Noticias Jurídicas Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Majadahonda (Madrid) ha remitido testimonio al Gobierno de una sentencia en la que absuelve a un joven que profirió frases ofensivas a una menor en plena calle. El magistrado expone en su resolución que los delitos de la injuria leve y la vejación injusta fueron despenalizados por el legislador en 2015 y, por tanto, este hecho le impide en este caso concreto castigar penalmente la conducta del denunciado. En el apartado de los hechos probados de la sentencia se recoge que día 7 de septiembre de 2020, en Majadahonda, sobre las 13.00 horas, Francisco Javier M. se dirigió en plena calle a S. (menor de edad) mientras caminaba, llamándole ‘guapa’ y diciéndole ’olé, olé’. S. le indicó que dejara de decirle esto, a lo que Francisco contestó que ‘cómo no iba a llamarla guapa con el cuerpazo que tenía’. Como S. le siguió recriminando su actitud, Francisco comenzó a seguirla durante unos quince segundos llamándola ‘puta’ varias veces y diciéndole también en varias ocasiones que las mujeres “dais asco”. En la resolución se recuerda que el delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, supone una restricción ilícita de la libertad mediante la imposición de un determinado comportamiento o la prohibición del ejercicio de un derecho “violentando la voluntad de la persona que sufre y su libre determinación”. En este caso, la denuncia contenía una mención a que la menor no pudo sacar dinero del cajero, que era su libre propósito inicial.Insiste el magistrado en que el delito de coacciones “no es una suerte de saco ancho” en el que se incluyen todas las conductas que supongan alguna presión de carácter genérico “y que tengan una afectación más o menos remota en la esfera de nuestra libertad”. En este caso, según recoge la sentencia, el denunciado llevó a cabo una acción “impositiva” hacia la menor “en el sentido de hacerle soportar una serie de piropos que ella expresamente dijo que no quería oír” y que, sin embargo, la respuesta del denunciado fue injuriar a la joven con términos como “puta” o expresiones como “dais asco”. Acoso callejero de baja intensidad contra las mujeres En ese sentido, el juez indica que varios estados, como Francia, Portugal, Perú o Argentina, han regulado este tipo de conductas de acoso callejero y explica que “estamos específicamente ante un supuesto que afecta a bienes jurídicos relevantes de la denunciante y cuyo resultado genera una injustificada impunidad” para concluir que “sería deseable que estas formas de acoso callejero de baja intensidad en los que hay un injustificado constreñimiento de la libertad y tranquilidad de las mujeres” tuvieran una tipificación expresa el derecho penal. Por último, el magistrado recuerda que es consciente de que existe en tramitación un Anteproyecto de Ley Orgánica (la denominada ‘Ley de libertad sexual’) que tiene previsto incluir un párrafo al artículo 173.4 dirigido a castigar a ‘quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad’.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido a trámite la denuncia formulada por el Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad de la región, y contra todos aquellos que a resultas de la investigación pudieran ser responsables, por la existencia de un documento/protocolo, elaborado por la citada Consejería y remitido, según consta en la denuncia, a hospitales y residencias de la comunidad, en el que se establecerían “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias con motivo del estado de alarma y la situación excepcional derivada de la pandemia Covid-19. Los magistrados inadmiten a trámite la denuncia, en primer lugar, por adolecer ésta de la necesaria precisión, “al faltar absolutamente la identificación de quienes hayan fallecido o de a quienes se les haya excluido o no permitido ir a un hospital”, un hecho que nos sitúa, aclara la resolución, ante una reclamación “que tiene un marcado carácter prospectivo o de causa general”. “Llama la atención al respecto –avanza el auto, que no es firme, ya que cabe la interposición de recurso de súplica ante esta misma Sala-, que el Ayuntamiento de Móstoles no haya podido recabar datos concretos (de fallecidos y/o excluidos), al menos en las residencias de su término municipal, a través de sus servicios sociales o por denuncias o comunicaciones que les hayan podido hacer llegar de familiares de fallecidos.” “La falta de identificación impide conocer, a su vez, -añade la resolución-, si el posible fallecimiento ha tenido como causa la Covid 19 (recordemos que la denuncia se refiere a la primera fase de la pandemia) o si se ha debido a otras causas, y si una derivación, o mejor dicho, la falta de ella, es causa de dicho fallecimiento”. En segundo lugar, los magistrados inadmiten a trámite la denuncia tras el examen de los protocolos redactados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la información que de ellos puede extraerse. “Los protocolos redactados –avanza el fallo-, tienen unos objetivos, generales y secundarios, que no pueden tacharse de irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio –dicen los jueces-, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial.” “El simple examen de los protocolos no determina, necesariamente, que se hayan producido resultados lesivos para los derechos de los residentes, en la medida en que desconocemos quiénes han podido ser perjudicados por la aplicación directa de los citados protocolos”, asegura la resolución antes de recordar que no corresponde a los tribunales de justicia la incoación de causas generales, ni el desarrollo de investigaciones prospectivas, y que los hechos que tienen relevancia penal no son los genéricos o académicos, sino los que reflejan una conducta ilícita que vulnere un bien jurídico tutelado de un sujeto determinado, “ya sea una persona física o jurídica individual o un sujeto colectivo, pero siempre identificado”. “La denuncia planteada –concluye la resolución-, pone de relieve una realidad por desgracia contrastada: el fallecimiento de un gran número de personas residentes en centros de mayores, pero no aporta, más allá de poder ser una opinión o hipótesis, que dicho resultado sea consecuencia de un protocolo emitido por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, ya que al desconocerse y no identificarse por tanto a las víctimas o perjudicadas por su hipotética aplicación, no se puede establecer el nexo causal entre la conducta que se imputa al denunciado y el resultado ilícito”.

La Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a doce años, seis meses y un día de cárcel a la mujer que asesinó a su madre en Parla con un cuchillo mientras dormía en su cama. El otro acusado por los mismos hechos, el hombre con el que acudió al domicilio de su progenitora el día de autos, ha sido condenado a diez años de prisión. Ambos son penalmente responsables de un delito de homicidio, en el caso de la mujer con la circunstancia agravante de parentesco. Como se recordará, los dos acusados fueron considerados culpables por el jurado popular que siguió la vista oral del procedimiento. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del TSJ de la región.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Jesús C. B., alias ‘El Chule’, a 25 años de prisión, al considerarle criminalmente responsable de un delito consumado de asesinato y otro delito de asesinato en grado de tentativa por la muerte de Francisco D., ocurrida en el madrileño barrio de Vallecas en marzo de 2019. Por su parte, su padre, David C. A., quien también participó en los hechos ahora probados, ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por la comisión de dos delitos menos graves de lesiones con uso de instrumento peligroso, a razón de dos años y tres meses de prisión cada uno. Las penas también llevan aparejadas las correspondientes indemnizaciones a los familiares directos de la víctima mortal, así como el pago de costas procesales. Esta sentencia se corresponde al veredicto de culpabilidad que el Jurado Popular que estudió el caso emitió el pasado 30 de octubre. Los hechos enjuiciados se remontan al 17 de marzo de 2019 cuando, tras una discusión por los excrementos de unos perros, una decena de personas increpó y agredió a la víctima, Francisco D., y a sus familiares. Durante la refriega, David C., el padre de ‘El Chule’, agredió con un palo a dos familiares de Francisco D., que sufrieron traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, Jesús, ‘El Chule’, no dio por concluida la agresión, subió a su domicilio y bajó armado con un cuchillo de cocina con el que atacó a uno de los familiares de Francisco D. clavándoselo en la cabeza, provocándole heridas de gravedad. A continuación, ‘El Chule’ atacó por la espalda a Francisco, de 64 años, clavándole el cuchillo en el cuello sin que tuviera posibilidad alguna de defensa. Esta sentencia aún no es firme y contra ella cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de diez días.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de reposición formulado por el Ministerio Público contra el auto dictado el 8 de octubre por la misma Sección en el que se denegaban las medias acordadas en el apartado tercero de la Orden 1273/ 2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecían medidas preventivas en determinados municipios de la region en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad, de 30 de septiembre, de actuaciones coordinadas en salud pública. Además, la Sala rechaza, por falta de legitimación, la personación de la Abogacía del Estado, que, en representación legal del Ministerio de Sanidad, había presentado también un recurso de resposición sobre este asunto en el marco del mismo procedimiento. Los magistrados desestiman el recurso de la Fiscalía, entre otros razonamientos juridícos, porque entienden que las medidas limitativas de derechos fundamentales que se establecían en la Orden de la Consejería ‘carecían de cobertura jurídica en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, invocada para su adopción’. En ese sentido, el auto recoge que ‘la legítima discrepancia del Ministerio Fiscal con tales conclusiones no implica que esta Sala incurriera en incongruencia omisiva o prescindiera del principio iura novit curia, máxime considerando que sus alegaciones ante la solicitud de ratificación de medias tuvieron cumplida respuesta en el auto recurrido, y que las ahora traídas novedosamente a este recurso de reposición la han tenido también el los razonamientos jurídicos de esta resolución’. La Sala concluye, pues, estableciendo que ‘no puede ser acogida la pretension del Ministerio Fiscal, que propugna una decisión judicial meramente voluntarista, en la que se prescindiría: de la normativa invocada para justificar el ejercicio de competencias adminsitrativas, de la propia voluntad de la Administración autonómica que ha acordado las medidas limitativas de derechos fundamentales y de los limites que presiden el ejercicio de las competencias estatales de coordinación en materia sanitaria de forma respetuosa con las constitucional y estatutariamente reconocidas a la Comunidad de Madrid en la materia”. ‘No se da el requisito legal’ para la personación de la Abogacía del Estado Respecto de la inadmisión de la personación de la Abogacía del Estado en el procedimeinto en representación del Ministerio de Sanidad por falta de legitimación, los magistrados recuerdan que ‘no se da el requisito legal y jurisprudencialmente exigible para que pueda comparecer ahora como recurrente en reposición cuando ninguna intervención suya se propicia en la Ley Jurisdiccional como parte en el proceso de ratificación de medidas’. Y concluyen: ‘No es este un procedimiento de naturaleza contradictoria donde se enfrentan pretensiones que cada una de las partes procesales articulan, a cuya satisfacción ha de atender la actuación jurisdiccional, sino un procedimiento de cognición limitada preferente y sumario, cuyo objeto es tan solo la autorización o ratificación judicial de medidas limitativas derechos fundamentales, adoptadas por razones de salud pública”. Contra este auto no cabe la interposición de recurso ordinario alguno.

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha desestimado íntegramente la solicitud de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) para que se mantuvieran las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Provincial de Madrid (lo que permitiría celebrar partidos de fútbol de Primera y Segunda División al margen del calendario oficial de sábados y domingos) y emplaza a esta organización y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a coordinarse ‘de buena fe’ para la celebración de encuentros los viernes y los lunes, como ya estableció en la sentencia que puso fin a este procedimiento y que se hizo pública en el pasado mes de mayo. Según se recoge en la resolución, el juez no comparte, ‘tras el examen completo de las actuaciones que llevó a cabo en la sentencia y el nuevo estudio que ha realizado ahora en relación con la solicitud de mantenimiento de las medidas cautelares por parte de LaLiga’, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, ya que, a su juicio, se trata de ‘un examen indiciario y parcial’ de medidas cautelares, que no entra al fondo de ‘una cuestión jurídica compleja’. Además, el juez insiste en que ‘la legislación deportiva estatal aplicable exige -como ya manifestó en la sentencia- una preceptiva coordinación entre LaLiga y la RFEF, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, una cuestión que, además, en modo alguno ha sido modificada por el Real Decreto-ley 5/2015, a pesar de los continuos esfuerzos de LaLiga por realizar una interpretación que no tiene ningún sustento jurídico-normativo y que además ha avalado con sus propios actos al suscribir convenios de coordinación en los años 2010, 2014 o incluso con posterioridad a la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley donde expresamente ha acordado con la RFEF la disputa de partidos fuera de la jornada oficial’. ‘La coordinación, obviamente -avanza la resolución- como exige la legislación y jurisprudencia trata de dar coherencia a la organización de las competiciones futbolísticas profesionales y, frente a lo que sostiene la Audiencia Provincial en el Auto de 1 de junio de 2020, esa coherencia para la disputa de partidos los viernes y los lunes, fuera del concepto de jornada oficial, exige un acuerdo entre las partes, tal y como viene aconteciendo al menos desde el año 2010 y hasta el año 2019, para que se coordine el interés del “futbol profesional” con el interés del fútbol no profesional que, según afirma la representación letrada de la RFEF, se cifra en casi un millón de licencias deportivas’. Un acuerdo satisfactorio para todo el fútbol español‘Por ello, -afirma el magistrado- es lógico y coherente que a través de la coordinación exigida por la Ley del Deporte, las partes alcancen el correspondiente acuerdo sobre la cuestión que nos ocupa. En definitiva, ninguna medida de presión de la RFEF hacia LaLiga se apreciaba ni se aprecia por este juzgado sino más bien todo lo contrario, predisposición a negociar desde la buena fe para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todo el futbol español’. Más adelante en la resolución el juez recuerda que ‘tal y como se afirmó en la sentencia del pasado 27 de mayo, debe reconocerse que ambas partes han mostrado sobradamente su capacidad para negociar y para alcanzar acuerdos. En esencia, esa necesidad de respetar el principio de coordinación en la organización de la competición debe llevar a LaLiga y a la RFEF a negociar de buena fe, con ánimo de alcanzar acuerdos y partiendo de unas posturas razonables en el más amplio sentido de la palabra’. ‘Si han de actuar en coordinación –continúa- eso implica lógicamente que no pueden actuar unilateralmente, sino que la base de su actuación debe ser el acuerdo en esas materias relativas a la organización de la competición. Si LaLiga no puede olvidarlo, menos aún la RFEF por su propia posición institucional, que debe llevarle a facilitar en la medida de lo posible el buen fin de la competición, que siendo organizada por LaLiga exige su decisiva participación. Es, sin duda, una responsabilidad de primer orden’. ‘Ya no es sólo que estas reflexiones vengan a suponer nuevamente, tal y como se realizó en el Auto de 9 de agosto y en la Sentencia de 27 de mayo, una admonición o un consejo por parte de este uzgador, sino que en realidad se trata de constatar una exigencia legal: RFEF y LaLiga deben negociar de buena fe’, concluye. Esta resolución no es firme y contra ella cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, la competente en asuntos de naturaleza jurídica mercantil, en el plazo de veinte días.  

