la demanda de la Fundación Salud y Naturaleza contra el ministro de Ciencia e Innovación
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 05/02/2020 a las 13:00

    La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de la Fundación Salud y Naturaleza en la que considera ofensivas para el sector de las terapias naturales las declaraciones que hizo el Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, con ocasión de la retirada de un complemento alimenticio por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). La Sala considera que no cabe apreciar intromisión ilegítima en el honor de la Fundación, sino un ejercicio legítimo de la libertad de expresión por parte de Duque en el desempeño de sus competencias como ministro, en aquel momento, de Ciencia, Innovación y Universidades, competencias entre las que se encontraban la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todos los sectores. Se adjunta nota de la Sala.

  • El Tribunal Supremo confirma la condena a 14 años de prisión por tráfico de drogas a un sargento del cuartel de Isla Mayor (Sevilla)
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 04/02/2020 a las 12:20

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a catorce años, tres meses y un día de prisión impuesta a un sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de Isla Mayor (Sevilla) al haberse probado que, a cambio de dinero, dio protección a una organización de narcotraficantes y facilitó la entrada de hachís, procedente de Marruecos, través del río Guadalquivir. El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el sargento contra la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que confirmó la condena dictada contra él por la Sección Primera de ese mismo tribunal por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y cohecho. También ha desestimado el recurso de casación planteado por la esposa del sargento, que fue condenada a título lucrativo. Los otros condenados en este caso, entre ellos tres guardias civiles del mismo cuartel, no recurrieron sus respectivas condenas ante el alto tribunal. El sargento, según los hechos probados, ofreció al responsable de la organización protección de miembros de la Guardia Civil de su Comandancia para facilitar la entrada del hachís a cambio de dinero. Así, acordaron la entrega de 6.000 euros inicialmente y de 20.000 euros cada vez que terminase con éxito una operación. Los tres guardias civiles que colaboraron con su sargento facilitaron información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil para evitar coincidir con la entrada del hachís. Por esta colaboración, el sargento obtuvo unos ingresos de 22.040 euros que fueron ingresados en pequeñas cantidades entre 2012 y 2016, en una cuenta que tenía con la coimputada recurrente. La Sala rechaza que las pequeñas cantidades ingresadas en su cuenta se destinaran a gastos domésticos, como argumenta el recurrente. El ingreso de las cantidades en una cuenta corriente –aclara la sentencia-, en pequeñas sumas, primero, disimula su origen, y segundo, se confunde con los ingresos lícitos que se van incorporando a la cuenta corriente. “Existe, pues, intención de esconder, o camuflar, la procedencia delictiva de los bienes” y “no hay duda de que por llevar a cabo actividades de protección del narcotráfico, mediante la distracción de patrullas, o avisos de lugares de vigilancia, el recurrente percibía cantidades, cuyo comportamiento supone la comisión de un delito de cohecho, y tales cantidades, el cobro de sobornos”, subrayan los magistrados. El recurrente -explica la sentencia- sabe que el dinero en metálico procede de su actividad delictiva, lo ha recibido directamente de la organización criminal, y procede primero a repartirlo con su segundo en la Comandancia, también condenado, y con otros miembros de la Benemérita a sus órdenes. De la parte que se queda para él, una, la mantiene en efectivo, seguramente para gastos corrientes (y así en el registro domiciliario, se hallan 2.350 euros en metálico), y el resto de cantidades se ingresan en pequeñas sumas en su cuenta corriente, para confundirlo con sus ingresos legales, de manera que se oculte o se encubra su origen delictivo. Añade que esa es una de las fases del delito de blanqueo de capitales. La Sala también rechaza el motivo en que el recurrente expresa su desacuerdo con la pena impuesta y reclama que se le imponga la mínima. En este sentido, afirma la gravedad de la conducta realizada, “dado que quien realiza, a cambio de dádivas económicas, la acción de dar cobertura a estructuras criminales que son capaces de introducir y traficar con toneladas de resina de hachís en la zona es no sólo un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino, en el puesto de Isla Mayor, su mando máximo, al tratarse de sargento que actuaba como comandante de puesto, con capacidad para influir en la configuración de las órdenes para combatir el narcotráfico de la zona o para no hacerlo, como en este caso, ejecutando –turnos, patrullas, entrega de llaves, miradas para otro lado–, justamente lo contrario de lo que debe hacer, esto es, incumpliendo las obligaciones de su cargo y poniendo en alto riesgo la salud de quienes fueran adquiriendo esas toneladas de droga que permitía traficar mediante su consciente conducta”. Respecto al recurso de su mujer, la Sala explica que de la prueba practicada se desprende que desde 2012 a 2016 se ingresaron en la cuenta bancaria familiar, que la recurrente tenía con su esposo, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, mediante ingresos en efectivo, pequeños importes (400, 500, 1.320, 2.550, 1.470, 1.000, 1.300, 2.900, 900, 1.500 euros) hasta completar la cantidad de 22.040 euros, que procedían del pago de la organización de narcotraficantes a su marido por la cobertura que daba a sus ilícitas operaciones de tráfico de drogas. Así afirma que constan sobradamente en cuenta los ingresos referidos, en metálico, por lo que se ha acreditado el objeto material, y mediante prueba inferencial, “es razonable suponer que conocía no solamente tales ingresos, sino que no respondían al percibo de los emolumentos legales de su marido, sino que se trataba de cantidades ingresadas en metálico en la propia oficina bancaria”. La Sala rechaza el argumento de la recurrente relativo a que desconocía el origen del dinero ingresado en la citada cuenta y añade que la responsabilidad a título de partícipe lucrativo es más que evidente, sin que pueda acogerse a la teoría de la ignorancia. Recuerda que quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar en que voluntariamente participa. “Lo relevante, a los efectos de la consideración de partícipes lucrativos es que el dinero se ingresó en su cuenta sin responder a un negocio oneroso previamente existente que haría respetable su posición, y todo ello a sabiendas de su procedencia delictiva”, concluyen los magistrados.  

