Noticias Jurídicas Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de reposición formulado por el Ministerio Público contra el auto dictado el 8 de octubre por la misma Sección en el que se denegaban las medias acordadas en el apartado tercero de la Orden 1273/ 2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecían medidas preventivas en determinados municipios de la region en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad, de 30 de septiembre, de actuaciones coordinadas en salud pública. Además, la Sala rechaza, por falta de legitimación, la personación de la Abogacía del Estado, que, en representación legal del Ministerio de Sanidad, había presentado también un recurso de resposición sobre este asunto en el marco del mismo procedimiento. Los magistrados desestiman el recurso de la Fiscalía, entre otros razonamientos juridícos, porque entienden que las medidas limitativas de derechos fundamentales que se establecían en la Orden de la Consejería ‘carecían de cobertura jurídica en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, invocada para su adopción’. En ese sentido, el auto recoge que ‘la legítima discrepancia del Ministerio Fiscal con tales conclusiones no implica que esta Sala incurriera en incongruencia omisiva o prescindiera del principio iura novit curia, máxime considerando que sus alegaciones ante la solicitud de ratificación de medias tuvieron cumplida respuesta en el auto recurrido, y que las ahora traídas novedosamente a este recurso de reposición la han tenido también el los razonamientos jurídicos de esta resolución’. La Sala concluye, pues, estableciendo que ‘no puede ser acogida la pretension del Ministerio Fiscal, que propugna una decisión judicial meramente voluntarista, en la que se prescindiría: de la normativa invocada para justificar el ejercicio de competencias adminsitrativas, de la propia voluntad de la Administración autonómica que ha acordado las medidas limitativas de derechos fundamentales y de los limites que presiden el ejercicio de las competencias estatales de coordinación en materia sanitaria de forma respetuosa con las constitucional y estatutariamente reconocidas a la Comunidad de Madrid en la materia”. ‘No se da el requisito legal’ para la personación de la Abogacía del Estado Respecto de la inadmisión de la personación de la Abogacía del Estado en el procedimeinto en representación del Ministerio de Sanidad por falta de legitimación, los magistrados recuerdan que ‘no se da el requisito legal y jurisprudencialmente exigible para que pueda comparecer ahora como recurrente en reposición cuando ninguna intervención suya se propicia en la Ley Jurisdiccional como parte en el proceso de ratificación de medidas’. Y concluyen: ‘No es este un procedimiento de naturaleza contradictoria donde se enfrentan pretensiones que cada una de las partes procesales articulan, a cuya satisfacción ha de atender la actuación jurisdiccional, sino un procedimiento de cognición limitada preferente y sumario, cuyo objeto es tan solo la autorización o ratificación judicial de medidas limitativas derechos fundamentales, adoptadas por razones de salud pública”. Contra este auto no cabe la interposición de recurso ordinario alguno.

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado íntegramente la solicitud de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) para que se mantuvieran las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Provincial de Madrid (lo que permitiría celebrar partidos de fútbol de Primera y Segunda División al margen del calendario oficial de sábados y domingos) y emplaza a esta organización y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a coordinarse ‘de buena fe’ para la celebración de encuentros los viernes y los lunes, como ya estableció en la sentencia que puso fin a este procedimiento y que se hizo pública en el pasado mes de mayo. Según se recoge en la resolución, el juez no comparte, ‘tras el examen completo de las actuaciones que llevó a cabo en la sentencia y el nuevo estudio que ha realizado ahora en relación con la solicitud de mantenimiento de las medidas cautelares por parte de LaLiga’, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, ya que, a su juicio, se trata de ‘un examen indiciario y parcial’ de medidas cautelares, que no entra al fondo de ‘una cuestión jurídica compleja’. Además, el juez insiste en que ‘la legislación deportiva estatal aplicable exige -como ya manifestó en la sentencia- una preceptiva coordinación entre LaLiga y la RFEF, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, una cuestión que, además, en modo alguno ha sido modificada por el Real Decreto-ley 5/2015, a pesar de los continuos esfuerzos de LaLiga por realizar una interpretación que no tiene ningún sustento jurídico-normativo y que además ha avalado con sus propios actos al suscribir convenios de coordinación en los años 2010, 2014 o incluso con posterioridad a la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley donde expresamente ha acordado con la RFEF la disputa de partidos fuera de la jornada oficial’. ‘La coordinación, obviamente -avanza la resolución- como exige la legislación y jurisprudencia trata de dar coherencia a la organización de las competiciones futbolísticas profesionales y, frente a lo que sostiene la Audiencia Provincial en el Auto de 1 de junio de 2020, esa coherencia para la disputa de partidos los viernes y los lunes, fuera del concepto de jornada oficial, exige un acuerdo entre las partes, tal y como viene aconteciendo al menos desde el año 2010 y hasta el año 2019, para que se coordine el interés del “futbol profesional” con el interés del fútbol no profesional que, según afirma la representación letrada de la RFEF, se cifra en casi un millón de licencias deportivas’. Un acuerdo satisfactorio para todo el fútbol español‘Por ello, -afirma el magistrado- es lógico y coherente que a través de la coordinación exigida por la Ley del Deporte, las partes alcancen el correspondiente acuerdo sobre la cuestión que nos ocupa. En definitiva, ninguna medida de presión de la RFEF hacia LaLiga se apreciaba ni se aprecia por este juzgado sino más bien todo lo contrario, predisposición a negociar desde la buena fe para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todo el futbol español’. Más adelante en la resolución el juez recuerda que ‘tal y como se afirmó en la sentencia del pasado 27 de mayo, debe reconocerse que ambas partes han mostrado sobradamente su capacidad para negociar y para alcanzar acuerdos. En esencia, esa necesidad de respetar el principio de coordinación en la organización de la competición debe llevar a LaLiga y a la RFEF a negociar de buena fe, con ánimo de alcanzar acuerdos y partiendo de unas posturas razonables en el más amplio sentido de la palabra’. ‘Si han de actuar en coordinación –continúa- eso implica lógicamente que no pueden actuar unilateralmente, sino que la base de su actuación debe ser el acuerdo en esas materias relativas a la organización de la competición. Si LaLiga no puede olvidarlo, menos aún la RFEF por su propia posición institucional, que debe llevarle a facilitar en la medida de lo posible el buen fin de la competición, que siendo organizada por LaLiga exige su decisiva participación. Es, sin duda, una responsabilidad de primer orden’. ‘Ya no es sólo que estas reflexiones vengan a suponer nuevamente, tal y como se realizó en el Auto de 9 de agosto y en la Sentencia de 27 de mayo, una admonición o un consejo por parte de este uzgador, sino que en realidad se trata de constatar una exigencia legal: RFEF y LaLiga deben negociar de buena fe’, concluye. Esta resolución no es firme y contra ella cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, la competente en asuntos de naturaleza jurídica mercantil, en el plazo de veinte días.  

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado ratificar las medidas acordadas en el apartado segundo de la Orden 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud -Municipio de Colmenar Viejo: zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte; Municipio de Arganda del Rey: zona básica de salud de Arganda del Rey; Municipio de Coslada: zona básica de salud de Valleaguado; Municipio de Collado Villalba: zona básica de salud Sierra de Guadarrama- como consecuencia de la evolución epidemiológica. En la resolución, los magistrados indican que las medidas restrictivas recogidas en la Orden son similares a las adoptadas previamente por la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, y la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, ambas ratificadas judicialmente por esta misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, “habiéndose observado una mejoría en la tasa de contagios en la mayoría de las zonas básicas de salud objeto de las mismas, lo que determina su idoneidad para lograr los objetivos perseguidos”.No obstante, y “pese a la mejoría, el índice de contagio continúa situado en un rango elevado en algunos ámbitos territoriales de la Comunidad de Madrid, lo que imposibilita o dificulta la realización de un seguimiento individualizado de la cadena de contactos, por lo que este hecho, unido a la situación epidemiológica localizada en determinados núcleos de población de los mismos, exige que la Consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria, deba adoptar medidas más estrictas de control y prevención de la enfermedad a los efectos de evitar una expansión incontrolada del COVID-19 y proteger a la población del riesgo de contagio, siendo preciso para ello limitar de manera temporal los desplazamientos personales y adoptar medidas específicas de limitación en cuanto a aforo y horario de determinadas actividades a aplicar en determinadas zonas básicas de salud con una elevada incidencia en la propagación del virus”.En otro momento del auto, y a modo de conclusión, los magistrados aclaran que ‘las medidas recogidas en la Orden resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finalidad es controlar la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de la población en su conjunto, tanto la de los ámbitos territoriales afectados como la del resto de la Comunidad de Madrid, y con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de la crisis sanitaria en determinadas áreas geográficas concretas con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y aliviar la presión asistencial del sistema sanitario’. Esta resolución va acompañada de dos votos particulares de dos magistradas de la Sala y, además, puede ser recurrida en reposición (ante la misma Sala) en el plazo de cinco días. Además, la misma Sección ha ratificado por un periodo de catorce días, a partir de la fecha de notificación del auto, la prórroga de las medidas contenidas en el apartado uno de la Orden 1177/2020 que se acuerda en el apartado 1 de la Orden 1287/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad; sin perjuicio de los supuestos regulados específicamente en la Ley Orgánica 9/1983, de derecho de reunión, a los que la Orden no es aplicable. Esta resolución cuenta con un voto particular de una de las magistradas que integran la Sala y también puede ser recurrido en reposición en el plazo de cinco días.  *Disponible la segunda resolución en el fondo de jurisprudencia con el código: ECLI:ES:TSJM:2020:346A.

