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  • La Audiencia Nacional rechaza responsabilidad de la Guardia Civil por los daños causados durante los sucesos del 1-O en el pabellón municipal Sant Juliá Ramís de Girona
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/01/2021 a las 12:25

    El Juzgado Central de lo Contencioso nº 7 ha rechazado la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en el pabellón municipal gerundés de Sant Juliá de Ramís durante los sucesos del 1 de octubre de 2017. La sentencia rechaza el recurso del Ayuntamiento de esta localidad y destaca que la Guardia Civil no actuó antijurídicamente porque un auto judicial le obligaba a retirar todo el material electoral y porque no hay relación de causa efecto por la propia conducta del recurrente. El ayuntamiento reclamaba la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Justicia y atribuía a la Guardia Civil los daños causados en su pabellón municipal la jornada del 1 de octubre de 2017. En su recurso reclamaba una indemnización de 13.427 euros. En su sentencia, el juez rechaza la actuación antijurídica de la Guardia Civil. El magistrado recuerda que esa actuación se encontraba amparada por una resolución judicial “que le ordenaba retirar de las instalaciones puestas a disposición del referéndum convocado ilegalmente todo el material relacionado con dicho proceso electoral”. El ayuntamiento recurrente puso sus instalaciones a disposición del referéndum ilegal La sentencia se basa en doctrina del Supremo para añadir que en el presente caso tampoco se ha acreditado el nexo causal, directo, inmediato y exclusivo entre la actuación de la Administración, en este caso la Guardia Civil, y sus efectos, “por la conducta del propio Ayuntamiento perjudicado al poner las instalaciones del pabellón municipal a disposición de un proceso electoral ilegal y existiendo resoluciones judiciales que obligaban a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, a retirar todo material electoral de aquéllas”. Por ello la sentencia concluye que se ha roto el nexo causal que determina la inexistencia de la responsabilidad patrimonial del Estado “por la intensa intervención del perjudicado, de tal manera que el daño no se hubiera producido sin la puesta a disposición de las instalaciones de titularidad municipal al servicio de una actividad ilegal y frente a la que existían resoluciones judiciales que obligaban a la guardia civil a recoger el material electoral de aquéllas”.  

  • La Audiencia Nacional admite una querella por la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/12/2020 a las 17:00

    La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve entre jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y La Coruña. La querella se presenta por hechos considerados por la entidad sindical como constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.  Se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group. En el auto de admisión, la magistrada oficia a la UDEF para que realice una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes. Además, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella”, la juez pide a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, entre otros extremos. La querella refiere que Alcoa Inespal, compañía estadounidense, se dedicaba a la producción de aluminio y aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a 688 trabajadores. Afirma que la referida mercantil engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, iniciado el 17 de octubre de 2018, “elidiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros”. La querella relata todo el proceso de venta y concluye que, en definitiva, con sus actuaciones “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el Plan de Negocios, ni el del pago de los salarios de los trabajadores, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo”. Al mismo tiempo, añade, con ello se habría llevado al incumplimiento de las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir (en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla -costa salarial aproximado 42.5 millones de dólares anuales-), ejecución de plan de negocio y medidas de protección para evitar el destino de los fondos a fin distinto, destinándose 20 millones por cada planta para la realización de inversiones. Así, lo primero que hace Alcoa, explican, es bloquear la inversión de los 40 millones de dólares, consignándolo notarialmente, lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y las aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores que seguían unidos a la empresa. Finalmente, se añade que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo efectivo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido. En su auto, la juez recuerda que el pasado día 17 de septiembre la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el procedimiento sobre Despido Colectivo afectante a la factoría de ALCOA de San Ciprián (LUGO), se dictó sentencia declarando su nulidad y condenando a la mercantil a la reincorporación de los trabajadores afectados (524) a su puesto de trabajo, al entender que la empresa actuó con mala fe en las negociaciones, -en un proceso paralelo y similar al seguido en las dos factorías a las que afecta la presente querella- y que el fin único que la guiaba era el de apagar las cubas electrolíticas para cerrar la fábrica de la manera más rentable posible. Señala, asimismo,  que los diálogos de ALCOA con una empresa para vender la planta “permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica”, y que la misma entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo de no llegar a un acuerdo final”.