  • El juez pide a Reino Unido que continúe el trámite de la euroorden contra la exconsejera de la Generalitat Ponsatí al carecer de inmunidad tras el Brexit
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 03/02/2020 a las 13:00

    El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como instructor de la causa del procés, ha dictado hoy un auto en el que solicita al Reino Unido continuar el trámite de la euroorden contra la exconsejera de Educación de la Generalitat catalana Clara Ponsatí, al entender que, tras el Brexit, su inmunidad como parlamentaria europea no alcanza al territorio de dicho país. El magistrado pide además a las autoridades de Reino Unido que valoren reforzar las medidas sobre Ponsatí para evitar su salida a otro país. En el mismo auto, el juez reconoce a Ponsatí su inmunidad como europarlamentaria y acuerda por ello pedir suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda dicha inmunidad, para poder continuar con la ejecución de las euroórdenes de detención y entrega en los países de la Unión Europea. Sin embargo, en lo que afecta al procedimiento de ejecución de la euroorden que está tramitándose actualmente en Reino Unido, el juez señala que debe continuarse ya que, tras la entrada en vigor el pasado sábado 1 de febrero del Acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, la inmunidad de los parlamentarios europeos no es una norma aplicable en el territorio de dicho país. El auto añade que ello no comporta, sin más, que deba transformarse de inmediato el proceso de euroorden en uno de extradición regulado por el Tratado bilateral al repecto entre España y el Reino Unido, ya que el acuerdo del Brexit precisa que las eurórdenes de detención ya iniciadas, como es la de Ponsatí, deben seguir tramitándose, dentro de la cooperación judicial en materia penal, con independencia de que la autoridad judicial de ejecución (en este caso Reino Unido) decida que la persona buscada deba seguir detenida o quedar en libertad provisional. En este sentido, el magistrado plantea a la autoridad judicial de Reino Unido un posible reforzamiento de las medidas cautelares sobre Ponsatí si entiende que concurre un mayor riesgo de que la procesada eluda el procedimiento de cooperación que se está tramitando, “no sólo porque el procedimiento de entrega por el Reino Unido (y las medidas de aseguramiento que le son inherentes) no está sujeto a que el Parlamento Europeo preserve o suspenda la inmunidad descrita en el artículo 9, del Protocolo 7, del TFUE, cuanto porque pudiera confluir el riesgo de que la encausada abandone el territorio del Reino Unido para establecerse en un país de la Unión en el que la inmunidad le alcance”. En cuanto a las euroórdenes para los países de la UE, el auto declara la pertinencia de mantenerlas solicitando al mismo tiempo del Parlamento Europeo que levante la inmunidad, ya que la suspensión en el cumplimiento de esas euroórdenes sería de directa e inmediata aplicación en esos casos. En relación a España, el juez mantiene la orden nacional de detención y recuerda que, al haber sido procesada Ponsatí el 21 de marzo de 2018, casi dos años antes de su proclamación como eurodiputada electa, no se debe solicitar suplicatorio para actuar contra ella en territorio español.