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón como responsables en concepto de autores de un delito de abandono de servicio público, en la macrocausa seguida por el caso del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Seis de los procesados han sido condenados a siete meses de multa con cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a razón de 100 euros y seis más, a diez meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros. El resto de los acusados ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros. Dos de los acusados, César A. C. y Pedro Pablo A. G. han sido absueltos, el primero por ausencia de prueba en su contra, y el segundo, por haber quedado acreditado a lo largo del juicio que su parte médico de baja laboral respondía a una realidad clínica. Asimismo, se condena a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, junto con la entidad pública ENAIRE (antes AENA) como responsable civil subsidiaria a la cantidad de 13.076.981,62 de euros. El fallo contempla, además, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. A lo largo del plenario, y de la extensa prueba practicada, la magistrada ha concluido que, “en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca”. En el acto del juicio -dice la sentencia- “depusieron los 133 acusados, todos ellos controladores de tránsito aéreo, de los cuales 119 reconocieron haber participado en los hechos contenidos en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, en el que se recoge que la Junta Directiva y delegados locales del sindicato USCA plantearon el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno de España, acordando que, a partir del turno de tarde del día 3 de diciembre, todos o la mayor parte de los controladores que estuvieran dispuestos a seguir la protesta, firmaran la declaración jurada a que se refiere el art. 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea”. “Así, entre las 17,00 horas y las 17,15 horas (hora local), la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. La presentación del formulario obligaba, según la citada Ley y el protocolo existente, a la dirección de AENA a la sustitución inmediata de dicho controlador”. Es decir, que 119 acusados reconocieron en el juicio la acción concertada y colectiva de abandono de los puestos de trabajo, organizada por la Junta Directiva y delegados sindicales de USCA, con la finalidad de paralizar la actividad aeronáutica. Si bien el resto de controladores de tránsito aéreo no reconocieron los hechos, la sentencia diferencia entre aquéllos que presentaron el formulario del art. 34, 4 de la Ley de Seguridad Aérea y los que no entregaron dicho formulario, aunque se ausentaran de sus puestos de trabajo sin justificar su ausencia o acudieran a sus respectivos destinos para controlar lo previsto en el Convenio de Chicago. “Las manifestaciones vertidas por los acusados en el plenario fueron desmentidas tajantemente –según se recoge en la resolución- con las declaraciones de los distintos testigos que depusieron en el plenario, quienes relataron la secuencia de hechos que se produjo el puente de diciembre del año 2010, tanto en el ACC de Torrejón, como en la Torre del aeropuerto de Barajas, así como con la prueba documental, pericial y audición de las grabaciones en juicio”. “De la práctica de dicha prueba –prosigue la resolución-, se desprende que los acusados se concertaron con la finalidad de interrumpir el tráfico aéreo, y para ello presentaron en cascada un formulario alegando la disminución de capacidad psicofísica que les impedía, en aras a garantizar la seguridad aérea, continuar en sus respectivos puestos de trabajo, o bien no acudieron a sus puestos de trabajo o si acudieron, se limitaron a controlar los vuelos previstos en el Convenio de Chicago”. “Asimismo, se desprende de las declaraciones de los testigos que los controladores desplegaron una conducta de presión laboral hacia AENA, y su objetivo consistía en paralizar el tráfico aéreo, objetivo que consiguieron, en unas fechas en las que iba a haber mucho movimiento de pasajeros, pues se trataba del puente más largo del año, el puente de diciembre del año 2010, al proceder a decretarse el Rate 0, tal y como se pudo escuchar en las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los acusados. Utilizaron este mecanismo de presión al gobierno, para que no se aprobara el Real Decreto que finalmente se publicó a las 21:26 horas, del día 3 de diciembre de 2010”. Los hechos relatados por los testigos han permitido a la magistrada llegar a dicha conclusión, “pues como se ha puesto de manifiesto, la actividad legislativa para regular la labor profesional de los controladores aéreos fue incesante en el año 2010, culminando con el RD dictado el mismo 3 de diciembre de 2010, que provocó una gran decepción y disgusto en el colectivo de los controladores, así como el enfado de los mismos contra Aena y el Ministerio de Fomento, lo que pusieron de manifiesto todos los testigos referidos y que declararon a lo largo de tantas sesiones de juicio”. Y se ha llegado a dicha conclusión, no sólo por las declaraciones prestadas por los testigos que depusieron en el plenario, sino gracias también al resto de la ingente prueba practicada en el plenario. “Bien es cierto que comparecieron muchos testigos, controladores de tránsito aéreo –se recoge en la sentencia-, quienes declararon en favor de los acusados, e indicaron que los formularios de disminución de capacidad se presentaron con posterioridad a la declaración del Rate 0 por parte de AENA”; si bien, una vez revisadas las declaraciones de dichos testigos, la jueza advirtió “su falta de precisión y de contundencia, así como su ambigüedad al relatar los hechos”. Queda, por consiguiente, probado que los controladores civiles que tenían asignado el turno de tarde del día 3 de diciembre de 2010, presentaron de forma conjunta el formulario de discapacidad previsto en el art. 34,4 de la LSA, previo a decretarse el Rate 0. “Ello derivaba de la acción concertada ideada por el colectivo de los controladores como protesta ante la publicación del Real Decreto que afectaría sus condiciones laborales”. Analizando la prueba practicada y centrándose en las escuchas de las grabaciones efectuadas, la jueza entiende que “éstas revelan el carácter premeditado y organizado de la protesta sindical desplegada por los acusados; una acción conjunta consistente en abandonar los puestos de trabajo a través, inicialmente, de la presentación de los formularios de discapacidad, con la finalidad evidente de cerrar el espacio aéreo en España y de esta forma ganar el pulso al gobierno, que iba a modificar ese mismo día 3 de diciembre de 2010 sus condiciones laborales”. “La actuación de los acusados no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar el puente de diciembre del 2010, sino que también se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la comunidad de Madrid, en uno de los puentes del año con mayor afluencia de viajeros en la ciudad, aunque en el capítulo indemnizatorio no se reclama cantidad alguna por este concepto, a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel, derivadas de la actuación de los controladores civiles”. “Ese objetivo buscaban los acusados, provocar el máximo estruendo –continúa la resolución- con dicha acción concertada destinada a la paralización del tráfico aéreo, para conseguir ganar el pulso que echaban al gobierno, al provocar el máximo daño tanto económico contra la empresa como eficaz contra los intereses de la ciudadanía”. Respecto de la acusación concreta contra César Á. C., cabe señalar que en el juicio negó haber promovido, organizado, ni incitado el abandono colectivo de sus puestos de trabajo por los controladores civiles de tránsito aéreo, pues entre otras cosas manifestó que se hallaba en Asia. Igualmente, negó haber acudido a las asambleas convocadas tanto en el centro de control de Torrejón, como en el hotel Auditórium, repitiendo que no formaba parte del comité ejecutivo de USCA, ni utilizó sus horas sindicales en el puente de diciembre de 2010, pues estaba de vacaciones. Así, el acusado negó tajantemente su participación en los hechos que nos ocupan, y frente a su versión exculpatoria, lo cierto es que la jueza manifiesta en la sentencia que “cuenta con escasa prueba que permita deducir que el acusado incitara al colectivo de controladores civiles de tránsito aéreo a abandonar sus puestos de trabajo”. En la sentencia, la magistrada muestra su extrañeza tras comprobar que, “pese a la monumental prueba practicada a lo largo de tantos meses de celebración de la vista, se haya realizado tan escasa mención a quien, según las acusaciones, figuraba como principal dirigente de la protesta sindical. Ni una pregunta –dice la sentencia- se formuló a los distintos testigos para acreditar la participación activa y eficaz del citado acusado, en los hechos enjuiciados. Sólo al final del plenario, coincidiendo con el visionado de los programas emitidos por televisión, es cuando de nuevo aparece el acusado como portavoz del sindicato explicando la posición de los controladores civiles en el conflicto que mantenían con Aena y el Gobierno, lo que ocurrió con posterioridad a los hechos enjuiciados”. “Ninguna de las acusaciones ha demostrado que el acusado se concertara con el resto de miembros del comité ejecutivo del sindicato USCA para instigar el abandono colectivo de los puestos de trabajo por los controladores; ni ninguna mención se realizó a lo largo del acto del juicio, ni ninguna prueba se ha practicado que involucre al acusado en la organización de la protesta sindical ilegal”. “Es decir que no ha quedado acreditado a lo largo del plenario que el acusado fuera inductor del proceso de movilización llevado a cabo por los controladores civiles de tránsito aéreo, y les diera las pautas para que, con fecha 3 de diciembre de 2010, presentaran los formularios de discapacidad a que se ha hecho referencia a lo largo de esta sentencia, de consuno, con la finalidad de paralizar el espacio aéreo español”. “De nuevo –refiere la magistrada-, debemos hacer referencia al ámbito del derecho penal en el que nos encontramos, e invocar los principios de presunción de inocencia y del principio ‘in dubio pro reo’, y existiendo una clara duda sobre la verdadera intervención del acusado en los hechos enjuiciados, tal y como se describen por las acusaciones, la consecuencia necesaria es que deba dictarse una sentencia en la que se absuelve a César Á. C. del delito por el que compareció en el plenario”. Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de diez días.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Irene Montero contra el auto de archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Collado Villalba (Madrid) de la querella formulada por la ministra de Igualdad contra Cristina G. C., por la supuesta comisión de un delito de coacciones y otro de acoso, tipificados en al artículo 172 del Código Penal. En su querella, Montero denunciaba las caceroladas diarias, a lo largo de dos meses y cinco días, en la puerta de su domicilio familiar, así como la publicación de imágenes de dichas concentraciones en la red social Twitter. Los magistrados de la Audiencia Provincial ratifican el sobreseimiento de las actuaciones al entender, entre otros razonamientos jurídicos, que los hechos carecen de relevancia penal y no se corresponden con la acción de hostigamiento no sólo por ‘la forma misma en la que se anunciaba la convocatoria –pública- de las caceroladas a través de redes sociales, sino los datos ofrecidos en el anuncio sobre el día y hora en que iban a tener lugar, la propia localización, a saber, al aire libre y en zona de campo; el horario y su duración acotada en el tiempo y mediando una distancia aproximada de unos 30 mts. frente a la valla del inmueble familiar de la querellada. Concentración así convocada y que se desarrollaba en cualquier caso al margen de que la querellada y sus convocados, tuvieran conocimiento de si la querellante, su pareja o sus hijos se encontraban – o no- en el domicilio’. En otro punto de la resolución, el tribunal argumenta que ‘cuando la apelante describe la repercusión de índole personal de tal conducta que provocó que no saliera “a pasear con sus hijos menores, o no poder salir al jardín por los fuertes ruidos…” e incluso la repercusión de índole política, afirmando cómo “inevitablemente, se le hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía” tales consecuencias carecen, a juicio del Tribunal, de la enjundia y relevancia penal que se pretende’. Este auto es firme, ya que contra él no cabe recurso alguno.