  • La Audiencia Nacional absuelve a los doce acusados de enaltecer a la organización terrorista Resistencia Galega desde las asociaciones Causa Galiza y Ceivar
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/12/2020 a las 11:49

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a las doce personas que fueron juzgadas por enaltecimiento de la organización terrorista Resistencia Galega a través de las asociaciones Causa Galiza y Ceivar y para quienes la Fiscalía solicitaba condenas de entre 4 y 12 años de cárcel. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera absuelven a los acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo (artículo 570 bis 1 del Código Penal) y de delitos enaltecimiento del terrorismo (578.1, 2 y 4), al tiempo que rechaza la disolución de Causa Galiza y Ceivar como había pedido el Ministerio Público. La resolución explica en sus hechos probados que Causa Galiza se constituyó para promocionar la cultura y fundamentalmente la lengua gallega, la defensa del patrimonio natural, social y cultural de Galicia y la afirmación de Galicia en todos los ámbitos sociales y culturales, siendo el sesgo de sus integrantes y la finalidad de la asociación la de operar en el marco político como grupo que defiende una ideología independentista. Tras relatar la creación y su participación en diversos actos, como el “Día da Galiza Combatente” o el “Día da Patria Galega”, la Sala señala que “no se ha acreditado que la mencionada asociación tuviera relación, personal o institucional, con el grupo denominado Resistencia Galega, algunos de cuyos miembros habían sido condenados por actividades terroristas”. Tampoco se ha acreditado, afirma, que entre los fines de la asociación estuviera la de enaltecer o justificar las acciones llevadas a cabo por el grupo Resistencia Galega o por alguno de sus miembros, “sin perjuicio de que la asociación o alguno de sus miembros participara en actos de recibimiento a presos condenados por delitos relacionados con actividades de carácter violento o terrorista o acciones de protesta con ocasión de la celebración de juicios contra dichas personas y participa en campañas para reclamar el acercamiento de presos gallegos al territorio de la comunidad autónoma”. Respecto de Ceivar, la Sala explica que se creó para prestar todo tipo de apoyo a los presos que por diversos motivos hubieran sido condenados por causa de su militancia independentista. A través de ella, los acusados realizaron actividades de apoyo a los militantes independentistas recluidos en prisión tanto a través de la asistencia jurídica, como del apoyo sanitario, económico y social. A este respecto, apunta el Tribunal, Ceivar usaba sus estructuras para organizar dinámicas permanentes u ocasionales de apoyo a los presos. Al igual que con Causa Galiza, la sentencia considera que no se ha acreditado que Ceivar estuviera relacionada, organizativamente o a través de sus elementos personales, con la organización Resistencia Galega. Tampoco que fuera la finalidad de dicha asociación la de enaltecer o justificar las acciones violentas realizadas por individuos integrados en dicha organización, sin perjuicio de que aquella o algunos de sus miembros participara en actos re recibimiento a presos condenados por delitos relacionados con actividades de carácter violento o terrorista o acciones de protesta con ocasión de la celebración de juicios contra dichas personas y participara en campañas para reclamar el acercamiento de presos gallegos al territorio de la comunidad autónoma, además de las funciones de apoyo a los presos independentistas. Las organizaciones no tenían la finalidad de enaltecer a Resistencia Galega En sus fundamentos jurídicos, la Sala considera que, pese al relato presentado por el Ministerio Fiscal en sustento de su pretensión condenatoria, lo cierto es que las organizaciones cuya disolución se pretende, por ser su finalidad presuntamente de enaltecimiento de organización terrorista y de sus miembros, “no tenían tal finalidad como objetivo social sino los que figuran definidos en sus respectivos estatutos y a los que no hemos referido en el relato fáctico”. En el caso de Causa Galiza la de la promoción de la cultura y la lengua gallega y la afirmación de Galicia en todos los ámbitos sociales y culturales y la decidida voluntad de actuar en el escenario político como una fuerzas nacionalistas y socialista gallega y, en el caso de Ceivar, la de apoyar a los presos independentistas durante su estancia en prisión en distintas facetas de la situación carcelaria. “Resulta innegable la inmersión de ambas asociaciones en el ámbito de la lucha independentista plasmada en multitud de movimientos que han tenido a lo largo de los últimos años en el territorio de la comunidad autónoma”, dice la Audiencia. Sin embargo, y atendido al criterio jurisprudencial en relación con la figura del enaltecimiento del terrorismo, añade que “no puede entenderse, a la vista de la prueba practicada en el plenario, que fuera la finalidad de tales asociaciones la de llevar a cabo actos de enaltecimiento con relevancia criminal, ni que los actos de homenaje realizados auspiciados o participados por tales grupos pudieran revestir la relevancia criminal que el Ministerio Fiscal pretende en su tesis acusatoria”. La orientación política es merecedora de protección constitucional La Sala considera que la orientación política de Causa Galiza es merecedora de protección constitucional, puesto que la actuación que se le imputa -la de recordar o recibir a determinados militantes independentistas que, o bien fallecieron en el desarrollo de una actuación de carácter terrorista o bien que cumplieron las condenas impuestas y salieron en libertad, acompañándolas en su recibimiento- no “puede considerarse integradora de una finalidad de enaltecimiento del terrorismo que lleva a la calificación de organización criminal” en los términos referidos en el artículo 570 bis. En igual sentido, subraya la Sala, respecto de la asociación Ceivar, entre cuyos objetivos está el acompañamiento y ayuda en todos los órdenes de presos independentistas y en su recibimiento cuando alcanzan la libertad. La sentencia concluye que las actividades desarrolladas, en ausencia de un movimiento violento de carácter terrorista efectivo al tiempo que se desarrollaban tales actuaciones por parte de las organizaciones señaladas, y no acreditada la existencia de un llamamiento a la violencia por parte de la asociación en el desempeño de su actividad, “no permite alcanzar la conclusión postulada por la acusación pública respecto de la finalidad delictiva que imputa a tales organizaciones y que justificaría la disolución de las mismas, y la condena de sus militantes o colaboradores”.