  • El Tribunal Supremo confirma la sanción a un guardia civil de Melilla por humillar a una mujer
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 31/01/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de ocho meses de suspensión de empleo a un guardia civil de la Comandancia de Melilla, que estando de servicio, acosó y humilló a una camarera diciéndole que se iba a quemar en el infierno por llevar un tatuaje en el brazo, y que tenía el demonio dentro al no seguir el Corán. Los hechos ocurrieron en la cafetería del recinto portuario de Melilla, cuando el guardia civil sancionado recriminó a la mujer, además de dicho tatuaje en el que se leía la palabra árabe MAKTUB (que significa destino), su forma de vestir y su nombre. Entre otros comentarios, le dijo que “lloraría lágrimas de sangre” y que “su cuerpo no era de ella, que es prestado por Dios”. El guardia civil siguió con sus “manifestaciones de ortodoxia religiosa”, según los hechos probados, y le gritó con voz alterada que se convirtiera a la única religión verdadera, que era la musulmana, porque se iba a arrepentir el día del juicio final. Después le dijo que no le sirviera el café puesto que ella no era pura. La joven sufrió un ataque de ansiedad. La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el guardia civil contra la sentencia del Tribunal Militar Central que le impuso dicha sanción por una falta muy grave de acoso por razón de religión o convicciones o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, prevista en el artículo 7.4 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. El tribunal señala que el supuesto de hecho objeto de sanción “se contrae, como quedó dicho, a unos comentarios sobre religión que derivaron en una situación de acoso y humillación en la que se vio inmersa la denunciante, que sufrió una clara crisis de ansiedad que corroboraron distintos testimonios, tal como se refleja en el factum de la sentencia recurrida”. Añade que esta situación fue generada “por los comentarios de un guardia civil de servicio y de uniforme, que, claramente, ofreció una conducta alejada tanto del respeto debido a las personas, quebrantando su dignidad (artículo 11 de las Reales Ordenanzas) como de los más elementales principios que rigen la actuación del militar como servidor público (artículo 5 de las Reales Ordenanzas), y, en fin, de las reglas de comportamiento del guardia civil (artículo 7.2 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre de Régimen del Personal de la Guardia Civil: «Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, sin discriminación alguna por razón de sexo, origen étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, actuando siempre con dignidad, prudencia y honradez»)”. La Sala comparte la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal Militar Central, en particular, la declaración “coherente, verosímil y persistente de la denunciante, así como los testimonios de referencia de distintos miembros de la Benemérita que corroboraron, sin ninguna duda, su versión de lo ocurrido, tanto es así que ese elenco probatorio permitiría obviar cualquier consideración sobre el silencio del expedientado”. La sentencia, con ponencia del magistrado José Alberto Fernández Rodera, indica que el tipo disciplinario aplicado “encuadra cabalmente la conducta sancionada, sin que, bajo ningún punto de vista, sea dable considerar vulneración alguna del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, consagrado en el artículo 25 de la norma fundamental de la Nación”. Así, concluye que tanto el procedimiento administrativo como la sentencia recurrida “desvelan suficientemente las razones que justifican la sanción, con una racional y lógica acomodación a las circunstancias concurrentes, y, finalmente, una dosimetría en absoluto alejada de un elemental principio o criterio de proporcionalidad”. Por ello rechaza la alegación de vulneraciones -derechos de presunción de inocencia, de defensa y a no declarar y principios de legalidad y de proporcionalidad- planteadas en su recurso por el guardia civil, cuya sanción ha sido confirmada en esta sentencia.

  • El tribunal del ‘procés’ rechaza el recurso de Oriol Junqueras contra la decisión de no pedir suplicatorio ni autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/01/2020 a las 12:50

    El tribunal del ‘procés’ ha desestimado el recurso de súplica planteado por Oriol Junqueras contra el auto del 9 de enero que rechazó autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo o tramitar su suplicatorio a la Eurocámara, al haber perdido la condición de eurodiputado por la sentencia firme del 14 de octubre que le condenó a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación, dictada en la pieza principal de la causa. La Sala recuerda que en el auto de 9 de enero dio cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al momento en que los eurodiputados adquieren la inmunidad. Pero señala que la parte recurrente sigue obviando, a la hora de valorar las consecuencias de esa decisión, que la respuesta debe darse en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial. Ahora, explica el auto, Junqueras ya no está en prisión preventiva, sino que fue condenado por sentencia firme de 14 de octubre de 2019 a una pena de prisión de trece años y a una de inhabilitación absoluta por el mismo plazo, y esas penas se están ejecutando. Por ello, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad y ha perdido la condición de europarlamentario, y ya no goza de la inmunidad del artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea. En consecuencia, como dijo el auto recurrido, no procede su libertad, ni procede solicitar autorización para la suspensión de una prerrogativa funcional de la que Junquera ya no es titular, en virtud de sentencia firme.

  • El Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad de los doce condenados contra la sentencia del ‘procés’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/01/2020 a las 12:40