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la región en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública. Los magistrados precisan en su resolución que “nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”. “Esta Orden del ministro de Sanidad –recoge el auto- se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias”. La resolución aclara que es el artículo 65 de la referida ley el que cita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020 como único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada en la mención del citado acuerdo y la emisión de la Orden comunicada, cuya ejecución lleva a cabo la Comunidad de Madrid. “Por ello, -continúa la resolución- la ratificación de las medidas sanitarias restrictivas de derechos fundamentales dependerá del juicio que merezca tal habilitación legal”, es decir, los magistrados dilucidan en el presente auto, “si la previsión del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, abordándose con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. “En consecuencia, -avanza la resolución- se ha venido admitiendo la posibilidad de que por Ley Orgánica, e incluso mediante Ley Ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales, con las matizaciones hechas acerca del ámbito aceptable de intromisión de una y otra en el derecho fundamental, sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de alarma y siempre que esta limitación se encuentre suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”. “Resulta llamativo –se recoge en el auto- que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”. “En fin, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio, -que modifica la redacción del artículo 65 de la Ley 16/2003- pone de manifiesto las razones que justifican la modificación normativa que supone y el objetivo que persigue, consistente en garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias, quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”. “En definitiva, la Sala concluye que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”. “La consecuencia de tal apreciación –valoran los magistrados- es que las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”. “En nuestro orden constitucional –manifiestan los magistrados- corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales, bajo la reserva de ley prevista en los artículos 81.1 y 53.1 CE, la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”. “Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho. Este es un presupuesto de necesario cumplimiento para que esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”. “La Sala –finaliza el auto- es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad, constatada ya el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. También lo es de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance. Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado, por un periodo de catorce días, a partir de hoy, las medidas contenidas en el apartado 1 de la orden 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad que limita a seis el número de personas que pueden reunirse, salvo que sean convivientes, en cualquier actividad o evento de carácter social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados. Los magistrados consideran que “en modo alguno la orden de la CAM supone limitación o suspensión alguna del ejercicio del derecho de reunión como instrumento de participación democrática y, especialmente, de expresión y comunicación pública de ideas y reivindicaciones, pese a que pudiera limitar de forma temporal algunas concretas y particulares manifestaciones de su ejercicio, con el claro propósito de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. La medida, continúan los jueces, es “necesaria e idónea” a la luz de los informes sanitarios y, además, responde a un principio de precaución. “Examinada la limitación –dice el auto-, que implica la medida desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, esto es, analizando si la limitación del derecho fundamental que consagra el art.21 de la Constitución Española se efectúa de la forma menos gravosa posible para conseguir el fin de protección de la salud que se persigue, la propia delimitación de las agrupaciones de personas afectadas, que se acota a las actividades o eventos de carácter familiar o social, evidencia que la limitación se adopta de forma atemperada, sin perder de vista la consecución del fin que se trata de obtener, que no es otro que evitar la mayor transmisión de la pandemia”. No obstante, los magistrados ratifican la orden por un periodo de catorce días naturales, pues, señalan, “el establecimiento de la medida sine die no puede considerarse justificado, estimándose dicho periodo suficiente para que la Comunidad de Madrid pueda evaluar la eficacia de las medidas, acordando si lo considera necesario su prórroga o modificación, solicitando nuevamente su ratificación si afecta a los derechos fundamentales”. Este auto cuenta con un voto particular.

El juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles ha ordenado hoy la prisión provisional comunicada y sin fianza de Emilio David J.P. y Ruiz Manuel J.P. como presuntos responsables de los delitos de homicidio, contra la seguridad vial y contra la Administración de Justicia, por los hechos acaecidos la madrugada del pasado 24 de agosto al término de una persecución en la carretera N-V dirección Móstoles. Asimismo, el juzgado ha decretado la prohibición a ambos hermanos de aproximarse a menos de mil metros de la menor de edad que sobrevivió al impacto, tras el que perdieron la vida tres personas. Los investigados tienen prohibido acercarse a la menor tanto en su domicilio, lugar de estudios o cualquier sitio donde se encuentre, y comunicarse con ella por cualquier medio, durante la tramitación de las actuaciones y hasta que no recaiga resolución que ponga fin al procedimiento. De lo investigado hasta el presente, se desprenden indicios bastantes de criminalidad contra ambos investigados, que indiciariamente resultan constitutivos de tres delitos consumados de homicidio del artículo 138 del Código Penal –uno de ellos agravado por ser una de las víctimas menor de 16 años, y otro de ellos agravado por la circunstancia de parentesco, al ser una de las víctimas hermana de los autores- y de un delito intentado de homicidio, también agravado por ser la víctima menor de 16 años-. Respecto de Ruiz Manuel J.P., se le investiga también por un delito de omisión del deber de socorro; y adicionalmente respecto de Emilio David de un delito contra la seguridad vial –conducción temeraria-, así como de un delito contra la Administración de Justicia –denuncia falsa o simulación de delito- todo ello sin perjuicio de una ulterior calificación.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por un delito contra los derechos fundamentales del artículo 510 2 A del Código Penal a los cuatro hinchas del club de Fútbol PSV Eindhoven, acusados del comportamiento «humillante» que tuvieron el 15 de marzo de 2016 hacia un grupo de mujeres de origen rumano que pedían limosna en la Plaza Mayor de Madrid. Tras llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y manifestar su arrepentimiento por los hechos, los cuatro procesados han sido considerados coautores y se les ha impuesto una pena de tres meses de prisión y tres meses de multa, a razón de una cuota diaria de tres euros. Además, deberán indemnizar solidariamente con 1.500 euros a cada una de las víctimas. En el acuerdo de conformidad se ha valorado el atenuante de reparación del daño de artículo 21.5 del Código Penal.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Leganés (Madrid) ha acordado la inadmisión a trámite de la querella interpuesta contra los directores de cuatro residencias de ancianos de la citada localidad al ‘no ser los hechos relatados en la misma constitutivos de ningún tipo de infracción penal’. La querella, interpuesta el pasado 28 de mayo en medio del estado de alarma, se había formulado por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. Este auto de inadmisión aún no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado la libertad provisional de Ángel H., el conductor de autobús interurbano detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por ser el supuesto autor del atropello mortal de un hombre, sucedido en el distrito de Aravaca el domingo pasado. La juez le ha impuesto, no obstante, y como medidas cautelares, la obligación de acudir al juzgado cada quince días, la retirada del pasaporte y, por tanto, la prohibición de salir del país, así como la retirada del permiso de circulación de vehículos a motor. El chófer será investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave y omisión de deber de socorro, si bien esta calificación penal es inicial y podría variar según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción. Tras resolver la situación procesal del detenido, la magistrada se ha inhibido sobre el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, que es el que se encontraba de guardia de diligencias en el momento de los hechos y, por tanto, el que abrió las diligencias previas iniciales y procedió a levantar el cadáver del fallecido.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma frente al auto dictado por el juzgado de lo Contencioso nº 2 de la capital sobre autorización o ratificación de medidas sanitarias de contención de la COVID-19. Los magistrados que integran la Sala de Vacaciones del Tribunal han anulado el citado auto y han declarado innecesaria la autorización o ratificación judicial de las nuevas medidas adoptadas en la orden del 18 de agosto en lo que respecta a la recomendación a la población de reducir los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, por tratarse precisamente de una recomendación y no de una medida de carácter imperativo. También respecto de la solicitud de facilitar los datos identificativos a los asistentes a un evento y la conservación de los mismos por si fuera requerida en la investigación de un brote epidémico al condicionarse a la prestación de consentimiento del interesado o la limitación de las salidas de los residentes en centros sociosanitarios condicionada a la situación epidemiológica en la región, al no implicar la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Por último, ratifican las medidas sanitarias que dispone el apartado Sexagésimo quinto, letras c) y d) de la orden 18 de agosto de 2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre la realización de pruebas PCR para la detección de la COVID a todos los nuevos ingresados con 72 horas de antelación, como máximo, a la fecha del ingreso. La sentencia establece, en contra del criterio del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, “que la falta de publicación de una norma jurídica no afecta a su validez, dado que las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y declaradas en la Orden Ministerial de 14 de agosto de 2020, tienen como destinatario a las autoridades sanitarias autonómicas, como interlocutores de la administración del Estado, y no a los ciudadanos, por lo que, como tal instrumento de armonización y homogeneización, su publicación en el BOE resulta irrelevante, pues nada aporta sobre su validez y eficacia, tampoco sobre la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho no convalidable”. En esta línea, la resolución recuerda que “las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma pueden acordar acciones preventivas generales y adoptar las medidas y limitaciones sanitarias que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias de urgencia o necesidad o para controlar enfermedades transmisibles, siempre que queden justificadas y se acomoden -principio de proporcionalidad-, al fin último de prevención y control de la salud individual y colectiva”. Por eso, razona la sentencia que “la intervención de los jueces y tribunales será necesaria para aprobar y ratificar aquellas de las acordadas, en condiciones de urgencia y necesidad, cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Cualquier pronunciamiento que vaya más allá de la ponderación de las variables del binomio salud/enfermedad, atendido el contexto y los parámetros de constitucionalidad que definen el contenido de los bienes jurídicos que menciona aquel precepto, supone confundir el ámbito de cognición que atribuye aquel con el propio de un recurso contencioso-administrativo que pudiera interponerse contra la disposición administrativa de carácter general, que publica las medidas y las obligaciones que éstas conllevan para el ciudadano”. En este “exceso” incurre el auto recurrido “al desviarse de la tutela judicial reclamada respecto a la orden autonómica de 18 de agosto”, que tuvo como finalidad introducir once nuevas medidas de control respecto de concretos ámbitos, entre ellos, locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno, centros sanitarios o eventos multitudinarios. La solicitud de autorización que presentó el letrado de la Comunidad de Madrid de ratificación o autorización sólo tenía por objeto las dispuestas en los apartados Séptimo, Punto 11; Vigésimo Segundo, Punto 3 y Sexagésimo quinto, inciso final del párrafo primero de las letras a), b) y c) por entender que podían limitar libertades o derechos fundamentales. “Sobre estas concretas medidas sanitarias y no sobre la totalidad de las once adoptadas, debía el juez de instancia constreñir y adecuar su pronunciamiento, sin realizar una valoración general de la legalidad de la orden autonómica como, sin embargo, así hizo”, dicen los magistrados, en una sentencia susceptible de recurso de casación en el plazo de treinta días.