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado ratificar las medidas acordadas en el apartado segundo de la Orden 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud -Municipio de Colmenar Viejo: zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte; Municipio de Arganda del Rey: zona básica de salud de Arganda del Rey; Municipio de Coslada: zona básica de salud de Valleaguado; Municipio de Collado Villalba: zona básica de salud Sierra de Guadarrama- como consecuencia de la evolución epidemiológica. En la resolución, los magistrados indican que las medidas restrictivas recogidas en la Orden son similares a las adoptadas previamente por la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, y la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, ambas ratificadas judicialmente por esta misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, “habiéndose observado una mejoría en la tasa de contagios en la mayoría de las zonas básicas de salud objeto de las mismas, lo que determina su idoneidad para lograr los objetivos perseguidos”.No obstante, y “pese a la mejoría, el índice de contagio continúa situado en un rango elevado en algunos ámbitos territoriales de la Comunidad de Madrid, lo que imposibilita o dificulta la realización de un seguimiento individualizado de la cadena de contactos, por lo que este hecho, unido a la situación epidemiológica localizada en determinados núcleos de población de los mismos, exige que la Consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria, deba adoptar medidas más estrictas de control y prevención de la enfermedad a los efectos de evitar una expansión incontrolada del COVID-19 y proteger a la población del riesgo de contagio, siendo preciso para ello limitar de manera temporal los desplazamientos personales y adoptar medidas específicas de limitación en cuanto a aforo y horario de determinadas actividades a aplicar en determinadas zonas básicas de salud con una elevada incidencia en la propagación del virus”.En otro momento del auto, y a modo de conclusión, los magistrados aclaran que ‘las medidas recogidas en la Orden resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finalidad es controlar la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de la población en su conjunto, tanto la de los ámbitos territoriales afectados como la del resto de la Comunidad de Madrid, y con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de la crisis sanitaria en determinadas áreas geográficas concretas con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y aliviar la presión asistencial del sistema sanitario’. Esta resolución va acompañada de dos votos particulares de dos magistradas de la Sala y, además, puede ser recurrida en reposición (ante la misma Sala) en el plazo de cinco días. Además, la misma Sección ha ratificado por un periodo de catorce días, a partir de la fecha de notificación del auto, la prórroga de las medidas contenidas en el apartado uno de la Orden 1177/2020 que se acuerda en el apartado 1 de la Orden 1287/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad; sin perjuicio de los supuestos regulados específicamente en la Ley Orgánica 9/1983, de derecho de reunión, a los que la Orden no es aplicable. Esta resolución cuenta con un voto particular de una de las magistradas que integran la Sala y también puede ser recurrido en reposición en el plazo de cinco días.  *Disponible la segunda resolución en el fondo de jurisprudencia con el código: ECLI:ES:TSJM:2020:346A.

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón como responsables en concepto de autores de un delito de abandono de servicio público, en la macrocausa seguida por el caso del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Seis de los procesados han sido condenados a siete meses de multa con cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a razón de 100 euros y seis más, a diez meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros. El resto de los acusados ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros. Dos de los acusados, César A. C. y Pedro Pablo A. G. han sido absueltos, el primero por ausencia de prueba en su contra, y el segundo, por haber quedado acreditado a lo largo del juicio que su parte médico de baja laboral respondía a una realidad clínica. Asimismo, se condena a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, junto con la entidad pública ENAIRE (antes AENA) como responsable civil subsidiaria a la cantidad de 13.076.981,62 de euros. El fallo contempla, además, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. A lo largo del plenario, y de la extensa prueba practicada, la magistrada ha concluido que, “en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca”. En el acto del juicio -dice la sentencia- “depusieron los 133 acusados, todos ellos controladores de tránsito aéreo, de los cuales 119 reconocieron haber participado en los hechos contenidos en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, en el que se recoge que la Junta Directiva y delegados locales del sindicato USCA plantearon el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno de España, acordando que, a partir del turno de tarde del día 3 de diciembre, todos o la mayor parte de los controladores que estuvieran dispuestos a seguir la protesta, firmaran la declaración jurada a que se refiere el art. 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea”. “Así, entre las 17,00 horas y las 17,15 horas (hora local), la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. La presentación del formulario obligaba, según la citada Ley y el protocolo existente, a la dirección de AENA a la sustitución inmediata de dicho controlador”. Es decir, que 119 acusados reconocieron en el juicio la acción concertada y colectiva de abandono de los puestos de trabajo, organizada por la Junta Directiva y delegados sindicales de USCA, con la finalidad de paralizar la actividad aeronáutica. Si bien el resto de controladores de tránsito aéreo no reconocieron los hechos, la sentencia diferencia entre aquéllos que presentaron el formulario del art. 34, 4 de la Ley de Seguridad Aérea y los que no entregaron dicho formulario, aunque se ausentaran de sus puestos de trabajo sin justificar su ausencia o acudieran a sus respectivos destinos para controlar lo previsto en el Convenio de Chicago. “Las manifestaciones vertidas por los acusados en el plenario fueron desmentidas tajantemente –según se recoge en la resolución- con las declaraciones de los distintos testigos que depusieron en el plenario, quienes relataron la secuencia de hechos que se produjo el puente de diciembre del año 2010, tanto en el ACC de Torrejón, como en la Torre del aeropuerto de Barajas, así como con la prueba documental, pericial y audición de las grabaciones en juicio”. “De la práctica de dicha prueba –prosigue la resolución-, se desprende que los acusados se concertaron con la finalidad de interrumpir el tráfico aéreo, y para ello presentaron en cascada un formulario alegando la disminución de capacidad psicofísica que les impedía, en aras a garantizar la seguridad aérea, continuar en sus respectivos puestos de trabajo, o bien no acudieron a sus puestos de trabajo o si acudieron, se limitaron a controlar los vuelos previstos en el Convenio de Chicago”. “Asimismo, se desprende de las declaraciones de los testigos que los controladores desplegaron una conducta de presión laboral hacia AENA, y su objetivo consistía en paralizar el tráfico aéreo, objetivo que consiguieron, en unas fechas en las que iba a haber mucho movimiento de pasajeros, pues se trataba del puente más largo del año, el puente de diciembre del año 2010, al proceder a decretarse el Rate 0, tal y como se pudo escuchar en las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los acusados. Utilizaron este mecanismo de presión al gobierno, para que no se aprobara el Real Decreto que finalmente se publicó a las 21:26 horas, del día 3 de diciembre de 2010”. Los hechos relatados por los testigos han permitido a la magistrada llegar a dicha conclusión, “pues como se ha puesto de manifiesto, la actividad legislativa para regular la labor profesional de los controladores aéreos fue incesante en el año 2010, culminando con el RD dictado el mismo 3 de diciembre de 2010, que provocó una gran decepción y disgusto en el colectivo de los controladores, así como el enfado de los mismos contra Aena y el Ministerio de Fomento, lo que pusieron de manifiesto todos los testigos referidos y que declararon a lo largo de tantas sesiones de juicio”. Y se ha llegado a dicha conclusión, no sólo por las declaraciones prestadas por los testigos que depusieron en el plenario, sino gracias también al resto de la ingente prueba practicada en el plenario. “Bien es cierto que comparecieron muchos testigos, controladores de tránsito aéreo –se recoge en la sentencia-, quienes declararon en favor de los acusados, e indicaron que los formularios de disminución de capacidad se presentaron con posterioridad a la declaración del Rate 0 por parte de AENA”; si bien, una vez revisadas las declaraciones de dichos testigos, la jueza advirtió “su falta de precisión y de contundencia, así como su ambigüedad al relatar los hechos”. Queda, por consiguiente, probado que los controladores civiles que tenían asignado el turno de tarde del día 3 de diciembre de 2010, presentaron de forma conjunta el formulario de discapacidad previsto en el art. 34,4 de la LSA, previo a decretarse el Rate 0. “Ello derivaba de la acción concertada ideada por el colectivo de los controladores como protesta ante la publicación del Real Decreto que afectaría sus condiciones laborales”. Analizando la prueba practicada y centrándose en las escuchas de las grabaciones efectuadas, la jueza entiende que “éstas revelan el carácter premeditado y organizado de la protesta sindical desplegada por los acusados; una acción conjunta consistente en abandonar los puestos de trabajo a través, inicialmente, de la presentación de los formularios de discapacidad, con la finalidad evidente de cerrar el espacio aéreo en España y de esta forma ganar el pulso al gobierno, que iba a modificar ese mismo día 3 de diciembre de 2010 sus condiciones laborales”. “La actuación de los acusados no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar el puente de diciembre del 2010, sino que también se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la comunidad de Madrid, en uno de los puentes del año con mayor afluencia de viajeros en la ciudad, aunque en el capítulo indemnizatorio no se reclama cantidad alguna por este concepto, a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel, derivadas de