    El tribunal del ‘procés’ ha desestimado los incidentes de nulidad que plantearon por vulneración de derechos fundamentales los doce condenados contra la sentencia del pasado 14 de octubre. La Sala también rechaza el incidente de nulidad planteado por VOX como acción popular. El tribunal reitera que en este proceso no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión. Destaca que las penas impuestas son proporcionadas a las graves comisiones delictivas de los condenados que, como autoridades autonómicas y líderes asociativos, buscaban implementar una normativa antidemocrática e inconstitucional, un bloque jurídico aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas del Parlamento catalán y con la última finalidad de transitar hacia la independencia. En sus escritos las defensas alegaban que se había vulnerado el principio de legalidad por la redacción inconcreta del tipo penal de la sedición por el que han resultado condenados. La Sala rechaza este argumento y destaca que el delito de sedición define el comportamiento punible a través de términos que son comprensibles, pertenecen al lenguaje común y es un delito que se acomoda a la norma constitucional. El tribunal, en un auto con ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, también rechaza que se haya realizado una interpretación extensiva o contraria al reo del delito de sedición, como sostienen los recurrentes, y considera infundado el reproche de una distorsionadora ampliación del concepto típico de alzamiento tumultuario. Añade que la sentencia, conjurando todo riesgo de interpretación laxa, también se cuida de reducir lo tipificado mediante la exigencia de medios empleados con ocasión del comportamiento del penado. “Aunque sin derogar la voluntad expresa del legislador que ha querido castigar, no solamente el uso de la fuerza, sino también el extravío fuera del cauce legal, subrayando que el tipo no exige la caracterización del alzamiento como violento”. En cualquier caso, explica la Sala, “para satisfacer las exigencias del tipo penal de sedición, acomodándonos al principio de legalidad, es suficiente el extravío -actuar fuera de las vías legales-, del procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos”. La Sala, basándose en algunos de los argumentos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que habían solicitado la desestimación de los incidentes, asegura que tampoco es aceptable “la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de órdenes judiciales, cuya acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se integran los movilizados”. En este sentido, indica que “el programa delictivo de los penados preveía -como se proclama en el hecho probado 3- la estrategia de utilizar a multitudes de ciudadanos para «neutralizar cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas del Estado». En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une el extravío del procedimiento diseñado como medio. Se decidió actuar con desafío del ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los juzgados núm. 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento”. La Sala subraya que “a esa actuación extraviada o fuera de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de «fuerza», entendiendo por tal el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se estimaron necesarias. Criterio éste el único que determinó los momentos y lugares de su empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como «abierta hostilidad», descrita en el hecho probado 9, y «enfrentamientos», de que da cuenta el hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o no violencia activa”. No vulneración derechos reunión, manifestación, libertad expresión La Sala concluye que la actuación de los procesados no estaba amparada por el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión e ideológica y participación política, cuyos márgenes fueron ampliamente desbordados por los acusados, tal y como se explica con detalle en la sentencia dictada. Recuerda que la jurisprudencia del TEDH advierte que el amparo del derecho de reunión, que interpreta de forma conjunta con la libertad de expresión, no puede tutelarse cuando conlleve una llamada a la violencia, al levantamiento o a cualquier otra forma de rechazo a los principios democráticos. Añade que, conforme a la jurisprudencia del TEDH, el reconocimiento del derecho de reunión exige que su ejercicio “no implique un recurso a la violencia, un desprecio a los principios que definen a una sociedad democrática o un levantamiento”. El tribunal insiste en que los hechos por los que se ha dictado sentencia condenatoria fueron “algo más que una reunión de ciudadanos que con libertad expresan sus reivindicaciones ideológicas. No hemos criminalizado opiniones y protestas. Los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre buscaban implementar, en connivencia con las autoridades autonómicas y los líderes asociativos que han resultado condenados, una normativa antidemocrática e inconstitucional. Un bloque jurídico- hay que insistir en ello- aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas con representación en la Cámara, de los mandatos y advertencias del Tribunal Constitucional”. Los magistrados afirman que las manifestaciones convocadas por las asociaciones civiles el día 1 de octubre de 2017, “no se circunscribían a la mera reivindicación de un legítimo mensaje político. Tampoco eran la expresión de protestas que, pese a su hostilidad, tienen indudable encaje constitucional. Antes al contrario, eran acciones ejecutadas en un indisimulado lenguaje performativo. Simultáneamente a su desarrollo se implementaban apartados del Decreto dictado por el Govern en desarrollo de la inconstitucional normativa de secesión aprobada por el Parlament. Se trataba así de conferir una efectividad a esa ilegal norma de cobertura, con desprecio de su invalidez, posibilitando la celebración de un referéndum que eludía la eficacia de cualquier resolución judicial tendente