Noticias Jurídicas Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

La sentencia de apelación del TSJ de Castilla-La Mancha revisa la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Toledo, que sólo tuvo en cuenta la indefensión de la mujer por alevosía convivencial y no su situación de víctima especialmente vulnerable por razón de enfermedad. La Sala de lo Civil y Penal considera los hechos como delito de asesinato hiperagravado. Sentencia de apelación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla-La Mancha que estima los recursos del Ministerio Fiscal, de las acusaciones particulares y de la acusación popular contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 2ª), Tribunal del Jurado, en el caso conocido como el asesinato de Mora, por la muerte de una mujer que padecía la enfermedad de Menière. La Sala de lo Civil y Penal revisa la sentencia inicial y condena a la pena de prisión permanente revisable al autor de la muerte, el marido de la fallecida, por delito de asesinato cualificado sobre víctima especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad (asesinato hiperagravado del artículo 140.1.1º del Código Penal), con las agravantes de parentesco y de género. La Sala de lo Civil y Penal entiende que no existe en este caso vulneración del principio non bis in ídem, que prohíbe que un mismo hecho sea sancionado más de una vez, como sí lo establecía en primera instancia la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, que estimó únicamente el asesinato con alevosía por indefensión de la víctima, descartando la especial vulnerabilidad de la misma (asesinato hiperagravado). En la Sentencia de apelación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM se tiene en cuenta la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 5 de mayo de 2020, en el conocido como caso Pioz). Según recoge el Fundamento de Derecho Undécimo de la Sentencia de apelación (página 81 y siguientes de la STC), en el caso del asesinato de la mujer con la enfermedad de Meniêre al margen de apreciarse la alevosía por indefensión, en su modalidad de alevosía doméstica y convivencial (derivada de la situación de confianza de la víctima en el marco del hogar), no se puede obviar la situación de especial vulnerabilidad de la misma por la discapacidad que presentaba debido a su enfermedad. Por ello, dice la Sala “es procedente la aplicación del art. 140.1.1 del CP pues dicho tipo no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, la muerte de una persona discapacitada ejecutada con alevosía por desvalimiento. Por cuanto el legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección.”… “la muerte alevosa de una persona discapacitada o enferma, se considera per se más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan.” La Sentencia de apelación desestima íntegramente los motivos apelados por el condenado, entre ellos la atenuante de confesión, la atenuante de dilaciones indebidas y la solicitud de dejar sin efecto la pena de inhabilitación de la patria potestad de la hija del condenado y la fallecida. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.  

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo ha dictado sentencia de apelación revocando la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Toledo que condenaba al exjuez Fernando P.C. a 7 meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad y contra autoridad cometido sobre la persona de Vicente Rouco, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La sentencia de apelación, de la que es ponente el Magistrado y Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Juan Ramón Brigidano, resuelve el recurso de apelación presentado por el exjuez, en el que se alegaba como único motivo la aplicación de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En su sentencia de apelación, los magistrados de la Audiencia Provincial de Toledo desestiman este motivo de apelación por no ser dicha Directiva europea aplicable al caso y no tener vigor en este momento en el derecho español, no obstante, los magistrados entran a valorar si las manifestaciones realizadas por el exjuez por las que fue condenado en primera instancia constituyen o no un delito de calumnias. Las afirmaciones se produjeron en 2 entrevistas concedidas por el exjuez en medios de comunicación digitales, La Voz de Talavera y Confilegal, en las que atribuía al Presidente del TSJCLM, en su condición de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal de este TSJ, haber “negociado” con el que fuera secretario general del Sindicato Manos Limpias la continuación y/o retirada de un procedimiento. Entienden los magistrados de la Audiencia Provincial de Toledo que el verbo “negociar” utilizado en este caso no tiene la concreción exigida por la jurisprudencia, y no se refiere a un hecho inequívoco, concreto y determinado, siendo una atribución genérica. La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Toledo mantiene probados y no modifica los hechos de la sentencia del Juzgado de lo Penal de Toledo: que las afirmaciones del exjuez fueron falsas, con conocimiento de que faltaba a la verdad y con el ánimo de menoscabar la honorabilidad y desacreditar profesionalmente al presidente del TSJCLM. Sin embargo, sobre si las manifestaciones realizadas suponen una lesión a la dignidad y honestidad del Presidente del TSJCLM (injurias), los magistrados del tribunal provincial toledano las tildan de “desafortunadas, lamentables e impertinentes”, pero señalan que no tienen una carga ofensiva, insultante o vejatoria de la intensidad necesaria como para considerarlas graves, por lo que resuelven absolver al exjuez. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.