la actuación de los controladores civiles”. “Ese objetivo buscaban los acusados, provocar el máximo estruendo –continúa la resolución- con dicha acción concertada destinada a la paralización del tráfico aéreo, para conseguir ganar el pulso que echaban al gobierno, al provocar el máximo daño tanto económico contra la empresa como eficaz contra los intereses de la ciudadanía”. Respecto de la acusación concreta contra César Á. C., cabe señalar que en el juicio negó haber promovido, organizado, ni incitado el abandono colectivo de sus puestos de trabajo por los controladores civiles de tránsito aéreo, pues entre otras cosas manifestó que se hallaba en Asia. Igualmente, negó haber acudido a las asambleas convocadas tanto en el centro de control de Torrejón, como en el hotel Auditórium, repitiendo que no formaba parte del comité ejecutivo de USCA, ni utilizó sus horas sindicales en el puente de diciembre de 2010, pues estaba de vacaciones. Así, el acusado negó tajantemente su participación en los hechos que nos ocupan, y frente a su versión exculpatoria, lo cierto es que la jueza manifiesta en la sentencia que “cuenta con escasa prueba que permita deducir que el acusado incitara al colectivo de controladores civiles de tránsito aéreo a abandonar sus puestos de trabajo”. En la sentencia, la magistrada muestra su extrañeza tras comprobar que, “pese a la monumental prueba practicada a lo largo de tantos meses de celebración de la vista, se haya realizado tan escasa mención a quien, según las acusaciones, figuraba como principal dirigente de la protesta sindical. Ni una pregunta –dice la sentencia- se formuló a los distintos testigos para acreditar la participación activa y eficaz del citado acusado, en los hechos enjuiciados. Sólo al final del plenario, coincidiendo con el visionado de los programas emitidos por televisión, es cuando de nuevo aparece el acusado como portavoz del sindicato explicando la posición de los controladores civiles en el conflicto que mantenían con Aena y el Gobierno, lo que ocurrió con posterioridad a los hechos enjuiciados”. “Ninguna de las acusaciones ha demostrado que el acusado se concertara con el resto de miembros del comité ejecutivo del sindicato USCA para instigar el abandono colectivo de los puestos de trabajo por los controladores; ni ninguna mención se realizó a lo largo del acto del juicio, ni ninguna prueba se ha practicado que involucre al acusado en la organización de la protesta sindical ilegal”. “Es decir que no ha quedado acreditado a lo largo del plenario que el acusado fuera inductor del proceso de movilización llevado a cabo por los controladores civiles de tránsito aéreo, y les diera las pautas para que, con fecha 3 de diciembre de 2010, presentaran los formularios de discapacidad a que se ha hecho referencia a lo largo de esta sentencia, de consuno, con la finalidad de paralizar el espacio aéreo español”. “De nuevo –refiere la magistrada-, debemos hacer referencia al ámbito del derecho penal en el que nos encontramos, e invocar los principios de presunción de inocencia y del principio ‘in dubio pro reo’, y existiendo una clara duda sobre la verdadera intervención del acusado en los hechos enjuiciados, tal y como se describen por las acusaciones, la consecuencia necesaria es que deba dictarse una sentencia en la que se absuelve a César Á. C. del delito por el que compareció en el plenario”. Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de diez días.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Irene Montero contra el auto de archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Collado Villalba (Madrid) de la querella formulada por la ministra de Igualdad contra Cristina G. C., por la supuesta comisión de un delito de coacciones y otro de acoso, tipificados en al artículo 172 del Código Penal. En su querella, Montero denunciaba las caceroladas diarias, a lo largo de dos meses y cinco días, en la puerta de su domicilio familiar, así como la publicación de imágenes de dichas concentraciones en la red social Twitter. Los magistrados de la Audiencia Provincial ratifican el sobreseimiento de las actuaciones al entender, entre otros razonamientos jurídicos, que los hechos carecen de relevancia penal y no se corresponden con la acción de hostigamiento no sólo por ‘la forma misma en la que se anunciaba la convocatoria –pública- de las caceroladas a través de redes sociales, sino los datos ofrecidos en el anuncio sobre el día y hora en que iban a tener lugar, la propia localización, a saber, al aire libre y en zona de campo; el horario y su duración acotada en el tiempo y mediando una distancia aproximada de unos 30 mts. frente a la valla del inmueble familiar de la querellada. Concentración así convocada y que se desarrollaba en cualquier caso al margen de que la querellada y sus convocados, tuvieran conocimiento de si la querellante, su pareja o sus hijos se encontraban – o no- en el domicilio’. En otro punto de la resolución, el tribunal argumenta que ‘cuando la apelante describe la repercusión de índole personal de tal conducta que provocó que no saliera “a pasear con sus hijos menores, o no poder salir al jardín por los fuertes ruidos…” e incluso la repercusión de índole política, afirmando cómo “inevitablemente, se le hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía” tales consecuencias carecen, a juicio del Tribunal, de la enjundia y relevancia penal que se pretende’. Este auto es firme, ya que contra él no cabe recurso alguno.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la región en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública. Los magistrados precisan en su resolución que “nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”. “Esta Orden del ministro de Sanidad –recoge el auto- se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias”. La resolución aclara que es el artículo 65 de la referida ley el que cita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020 como único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada en la mención del citado acuerdo y la emisión de la Orden comunicada, cuya ejecución lleva a cabo la Comunidad de Madrid. “Por ello, -continúa la resolución- la ratificación de las medidas sanitarias restrictivas de derechos fundamentales dependerá del juicio que merezca tal habilitación legal”, es decir, los magistrados dilucidan en el presente auto, “si la previsión del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, abordándose con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. “En consecuencia, -avanza la resolución- se ha venido admitiendo la posibilidad de que por Ley Orgánica, e incluso mediante Ley Ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales, con las matizaciones hechas acerca del ámbito aceptable de intromisión de una y otra en el derecho fundamental, sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de alarma y siempre que esta limitación se encuentre suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”. “Resulta llamativo –se recoge en el auto- que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física (artículo 15 CE) y la salud (artículo 43 CE), íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”. “En fin, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio, -que modifica la redacción del artículo 65 de la Ley 16/2003- pone de manifiesto las razones que justifican la modificación normativa que supone y el objetivo que persigue, consistente en garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias, quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”. “En definitiva, la Sala concluye que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su artículo 65, no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”. “La consecuencia de tal apreciación –valoran los magistrados- es que las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”. “En nuestro orden constitucional –manifiestan los magistrados- corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales, bajo la reserva de ley prevista en los artículos 81.1 y 53.1 CE, la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”. “Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho. Este es un presupuesto de necesario cumplimiento para que esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”. “La Sala –finaliza el auto- es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad, constatada ya el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. También lo es de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance. Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado, por un periodo de catorce días, a partir de hoy, las medidas contenidas en el apartado 1 de la orden 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad que limita a seis el número de personas que pueden reunirse, salvo que sean convivientes, en cualquier actividad o evento de carácter social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados. Los magistrados consideran que “en modo alguno la orden de la CAM supone limitación o suspensión alguna del ejercicio del derecho de reunión como instrumento de participación democrática y, especialmente, de expresión y comunicación pública de ideas y reivindicaciones, pese a que pudiera limitar de forma temporal algunas concretas y particulares manifestaciones de su ejercicio, con el claro propósito de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. La medida, continúan los jueces, es “necesaria e idónea” a la luz de los informes sanitarios y, además, responde a un principio de precaución. “Examinada la limitación –dice el auto-, que implica la medida desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, esto es, analizando si la limitación del derecho fundamental que consagra el art.21 de la Constitución Española se efectúa de la forma menos gravosa posible para conseguir el fin de protección de la salud que se persigue, la propia delimitación de las agrupaciones de personas afectadas, que se acota a las actividades o eventos de carácter familiar o social, evidencia que la limitación se adopta de forma atemperada, sin perder de vista la consecución del fin que se trata de obtener, que no es otro que evitar la mayor transmisión de la pandemia”. No obstante, los magistrados ratifican la orden por un periodo de catorce días naturales, pues, señalan, “el establecimiento de la medida sine die no puede considerarse justificado, estimándose dicho periodo suficiente para que la Comunidad de Madrid pueda evaluar la eficacia de las medidas, acordando si lo considera necesario su prórroga o modificación, solicitando nuevamente su ratificación si afecta a los derechos fundamentales”. Este auto cuenta con un voto particular.

El juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles ha ordenado hoy la prisión provisional comunicada y sin fianza de Emilio David J.P. y Ruiz Manuel J.P. como presuntos responsables de los delitos de homicidio, contra la seguridad vial y contra la Administración de Justicia, por los hechos acaecidos la madrugada del pasado 24 de agosto al término de una persecución en la carretera N-V dirección Móstoles. Asimismo, el juzgado ha decretado la prohibición a ambos hermanos de aproximarse a menos de mil metros de la menor de edad que sobrevivió al impacto, tras el que perdieron la vida tres personas. Los investigados tienen prohibido acercarse a la menor tanto en su domicilio, lugar de estudios o cualquier sitio donde se encuentre, y comunicarse con ella por cualquier medio, durante la tramitación de las actuaciones y hasta que no recaiga resolución que ponga fin al procedimiento. De lo investigado hasta el presente, se desprenden indicios bastantes de criminalidad contra ambos investigados, que indiciariamente resultan constitutivos de tres delitos consumados de homicidio del artículo 138 del Código Penal –uno de ellos agravado por ser una de las víctimas menor de 16 años, y otro de ellos agravado por la circunstancia de parentesco, al ser una de las víctimas hermana de los autores- y de un delito intentado de homicidio, también agravado por ser la víctima menor de 16 años-. Respecto de Ruiz Manuel J.P., se le investiga también por un delito de omisión del deber de socorro; y adicionalmente respecto de Emilio David de un delito contra la seguridad vial –conducción temeraria-, así como de un delito contra la Administración de Justicia –denuncia falsa o simulación de delito- todo ello sin perjuicio de una ulterior calificación.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por un delito contra los derechos fundamentales del artículo 510 2 A del Código Penal a los cuatro hinchas del club de Fútbol PSV Eindhoven, acusados del comportamiento «humillante» que tuvieron el 15 de marzo de 2016 hacia un grupo de mujeres de origen rumano que pedían limosna en la Plaza Mayor de Madrid. Tras llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y manifestar su arrepentimiento por los hechos, los cuatro procesados han sido considerados coautores y se les ha impuesto una pena de tres meses de prisión y tres meses de multa, a razón de una cuota diaria de tres euros. Además, deberán indemnizar solidariamente con 1.500 euros a cada una de las víctimas. En el acuerdo de conformidad se ha valorado el atenuante de reparación del daño de artículo 21.5 del Código Penal.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Leganés (Madrid) ha acordado la inadmisión a trámite de la querella interpuesta contra los directores de cuatro residencias de ancianos de la citada localidad al ‘no ser los hechos relatados en la misma constitutivos de ningún tipo de infracción penal’. La querella, interpuesta el pasado 28 de mayo en medio del estado de alarma, se había formulado por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. Este auto de inadmisión aún no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado la libertad provisional de Ángel H., el conductor de autobús interurbano detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por ser el supuesto autor del atropello mortal de un hombre, sucedido en el distrito de Aravaca el domingo pasado. La juez le ha impuesto, no obstante, y como medidas cautelares, la obligación de acudir al juzgado cada quince días, la retirada del pasaporte y, por tanto, la prohibición de salir del país, así como la retirada del permiso de circulación de vehículos a motor. El chófer será investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave y omisión de deber de socorro, si bien esta calificación penal es inicial y podría variar según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción. Tras resolver la situación procesal del detenido, la magistrada se ha inhibido sobre el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, que es el que se encontraba de guardia de diligencias en el momento de los hechos y, por tanto, el que abrió las diligencias previas iniciales y procedió a levantar el cadáver del fallecido.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma frente al auto dictado por el juzgado de lo Contencioso nº 2 de la capital sobre autorización o ratificación de medidas sanitarias de contención de la COVID-19. Los magistrados que integran la Sala de Vacaciones del Tribunal han anulado el citado auto y han declarado innecesaria la autorización o ratificación judicial de las nuevas medidas adoptadas en la orden del 18 de agosto en lo que respecta a la recomendación a la población de reducir los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable, por tratarse precisamente de una recomendación y no de una medida de carácter imperativo. También respecto de la solicitud de facilitar los datos identificativos a los asistentes a un evento y la conservación de los mismos por si fuera requerida en la investigación de un brote epidémico al condicionarse a la prestación de consentimiento del interesado o la limitación de las salidas de los residentes en centros sociosanitarios condicionada a la situación epidemiológica en la región, al no implicar la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Por último, ratifican las medidas sanitarias que dispone el apartado Sexagésimo quinto, letras c) y d) de la orden 18 de agosto de 2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre la realización de pruebas PCR para la detección de la COVID a todos los nuevos ingresados con 72 horas de antelación, como máximo, a la fecha del ingreso. La sentencia establece, en contra del criterio del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, “que la falta de publicación de una norma jurídica no afecta a su validez, dado que las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y declaradas en la Orden Ministerial de 14 de agosto de 2020, tienen como destinatario a las autoridades sanitarias autonómicas, como interlocutores de la administración del Estado, y no a los ciudadanos, por lo que, como tal instrumento de armonización y homogeneización, su publicación en el BOE resulta irrelevante, pues nada aporta sobre su validez y eficacia, tampoco sobre la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho no convalidable”. En esta línea, la resolución recuerda que “las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma pueden acordar acciones preventivas generales y adoptar las medidas y limitaciones sanitarias que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias de urgencia o necesidad o para controlar enfermedades transmisibles, siempre que queden justificadas y se acomoden -principio de proporcionalidad-, al fin último de prevención y control de la salud individual y colectiva”. Por eso, razona la sentencia que “la intervención de los jueces y tribunales será necesaria para aprobar y ratificar aquellas de las acordadas, en condiciones de urgencia y necesidad, cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Cualquier pronunciamiento que vaya más allá de la ponderación de las variables del binomio salud/enfermedad, atendido el contexto y los parámetros de constitucionalidad que definen el contenido de los bienes jurídicos que menciona aquel precepto, supone confundir el ámbito de cognición que atribuye aquel con el propio de un recurso contencioso-administrativo que pudiera interponerse contra la disposición administrativa de carácter general, que publica las medidas y las obligaciones que éstas conllevan para el ciudadano”. En este “exceso” incurre el auto recurrido “al desviarse de la tutela judicial reclamada respecto a la orden autonómica de 18 de agosto”, que tuvo como finalidad introducir once nuevas medidas de control respecto de concretos ámbitos, entre ellos, locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno, centros sanitarios o eventos multitudinarios. La solicitud de autorización que presentó el letrado de la Comunidad de Madrid de ratificación o autorización sólo tenía por objeto las dispuestas en los apartados Séptimo, Punto 11; Vigésimo Segundo, Punto 3 y Sexagésimo quinto, inciso final del párrafo primero de las letras a), b) y c) por entender que podían limitar libertades o derechos fundamentales. “Sobre estas concretas medidas sanitarias y no sobre la totalidad de las once adoptadas, debía el juez de instancia constreñir y adecuar su pronunciamiento, sin realizar una valoración general de la legalidad de la orden autonómica como, sin embargo, así hizo”, dicen los magistrados, en una sentencia susceptible de recurso de casación en el plazo de treinta días.