a impedirlo. Se lograba de esta forma la realización simultánea por los convocantes de la acción evocada, celebración del ilegal referéndum, en cuanto contrario a la normativa electoral y estatuaria”. Así, explica que “cuando se afirma en defensa de la nulidad de nuestra sentencia el hecho de que se han condenado ideas, se prescinde de una realidad incontrovertida, a saber, que la independencia como aspiración política nunca ha sido objeto de procedimiento penal. No lo fue cuando, como cada anualidad, el 11 de septiembre se celebró la Diada, con asistencia -según las fuentes que se consulten- de entre trescientas cincuenta mil y un millón de personas. Una reunión pacífica que incluía, entre otros lemas, la afirmación de que «votaremos, quieran o no quieran», en directa alusión al deseo colectivo de ignorar la prohibición de la celebración del referéndum que tuvo lugar unos días después. Tampoco hubo persecución penal cuando, una y otra vez, se proclamaba la insumisión a los tribunales y gobiernos «…que sólo quieren preservar la indivisible unidad de la patria»”. Actuaron fuera de la ley amparados por un desleal gobierno autonómico El tribunal recuerda que su sentencia, cuya nulidad se plantea, relata cómo los condenados actuaron fuera de la ley, “con el amparo de un desleal Gobierno autonómico que desarrollaba normativas antidemocráticas y conculcaba la distribución de competencias estatales y autonómicas. Se incurría así en una flagrante usurpación de la soberanía nacional, con la última finalidad de transitar hacia la independencia y con el inmediato objetivo de presionar a las autoridades estatales, valiéndose así de una vía coactiva para lograr concesiones que facilitaran el tránsito hacia aquella lejana meta”. La Sala añade que los condenados actuaron “con la efectividad – que no validez – de un cuerpo normativo que permitía a los acusados su invocación como aparente y engañosa cobertura de los actos de relevancia penal que fueron ejecutados, pese a los reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional para impedir su vigencia. Se rebasaron los límites de una mera interpretación formal del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien jurídico desde una perspectiva genuinamente constitucional”. Penas proporcionales a la gravedad de los hechos La Sala también desestima la alegación de que la sentencia ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas. En este sentido, explica que las conductas fueron de la máxima gravedad al propiciar un levantamiento que dificultaba o hacía ineficaces resoluciones judiciales, implementar una normativa autonómica anticonstitucional adoptada y lograr que un referéndum ilícito se celebrara a pesar de la prohibición judicial. “Tal fue la ostensible gravedad del ilícito cometido -destaca el auto-, que el mando jerárquicamente superior de Mossos d’Esquadra llegó a manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible detención del President que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal”. En relación a la concreta individualización de la pena de Oriol Junqueras -13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación-, el auto recuerda que la sentencia detalló que el exvicepresidente de la Generalitat era “la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso”, justificando así una pena más elevada que la impuesta a los exconsellers Romeva, Turull y Bassa. En cualquier caso, el tribunal explica que la pena impuesta a los cuatro citados, condenados por delito de sedición en concurso medial con delito de malversación, se halla muy por debajo del máximo legal posible atendiendo a las reglas del artículo 77.3 del Código Penal que regula ese tipo de concursos entre delitos. En la respuesta al incidente planteado por Dolors Bassa, el tribunal incide en que la pena de prisión por el concurso medial entre el delito de sedición y el de malversación agravada apreciado, habría podido ser muy superior a la impuesta. Y recuerda que el delito de malversación, cuando es castigado individualmente, permite una pena entre 6 y 12 años, que podría llegar a superar ese tope por aplicación de la fórmula concursal. Rectifica error que identificó a Dolors Bassa como consejera de Enseñanza La Sala rectifica el error material de la sentencia del ‘procés’ que en un apartado de los hechos probados (al final del 9.1) identificó a Dolors Bassa como titular del Departamento de Enseñanza, además de Trabajo. Los argumentos detallados que se exponen al analizar el juicio de autoría de la Sra. Bassa -explica el auto- revelan la falta de trascendencia de este extremo y ponen de manifiesto, entre otros aspectos, la prueba documental existente sobre la intervención decisiva de aquella para garantizar la disponibilidad de los locales para el referéndum. Agrega que tampoco resulta afectada el resto de la prueba practicada de la que se infiere la existencia del concierto ya descrito entre todos los miembros del Govern, y en el que descansa la condena de quienes han sido considerados coautores de un delito de sedición del art. 544 CP y 545.1 CP. La Sala destaca que “de la radical irrelevancia” de ese error material habla el hecho de que, al analizar el juicio de autoría sobre el que descansa la condena de la exconsejera, la Sala se refiere a ella como Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. El tribunal explica que las continuas referencias a la condenada a lo largo de la sentencia no repiten esa titularidad de la Consejería de Enseñanza. “Antes al contrario, identifican su cargo con exactitud. Ninguno de los hechos imputados a la Sra. Bassa y, por supuesto, ninguno de los argumentos inculpatorios ponderados por esta Sala, se apoyan en esa errónea -y aislada- extensión funcional. La pretensión de que esa equívoca frase conlleve la nulidad de la sentencia y la absolución de la Sra. Bassa, es interpretada por la Sala, no como un argumento técnico-jurídico, sino como una consigna que tiene otros destinatarios”, concluyen los magistrados.