  • La Audiencia Nacional procesa 46 personas por operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 18/12/2020 a las 17:00

    La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón P.B., ‘Sito Miñanco’, y a otras 45 personas físicas y 5 jurídicas por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.  Entre los procesados se encuentra el abogado Gonzalo B.T., a quien la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 atribuye un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.  En un auto, Tardón atribuye a los investigados, según su participación en los hechos, delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud pública, concurriendo la agravante de notoria importancia, cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.  Uno de los investigados, Manuel Pedro G.R., tirador profesional, resulta procesado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones puesto que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos. “Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba”, explica el auto.  La resolución impone distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos y delitos atribuidos a cada acusado. Así, a Sito Miñanco y a otros 25 procesados por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, la juez les impone una fianza de 131,5 millones de euros.  Sito Miñanco siguió introduciendo droga mientras cumplía condena  El auto de la juez, que recoge la solicitud de la Fiscalía Antidroga, explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad. La juez indica que su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria, “un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad”. El entramado criminal lo dirigía P.B. con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza, también condenados por narcotráfico. El auto de la juez detalla que a raíz de esta investigación que se desarrolló durante los años 2016 y 2017 ha sido posible identificar dos operaciones concretas a través de las que Sito Miñanco y su entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España. Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia. Además de estas dos operaciones la juez señala que, hasta el momento de su detención, en febrero de 2018, P.B. mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga. Entramado para ocultar los beneficios de la droga A lo largo de las 72 páginas la magistrada incluye la estructura societaria atribuida a P.B. Las propiedades estaban a nombre de terceros, pero, según la juez, “el único titular real y efectivo” era Sito Miñanco. Así, el auto incluye inmuebles y numerosos vehículos que utilizaban los miembros de la organización para no ser detectados por la Policía. También se explica la función de los Astilleros Facho S.L., como centro logístico para construir las embarcaciones que usaban y, al mismo tiempo, el astillero servía como instrumento  para ocultar los beneficios de la droga. El auto detalla los inmuebles en Galicia donde se reunían los miembros de la organización y explica la función de otras mercantiles que servían al entramado para ocultar los beneficios generados por la venta de la droga. Además de la vía de las mercantiles de Sito Miñanco, la organización utilizaba empresas de terceros que le prestaban sus servicios. La tercera vía que utilizaba la organización para ocultar los beneficios de la venta de la droga era a través de transportes de dinero, realizado por los propios miembros de la organización “para alimentar los ingresos de sus empresas, ocultar así el dinero producto de la venta de la droga, bien otros transportes de efectivo coordinados con Manuel P.S. con el fin último de ocultar el dinero en Colombia, haciendo uso de correos humanos”. Procesamiento de tres abogados por blanqueo El auto de la magistrada explica cómo en una de las operaciones realizadas por esos correos humanos que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia, fue interceptado por la Policía.  El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros. La juez relata cómo ante esa aprehensión, dos procesados iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Para encontrar la forma de recuperar el dinero, tuvo lugar un encuentro con los dos abogados, en el que éstos les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los procesados, las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas. Ese pretendido negocio, según la juez, “no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía”. La juez concluye que los abogados “B.T., M.C. y G.M., con la participación determinante de L.B., conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que G.B. había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia”. El auto recuerda que, por estos hechos, el 17 de octubre de 2017, la Secretaría General del Tesoro impuso a G.B. y a cada uno de los demás investigados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales. Por ello, la juez procesa a los 3 abogados por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.    