La Sala de Apelaciones del TSJ de Madrid ha desestimado el recurso formulado por José María M. M., el hombre que fue condenado el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial a seis años y seis meses de prisión tras haber sido considerado culpable por un Jurado Popular por haber acuchillado hasta la muerte a su hermano el 5 de agosto de 2018, cuando se encontraba bajo un brote psicótico relacionado con el consumo de cannabis y de un trastorno de personalidad. La desestimación del recurso supone la confirmación de la condena de la Audiencia madrileña, si bien este nuevo pronunciamiento judicial aún puede ser recurrido en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano competente en asuntos de naturaleza penal.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid ha desestimado el recurso de apelación formulado por María Angustias R. G. y, por tanto, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de enero por la cual fue condenada a un año y tres meses de prisión por la comisión de un delito de estafa al haberse intentado apropiar en 2016, mediante operaciones notariales, de dinero y otras propiedades inmobiliarias de dos ancianos vecinos suyos a los que se ofreció a cuidar de un modo supuestamente gratuito y desinteresado.

La Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano especializado en asuntos de Violencia Sobre la Mujer, ha condenado a Gaspar O. C. como autor responsable de un delito de asesinato cualificado por alevosía y con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco a la pena de 22 años, seis meses y un día de prisión por haber matado a su esposa en octubre de 2018 en su domicilio de la localidad de Arganda del Rey. Se recuerda que un Tribunal del Jurado emitió el pasado 10 de julio un veredicto de culpabilidad contra el ahora condenado tras la conclusión de la vista oral celebrada en la Audiencia madrileña. Tal y como refleja la sentencia, se considera acreditado que el 11 de octubre de 2018 Gaspar O. ‘acabó con la vida de su esposa propinando a ésta con un elemento contundente, supuestamente un martillo, un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, lo que hizo que Mª José comenzase a sangrar, cayendo al suelo boca abajo y perdiendo el conocimiento, procediendo el acusado, para asegurar su propósito, a atarle las piernas a la altura de los tobillos y las muñecas con una cuerda de tender y a taparle la cabeza con una bolsa de basura, atándosela al cuello con cinta adhesiva, ocasionándole la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca de las vías respiratorias. Después, -continúa el relato de los hechos probados de la resolución- el acusado introdujo el cuerpo de la víctima en su vehículo, trasladándolo hasta su pueblo natal, Montoro (Córdoba), donde lo arrojó al pantano “El Arenoso”, en el paraje denominado “La loma del barco”, tras introducir una piedra de unos 5 kilos entre la ropa y el hombro derecho de la perjudicada. El 19 de octubre se encontró el cadáver de Mª José en el pantano”, se concluye. Para impugnar esta resolución puede formularse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de lo Penal del TSJ de Madrid.

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado la solicitud de Mediaset España para levantar las medidas cautelares acordadas por el mismo órgano judicial el pasado mes de octubre de 2019 y, por tanto, los acuerdos sociales aprobados en su día por la junta de accionistas de esta sociedad para fusionarse con su matriz italiana se mantienen suspendidos. Además, y al margen de la confirmación de esta medida cautelar, cuya adopción fue ratificada íntegramente por la Audiencia Provincial en el posterior el recurso de apelación, el magistrado desestima también la nueva demanda formulada por Vivendi (propietaria del 28,8% de Mediaset Italia) el pasado mes de junio, que tenía por objeto paralizar el proceso de integración mercantil de las dos sociedades. Esta segunda demanda impugnaba los acuerdos sociales adoptados en la junta de Mediaset España, celebrada el pasado 5 de febrero, y que modificaban de hecho aspectos formales en el proceso de fusión. Precisamente, esos cambios, introducidos con la finalidad de desbloquear el proceso y salvar la oposición de Vivendi, motivaron la petición de Mediaset España al juez para levantar la suspensión de los acuerdos de fusión iniciales. Petición que, como se ha indicado, ha sido desestimada. En un amplio auto de 44 páginas, el juez se ratifica en su primera resolución, mantiene la suspensión y manifiesta literalmente su “perplejidad por un giro tan radical en los planteamientos de Mediaset España, quizás solo explicables por el pragmatismo del que deben hacer gala frecuentemente los empresarios en sus negocios y por el ánimo de lograr sacar adelante la fusión”. Ya en el auto del pasado mes de octubre en el que se adoptaron las medidas cautelares, ahora nuevamente confirmadas, el magistrado argumentaba de manera directa que la operación de fusión transfronteriza en cuestión “parece apuntar a un cuadro global en el que estas modificaciones estructurales (integración de la sociedad española y la italiana para trasladar la nueva compañía a Holanda) parecen estar dirigidas simultáneamente a blindar el poder de Fininvest (accionista italiano) y a debilitar el de Vivendi, que quedará diluida en el plano de los derechos políticos y sin posibilidad alguna de ejercer unos elementales derechos como accionista”. Este análisis del litigio, junto con otros argumentos jurídicos, llevaron al juez a suspender los citados acuerdos. Ahora, tras las modificaciones llevadas a cabo por la Junta General Extraordinaria de Mediaset España del pasado 5 de febrero de 2020, el juez entiende que “no cabe duda que la manifestación de ‘abusividad’ relativa a las cláusulas estatutarias ‘anti-Vivendi’ ha quedado en gran medida solventada”. Y subraya: “En un hipotético escenario en que se hubiera tratado del único elemento en que Vivendi hubiera basado su alegato de ‘abusividad’, tras las profundas modificaciones estatutarias realizadas, la petición de alzamiento de las medidas hubiera resultado posiblemente estimada por este juzgador.” Las acciones de lealtad, clave para no alzar la suspensión En este sentido, el mantenimiento de las denominadas acciones de lealtad ha resultado clave para no alzar la suspensión. Así, el magistrado se expresa textualmente en la resolución: “Las modificaciones acordadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 abordan y desactivan la posible abusividad de algunos de los términos en que está planteada la Fusión pero no de todos; nos referimos concretamente a las acciones especiales de voto, voto de lealtad o acciones de voto plural. Así lo reconoce la propia Mediaset España en el Informe Complementario al denominado Acuerdo de Regularización menciona que el mismo provoca ‘la remoción de los motivos de impugnación más relevantes’”. No existe peligro por la demora procesal Respecto de la demanda de Vivendi para detener el proceso tras la modificación estatutaria, el magistrado expone en el auto, entre otros argumentos jurídicos, que no puede atender a la citada reclamación porque “pese a que existen indicios suficientes para entender que se han podido cometer diferentes infracciones de ley en la adopción de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España Comunicación, S.A. celebrada el 5 de febrero de 2020, no se ha acreditado el periculum in mora (peligro por la demora procesal); razón por la cual –concluye- hemos decidido desestimar la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda como de publicación en el BORME”. Este auto puede ser recurrido en apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, el órgano judicial competente en la resolución de asuntos de naturaleza mercantil.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid ha anulado el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S., al entender que su desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios. En julio de 2018, Sergio G. D. S. denunció supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento y, horas después, fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de hostigamiento. Este hecho, fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese, ha quedado demostrado a lo largo del juicio, por lo que la juez condena también al Ayuntamiento a abonar una indemnización por daños morales de 8.000 euros, justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante. En la sentencia se establece que “los acontecimientos acaecidos con anterioridad al cese del demandante y la proximidad temporal y la aparente conexión entre los mismos y ese acto, así como la actitud de la alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles ante la implicación de aquel en la denuncia penal que había dado origen a la investigación penal sobre determinadas actuaciones municipales en materia de contratación pública, constituyen indicios suficientes para sospechar o presumir que dicho cese constituía una represalia por la presentación de la denuncia penal y, por tanto, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del afectado en la vertiente de ‘garantía de indemnidad’”. Llegados a este punto, dice la sentencia, “correspondía al Ayuntamiento de Móstoles justificar que el cese obedeció a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental, es decir, que se fundaba en motivos legítimos”. Todo lo contrario, “la corporación demandada no ha cumplido con tal carga probatoria al carecer el acto administrativo recurrido de motivación alguna y no ofrecerse de forma verosímil en este procedimiento argumentos que permitan concluir en otro sentido”. La juez señala en la resolución que, al margen del deber de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad, el demandante actuó también con el propósito de desvincularse personalmente de las mismas, es decir, “actuando no sólo en cumplimiento de sus deberes como empleado público, sino también en defensa de sus intereses legítimos”. Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha anulado Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación. Los magistrados anulan, por defectos formales y a petición de la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, por la omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza. En relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la Sala también estima parcialmente su reclamación y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza. La anulación parcial del acuerdo del Consistorio supone que, en el caso de que estas tres sentencias, que se acompañan en archivo adjunto, alcancen firmeza, todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo. La queja de la Administración autonómica se centra en la consideración de que, tanto en el primer y segundo borrador como en el acuerdo aprobatorio del proyecto inicial de la ordenanza, no aparece la regulación de lo que hoy se conoce como Madrid Central, limitándose a prever una futura área de acceso restringido, que habría de determinarse por la Junta de Gobierno, pero sin contener delimitación ni ordenación alguna de lo que se incluye ulteriormente en el texto de la ordenanza de movilidad sostenible como Zona de Bajas Emisiones, ‘Madrid Central’, lo que comporta que “no se ha cumplimentado en debida forma el trámite de información pública, sustrayéndose del público conocimiento y de la posibilidad de formular alegaciones aquella medida de mayor impacto o relevancia e, indudablemente, la más polémica, por lo que se ha procedido a una cumplimentación meramente formal, y no material, de un trámite esencial impuesto por la normativa aplicable”. En la misma línea, la Sala también estima parcialmente el recurso presentado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y DVuelta y considera que la ordenanza carece de una justificada memoria económica, imprescindible para valorar con pleno conocimiento y con antelación, la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto. “Si el suministro de las expresada información se efectúa con posterioridad a la toma de la decisión, como ha ocurrido en el supuesto presente, es obvio que no llegará a cumplir la finalidad legalmente prevista”, asegura la sentencia. Estas tres sentencias pueden ser recurridas en casación.