  • El Tribunal Supremo confirma la sanción a CiU por exceder en 130.000 euros el gasto electoral en las elecciones municipales de 2015
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/01/2020 a las 13:30

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la resolución del Pleno del Tribunal de Cuentas de 18 de junio de 2018 que impuso una sanción de 130.192 euros a la Federación Convergencia i Unió por exceder en dicha cantidad el límite del gasto electoral que tenía fijado para las elecciones municipales de 2015. El tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo planteado por CiU en el que solicitaba la rebaja de la sanción a 17.218 euros al entender que no se podían tener en cuenta los 112.973 euros que costó un vídeo de 31 segundos de duración, titulado “El meu Alcalde”, que utilizó en la precampaña para presentar a su candidato a la alcaldía, Xavier Trías, no en la campaña electoral, y que, por esa razón, no lo había declarado. Además, sostenía que, en el vídeo, en ningún momento, se pedía directa o indirectamente el voto. La Sala Tercera afirma que el coste de los actos lícitos realizados por los partidos políticos antes de la campaña, pero dentro del período electoral, deben ser considerados costes electorales de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). “Es más, si se tienen presente los principios de reducción, limitación y justificación de los generados en los procesos electorales y, además, la idea de igualdad que subyace a su financiación pública, no hay razón que justifique la exclusión pretendida por la recurrente. Al contrario, todos ellos conducen a la solución contraria, a la seguida por la resolución del Tribunal de Cuentas”, concluyen los magistrados. Añade que dicho vídeo promueve el voto a la candidatura de CiU al Ayuntamiento de Barcelona aunque no pide expresamente el voto, de manera que, conforme al artículo 130 b) de la LOREG, su coste tiene la consideración de gasto electoral. Por mucho que insista la recurrente en decir que en el vídeo no se solicita el voto para la candidatura encabezada por Xavier Trías, afirma la Sala, “mal se puede compartir dicha afirmación”. La descripción que de su contenido hace la resolución del Pleno del Tribunal de Cuentas, según la sentencia, “es elocuente por sí misma. No se solicitará de manera formal el voto para ella, pero, no ya indirectamente, sino con absoluta claridad se viene a decir que es la mejor”. La consecuencia, según la sentencia, no hace falta explicarla: “además de presentar esa candidatura está diciendo a los electores que han de votarla. De esa forma se integra de manera plena el supuesto previsto por el apartado b) del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, subraya el tribunal. El artículo 130 b) de la LOREG establece que se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos por el concepto de propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice. Por ello, la Sala en su sentencia confirma la resolución del Tribunal de Cuentas que impuso a CiU la sanción por una infracción grave del artículo 17. Uno c) de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos al haberse acreditado un exceso sobre el límite de gastos electorales de 130.192 euros y no de 17.218 euros, como sostenía el recurso.

  • El Tribunal Supremo declara su falta competencia para juzgar al diputado de VOX Ortega Smith por un delito leve de lesiones durante la celebración de un acto en Madrid
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 27/01/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Penal ha declarado su falta de competencia para juzgar al diputado de VOX Francisco Javier Ortega Smith-Molina por un supuesto delito leve de lesiones a un compañero de partido durante la celebración de un acto en el teatro La Latina de Madrid. En un auto, notificado hoy, la Sala señala que corresponde al Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid el conocimiento y fallo del mencionado juicio por delito leve. Los magistrados recuerdan que la Sala no es competente para el conocimiento de un delito leve, según su doctrina en relación con las antiguas faltas que carecían de aforamiento y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuía a los Jueces de Instrucción o de Paz. Además, indica que la reforma del Código Penal de 2015, que suprimió las infracciones constitutivas de falta e introdujo algunas conductas de tal consideración entre los delitos, con la denominación de delitos leves, no afecta a dicha doctrina, puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la competencia de los Juzgados de Instrucción para el conocimiento y fallo por delito leve. Así, señala que los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “mantienen sustancialmente el mismo procedimiento del anterior juicio de faltas para los delitos leves, tanto en la competencia, derecho y actividad procesal, intervención de las partes, etc. La persona sometida al procedimiento de delitos leves, tampoco recibe la denominación de procesado, imputado, inculpado, ni siquiera la de investigado, sino de denunciado, por lo que los principios establecidos en nuestra jurisprudencia, antes citada, siguen siendo aplicables en la actualidad al juicio por delito leve”.

  • El Tribunal Supremo reconoce el derecho a prestación por bajas derivadas de intervenciones quirúrgicas no incluidas en la cartera salud pública
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 27/01/2020 a las 12:30

