Noticias Judiciales Tribunal Superior de Justicia Región de Murcia

La Sala Civil acuerda inadmitir la querella interpuesta por familiares de residentes y de fallecidos en una residencia de mayores de Santo Ángel (Murcia) contra el consejero de Salud, la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, el director general de Salud Pública y Adicciones, la gerente del IMAS, el gerente del Servicio Murciano de Salud. Los querellantes solicitan que se investiguen los delitos de prevaricación administrativa, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente, lesiones y trato degradante. Según concreta la resolución, a lo largo de la querella se vierten diversos reproches a la actuación de las autoridades sanitarias competentes, que se personalizan en los querellados como máximos responsables de los organismos que los querellantes señalan como respectivamente competentes en materia de gestión de la asistencia sanitaria, coordinación hospitalaria, salud geriátrica, personas mayores, personas con discapacidad o con enfermedad mental crónica. Reproches que se van enumerando a lo largo del escrito de querella, pero que se resumen en que los querellados, “a sabiendas de su injusticia, abandonaron a los mayores de la residencia (…) durante más de una semana, impidiendo con su actuación omisiva que recibieran la ayuda médica y asistencial que necesitaban”. Para concluir que “estas acciones y omisiones negligentes, imputables a las autoridades públicas competentes, han tenido consecuencias fatales. Han sido la causa de un padecimiento innecesario por parte de aquellos residentes familiares de algunos querellantes, han sido la causa del fallecimiento de aquellos residentes familiares de los otros querellantes y, finalmente, la falta de información supone un trato degradante a los familiares que también es imputable a las autoridades públicas”. La Sala, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, se declara competente para resolver sobre la admisibilidad de la querella presentada en atención a la condición de aforados que tienen dos de los querellados, por ser consejeros del Gobierno Regional, al tiempo que inadmite a trámite la misma. La resolución recuerda, en coherencia con la posición reiterada de la Sala, apoyada en el criterio sentado por la Sala II del Tribunal Supremo, la exigencia de que cuando se imputan acciones criminales a distintas personas y no todas tienen la condición de aforado, el procedimiento se inicie contra el querellado que no ostenta dicha condición, sin perjuicio de que si el instructor al que corresponda conocer de los hechos estima, “una vez agotada la investigación”, que “existen indicios de criminalidad suficientes contra la persona aforada”, proceda a remitir a la Sala de aforamiento una exposición motivada. Entienden los magistrados que tal criterio resulta de aplicación- incluso con mayor motivo- al caso presente, en el que “existe ya al menos un procedimiento judicial incoado por los mismos hechos e iniciado por querella de los mismos querellantes contra otras personas (ninguna aforada) distintas de aquellas contra las que se dirige esta segunda querella”. Recuerda el auto que, en este caso, la acción penal se ha dirigido en las sucesivas querellas contra nueve personas, de las que solo dos son aforados, y que “la narración fáctica contenida en la querella evidencia una manifiesta indeterminación de los concretos hechos atribuidos a los querellados aforados, más allá de su posición de responsables últimos de dos Consejerías con competencias en materia de salud y política asistencial”. “No resulta posible realizar un adecuado juicio de escindibilidad entre unas y otras conductas y circunstancias, en aras a fijar con el suficiente rigor el alcance de la competencia objetiva de esta Sala en relación al iter delictivo y los resultados típicos descritos en la querella, hasta el punto de convertir la instrucción judicial que se nos reclama en meramente prospectiva”, concluye la resolución.  

El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia rechaza, en auto notificado hoy, la petición de sobreseimiento libre y de levantamiento de las medidas cautelares decretadas el pasado enero contra tres investigados por agresión sexual a tres chicas en el murciano barrio de Santa Eulalia. La resolución concluye que “hay indicios de delito suficientes” para desestimar el sobreseimiento libre y que las medidas cautelares de prohibición de aproximación a las víctimas, retirada de pasaporte y obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado “se consideran necesarias para asegurar la presencia de los investigados en el procedimiento”. La representación procesal de los investigados solicitó el alzamiento de las medias cautelares, el sobreseimiento libre de las actuaciones y que se dedujera testimonio contra las denunciantes por denuncia falsa. El Ministerio Fiscal igualmente entendía que procede el sobreseimiento provisional de las actuaciones y no se opuso al levantamiento de las medidas cautelares. La resolución reconoce que tras la prueba practicada se infieren algunas “circunstancias llamativas o a priori poco compatibles con los hechos denunciados”, pero concluye que esas dudas “no enervan la totalidad de indicios que obran en la causa” e impiden el sobreseimiento de la causa “en este momento procesal”. Por el contrario, destaca la resolución, “hay indicios objetivos sólidos que apoyan la existencia de agresiones sexuales”, citando los informes forenses, que califica de “muy contundentes”, que reflejan lesiones compatibles con el relato de hechos que las denunciantes hicieron, “y que difícilmente pueden explicarse si las relaciones hubieran sido consentidas en los términos que viene manifestando la defensa de los investigados”. Deteniéndose en las “supuestas contradicciones o imprecisiones” el magistrado relata que si bien “parece poco probable que las agresiones comenzaran en el pub en el que se conocieron, pues los vídeos visionados, y el hecho de las denunciantes accedieran a seguir con ellos, acompañándoles a su domicilio”, ello no excluye la posibilidad de que las agresiones se hubieran podido producir después, “cuando las denunciantes no se mostraran dispuestas a mantener relaciones sexuales completas con los investigados cuando ya se encontraban en la intimidad de los domicilios”. Las denunciantes explicaron en el acto de la declaración judicial que los vídeos posteriores a la presunta agresión que se habría producido en los pisos, serían parte de una farsa ideada para librarse de sus agresores e, igualmente, una de ellas despejó el sentido de un mensaje remitido al día siguiente a uno de los investigados, al explicar que lo hizo para quedar con él, a requerimiento de la policía, para poder localizarlo. En este sentido, el magistrado explica que “no se encuentra una explicación racional en los argumentos de la defensa para explicar la necesidad de la farsa que las hermanas idearon haciendo las maletas para acudir a la estación de autobuses sin tener necesidad de hacer ningún viaje, debiendo interpretarse los videos grabados en la estación en esta clave”. Y, añade que tampoco se “evidencia ningún motivo espurio que hubiera podido llevar a las denunciantes a una supuesta invención de los hechos, pues no conocían de nada a los investigados, y la alegación inicial de la existencia de un seguro frente a agresiones sexuales que podría justificar un móvil económico, no ha sido objeto de la más mínima acreditación”. Eficacia probatoria de comportamientos anteriores Por último, en su fundamento tercero, la resolución recuerda la obligación contenida en el artículo 5.a de la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de tomar medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. El magistrado se apoyándose en esta norma, recoge la doctrina sentada por el Comité internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y subraya “la necesidad una especial prudencia por los operadores jurídicos a la hora de intentar sostener toda la eficacia probatoria de la declaración de la víctima sobre la base de unos comportamientos anteriores o posteriores que social y mayoritariamente se puedan entender adecuados en las victimas de un delito”. Además, la resolución deniega la petición referente a la deducción de testimonio por denuncia falsa. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma y/o apelación.