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del Partido Popular de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la sede del partido de la calle Génova. La Audiencia Provincial de Madrid desestima los recursos interpuestos por las acusaciones populares contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid que absolvió por falta de pruebas al citado Partido Popular; a la extesorera de la formación, Carmen N., el jefe de la Asesoría Jurídica, Alberto D., y el responsable del departamento informático del partido, José Manuel M., por supuestos delitos de daños informáticos y encubrimiento. Esta resolución es firme y contra ella no cabe la interposición de recurso alguno.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al comisario jubilado Eugenio P. y al inspector jefe Bonifacio D. de los delitos de revelación de secretos, falso testimonio y estafa procesal, de los que venían acusados por supuestamente entregar en 2015 a la UDEF -la unidad policial encargada de investigar a la familia Pujol-, un pendrive con datos personales reservados y referencias a sociedades y proyectos empresariales de Jordi P.F. Los magistrados absuelven a los dos acusados, según se concluye en la sentencia, porque a pesar de los numerosos testimonios aportados durante la vista, celebrada entre los días 9 a 12 del mes de junio, “se desconoce quién, cómo y cuándo accedió a la totalidad de la ‘vida informática’ de Jordi P.F.”, sin que tampoco “se haya podido determinar cómo y a través de quién llegó esa información a poder del Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía”, Eugenio Pino. Además de lo anterior, durante el juicio tampoco pudo establecerse “si la información fue facilitada por el comisario de asuntos internos Martín D.B., si procedía de la empresa de detectives Método-3, o si era fruto de la colaboración con exdetectives de dicha agencia. Nada de todo eso se ha podido acreditar”, dice la sentencia, que acto seguido aclara que no era el objeto del procedimiento averiguar cómo llegó el pendrive a manos de los dos acusados, sino dilucidar si debe tener reproche penal la decisión de transmitir esa información a la UDEF “a los efectos que procedan”. Sin que se haya podido comprobar en qué fecha llegó a poder de Eugenio P. la información contenida en el pendrive, sí ha quedado acreditado que en marzo de 2015 el comisario decidió su utilización aún a sabiendas de que no provenía de una intervención con autorización judicial, tarea en la que colaboró Bonifacio D.S., que, según los hechos probados de la sentencia, ni tenía conocimiento previo de la información, ni había examinado el contenido del pendrive y, por tanto, ignoraba su origen ilícito. “La conducta del DAO Eugenio P. está alejada de un correcto actuar profesional –sostiene la sentencia-, y su oscurantismo sobre el origen de la información puso en serio riesgo de contaminación la investigación sobre Jordi P.F.”. “La actuación de Eugenio P. –añade la resolución-, faltó gravemente a los deberes de lealtad de la policía judicial para con la investigación procesal, pero al no constar una prevalencia de su posición funcionarial en la obtención del material informativo ilícito, ni un uso que, más allá de graves omisiones o incorrecciones formales, pueda catalogarse de alejado de la pauta profesional indicada, no parece que quepa efectuarle reproche penal”. Es más, la sentencia añade que aun cuando este comportamiento pudiera tener reproche, estaría amparado por el cumplimiento del deber de perseguir el delito, y “más allá de irregularidades procedimentales o formales, incluso de posibles responsabilidades disciplinarias, al limitarse la conducta a la remisión (del contenido del pendrive) a la unidad operativa de investigación, no sería antijurídica”. En relación al delito de estafa, los magistrados aclaran que no puede existir delito de estafa procesal si la conducta enjuiciada es ajena a todo posible ánimo de lucro, y, en consecuencia, no estaba encaminada a causar un perjuicio económico. Para poder condenarlos por este delito, aclara la sentencia, falta el elemento último que ha de existir en toda estafa: la acusación de un perjuicio patrimonial ilícito, paralelo al ánimo de lucro ilícito que ha de guiar la conducta del autor en esta clase de infracciones penales. La razón esencial para descartar esa calificación es que en ningún caso la conducta de los acusados estuvo guiada por el ánimo de causar un perjuicio patrimonial a Jordi P.F. correlativo a un beneficio propio. “Aun dando por ciertos todos los hechos sostenidos por la acusación -dice la resolución-, no cabe hablar de estafa procesal. No parece desde la lógica o máximas de la experiencia humana que pueda afirmarse que la conducta de los acusados estuvo guiada por la voluntad de causar un perjuicio patrimonial fraudulento, ni siquiera que llegaran a planteárselo como seria probabilidad de causar un riesgo en el patrimonio del perjudicado”. Incluso en la “hipótesis retórica de considerar que actuaron con intención de engañar a la autoridad judicial, más factible es pensar en la probabilidad de haber contaminado de forma catastrófica toda la causa judicial, con claro beneficio procesal para los investigados, que no en engañar primero a la autoridad judicial para que ello desembocara en una resolución errónea que provocara de forma directa o derivada beneficios en la esfera patrimonial de un tercero al tiempo que un perjuicio en el afectado”. En cuanto al delito de falso testimonio del que se acusaba a Eugenio P., la sentencia sostiene que nadie que sea finalmente acusado en un procedimiento penal puede ser, a la vez, acusado de falso testimonio por haber faltado a la verdad en alguna declaración previa de ese mismo procedimiento prestada en la condición de testigo.Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido la querella formulada por el bufete Arriaga Asociados contra siete magistrados de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que les acusaba de un supuesto delito de prevaricación, al fallar en una sentencia en el denominado caso ‘IRPH Cajas’ desoyendo las prescripciones impuestas a todos los órganos jurisdiccionales de la UE por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea referidas a la protección a los consumidores en relación con las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario. El tribunal ha rechazado la querella del bufete en un extenso auto de 29 páginas en el que establece que ‘con independencia del acierto jurídico de la sentencia dictada por los magistrados querellados, que deberá ser evaluado a resultas de un eventual recurso de casación, la sentencia no puede ser calificada en modo alguno de arbitraria o de irrazonable, así como tampoco de ajena a los métodos de interpretación admisibles en Derecho, por lo que no es susceptible bajo ningún concepto de ser tildada de prevaricadora’. La conclusión inequívoca a la que llegan los magistrados, en sintonía con otros tribunales españoles, donde se presentaron querellas similares, es que ‘no existen indicios suficientes que permitan considerar la existencia de un delito de prevaricación judicial, ni dolosa ni imprudente, en la sentencia dictada’. Es más, los jueces califican la querella presentada como ‘ejemplo patente, claro y manifiesto (esto es, palmario) de un ejercicio abusivo de la acción popular penal’. El tribunal explica que ‘la cuestión de si la falta de información al prestatario del comportamiento del IRPH en un periodo anterior a la fecha del contrato de préstamo comporta o no un defecto de transparencia material, no sólo ha dado lugar a disparidad de criterios en los tribunales desde hace tiempo, así como un intenso debate doctrinal, sino que dicha disparidad de criterios continúa aún después de la sentencia del TJUE’. En esta línea, los jueces aclaran que ‘con posterioridad al dictado de tal sentencia, en supuestos francamente similares al estudiado por la Audiencia Provincial de Madrid, las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sevilla, Granada y Cáceres han considerado que la falta de simulaciones, de explicaciones precisas sobre el modo de cálculo y significado del IRPH, o de información sobre su comportamiento anterior no constituye falta de transparencia material, mientras que otras Audiencias Provinciales, como la de Álava o la de Málaga, han sostenido lo contrario’. ‘Tal disparidad de criterios es, en sí misma, incompatible con el reproche de prevaricación, pues no puede decirse que un criterio es absolutamente insostenible en Derecho cuando viene siendo sostenido no por un órgano judicial o por un autor, sino por varias Audiencias Provinciales de manera motivada y argumentada’, concluyen los magistrados. Por último, el tribunal, a la vista de la actuación del citado despacho de abogados que, pese a las advertencias del CGPJ y de las distintas resoluciones de otros tribunales que ya han acordado inadmitir sus respectivas querellas, continúa en su intención de querellarse contra los magistrados de las Audiencias Provinciales que no atiendan a sus alegaciones, le impone una multa coercitiva de 6.000 euros, es decir el doble de la que le impuso en su día el TSJ de Cataluña, al estimar que su actuación ‘ha conculcado las reglas de la buena fe procesal incurriendo en un manifiesto abuso de derecho’.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Gregorio R.G. a dos años, ocho meses y un día de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, un delito continuado de hurto y robo y otro de pertenencia a grupo criminal, tras alcanzar hoy un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público previo a la vista que debía celebrarse ante esta misma Sala. Como se recordará, el año pasado Gregorio R.G. ya fue condenado por los mismos hechos por la misma Sección de la Audiencia Provincial, si bien la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó la repetición del juicio al estimar indefensión, al habérsele expulsado de la sala de vistas por su mal comportamiento, cercenándosele así el conocimiento del desarrollo del juicio con todas sus incidencias y, como secuela, el alegato que pudieran hacer los acusados para matizar, completar, contradecir o rectificar lo conveniente a su entender, posibilitando que el Tribunal incorporase elementos de juicio para apreciar en conciencia, conforme exige el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, lo manifestado. Llegado el momento del juicio, tanto Gregorio R.G. a como el otro procesado por los mismos hechos, Luis Miguel G.V., se han conformado con la solicitud de pena propuesta por la Fiscalía, que en el caso del segundo es de dos años, seis meses y un día. Cabe señalar que ambos han consignado las indemnizaciones establecidas para los perjudicados por sus acciones delictivas, que asciende a la totalidad de 25.032 euros. La sentencia, al ser de conformidad, ha alcanzado firmeza, y a ambos se les abonará el tiempo que llevan privados de libertad por esta causa para el cómputo de la pena.