    La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a la prestación por incapacidad temporal a cargo de la Seguridad Social a una trabajadora que se sometió en la medicina privada a una intervención quirúrgica en los ojos que no está incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. El Supremo destaca que en estos casos sí existe el derecho a la prestación siempre que la baja y su seguimiento se realicen por los servicios públicos de salud. En sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Blasco Pellicer, el tribunal examina el caso de una mujer de 46 años, que presta servicios en la sección de hogar en un Hipercor de Madrid, que fue dada de baja por incapacidad temporal el 23 de septiembre de 2015, con diagnóstico de cataratas, emitiéndose parte médico de alta por mejoría que permite trabajar el 11 de noviembre de 2015. La mujer se sometió privadamente en fecha 23.09.2015 y 30.09.2015 a una intervención refractiva en ambos ojos, consistente en extracción de cristalino con implante de lente intraocular, también llamada «lesentomía refractiva», al objeto de eliminar la presbicia y la hipermetropía media con astigmatismo que padecía. La Mutua Asepeyo, a la que está asociada la empresa para la gestión de la Incapacidad Temporal, denegó el derecho a percibir el correspondiente subsidio por incapacidad temporal, por resolución de fecha 3.11.2015, y la Seguridad Social denegó la reclamación de la trabajadora en diciembre de ese año. Tanto el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el Supremo, han dado la razón a la trabajadora y reconocido su derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal devengado por contingencia común, durante el periodo desde el 23/09/2015 hasta el 11/11/2015. El Supremo comienza señalando que “si estamos en presencia de una enfermedad, aunque su específico tratamiento en la modalidad elegida por la actora no esté cubierto, ello no implica que no estemos ante una situación incapacitante para el trabajo que nadie discute”. Destaca por tanto que en el caso se dan los dos requisitos básicos para poder acceder a la prestación, que son la existencia de una situación incapacitante y el tratamiento médico. Y agrega que la referencia a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social recogida en el artículo 169.1.a de la Ley de la Seguridad Social “no debe ser entendida en sentido estricto como que la misma ha de ser prestada necesariamente por la propia Seguridad Social de manera directa, lo que –por otra parte- no sería posible dada la actual estructura del servicio nacional de salud y la asunción de la asistencia sanitaria por parte de los servicios de salud de las comunidades autónomas”. “La asistencia sanitaria a la que se refiere el precepto -establece la Sala- está dirigida a garantizar el control de la situación incapacitante y del adecuado tratamiento recuperador por parte de los servicios públicos de salud. De esta forma, son estos servicios los únicos competentes para emitir los correspondientes partes médicos de baja, de confirmación de la misma y de alta; de suerte que lo decisivo no es si, ante una situación de enfermedad, el tratamiento sea o no financiado por los servicios públicos de salud, sino si de tal enfermedad y tratamiento se deriva una situación incapacitante para el trabajo a juicio de los servicios públicos de salud quienes, a través de sus prescripciones facultativas controlarán la concurrencia del requisito incapacitante según lo previsto reglamentariamente”. No incluida una cirugía puramente estética La Sala recuerda que la situación resuelta es radicalmente distinta a la examinada en un caso anterior, de 2012, donde el TS denegó la prestación de incapacidad temporal por una intervención quirúrgica que no derivaba de ningún accidente ni enfermedad o malformación congénita, sino que era una cirugía puramente estética por decisión personal pero que nada tenía que ver con la salud. “Diferente es la situación aquí contemplada en el que la trabajadora padecía una patología ocular configuradora de enfermedad que tiene diferentes tratamientos, alguno de los cuales –singularmente los más avanzados y modernos- no están cubiertos por el sistema nacional de salud. Ello no impide que voluntariamente el enfermo pueda recurrir a ellos a sus expensas, pero las consecuencias temporales incapacitantes derivadas de tales tratamientos que requieren asistencia sanitaria configuran, sin dificultad, la situación protegida por el artículo 169.1 a) Ley General Seguridad Social, siempre y cuando el control de dicha situación se lleve a cabo por los servicios médicos públicos competentes”.

  • El Tribunal Supremo considera discriminatorio el requisito de ser de la Asociación de Futbolistas Españoles para acceder al Plan de Ahorro de futbolistas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/01/2020 a las 13:18

    La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo del Reglamento del Plan de Ahorro de Futbolistas de 20 de diciembre de 2016, que obligaba a estar afiliado a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para tener la condición de Asegurado en Activo de dicho Plan, al considerar que ese requisito es discriminatorio con quienes optan por no pertenecer a ningún sindicato o hacerlo a otro, y vulnera el derecho a la libertad sindical. El Supremo desestima el recurso de casación de la AFE y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que dio la razón al Sindicato de Futbolistas «Futbolistas On». El alto tribunal entiende que vulnera la libertad sindical que determinado beneficio como el derivado del Plan de Ahorro, que se financia por la patronal –la Liga de Fútbol Profesional-, con cargo a la explotación de los derechos audiovisuales de sus miembros, se restrinja a quienes están afiliados a un sindicato, aunque fuese el único existente en el sector en el momento del acuerdo. La sentencia destaca que el sindicato “Futbolistas On” tiene legitimación activa para la impugnación realizada aunque naciese con posterioridad al pacto de fin de huelga y al Reglamento del Plan de ahorro que desarrolló el anterior, ya que posee implantación y vinculación con el objeto litigioso. Para el alto tribunal, “restringir un beneficio que financia la organización patronal del sector a quienes acreditan afiliación a determinado sindicato (con exclusión de quienes optan por o pertenecer a ninguno o por incorporarse a otro) constituye un supuesto claro de desigualdad proscrita por nuestro marco protector de la libertad sindical. Las circunstancias cronológicas en que se pretende cimentar la validez de ese resultado (subrayando que AFE era el único sindicato sectorial) carecen de relevancia pues, como queda expuesto, aunque no se hubiera creado el sindicato ON, las referidas previsiones merecerían igual valoración. Porque no se trata solo de que quiebre el principio de no discriminación entre organizaciones sindicales, sino también de que deja de respetarse la libertad sindical individual”. El Supremo considera acertado el argumento nuclear de la Audiencia para declarar la nulidad radical de la exigencia de estar afiliado a la AFE para beneficiarse del Plan de Ahorro, y es que concurre una vulneración la libertad sindical, al desprenderse de su contenido ‘una presión indirecta para la afiliación de los trabajadores a la AFE que sitúa a un sindicato en una posición superior a los demás lo que constituye un acto de presión o injerencia lesivo a la libertad sindical’, en palabras de la sentencia de la Audiencia. “Por cuanto antecede –continúan los magistrados–, son estériles las justificaciones del recurso sobre la ausencia de ON en la gestación del acuerdo de 2015; la sentencia de la Audiencia Nacional recurrida en modo alguno considera que se ha producido vulneración de libertad sindical por tal motivo y ni siquiera el demandante lo sostuvo. Ni el Acuerdo de 2015 avala la tesis del recurrente (pues realmente no prevé la creación de beneficios restringidos para la AFE o sus afiliados), ni está en cuestión la intervención de ON en su negociación, ni estamos ante cuestión relevante para este procedimiento”.