  • La Audiencia Nacional mantiene en prisión al creador del antivirus McAfee
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 17/12/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener en prisión provisional comunicada y sin fianza al empresario de la informática J.M., creador del antivirus Mc Afee, mientras se tramita su extradición a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por cinco delitos de evasión de impuestos y otros tantos de impago de impuestos. En un auto, los magistrados de la Sección Segunda rechazan el recurso presentado por el empresario contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción 5, del pasado 4 de octubre, que acordó su ingreso en la cárcel. La Sala rechaza la argumentación del recurrente respecto a que el auto del juzgado carecía de motivación de los hechos e indicios de su participación en ellos. Al respecto, señala que la decisión del órgano judicial en la que se ordenó su ingreso en prisión “no adolece de la motivación denunciada”, al tiempo que recuerda que en los procedimientos de extradición únicamente se analiza la concurrencia de los delitos establecidos en la normativa y los tratados aplicables, sin inquirir en la culpabilidad del sujeto. En cuanto a la inexistencia de riesgo de fuga alegada por la defensa, la Sala explica que el fin de la prisión es el de asegurar el buen fin del proceso, estos es, la entrega del recurrente a EEUU, “desde donde es reclamado para el enjuiciamiento por cinco delitos de evasión de impuestos, castigados con pena máxima de cinco años de prisión cada uno, y cinco delitos de impagos de impuesto, castigados cada uno con pena máxima de un año de prisión, por lo que de la entidad de los delitos y de las penas cabe inferir un grave riesgo de que el reclamado pretenda sustraerse, nuevamente, a la acción de la justicia”. En el presente caso, añade el auto, además de la sustracción previa a la acción de la justicia en su país y otro país intermedio y la negativa manifestada a la entrega, ha de tenerse en cuenta que es insuficiente el arraigo personal y familiar que invoca, dada la escasa antigüedad del contrato de arrendamiento que aporta (enero de 2020, nueve meses antes de la detención). Tampoco puede deducirse de la documental médica que acompaña, apunta la Sala, un riesgo para su salud derivado de su permanencia en prisión, la cual refleja dolencias propias de su edad, 75 años. En todo caso, explica, nada obsta a que pueda seguir su tratamiento dentro del centro penitenciario. Todo ello “no le impediría huir de ser necesario, como se deduce de sus movimientos anteriores por varios países, por lo que en orden a asegurar la entrega procede mantener la prisión provisional”, concluye la Audiencia.

