Noticias jurídicas Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/09/2020 a las 13:15

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a quince años de cárcel al varón acusado de matar a su padre en noviembre de 2017 tras apuñalarlo con un cuchillo en la vivienda donde ambos convivían en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular la pasada semana después de que el acusado reconociera los hechos. En la sentencia, la Audiencia condena al acusado por un delito de homicidio doloso y le impone una condena de quince años de prisión, la prohibición de residir y acudir a Sanlúcar de Barrameda por tiempo de diez años (pena que deberá ser cumplida tras la de prisión) y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización total de 130.000 euros a sus dos hermanos y a su madre y esposa del fallecido. Asimismo, acuerda que el encausado no pueda obtener beneficios penitenciarios hasta la mitad de la pena impuesta y, para el caso de obtener alguno, le impone la prohibición de no residir ni entrar en Sanlúcar hasta el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, Después de que el acusado reconociera los hechos ante los miembros del jurado popular, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la familia de la víctima modificaron sus respectivos escritos de conclusiones provisionales y reclamaron para el encausado la pena finalmente impuesta por la Audiencia Provincial, con la que se aquietó la defensa en el juicio celebrado la semana pasada. En su veredicto, el jurado consideró probado que el acusado, “pese a su edad y a que no realizaba actividad laboral alguna, mantenía un elevado nivel de gastos a los que no podía hacer frente, consecuencia de lo cual tenía múltiples deudas pendientes de abonar”, de modo que, “ante la imperiosa necesidad de obtener dinero”, el condenado “transmitió a una amiga y compañera de instituto su intención de acabar con la vida de su padre para poder así cobrar la herencia”. En este sentido, el jurado declaró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 18,00 horas del 13 de noviembre de 2017 en la vivienda donde el investigado convivía con sus padres y sus dos hermanos, cuando el acusado, “acuciado por las deudas, inició una fuerte discusión” con su progenitor, quien se encontraba en ese instante solo en el interior del domicilio. En un momento de dicha discusión, el acusado se dirigió a la cocina de la vivienda y, “tras ponerse unos guantes de látex para no dejar huellas”, cogió un cuchillo de 13,5 centímetros de hoja “con el que se dirigió” a su padre “con la intención de acabar con su vida” y le asestó al menos ocho puñaladas en distintas partes del cuerpo, falleciendo la víctima de un shock hipovolémico como consecuencia de las heridas sufridas. Seguidamente, y según consideró probado el jurado, el condenado se cambió de ropa, introduciendo la ropa manchada de sangre, las zapatillas, los guantes y el cuchillo en una bolsa que posteriormente arrojó a un contenedor cuando se dirigía de camino a la comisaría a denunciar los hechos.