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid ha declarado que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de 27 de junio de 2019 de establecer una moratoria de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de la capital (Madrid Central) es “disconforme a derecho” y procede por tanto su anulación. La decisión del órgano judicial es la consecuencia de haber estimado el recurso de AEDENAT-Ecologistas en Acción de Madrid contra dicho acuerdo. La resolución aclara que “la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente. Ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente como es Madrid Central, el acuerdo municipal (objeto del recurso) no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar, ello en el plano medioambiental”. En la misma línea, la resolución, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recuerda que “la protección de la salud y el medio ambiente son principios que deben regir los poderes públicos. Y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”. “La sustitución de las denuncias por infracción por meros avisos -recuerda la sentencia- supone la renuncia de la administración municipal al principal mecanismo para garantizar el cumplimiento de la norma que reconoce el ordenamiento jurídico, cual es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración”. Y por tanto, el juez manifiesta que “con el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid se renuncia a garantizar el cumplimiento de los preceptos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible relativos al acceso no autorizado a la ZBE (Madrid Central), cuya finalidad declarada es la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección del medio ambiente y la ordenación de la movilidad para la protección de la seguridad de las personas y la seguridad vial”.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por el presunto delito de prevaricación administrativa. De todas las diligencias de investigación practicadas, añade el auto, se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones. La resolución señala también que el investigado ‘no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario’. Finalmente, la resolución establece también que ‘ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19’. La magistrada, no obstante, deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado. Este auto puede ser recurrido en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a un hombre, a su mujer y a su nuera por el asesinato a tiros de un empresario, ocurrido el 29 de septiembre de 2015 en una nave de un polígono industrial de Arroyomolinos. La sentencia recurrida condenó a R.R.M. a 17 años de prisión como autor de un delito de asesinato y de un delito de tenencia ilícita de armas. Su esposa, M.Y.D.P, y su nuera, Y.F.L., que era hija de la víctima, fueron condenadas como cómplices a 7 años y medio y a 11 años y tres meses de prisión respectivamente. En el caso de ésta última se aplicó la agravante de parentesco. Ambas fueron absueltas de un delito de tenencia ilícita de armas. Además, condenó a las dos mujeres al pago de la correspondiente responsabilidad civil como cómplices, subsidiariamente al autor y solidariamente entre sí, pero sin señalamiento de cuotas. La sentencia recurrida, confirmada ahora por el Tribunal Supremo, modificó la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a R.R.M. por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas a 17 años de prisión y absolvió a las mujeres del primero de los delitos, condenándolas a dos años de prisión por el segundo de ellos. La Sala concluye que R.R.M. era efectivamente uno de los dos varones que ocupaba el vehículo al tiempo de producirse los disparos que produjeron como resultado la muerte de la víctima. Y en este sentido, afirma que resulta indiferente que “no se haya podido acreditar cuál de los dos ocupantes del vehículo es el que lo conducía y cual el que realizó los disparos, pues lo cierto es que existe un reparto de papeles claro entre los dos ocupantes del vehículo dirigido a un solo fin: causar la muerte de J.F., teniendo ambos el dominio funcional del hecho”. El tribunal rechaza la alegación del recurso relativa a la inexistencia de alevosía basada en que no se ha acreditado que R.R.M. fuera la persona que disparara contra la víctima. Afirma que “es tan coautor quien, con el plan preconcebido de disparar hasta dar muerte a la víctima, bien conduce el coche que lleva al autor material de los disparos al lugar de los hechos, contribuyendo así con una cooperación necesaria, que quien ejecuta materialmente la acción”. “Y la acción de disparar con un arma de fuego a quien se encuentra totalmente desprevenido e inerme, es constitutiva de alevosía, pues no existe posibilidad alguna de defensa por parte de la víctima. Así lo declara el hecho probado: los agresores… «se aseguraron la muerte de Juan Fernández San Segundo, impidiendo a éste cualquier posibilidad de defensa»”. Complicidad La Sala desestima el recurso planteado por la acusación particular que en un único motivo reclamaba la condena de las dos acusadas como cooperadoras necesarias. Sobre esta cuestión, afirma que deben ser sancionadas a título de cómplices. “Su aportación consiste en buscar un escondite para la cobertura posterior del asesinato; y esta actividad, al menos en los términos en que está diseñada en el factum, no puede ser considerada esencial o estrictamente relevante”, según la sentencia. Por ello, la Sala concluye que ha de mantenerse la tesis del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, “pues las acusadas conocían anticipadamente que el delito se iba a cometer, que es la diferencia con el encubrimiento, y planearon dar una cobertura posterior a los autores materiales, que puede ser calificada como de colaboración secundaria, y que entra dentro de la complicidad que se define en el art. 29 del Código Penal”. La sentencia, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, destaca que “se trata de un plan conjunto que incluye actividades de todos los partícipes (en el caso, autor material y cómplices), como una forma de desarrollar el plan de actuación, de forma anticipada, previendo el refugio de todos ellos, y no solamente del autor material. Es la secuencia de un crimen planificado de antemano”. Responsabilidad civil Por otro lado, estima de forma parcial el motivo de los recursos de casación planteados por los tres condenados que alegaban que la sentencia recurrida no había establecido las cuotas que, en concepto de responsabilidad civil, debían pagar el autor y las cómplices a la viuda -180.000 euros- y a los hijos de la víctima -156.000.000 euros. La estimación de este motivo supone la modificación de la sentencia recurrida solo en este extremo. Así, la Sala fija cuotas que deben pagar el autor y las dos cómplices, dada la participación de cada uno: un 70 por 100 la cuota del autor, y en el 30 por 100 restante la de las cómplices, un 15 por 100 cada una de ellas, solidariamente entre sí y subsidiariamente con el condenado como autor.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en pleno, ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por dos particulares y ha fallado que la aplicación de la cláusula hipotecaria denominada IRPH-Cajas no es abusiva, tal y como ya señaló en primera instancia el juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid. Esta sentencia, que establece el criterio de la sala, es la primera que dictan los tribunales madrileños desde la resolución sobre esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) el 3 de marzo de 2020. La sentencia, que cuenta con un voto particular, declara que en el caso presente (un crédito hipotecario solicitado al Banco de Sabadell) no está justificada la pretensión de los demandantes de falta de transparencia en la cláusula IRPH-Cajas, ya que a juicio de los magistrados no es aplicable la doctrina jurisprudencial según la cual la abusividad, entendida como desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, es inherente a la falta de transparencia en la medida que esa falta de transparencia le impide comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. “En el caso de la cláusula suelo –recoge la sentencia-, la falta de transparencia material se identifica, sin más, con el desequilibrio entre precio y prestación sin necesidad de una constatación adicional de ese desequilibrio. El déficit de información hace que el usuario, persuadido de que concertó un préstamo a interés variable, vea defraudada su expectativa al respecto al comprobar que, en función del comportamiento de una variable que se encuentra plenamente imbricada en el contrato, el interés va a comportarse como interés fijo. En definitiva, el usuario no capta adecuadamente la carga económica de la cláusula al no percatarse de que el régimen de interés variable bajo el que concertó el préstamo puede dejar de operar”. Sin embargo, y por el contrario –aclara la resolución-, “en el caso de la cláusula IRPH no sólo no existe identidad entre la falta de transparencias y el desequilibrio precio/prestación, sino que ni siquiera concurre vínculo causal entre aquélla y éste. En estos casos la frustración de expectativas que se denuncia por el prestatario no se genera por un comportamiento indeseable y no previsto del índice elegido (IRPH) sino por la correlación apreciable entre el comportamiento de dicho índice y el de otro índice que es por completo ajeno al contrato (el Euribor)”. “En definitiva -concluyen los jueces-, en el caso de la cláusula IRPH ni el exquisito cumplimiento del deber de información evitaría la clase de desequilibrio que se denuncia ni su total incumplimiento sería capaz de provocarlo”. Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda presentada el 12 de julio de 2019 por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por deslealtad y conducta prohibida al impedirle disputar partidos de Liga los viernes y los lunes, al entender que el vigente Convenio de Coordinación suscrito entre ambas instituciones, al contrario de lo que ocurría en los precedentes, no recoge precisión alguna sobre la posible disputa de partidos fuera de la jornada oficial, por lo que si la LNFP desea disputar partidos fuera de los días de la jornada oficial (domingo/sábado) debe necesariamente alcanzar un acuerdo con la RFEF. El magistrado Andrés Sánchez Magro recuerda en la sentencia que LaLiga es una asociación privada que se constituye obligatoriamente en el seno de la estructura de la RFEF, con personalidad jurídica y autonomía organizativa y funcional “hasta el grado y con la intensidad que sea razonable”, y que es por esta naturaleza que se le permite la organización de sus propias competiciones, pero con una “necesaria y preceptiva coordinación con la RFEF, en la que se incardina”. “Dicha coordinación –recoge la sentencia-, ha de presidir ineludiblemente las relaciones entre ambas entidades y se articula a través de los convenios de coordinación, donde se regula la organización de las competiciones futbolísticas profesionales” y se prevé el régimen de aprobación del calendario deportivo entre la LNFP y la RFEF. “En concreto, el vigente Convenio de Coordinación, -añade el magistrado-, al igual que los precedentes, prevé el régimen de aprobación del calendario deportivo de las competiciones profesionales futbolísticas a través de una inicial propuesta de La Liga y su posterior aprobación, en su caso, por parte de la RFEF, resolviendo el CSD en caso de desacuerdo. Sin embargo, “el actual Convenio no recoge precisión alguna sobre la posible disputa de partidos fuera de la jornada oficial, a diferencia de lo que acontecía en los convenios de los años 2010 y 2014, donde las partes sí alcanzaron un acuerdo al respecto”, que ha venido abonando La Liga “incluso tras la entrada en vigor” del Real Decreto Ley 5/2015 (de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional) y que, a juicio de la propia LNFP, modificaba su rol en las relaciones. En su resolución (que se acompaña íntegramente en archivo adjunto), el magistrado, lejos de aceptar este planteamiento, señala que durante la vista oral del procedimiento, quedó “convenientemente acreditado que en su momento, la RFEF y la LNFP pactaron dicha ‘extensión’ de la jornada oficial, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, por lo que es evidente que sin acuerdo entre las partes, los partidos, única y exclusivamente, se podrán disputar en la jornada oficial, esto es, los sábados y los domingos”. “Por tanto –aclara-, en el hipotético caso de que la RFEF y la LNFP no se pusieran de acuerdo sobre la cantidad económica a abonar por parte de La Liga a la RFEF para que se autorice la disputa de partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División los viernes y/o lunes anteriores y posteriores a cada jornada (a diferencia de lo que aconteció en los Convenios de 2010, 2014 y 2015) debe ser el CSD quien defina, en su caso, cuál es la cantidad económica ajustada a las circunstancias y a los hechos relacionados con dicha problemática”. El magistrado concluye que resulta “evidente que la RFEF en ningún momento ha obstruido y alterado el ejercicio por parte de la LNFP de la facultad de determinación de fecha y horario de celebración de los eventos comercializados del Campeonato Nacional de Liga”, limitándose a cumplir el régimen jurídico vigente que establece que, en defecto de pacto al respecto, los partidos deben disputarse durante la jornada oficial que abarca los sábados y domingos, cuestión que es en todo momento respetuosa y conforme a la legislación general deportiva y al RDL”. Y ello –aclara-, “con total y absoluta independencia de la fijación de los horarios, que es una competencia de la LNFP y que presenta un régimen jurídico diferenciado”. Tras desestimar esta pretensión de LaLiga, el juez considera que tampoco puede admitir la solicitud de declaración de incumplimiento por parte de la RFEF de la cláusula general prevista en el artículo 4 LCD, al obstaculizar la libre fijación por parte de LNFP de la fecha y hora de celebración de partidos en las competiciones que ésta organiza (Primera y Segunda División) y, en consecuencia, limitar su capacidad de explotar económicamente dichas competiciones en el mercado. Y lo desestima al insistir en el hecho de que, en la actualidad, el concepto “jornada oficial” responde al domingo/sábado en tanto en cuanto no exista acuerdo con La Liga. De este modo, “no puede existir conducta desleal y contraria a la buena fe sancionable –establece el magistrado-, cuando la demandada se ha limitado a aplicar el régimen jurídico”, más aún cuando “tanto de la prueba practicada en autos como de lo significado en los respectivos escritos de las partes, se infiere que en todo momento la RFEF ha manifestado su voluntad de negociar y alcanzar un acuerdo con LaLiga, por lo que no puede reputarse la existencia de un comportamiento contrario a la buena fe, reprochable al actuar de la RFEF”. “El hecho de que la LNFP considere que la RFEF ha planteado una cuantía ‘desproporcionada’ (superior a 30 millones de euros) no es óbice para que en el seno de las relaciones de coordinación que exige la legislación deportiva entre las partes, éstas se sienten a negociar y alcancen un acuerdo satisfactorio para sus respectivos intereses”. “Ciertamente –señala el magistrado-, puede ser que la cifra propuesta por la RFEF sea elevada, pero no es menos cierto que en todo momento la RFEF ha mostrado su disposición al pacto con la LNFP. Lo que a la luz de los hechos reflejados en el presente procedimiento no se puede afirmar sobre la conducta de la parte actora, que ha rechazado cualquier tipo de negociación al respecto, incluso en presencia de los directivos del CSD que trataron, sin éxito, de que las partes alcanzaran el correspondiente pacto sobre la cuestión aquí analizada”. “Por otro lado –continúa la resolución-, tampoco ha quedado acreditado por la LNFP cuáles han sido los impactos tan negativos que le ha provocado la conducta de la RFEF. En ningún momento la LNFP ha acreditado, siquiera indiciaria o mínimamente, cuáles han sido las consecuencias económicas relevantes que ha sufrido imputables directamente a la actuación de la RFEF, cuáles han sido las responsabilidades contractuales asumidas por LaLiga frente a los operadores audiovisuales como consecuencia de no poder fijar partidos los lunes, ni cuáles han sido las resoluciones de los contratos ni las reducciones de las contraprestaciones acordadas en su momento”. “En definitiva, el comportamiento de la RFEF – agrega la resolución-, no ha impedido en ningún momento el normal desenvolvimiento de la actividad empresarial de La Liga en lo que se refiere a la explotación de derechos audiovisuales de las competiciones que organiza, ni ha interferido injustificadamente en el juego de la libre competencia entre las partes o, al menos, ello no ha sido suficientemente acreditado por la parte actora”. En relación con la denuncia de práctica agresiva prohibida establecida en el art. 8 de la LCD, que también promovía LaLiga contra la RFEF, el magistrado señala que ni en el testimonio prestado por Velasco Carballo en la vista de medidas cautelares ni durante los partidos disputados durante la presente temporada, se ha producido amenaza de ningún tipo con respecto a no enviar árbitros a los partidos. En cuanto a la presunta posición de dominio de la RFEF en el mercado de la explotación de los derechos audiovisuales, la respuesta del magistrado es afirmativa. Pero en ningún caso, ha quedado acreditado que esta posición de domino haya supuesto un menoscabo a los intereses de la LNFP o se haya demostrado que ha existido una explotación abusiva de dicha posición. “En este sentido –dice la sentencia-, el primero de los argumentos significados por la LNFP es el relativo a que la RFEF le ha obstaculizado su actuación, al no permitirle determinar libremente las fechas de las competiciones los viernes/lunes, afectando dicha actuación a su capacidad de explotación de los derechos audiovisuales”. “La referida argumentación debe ser desestimada, dado que se trata de una actuación ajustada a derecho, por cuanto ya ha quedado demostrado que es una cuestión a acordar entre las partes en el seno de las relaciones de coordinación exigidas” por la ley, que también exige que se acredite la existencia de una desventaja competitiva significativa en el mercado en el que compite el operador afectado, lo que no ha ocurrido en el presente caso, dado que nada al efecto ha adverado la demandante”. “Por ello, no puede calificarse la actuación de la RFEF como abusiva, pues su conducta no ha supuesto un abandono de ‘responsabilidad especial’, como se aduce por la parte actora, ni ha eliminado ningún tipo de neutralidad sobre la materia que haya perjudicado la libre explotación de los derechos audiovisuales por parte de La Liga en una competición que compite en el mercado con la suya”. “Tampoco desde su posición de dominio –sigue la sentencia-, la RFEF ha desarrollado una estrategia que haya tratado de limitar la competencia efectiva de la LNFP en el mercado, ni ha mejorado su capacidad competitiva de cara a la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa de S.M. El Rey. Cuestiones todas ellas que, con independencia de lo anterior, tampoco han sido acreditadas por la actora”. “A lo que cabe adicionar que han quedado acreditados los múltiples intentos realizados en su momento por la RFEF ante la LNFP para que procediera a aceptar la encomienda de la comercialización de los derechos audiovisuales del Campeonato de España/Copa de S.M. El Rey, habiendo sido rechazadas dichas solicitudes por la propia LNFP”. “Por otro lado, el hecho de que la RFEF haya exigido una determinada cantidad económica que a juicio de la LNFP sea desproporcionada no supone en sí mismo una infracción” legal, más aún cuando además ha quedado acreditado que la RFEF deseaba y sigue deseando negociar dicha cantidad con la LNFP, lo que no ha podido llevar a efecto por la conducta obstruccionista de la LNFP al respecto, tal y como ha quedado igualmente acreditado”. Al término de la sentencia, el magistrado establece una consideración final en la que señala “que no corresponde a este juzgador pronunciarse sobre cuál es el concepto de ‘jornada deportiva’ y sobre si se pueden disputar partidos de fútbol en viernes o lunes atendiendo a tal concepto. Esa discusión debería, en su caso, mantenerse en otros foros, pero no en éste”. “Las partes –señala-, han suscrito recientemente, el 3 de julio de 2019, un nuevo convenio de coordinación que mantiene las competencias de ambas intactas con respecto a lo previsto en el convenio anterior de 2014, en cuanto a la aprobación del calendario. Es decir, ambas consideran que la competencia y el procedimiento para aprobarlo son y deben seguir siendo los mismos”. Idea que le conduce a considerar que “debe reconocerse que ambas partes han mostrado sobradamente su capacidad para negociar y para alcanzar acuerdos”, y a manifestar que la “necesidad de respetar el principio de coordinación en la organización de la competición debe llevar a LaLiga y a la RFEF a negociar de buena fe, con ánimo de alcanzar acuerdos y partiendo de unas posturas razonables en el más amplio sentido de la palabra”. “Si han de actuar en coordinación –insiste- eso implica lógicamente que no pueden actuar unilateralmente, sino que la base de su actuación debe ser el acuerdo en esas materias relativas a la organización de la competición. Si LaLiga no puede olvidarlo, menos aún la RFEF por su propia posición institucional, que debe llevarle a facilitar en la medida de lo posible el buen fin de la competición, que siendo organizada por LaLiga exige su decisiva participación. Es, sin duda, una responsabilidad de primer orden”. “Ya no es sólo que estas reflexiones –dice el magistrado-, vengan a suponer una admonición o un consejo, sino que en realidad se trata de constatar una exigencia legal: RFEF y LaLiga deben negociar de buena fe”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación del Rayo Vallecano SAD y ha anulado en parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró probado que defraudó seis millones de euros a Hacienda en la liquidación de los impuestos del Valor Añadido y de la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2005 a 2008. El tribunal modifica los dos primeros apartados de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida por entender que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del club de fútbol ya que no ha quedado debidamente acreditado dicho fraude fiscal. La Sala mantiene el resto del relato de hechos probados, así como el fallo de dicha sentencia, contra el que ninguna parte había recurrido, y que absolvió a la expresidenta del Rayo Vallecano T.R., a dos de sus hijos, al exgerente y a la exsecretaria del Consejo de Administración de delitos contra la Hacienda Pública y declaró la inexistencia de responsabilidad civil del equipo de fútbol madrileño. El Rayo Vallecano SAD interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida por no estar conforme con el relato de hechos probados que en su apartado primero recogía que, presentado en el plazo oportuno las declaraciones trimestrales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2005 a 2008, se consignaron “en dichas declaraciones cantidades que no se ajustaban a las efectivas cuotas del impuesto soportado y repercutido”. Y añadía en el apartado segundo de los mismos que había presentado algunas declaraciones trimestrales por retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas “por cantidades inferiores a las retenidas a sus trabajadores.” En ambos casos desglosaba las cantidades que se decían defraudadas en cada ejercicio que ascendían a seis millones de euros. Al estimar el recurso, la Sala acuerda una nueva redacción de los dos citados apartados de los hechos probados para mencionar que el fraude fiscal no ha resultado debidamente acreditado: “… consignando en dichas declaraciones cantidades que la administración tributaria entendió que no se ajustaban a las efectivas cuotas del impuesto soportado y repercutido, de forma que conducía a liquidación donde se afirmaba y concluía que en relación con el ejercicio del año 2005 resultaba una cuota a ingresar de 259.971’39 euros, habiendo ingresado 426’49 euros, defraudando la cantidad de 259.544’90 euros, en relación con el ejercicio 2006 resultaba una cuota a ingresar de 376.471’05 euros, ingresando 640’30 euros, defraudando la cantidad de 375.830’75 euros, en relación con el ejercicio de 2007 resultaba una cuota a ingresar de 860.118’62 euros, ingresando 1.231’50 euros, defraudando la cantidad de 858.887’12 euros y en relación con el ejercicio de 2008 resultaba una cuota a ingresar de 529.426’50 euros, ingresando 1.014’42 euros y defraudando la cantidad de 528.412’08 euros”. “Asimismo, Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. presentó algunas declaraciones trimestrales por retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que la administración tributaria entendió por cantidades inferiores a las retenidas a sus trabajadores, de forma que conducía a liquidación donde se afirmaba y concluía que en relación con el ejercicio del año 2005 la cuota devengada ascendió a 660.966’84 euros, ingresando 346’29 euros y siendo la cuota defraudada 660.620’55 euros, en relación con el ejercicio del año 2006 la cuota devengada ascendió a 863.861 euros, ingresando la cantidad de 1.014’50 euros y siendo la cuota defraudada 862.847’15 euros, en relación con el ejercicio del año 2007 la cuota devengada ascendió a 844.957’98 euros, ingresando 1.293’92 euros y siendo la cuota defraudada 843.664’06 euros y en relación con el ejercicio del año 2008 la cuota devengada ascendió a 1.614.315’96 euros, ingresando 1.181’35 euros y siendo la cuota defraudada 1.613.134’61 euros.» En cuanto a la consecuencia de la vulneración reconocida por el tribunal, la Sala indica que no puede ser la pretendida por el recurrente que solicita la declaración de que “no existe defraudación en la presentación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los ejercicios 2005 a 2008 ni en el de retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2005 a 2008”. Lo que se declara por el Supremo, únicamente, es que dicha defraudación no ha quedado debidamente acreditada. La sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo del Arco, destaca que el perjuicio ocasionado al recurrente radica en la declaración de hechos probados, no en el fallo, cuando afirma, “no de sus administradores, sino de la SAD, un comportamiento típico que se corresponde con la comisión de ocho delitos contra la Hacienda Pública”. Por ello, consecuentemente, “y ante la inanidad de la devolución de las actuaciones para un nuevo pronunciamiento con las limitaciones referidas, derivado de la excepcionalidad de encontrarnos ante un recurso que no va dirigido contra el fallo, que debe permanecer incólume en su pronunciamiento absolutorio y de contenerse el agravio en el apartado de hechos probados, al que se ha llegado mediando infracción constitucional, “la pretensión que esta excepcionalidad en el régimen de recursos autoriza, se satisface con la mención de que el fraude tributario no ha resultado debidamente acreditado; o formulado en modo positivo, que desde los datos afirmados por la administración tributaria se informa una liquidación impositiva de la que resultan esas cantidades (en esos ejercicios y para esos impuestos) defraudadas por la SAD recurrente; pues el análisis de la carencia argumental de la sentencia recurrida, revela también limitaciones en el contenido de los elementos de prueba que no permiten al Tribunal liquidar la deuda tributaria de la SAD Rayo Vallecano”. La Sala subraya que “la exclusiva remisión a los informes periciales emitidos y aclaraciones a los mismos emitidas en la vista, cuando se predica su acreditación valorativa por: i) partir de documental aportada por la SAD examinada, pero esa documentación pese a indicar su aportación, no obra en autos; así como ii) en que no media otra pericial que las contradiga, cuando la práctica de la pericial propuesta por la defensa fue indebidamente denegada; y además las objeciones de la defensa a esos informes son preteridas absolutamente; conducen a la conclusión de que la motivación fáctica no sirve para conocer la racionalidad del relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. La forma sucinta en que se expresa es equiparable a la falta de motivación”. Así, afirma que “no se justifica la declaración de hechos probados si meramente se expone lo que informó un perito; esa es tarea que corresponde fundamentalmente al fedatario. No al juzgador, que, a lo sumo, describe como antecedente de la valoración. Menos aún, si cuando se motiva, se prescinde de toda consideración tanto de la exposición del contenido de la producción probatoria como de la crítica valorativa de ésta; y si son los elementos de prueba aportados o invocados por la defensa los preteridos, la deficiencia lesiona a la par el derecho a la tutela judicial, en cuanto que reclama la existencia de motivación y el derecho a la tutela judicial, y que exige hacer efectiva la posibilidad de alegar y probar, pues este derecho se desconoce al ignorar la alegación y el esfuerzo probatorio de la parte (STS núm.289/17, de 19 de abril)”. Legitimación para recurrir del Rayo Vallecano Con carácter previo, la Sala analiza la legitimación para recurrir de la entidad Rayo Vallecano, en cuanto resultó absuelta, que fue planteada tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, concluye que el club de fútbol resulta agraviado por la sentencia de la Audiencia Provincial, que afirma en su declaración probada que ha defraudado gravemente a la Hacienda Pública durante cuatro ejercicios y por dos impuestos diversos, “por lo que no carece de legitimación para recurrir, aunque la sentencia sea absolutoria; y tampoco su condición de parte como responsable civil subsidiaria, le impide contradecir ese fraude que directamente le es atribuido, aunque deba acomodarse en los motivos que formule a la naturaleza civil de cuya pretensión se defiende; lo que conlleva a su vez, la conciliación con la jurisprudencia tradicional de esta Sala, de no tratarse de cuestiones de descargo penales”.  

La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución adoptada por la Delegación del Gobierno en la capital que impedía la celebración de una concentración del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) prevista para el próximo sábado, 23 de mayo, en la Puerta del Sol, al entender que prohibiéndola se vulnera el derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución. Los magistrados revocan la prohibición y permiten la concentración, pero en los términos y condiciones que se establecen en la propia sentencia: desde las 12:00 hasta las 13:30 horas del día 23, en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, con estricta sujeción a las condiciones declaradas por el PCPE en su comunicación a la Delegación del Gobierno. Participarán un máximo de 50 personas que mantendrán la distancia mínima entre ellos de tres metros y equipadas todas con mascarillas y guantes; se desarrollará en todo momento en el interior de la plaza sin interrumpir el tráfico y en el horario señalado, adoptándose por los participantes las medidas de seguridad que se acompañan en los anexos del documento. Los magistrados entienden que la concentración ha sido diseñada y programada por el promotor en términos muy específicos y adaptados a las circunstancias de salud pública en que se incardina su celebración, mientras que la Delegación del Gobierno no ha acreditado, ni siquiera indiciariamente, que dichas medidas no alcancen el estándar de seguridad exigible según los actuales parámetros de evolución de la pandemia. “Es más –recoge la sentencia-, un mínimo contraste pone de relieve que las medidas de seguridad implementadas llegan a ser más exigentes que las previstas con carácter general”. “La Administración, al prohibir la concentración –añaden los jueces-, ha decidido la limitación máxima del derecho de reunión” sin aportar la exigible motivación reforzada de la limitación de este derecho fundamental. “En las circunstancias expuesta -concluye la resolución-, el derecho de reunión del demandante, manifestación colectiva del derecho de libertad de expresión que coadyuva a la formación de la opinión política, intensamente vinculado al pluralismo político y al funcionamiento del sistema democrático, debe ser preservado”.

La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado carecer de competencia para resolver los recursos presentados por la formación política VOX, contra los acuerdos adoptados por el Ministerio del Interior, por los que se prohíben las manifestaciones convocadas por la citada entidad para el próximo 23 de mayo en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los magistrados, han acordado remitir con carácter de urgencia las actuaciones, sin más trámite, al Tribunal Supremo, al considerar que es su Sala Tercera la que tiene la competencia objetiva, pues los recursos se interponen frente a un acto de una autoridad delegada del Gobierno que, como tal acto producido por delegación, debe entenderse adoptado por el órgano delegante, el Gobierno de la Nación.