La Sala de Apelaciones del TSJ de Madrid ha desestimado el recurso formulado por José María M. M., el hombre que fue condenado el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial a seis años y seis meses de prisión tras haber sido considerado culpable por un Jurado Popular por haber acuchillado hasta la muerte a su hermano el 5 de agosto de 2018, cuando se encontraba bajo un brote psicótico relacionado con el consumo de cannabis y de un trastorno de personalidad. La desestimación del recurso supone la confirmación de la condena de la Audiencia madrileña, si bien este nuevo pronunciamiento judicial aún puede ser recurrido en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano competente en asuntos de naturaleza penal.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid ha desestimado el recurso de apelación formulado por María Angustias R. G. y, por tanto, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de enero por la cual fue condenada a un año y tres meses de prisión por la comisión de un delito de estafa al haberse intentado apropiar en 2016, mediante operaciones notariales, de dinero y otras propiedades inmobiliarias de dos ancianos vecinos suyos a los que se ofreció a cuidar de un modo supuestamente gratuito y desinteresado.

La Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano especializado en asuntos de Violencia Sobre la Mujer, ha condenado a Gaspar O. C. como autor responsable de un delito de asesinato cualificado por alevosía y con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco a la pena de 22 años, seis meses y un día de prisión por haber matado a su esposa en octubre de 2018 en su domicilio de la localidad de Arganda del Rey. Se recuerda que un Tribunal del Jurado emitió el pasado 10 de julio un veredicto de culpabilidad contra el ahora condenado tras la conclusión de la vista oral celebrada en la Audiencia madrileña. Tal y como refleja la sentencia, se considera acreditado que el 11 de octubre de 2018 Gaspar O. ‘acabó con la vida de su esposa propinando a ésta con un elemento contundente, supuestamente un martillo, un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, lo que hizo que Mª José comenzase a sangrar, cayendo al suelo boca abajo y perdiendo el conocimiento, procediendo el acusado, para asegurar su propósito, a atarle las piernas a la altura de los tobillos y las muñecas con una cuerda de tender y a taparle la cabeza con una bolsa de basura, atándosela al cuello con cinta adhesiva, ocasionándole la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca de las vías respiratorias. Después, -continúa el relato de los hechos probados de la resolución- el acusado introdujo el cuerpo de la víctima en su vehículo, trasladándolo hasta su pueblo natal, Montoro (Córdoba), donde lo arrojó al pantano “El Arenoso”, en el paraje denominado “La loma del barco”, tras introducir una piedra de unos 5 kilos entre la ropa y el hombro derecho de la perjudicada. El 19 de octubre se encontró el cadáver de Mª José en el pantano”, se concluye. Para impugnar esta resolución puede formularse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de lo Penal del TSJ de Madrid.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid ha anulado el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S., al entender que su desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios. En julio de 2018, Sergio G. D. S. denunció supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento y, horas después, fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de hostigamiento. Este hecho, fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese, ha quedado demostrado a lo largo del juicio, por lo que la juez condena también al Ayuntamiento a abonar una indemnización por daños morales de 8.000 euros, justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante. En la sentencia se establece que “los acontecimientos acaecidos con anterioridad al cese del demandante y la proximidad temporal y la aparente conexión entre los mismos y ese acto, así como la actitud de la alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles ante la implicación de aquel en la denuncia penal que había dado origen a la investigación penal sobre determinadas actuaciones municipales en materia de contratación pública, constituyen indicios suficientes para sospechar o presumir que dicho cese constituía una represalia por la presentación de la denuncia penal y, por tanto, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del afectado en la vertiente de ‘garantía de indemnidad’”. Llegados a este punto, dice la sentencia, “correspondía al Ayuntamiento de Móstoles justificar que el cese obedeció a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental, es decir, que se fundaba en motivos legítimos”. Todo lo contrario, “la corporación demandada no ha cumplido con tal carga probatoria al carecer el acto administrativo recurrido de motivación alguna y no ofrecerse de forma verosímil en este procedimiento argumentos que permitan concluir en otro sentido”. La juez señala en la resolución que, al margen del deber de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad, el demandante actuó también con el propósito de desvincularse personalmente de las mismas, es decir, “actuando no sólo en cumplimiento de sus deberes como empleado público, sino también en defensa de sus intereses legítimos”. Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación del Rayo Vallecano SAD y ha anulado en parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró probado que defraudó seis millones de euros a Hacienda en la liquidación de los impuestos del Valor Añadido y de la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2005 a 2008. El tribunal modifica los dos primeros apartados de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida por entender que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del club de fútbol ya que no ha quedado debidamente acreditado dicho fraude fiscal. La Sala mantiene el resto del relato de hechos probados, así como el fallo de dicha sentencia, contra el que ninguna parte había recurrido, y que absolvió a la expresidenta del Rayo Vallecano T.R., a dos de sus hijos, al exgerente y a la exsecretaria del Consejo de Administración de delitos contra la Hacienda Pública y declaró la inexistencia de responsabilidad civil del equipo de fútbol madrileño. El Rayo Vallecano SAD interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida por no estar conforme con el relato de hechos probados que en su apartado primero recogía que, presentado en el plazo oportuno las declaraciones trimestrales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2005 a 2008, se consignaron “en dichas declaraciones cantidades que no se ajustaban a las efectivas cuotas del impuesto soportado y repercutido”. Y añadía en el apartado segundo de los mismos que había presentado algunas declaraciones trimestrales por retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas “por cantidades inferiores a las retenidas a sus trabajadores.” En ambos casos desglosaba las cantidades que se decían defraudadas en cada ejercicio que ascendían a seis millones de euros. Al estimar el recurso, la Sala acuerda una nueva redacción de los dos citados apartados de los hechos probados para mencionar que el fraude fiscal no ha resultado debidamente acreditado: “… consignando en dichas declaraciones cantidades que la administración tributaria entendió que no se ajustaban a las efectivas cuotas del impuesto soportado y repercutido, de forma que conducía a liquidación donde se afirmaba y concluía que en relación con el ejercicio del año 2005 resultaba una cuota a ingresar de 259.971’39 euros, habiendo ingresado 426’49 euros, defraudando la cantidad de 259.544’90 euros, en relación con el ejercicio 2006 resultaba una cuota a ingresar de 376.471’05 euros, ingresando 640’30 euros, defraudando la cantidad de 375.830’75 euros, en relación con el ejercicio de 2007 resultaba una cuota a ingresar de 860.118’62 euros, ingresando 1.231’50 euros, defraudando la cantidad de 858.887’12 euros y en relación con el ejercicio de 2008 resultaba una cuota a ingresar de 529.426’50 euros, ingresando 1.014’42 euros y defraudando la cantidad de 528.412’08 euros”. “Asimismo, Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. presentó algunas declaraciones trimestrales por retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que la administración tributaria entendió por cantidades inferiores a las retenidas a sus trabajadores, de forma que conducía a liquidación donde se afirmaba y concluía que en relación con el ejercicio del año 2005 la cuota devengada ascendió a 660.966’84 euros, ingresando 346’29 euros y siendo la cuota defraudada 660.620’55 euros, en relación con el ejercicio del año 2006 la cuota devengada ascendió a 863.861 euros, ingresando la cantidad de 1.014’50 euros y siendo la cuota defraudada 862.847’15 euros, en relación con el ejercicio del año 2007 la cuota devengada ascendió a 844.957’98 euros, ingresando 1.293’92 euros y siendo la cuota defraudada 843.664’06 euros y en relación con el ejercicio del año 2008 la cuota devengada ascendió a 1.614.315’96 euros, ingresando 1.181’35 euros y siendo la cuota defraudada 1.613.134’61 euros.» En cuanto a la consecuencia de la vulneración reconocida por el tribunal, la Sala indica que no puede ser la