por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 25/09/2020 a las 08:20

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 23 años de cárcel al hombre acusado de asesinar en octubre del año 2018 a su expareja sentimental en la capital hispalense tras asestarle varias puñaladas con un cuchillo, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado día 18 de septiembre. En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia condena al acusado por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y género y le impone 23 años de prisión, la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años una vez extinguida la pena de cárcel impuesta, y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización total de 230.000 euros a los dos hijos menores de edad de la víctima. Asimismo, la Audiencia acuerda que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, un periodo de seguridad que “resulta imprescindible atendida la gravedad de los hechos y la peligrosidad del acusado, que exigen un periodo mínimo de tiempo para que la pena pueda cumplir sus fines constitucionales de reeducación y reinserción social”. La Audiencia recuerda que el jurado consideró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 8,00 horas del día 23 de octubre de 2018 en el descansillo existente entre la primera y la segunda planta del edificio donde residía la fallecida, cuando el acusado abordó a ésta con un cuchillo y, “con el propósito de causarle la muerte”, se lo clavó en “bastantes ocasiones”, provocándole diversas heridas y cortes, entre ellas un corte en el cuello y dos heridas penetrantes en la zona del tórax que afectaron a corazón y pulmón, lo que le originó un shock hipovolémico (por pérdida de sangre) y la muerte inmediata. Seguidamente, el condenado se marchó del lugar y se deshizo del cuchillo, que no ha sido encontrado, según el veredicto del jurado, que igualmente consideró probado que el acusado “sabía” que la víctima solía regresar al domicilio a esa hora tras dejar a su hija en el colegio y “la esperó escondido” tras el tabique que separa ambos tramos de escalera, “aprovechándose de la escasa luz que a esa hora había en aquel lugar”, por lo que abordó a la fallecida “de forma sorpresiva” para ella y con un cuchillo “de grandes dimensiones, impidiendo así cualquier posibilidad de defensa por la víctima y cualquier riesgo para él”. De este modo, la mujer “apenas pudo tratar de protegerse anteponiendo sus brazos y piernas frente a los acometimientos con el cuchillo” por parte del encausado, quien había mantenido una relación de afectividad análoga a la matrimonial con la víctima durante al menos un año, una relación que había concluido en 2017, pero el acusado “no acababa de aceptar” dicha ruptura, lo que “así le hizo ver en algunas ocasiones aprovechando que ambos residían en distintas plantas” de un mismo edificio. Según el jurado, cuando el acusado mató a su expareja sentimental, “no sólo lo hace por haber sido su pareja, sino también por la condición de mujer” de la fallecida, “como modo de demostrar su pretendida superioridad como varón y negarle a ella la capacidad de tomar decisiones y poner fin unilateralmente a su relación”. Agravantes de parentesco y discriminación por razón del género A los solos efectos de las responsabilidades civiles, el jurado declaró también probado que, en el momento de su fallecimiento, la víctima tenía 35 años de edad y era madre de dos hijos menores de edad que convivían con ella, cuyo padre se encontraba en prisión y que, finalmente, fue expulsado del territorio nacional el 13 de noviembre de 2018. Así, y una vez decretado el desamparo de los menores, se acordó su tutela por la Junta de Andalucía, como por ley le corresponde, situación en la que permanecen a día de hoy. La Audiencia considera que los hechos son legalmente constitutivos de un delito de asesinato cualificado por la alevosía, ya que el encausado “agredió brutalmente a quien había sido su pareja por sorpresa, asegurándose el resultado y evitando cualquier riesgo procedente de la víctima”, señalando que “no cabe” negar dicha alevosía porque la víctima “no podía, desde luego, prever ni esperarse un ataque homicida” por parte del condenado “a las 8 de la mañana en las escaleras de su propio edificio, sin luz y con un cuchillo, lo que incluso eliminaba la posibilidad de pedir auxilio alguno”. En el delito de asesinato concurren, asimismo, las agravantes de parentesco y de discriminación por razón del género, ya que, como declaró probado el jurado, el acusado mató a su expareja “por ser mujer, para demostrar su pretendida superioridad y negarle la mínima autonomía precisamente por su género”. Al hilo de ello, la Audiencia entiende que, “al matar” a su expareja, el condenado “actuó con ánimo discriminatorio, como muestra del control que pretendía ejercer sobre aquella, negándole capacidad de decisión y pretendiendo que debía aceptar su imposición de reanudar la relación, en base al mero hecho de ser mujer y ser él, como varón, el único que podía decidir sobre tales extremos”. “En realidad, el asesinato no es sino el último acto del acusado en ese intento de someter y dominar” a la fallecida “por su condición de mujer, contexto en el que se ubican los mensajes, llamadas y carta que le remitió para reanudar su relación, así como las actitudes de control personal aprovechando que residían en el mismo edificio”, asevera. A la hora de fijar la pena concreta de prisión, la Audiencia argumenta que, partiendo de que la alevosía se integra en el tipo para cualificar el asesinato y elevar la pena respecto al homicidio, la presencia de dos circunstancias agravantes lleva a fijar la pena en su mitad superior, esto es, de 20 a 25 años de prisión. En este sentido, la Audiencia tiene en cuenta que “la forma de dar muerte a la víctima fue especialmente brutal, empleándose el acusado con gran violencia e incluso saña (dicho sea en términos coloquiales, no hablamos, claro está, de ensañamiento, circunstancia por la que nadie acusa), con un corte típico de intento de degüello e incluso alguna herida en la espalda, y que el mortal ataque se produjo en el interior del edificio en que tenía su domicilio la víctima (que no es sólo reducto de intimidad, sino que debe serlo también de seguridad), abandonando el autor de inmediato el lugar e incluso intentando construirse una coartada, amén de deshacerse del arma homicida”. Por todo ello, considera que la pena de 23 años de cárcel impuesta al acusado es “justa y proporcionada” y se sitúa “ligeramente por encima de la extensión media posible”.