  • El Tribunal Supremo condena a un profesor de universidad a pagar 3.000 euros a un alumno de doctorado por copiar su trabajo de investigación
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/01/2020 a las 13:12

    La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad de Burgos a pagar una indemnización de 3.000 euros por daño moral a un alumno de doctorado al considerar acreditado que copió literalmente en dos publicaciones suyas epígrafes del trabajo de investigación, que realizó este último bajo su dirección. El tribunal desestima el recurso de casación planteado por el profesor y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que declaró que el profesor había vulnerado el derecho de autor del alumno, por lo que, además de condenarle al pago de dicha indemnización, ordenó la publicación de la sentencia o al menos del contenido íntegro del fallo en la Revista Jurídica de Castilla y León, a costa del demandado. La sentencia recurrida corrigió a un juzgado de lo Mercantil de Burgos que rechazó la demanda y absolvió al profesor. Los hechos probados recogen que el acusado realizó en 2009 dentro de un programa de doctorado un trabajo de investigación titulado “Las Leyes de Burgos, precedente del derecho internacional y del reconocimiento de los derechos humanos”, bajo la dirección de Rafael Sánchez Domingo, que se publicó en el repositorio institucional de la biblioteca de la Universidad de Burgos. Tres años más tarde, parte de ese trabajo – los epígrafes 2 y 3-, apareció reproducida de forma prácticamente literal en dos publicaciones del profesor condenado. En concreto en el capítulo VI del libro “Las Leyes de Burgos de 1512 y centenario”, que redactó el profesor, y en el artículo “Las Leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista. Antes de realizar su trabajo, según los hechos probados, el alumno dio una conferencia sobre las Leyes de Burgos en un curso organizado por el recurrente, que así se lo pidió tras la ausencia del profesor que tenía que impartirla. El profesor alegó que las ideas del alumno se las había dado él En su sentencia, el tribunal rechaza el alegato del profesor que defendía en su recurso que la parte reproducida del trabajo del profesor carecía de originalidad porque las ideas expuestas no eran una creación intelectual suya, sino que se las había dado él antes para dar una conferencia en 2009, y porque no suponían una novedad en el campo de la ciencia jurídica, ni desde el punto de vista de su contenido ni desde el de la expresión de las ideas. La Sala explica que es cierto que cualquier texto escrito no goza por sí solo de originalidad, ya que se exige un mínimo de creatividad intelectual, pero afirma que “esa exigencia de creatividad no justifica que, en un ámbito como el del presente recurso (estudios de Historia del Derecho), se asocie con el juicio que sobre la originalidad de las ideas expuestas pudieran hacer los conocedores de la materia, sino con la forma en que son expuestas. De tal modo que, al margen de que lo revelado en esos epígrafes 2 y 3 del trabajo del Sr. x pudiera ser ya conocido en esa especialidad de la Historia del Derecho, lo verdaderamente relevante es que, sin perjuicio de las pertinentes citas de las fuentes de las que se tomó este conocimiento, la forma en que se expuso difería de lo ya existente y no constituía un lugar común”. En un caso como el presente en que la reproducción de los epígrafes se ha realizado de forma prácticamente literal, según la sentencia, “no cabe escudarse en que las ideas transmitidas constituían un conocimiento común para negar originalidad a la obra parcialmente reproducida. El plagio se verifica con la reproducción literal del texto”. La Sala señala que es lógico que quien dirige un trabajo universitario de investigación en un programa de doctorado haya podido contribuir de alguna forma al trabajo elaborado por el alumno, por las ideas, orientaciones y sugerencias que le haya hecho en la dirección del trabajo. “Pero esta labor de dirección no justifica por sí una presunción de que la autoría total o parcial del trabajo corresponde al director del trabajo de investigación, a menos que esas partes del trabajo ya estén publicadas antes por el director”, subraya el tribunal. Además, según la sentencia, el hecho de que las ideas transcritas en los epígrafes 2 y 3 del trabajo del Sr. x provinieran de una previa conferencia impartida por este señor, a instancia del Sr. x, no prueba que hubieran sido transmitidas por este. Añade que el trabajo de investigación, que fue publicado en el repositorio de la biblioteca de la Universidad de Burgos, “tendría la consideración de obra literaria científica”, dentro del área de conocimiento de la Historia del Derecho y, por tanto, “es susceptible de generar derechos de propiedad intelectual” en la medida en que se encuadra en el artículo 10.1.a de la ley de Propiedad Intelectual. Dicho artículo dispone que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. Recuerda que las creaciones científicas “no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido –ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos…- ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión”.  

  • El Tribunal Supremo desestima la suspensión cautelar de la sanción impuesta a una juez
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/01/2020 a las 12:16

    La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha acordado que no ha lugar a la suspensión cautelar de la sanción de 7 meses y 1 día de suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la jueza P.D.L. por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Supremo rechaza la suspensión cautelar pedida por la jueza, que ponía de manifiesto que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares. La Sala contesta que, “ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia”. Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. “No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales”, dice el auto.