Noticias jurídicas Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra ocho personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Altadis S.A. entre los años 2004 y 2010 por un importe total de 35.400.789,37 euros. En un auto fechado el día 23 de diciembre, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación. De este modo, acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado como responsables penales contra estas ocho personas, como son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera; el ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde; un directivo de Altadis; dos representantes del sindicato UGT, uno de los cuales fue secretario general del sindicato; dos representantes de CCOO, y un responsable y directivo de la mediadora Vitalia S.A.. Asimismo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra Altadis, Vitalia, CCOO y UGT. Además, y por medio de otro auto dictado el pasado día 10 de diciembre, el magistrado acuerda la exclusión de esta pieza de dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, desestimando así la petición del Ministerio Público para que fueran llamados al presente procedimiento y se acordara la continuación del mismo contra ellos como procedimiento abreviado, y declara extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su fallecimiento, mientras que también acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones respecto de otra investigada que trabajó como asesora técnica en la Dirección General de Trabajo, pues contra ella “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirle participación en los hechos” investigados en esta pieza separada. En relación a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía excluidos de esta pieza separada del caso ERE, el instructor señala que no es posible depurar su posible responsabilidad penal “por su participación en los hechos delictivos por los que se procede en cuanto ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos” en el juicio seguido en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el denominado procedimiento específico “instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”, conforme así al criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia. “La exclusión resulta obligada”, y ello “teniendo en cuenta que este Juzgado tiene que aquietarse a la doctrina establecida por el órgano jurisdiccional con competencia funcional para resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones que dicte”, pone de manifiesto el juez, que agrega que, por el denominado procedimiento específico, no fue juzgado sin embargo el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE por las ayudas a Altadis sí continúe contra él, ya que se acordó su sobreseimiento respecto a dicho procedimiento específico sin perjuicio de que se depure “la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido en cada una de las piezas incoadas para la investigación de las ayudas concretas en cuyo pago hubiese intervenido”. Al hilo de ello, el instructor afirma que, en este caso, “concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante” su mandato como director general de Trabajo “se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas -objeto específico del presente procedimiento-“. “Se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria” En el auto dictado el día 23 de diciembre, el juez concreta que el objeto de esta pieza separada lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales concedidas” por la Dirección General de Trabajo de la Junta a la empresa Altadis S.A. entre los años 2004 y 2010, periodo en el que “habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria dichas ayudas por importe de -al menos- 35.400.789,37 euros”. El juez pone de manifiesto que, de lo actuado, “se deduce que las ayudas concedidas a Altadis carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”, a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo “sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (…), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos”. Asimismo, y según expone el instructor, “la selección de las correspondientes entidades aseguradora y mediadora se habría llevado a cabo de forma arbitraria, sin observancia de procedimiento administrativo alguno, siendo así que, incluso, Vitalia -entidad que intervino como mediadora en las pólizas de seguro suscritas como mecanismo ilícito de financiación de las ayudas- no tenía autorización para operar como correduría de seguros en Andalucía”. “En definitiva, no existe en todo el expediente administrativo relativo a su otorgamiento, obrante en autos, ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones”, asevera el magistrado, que, por todo ello, acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado contra las ocho personas referidas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. * La segunda resolución se encuentra disponible con el código: ECLI:ES:JI:2020:64A 

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 33 años de cárcel al varón acusado de asesinar en el mes de agosto de 2018 al propietario de una joyería de la localidad de Carmona, mientras que ha impuesto 20 años de prisión a un segundo investigado por delitos de lesiones graves y detención ilegal como medio para cometer un delito de robo con violencia, ya que éste acusado se quedó vigilando fuera del establecimiento y “era plenamente consciente, porque así lo habían acordado previamente, de que al menos el robo se iba a cometer empleando grave violencia contra el joyero”. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado mes de noviembre, la Audiencia condena al principal acusado por un delito de asesinato y le impone 25 años de cárcel y la prohibición durante 35 años de comunicarse o aproximarse a menos de 1.000 metros de la mujer y las dos hijas del fallecido, así como 8 años de prisión y 12 años de prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 1.000 metros de la familia del joyero por el delito de detención ilegal como medio para cometer un delito de robo con violencia. Asimismo, la Audiencia condena al segundo investigado a 12 años de prisión y la prohibición durante 22 años de comunicarse o aproximarse a menos de 1.000 metros de los familiares de la víctima por un delito de lesiones graves, mientras que por el delito de detención ilegal como medio para cometer un delito de robo con violencia le impone 8 años de cárcel y la prohibición durante 12 años de comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de la mujer y las hijas del finado. La Audiencia, que considera “proporcional” la imposición de dichas penas porque los hechos enjuiciados “son gravísimos dado el resultado producido (muerte)”, condena además a los dos encausados a indemnizar conjunta y solidariamente a la familia del fallecido con 390.000 euros por los daños morales y las secuelas sufridas; con 295.372 euros por los objetos sustraídos no recuperados y con 5.850 euros por la cantidad de dinero en metálico sustraída y no recuperada, según establece la sentencia, fechada el día 23 de noviembre y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El jurado consideró probado, y así lo recoge la sentencia, que, “con la intención de enriquecerse de manera ilícita” y “puestos de común acuerdo tanto en la finalidad como en los medios”, los dos acusados, en compañía de otro individuo no enjuiciado en esta vista oral, “pusieron en marcha un plan para la sustracción de efectos” en la joyería propiedad de la víctima. Los acusados “idearon un plan” “En la ejecución de su designio criminal”, los condenados “idearon un plan que dividieron en dos partes”, la primera de las cuales se llevó a cabo entre las 9,30 y las 12,30 horas del día 3 de agosto de 2018, cuando el principal acusado acudió a la joyería en compañía del individuo no juzgado “con el pretexto de realizar la reparación de un reloj y así ganarse la confianza” del fallecido, “quedando con éste en verse otro día para recoger el encargo y poder entrar así en el establecimiento sin levantar sospechas”. Los acusados, según la sentencia, aprovecharon ese mismo día para solicitar a la víctima que les exhibiera un muestrario de joyas sacadas del interior de la trastienda, “con lo que pudieron conocer el lugar donde se guardaban éstas, así como el propio establecimiento y sus medidas de seguridad”. La Audiencia recoge como hechos probados que, “para concluir su designio criminal” y aceptando el principal acusado “incluso dar muerte” al finado “si ello así surgiera para obtener su ilícito propósito de enriquecerse”, los investigados acudieron a la joyería en un vehículo sobre las 18,00 horas del día 6 de agosto de 2018 en compañía del varón no enjuiciado, quedándose uno de los encausados fuera del establecimiento realizando labores de vigilancia, “asegurándose en un primer momento que no se encontrara ninguna persona en la joyería ni presencia policial en los alrededores”. Este acusado “era plenamente consciente, porque así lo habían acordado previamente, de que al menos el robo se iba a cometer empleando grave violencia contra el joyero”, ya que “conocía que sus compinches iban provistos de bridas y cinta americana para reducir a la víctima y que estaban dispuestos a golpearle salvajemente para conseguir su objetivo, hechos que indudablemente aceptó el acusado dado el tiempo” que los otros dos implicados permanecieron en el interior de la joyería. Seguidamente, y mientras este acusado “continuaba realizando labores de vigilancia para garantizar la comisión del delito y evitar ser descubiertos”, el principal condenado y el individuo no enjuiciado llegaron a la joyería y llamaron al timbre, abriéndoles la puerta el propietario “al haberlos reconocido por el monitor de la cámara de vigilancia debido al encargo que habían realizado días antes”. “Brutal paliza” Una vez dentro del local y “después de provocar” que la víctima, tras sacar el reloj que había reparado, entrara de nuevo en la trastienda, el principal condenado entró tras el joyero y, “sin darle tiempo a salir de la trastienda ni posibilidad alguna de defensa, se abalanzó” sobre él. A continuación, y “con ánimo de menoscabar su integridad física, hasta el punto que fuera preciso para alcanzar su objetivo, inclusive darle muerte”, ambos implicados “comenzaron a golpearlo sin cesar de forma brutalmente expeditiva, propinándole durante minutos múltiples golpes y patadas por toda la cara, cuerpo y extremidades”, una “brutal paliza” con la que “aumentaron deliberada e innecesariamente su sufrimiento”. Tras ello, le colocaron las manos a la espalda, atadas con bridas y cinta americana, atándole también los pies por el mismo medio y colocándole finalmente cinta americana desde el cuello hasta la boca, señala la sentencia, que añade que, encontrándose el fallecido “reducido en el suelo, tendido boca arriba y sin posibilidad de movimiento”, el principal condenado comenzó a registrar la cámara acorazada y sacó varias joyas de su interior. En un momento dado, y cuando la víctima trataba de levantarse, el principal acusado, “atentando contra su vida, le propinó un fuerte rodillazo en la cabeza que provocó que cayera inconsciente boca abajo”, de modo que, mientras el joyero se encontraba inconsciente, los implicados “continuaron impasibles, registrando la trastienda y apoderándose de joyas y otros objetos”, así como de 5.850 euros de dinero en efectivo y de unos de los monitores de televigilancia “con la finalidad de evitar ser identificados”. “Perpetuados en el ánimo de atentar contra la vida” del dueño del establecimiento, y “a pesar de la posición en la que seguía postrado, inconsciente y con signos de poder quedarse inerte”, los implicados salieron de la joyería con los efectos sustraídos y abandonaron allí al finado, quien “no presentaba ningún signo o posibilidad de recuperación debido a los golpes y posición en la que le habían postrado”, huyendo del lugar en el coche en el que les esperaba el otro condenado. El dueño de la joyería fue encontrado sin vida dos horas después por su esposa y una de sus hijas en la misma posición en la que fue abandonado por los acusados, quienes estuvieron huidos hasta que fueron detenidos el 31 de enero de 2019 y el 19 de abril de ese mismo año, respectivamente, encontrándose los dos privados de libertad por esta causa desde dichas fechas.