pretendida por el recurrente que solicita la declaración de que “no existe defraudación en la presentación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los ejercicios 2005 a 2008 ni en el de retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2005 a 2008”. Lo que se declara por el Supremo, únicamente, es que dicha defraudación no ha quedado debidamente acreditada. La sentencia, ponencia del magistrado Andrés Palomo del Arco, destaca que el perjuicio ocasionado al recurrente radica en la declaración de hechos probados, no en el fallo, cuando afirma, “no de sus administradores, sino de la SAD, un comportamiento típico que se corresponde con la comisión de ocho delitos contra la Hacienda Pública”. Por ello, consecuentemente, “y ante la inanidad de la devolución de las actuaciones para un nuevo pronunciamiento con las limitaciones referidas, derivado de la excepcionalidad de encontrarnos ante un recurso que no va dirigido contra el fallo, que debe permanecer incólume en su pronunciamiento absolutorio y de contenerse el agravio en el apartado de hechos probados, al que se ha llegado mediando infracción constitucional, “la pretensión que esta excepcionalidad en el régimen de recursos autoriza, se satisface con la mención de que el fraude tributario no ha resultado debidamente acreditado; o formulado en modo positivo, que desde los datos afirmados por la administración tributaria se informa una liquidación impositiva de la que resultan esas cantidades (en esos ejercicios y para esos impuestos) defraudadas por la SAD recurrente; pues el análisis de la carencia argumental de la sentencia recurrida, revela también limitaciones en el contenido de los elementos de prueba que no permiten al Tribunal liquidar la deuda tributaria de la SAD Rayo Vallecano”. La Sala subraya que “la exclusiva remisión a los informes periciales emitidos y aclaraciones a los mismos emitidas en la vista, cuando se predica su acreditación valorativa por: i) partir de documental aportada por la SAD examinada, pero esa documentación pese a indicar su aportación, no obra en autos; así como ii) en que no media otra pericial que las contradiga, cuando la práctica de la pericial propuesta por la defensa fue indebidamente denegada; y además las objeciones de la defensa a esos informes son preteridas absolutamente; conducen a la conclusión de que la motivación fáctica no sirve para conocer la racionalidad del relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. La forma sucinta en que se expresa es equiparable a la falta de motivación”. Así, afirma que “no se justifica la declaración de hechos probados si meramente se expone lo que informó un perito; esa es tarea que corresponde fundamentalmente al fedatario. No al juzgador, que, a lo sumo, describe como antecedente de la valoración. Menos aún, si cuando se motiva, se prescinde de toda consideración tanto de la exposición del contenido de la producción probatoria como de la crítica valorativa de ésta; y si son los elementos de prueba aportados o invocados por la defensa los preteridos, la deficiencia lesiona a la par el derecho a la tutela judicial, en cuanto que reclama la existencia de motivación y el derecho a la tutela judicial, y que exige hacer efectiva la posibilidad de alegar y probar, pues este derecho se desconoce al ignorar la alegación y el esfuerzo probatorio de la parte (STS núm.289/17, de 19 de abril)”. Legitimación para recurrir del Rayo Vallecano Con carácter previo, la Sala analiza la legitimación para recurrir de la entidad Rayo Vallecano, en cuanto resultó absuelta, que fue planteada tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, concluye que el club de fútbol resulta agraviado por la sentencia de la Audiencia Provincial, que afirma en su declaración probada que ha defraudado gravemente a la Hacienda Pública durante cuatro ejercicios y por dos impuestos diversos, “por lo que no carece de legitimación para recurrir, aunque la sentencia sea absolutoria; y tampoco su condición de parte como responsable civil subsidiaria, le impide contradecir ese fraude que directamente le es atribuido, aunque deba acomodarse en los motivos que formule a la naturaleza civil de cuya pretensión se defiende; lo que conlleva a su vez, la conciliación con la jurisprudencia tradicional de esta Sala, de no tratarse de cuestiones de descargo penales”.  

La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por La Falange contra la resolución de la Delegación del Gobierno, que prohíbe la concentración y posterior manifestación de esta entidad política el próximo 2 de mayo, cuya intención era reunirse a las doce del mediodía en la Plaza de la Lealtad, para, con posterioridad, dirigirse a la sede del Ministerio de Sanidad, donde pensaban permanecer hasta las 13:30 h. Los magistrados avalan la decisión de la delegación del Gobierno que, recordemos, no está sustentada en la aplicación del Real Decreto 463/2020, del estado de alarma, sino en la “necesidad de evitar la difusión de la pandemia con sus secuelas de contagios, fallecimientos y enfermos”. Así las cosas, la Sala de lo Contencioso considera que “en las circunstancias actuales y ante las condiciones en que se pretende el ejercicio del derecho fundamental de reunión, éste entra en conflicto con bienes y valores constitucionales, como la salud pública y, más concretamente, la salud, la integridad física y la vida de las personas (artículos 15 y 43 de la CE), que deben prevalecer frente a aquél, justificando su sacrificio al amparo de lo previsto en el art. 21.2 CE y 11.2 CEDH, en relación con el artículo 10.3 CE, que establece el principio de interpretación de los derechos fundamentales y las libertades públicas que la Constitución reconoce de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”. Los jueces, en definitiva, concluyen que la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir la concentración “es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (la protección de la salud pública y de los ciudadanos en un escenario de pandemia internacional que implica un grave riesgo para la vida de las personas); necesaria, al no existir otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia; y proporcionada, es decir, ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que protege, que perjuicios sobre el derecho de reunión de los manifestantes”.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al empresario Agapito García Sánchez –considerado el mayor deudor con Hacienda- del delito contra la Hacienda Pública, del que le acusaba el Ministerio Fiscal, tras considerar probado que si bien obtuvo un incremento patrimonial de 512.083,88 euros con la venta de acciones de Inversiones Intermarket Sicav S.A., que no incorporó a su autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2009, por una cuota de 92.116,60 euros, al no exceder en 120.000 euros la cantidad que dejó de ingresar en las arcas de Hacienda, no procede la aplicación del artículo 305 del Código Penal. Por otra parte, y con relación a los préstamos por valor de 2.663.500 euros recibidos por Agapito García Sánchez de Mirador de la Dehesa SL, la sentencia considera que no resulta probado que no hubiesen sido devueltos ni que ocultasen unas retribuciones por rendimientos del trabajo y del capital mobiliario no incorporadas a su declaración de la renta del ejercicio 2009. Respecto a las cesiones de deuda de las mercantiles Mirador de la Dehesa SL e Inver PM, SL a Valores Pirineos 2, SL por valor de 1.833.372 euros efectuadas en el año 2009, frente a la tesis de las acusaciones de que se había producido mediante una eliminación del activo de Valores Pirineos 2, SL una condonación equivalente a una retribución de capital en concepto de dividendo a Agapito García Sánchez, los magistrados consideran que no quedó probada la forma en que se contabilizó la recepción de dichos activos por Valores Pirineos 2, SL y la identidad del deudor. En cuanto a la posible prescripción de los hechos, la Sala afirma que no habían prescrito porque la admisión a trámite en el juzgado de instrucción de la denuncia presentada por la Agencia Española de Administración Tributaria se produjo con anterioridad a que transcurriese el plazo de cinco años de prescripción.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Navalcarnero, en función de guardia de detenidos, ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo que el pasado miércoles atropelló a un cabo primero de la Guardia Civil, en el punto kilométrico 30 de la A-42, durante un control para supervisar el cumplimiento del Estado de alarma. Al detenido, de diecinueve años de edad, se le investiga por la presunta comisión de los delitos de atentado utilizando vehículo a motor, tentativa de homicidio y contra la seguridad vial, ya que conducía sin carnet y dio positivo en el test de sustancias estupefacientes que le fue realizado tras ser interceptado después de que se diera a la fuga. Si bien en el vehículo que causó el atropello del agente se encontraban cuatro personas, dos eran menores de edad, por lo que sólo otro adulto ha sido puesto también hoy a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado para él libertad provisional, aunque con el compromiso de comparecer cada semana ante el juzgado mientras dure la instrucción del procedimiento. El acusado privado de libertad ha sido conducido el centro penitenciario Madrid II.

La magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid ha desestimado la demanda formulada por LaLiga contra la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de no autorizar de forma inicial la celebración del partido entre el Girona Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona, que iba a disputarse el 26 de enero de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami. Entre otros razonamientos jurídicos, la magistrada establece que la postura de la Federación no supuso una conducta ilegal ni un acto de competencia desleal, dado que este tipo de competiciones debe de ‘realizarse en coordinación’ entre la RFEF y LaLiga, como ya se ha expuesto en otras resoluciones judiciales de otros litigios entre estas dos organizaciones. La amplia resolución de 25 folios también recuerda que la Federación no negó la autorización de forma expresa, pues el plazo para el visto bueno definitivo expiraba el 5 de enero de ese mismo año, sin embargo, el Fútbol Club Barcelona renunció a la disputa del encuentro unilateralmente. Contra esta sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, la competente en asuntos de naturaleza mercantil.  

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 meses y 16 días de prisión a siete personas por la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de daños por la pelea entre ‘moteros’ sucedida en julio de 2015 a raíz de una escisión de la banda ‘Club Motero Rebels Hispania’. La sentencia, que también contempla penas de multa para algunos de los procesados por delitos leves de lesiones, así como el pago de las costas procesales y el correspondiente importe en concepto de responsabilidad civil, incluye la prohibición expresa para los condenados de acudir o residir en la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), lugar donde ocurrieron los hechos enjuiciados, por un tiempo de tres años. Los hechos sucedieron sobre las 22:30 horas del 10 de julio de 2015 cuando los ahora condenados entraron en el local donde se encontraban reunidos los miembros del club ‘Dragons and Gollopers’, grupo escindido de ‘Rebels’. Los asaltantes atacaron a los presentes, a algunos de ellos con el uso de una barra de hierro, y causaron desperfectos en parte del mobiliario y en dos motos que se encontraban en el lugar.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Madrid celebra los próximos días 12, 13 y 14 de febrero la vista oral del juicio contra Isabel Serra por la supuesta comisión de los delitos de daños, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Las sesiones darán comienzo a partir de las 10:00 horas en la sala de vistas de la tercera planta del Tribunal. Guión previsto para la vista oral DÍA 12 DE FEBRERO 10:00 hs.: Declaración de la acusada 10:30 hs.: Declaración como testigos de dos policías nacionales y trece policías municipales. 13:30 hs.: Declaraciones como peritos, a propuesta del Ministerio Fiscal, de dos médicos forenses y un perito judicial de automóviles. DÍA 13 DE FEBRERO (*) 10:00 hs.: Declaración como testigos, a propuesta de la defensa, de Jorge Garcia Castaño, Sara Porras, Álvaro Minguito, Jaime Alekos, Miguel Hernáiz y Celia Revilla. A continuación, comenzará la práctica de la prueba documental consistente en la lectura de las actuaciones señaladas por las partes. Después, se procederá al visionado de las grabaciones de vídeo aportadas por la defensa. Por último, será el momento de las conclusiones e informes de cada una de las partes y de la denominada ‘última palabra’ de la acusada, si ésta desea tomarla. *El desarrollo de esta segunda sesión, dado el volumen de declaraciones y pruebas a practicar, determinará si el juicio continúa su celebración el viernes 14 o queda visto para sentencia ese mismo jueves.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Miguel A. S. a cinco años y seis meses de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por intentar acabar con la vida de su madre, de 77 años de edad en el momento de los hechos, en junio de 2018 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El Tribunal, que en el fallo de la sentencia también impone al condenado la prohibición de aproximarse a su progenitora a una distancia de 500 metros durante seis años, ha aplicado la circunstancia atenuante de alteración mental por depresión, la atenuante de confesión y la circunstancia agravante de parentesco. Durante la celebración de la vista oral quedó acreditado que, sobre las 8:00 horas, del día 4 de junio de 2018, Miguel Ángel A. S., con el claro ánimo de matar a su madre, comenzó ahogarla con las manos, quedando la mujer tumbada en la cama. El agresor, que no se percató de que su madre aún respiraba, llamó entonces al 112 y comunicó que acababa de matar a su madre. Con posterioridad, volvió a la habitación y, tras comprobar que aún estaba viva, volvió a estrangularla de nuevo, pero la pronta intervención de los agentes de la Guardia Civil, que se personaron en el lugar, evitó la tragedia. Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de un repartidor Glovo y revoca la resolución del juzgado de lo Social que estableció que la relación que mantenía con la empresa era la de trabajador autónomo. La Sala de lo Social del TSJ de Madrid falla que el nexo contractual que vinculó a los litigantes tiene naturaleza jurídica laboral ordinaria o común. Establecida que la relación laboral no es de autónomo, declara improcedente el despido del repartidor y condena a Glovo a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto y a su opción, readmita inmediatamente al demandante en su puesto de trabajo en las condiciones que regían antes del despido, mas con sujeción a contrato de trabajo ordinario, o bien le indemnice en la suma de 2.416,70 euros.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Kevin C. B, presunto responsable criminal de la muerte de un joven que conducía el 15 de septiembre por la autopista M50, a la altura de la localidad de Coslada, cuando su coche fue embestido por el del acusado, que circulaba en dirección contraria. La Audiencia Provincial desestima el recurso presentado por el letrado del investigado al entender que la medida cautelar de privación de libertad ordenada por el juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada es plenamente ajustada a derecho dado que los delitos que se imputan a su cliente “ son graves y llevan aparejada penas graves, por lo que el riesgo de fuga es evidente y palmario”, afirma la resolución, en la que también se señala que la medida de privación de libertad resulta conveniente además “para evitar la ocultación, destrucción o alteración de pruebas” mientras continúe la detallada investigación que se está llevando a cabo acerca de lo sucedido el día de los hechos. Kevin C.B. se enfrenta a la comisión de los presuntos delitos de homicidio doloso del artículo 138 del Código Penal en concurso con un delito de conducción temeraria del artículo 381 del Código Penal, así como un delito contra la seguridad vial del artículo 379 del mismo marco normativo, que llevan aparejada pena privativa de libertad superior a los dos años. Los indicios de la participación del investigado en los hechos, refiere el auto objeto de esta nota, son plurales: conducía bajo los efectos del alcohol, con un resultado de 0,92 y 0,84 mg de alcohol por litro de aire aspirado en primera y segunda prueba y circulaba a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora y en sentido contrario al permitido, según las declaraciones de los testigos, que vieron cómo frenó en seco y cambió intencionadamente de sentido “poniendo en riesgo con absoluto desprecio la vida de varios conductores”, dice el auto, “hasta impactar contra el vehículo de un joven de 20 años que murió en el acto debido al brutal impacto”. “La relevancia de la gravedad del delito -recalcan los jueces de la Audiencia Provincial, que también confirman la medida cautelar de privación del permiso de conducir del investigado-, resulta innegable, tanto por el hecho de que a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida”.