  • La juez desestima la suspensión cautelar de la resolución del Consejo Superior de Deportes que autorizó la programación de partidos de fútbol los lunes y viernes
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/12/2020 a las 12:27

    El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 ha desestimado la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de suspensión de la ejecutividad de la resolución de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), del pasado 16 de octubre, que autorizó la programación de partidos de fútbol los lunes y viernes al resolver las diferencias al respecto entre la RFEF y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), sin perjuicio de lo que se decida en el futuro en la sentencia sobre el fondo del asunto. El auto del juez es recurrible en apelación. La suspensión cautelar fue rechazada en sus alegaciones tanto por el CSD como por la Liga Profesional, demandada y codemandada respectivamente por la Federación en este asunto. En su auto, el Juzgado destaca que para acordar una suspensión como la solicitada, la parte demandante tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica de aquéllos. La Federación alegaba que, de no acordarse la suspensión, la sentencia que dicte después el Juzgado sobre el fondo del asunto, en caso de ser estimatoria, no podría ser ejecutada en sus propios términos porque la Temporada deportiva habría finalizado; por lo que la ejecución del acto habría hecho perder al recurso sentido propio o esencial. El Juzgado responde que la Federación no sólo no ha acreditado perjuicio alguno, “sino que ni tan siquiera alega el concreto perjuicio que le supone el acto objeto de recurso ni el perjuicio que le acarrearía si la Temporada deportiva finalizase antes de una eventual sentencia estimatoria”. “Así las cosas, la solicitud de suspensión no sólo no ha ido acompañada de una mínima y al menos indiciaria actividad probatoria sobre el perjuicio que puede causar la ejecución del acto, carga que corresponde a quien lo alega; es que no se han identificado cuáles pudieran ser tales perjuicios. Y en la necesaria ponderación de intereses a que se refiere el art. 130 LJCA, prevalecen claramente los intereses de la Administración demandada y de la codemandada La Liga”, agrega En cuanto al argumento de la Federación de que nos encontramos ante una resolución administrativa adoptada por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, que entiende que es nula de pleno derecho, el auto indica que no es el momento procesal de examinar el fondo del asunto. “No se advierte de forma ostensible y clara la apariencia de buen derecho a favor de la recurrente, cuyo examen requeriría un análisis en profundidad de la legalidad del acto impugnado, prejuzgándose de este modo la decisión final que sobre el fondo del asunto habría de adoptarse, para lo que no resulta trámite idóneo el incidente de adopción de medidas cautelares”.

  • La Audiencia Nacional absuelve a un acusado de autoadoctrinamiento del terrorismo yihadista
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 09/12/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a un ciudadano mauritano que fue juzgado por un delito de autoadoctrinamiento y autoadiestramiento del terrorismo yihadista del que le acusaba la Fiscalía y por el que solicitaba una condena de 4 años y 6 meses de cárcel. En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera explican que el acusado vivía en Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y desde agosto de 2018 a noviembre de 2019 fue usuario de las redes sociales Twitter y Facebook y visitaba de manera reiterada páginas, grupos y canales de WhatsApp y Telegram con formación proveniente de agencias relacionadas con las estructuras terroristas de DAESH-ISIS-Estado Islámico y Alqaeda. Dichas publicaciones difundían información y propaganda religiosa y política, centradas en muchos casos en las actividades violentas de grupos de combatientes integrados en aquellas organizaciones en Siria e Irak, en sus líderes y discursos, en los pronunciamientos y comunicados y en sus métodos de lucha, entre ellos la composición de sustancias químicas y la fabricación de explosivos. Además, el acusado tenía numerosos archivos de esta naturaleza en su teléfono móvil, en un ordenador y en un dispositivo de memoria. La Sala considera, tras analizar la prueba, que “no se ha acreditado que el acusado consumiera esa información y propaganda para cometer atentados o convencer a otros de que los cometieran, integrarse en una estructura terrorista o colaborar con ella, trasladarse a zona de combate o ejecutar actos violentos de corte yihadista”. Tampoco consta, indica el Tribunal, “que realizara actividades de difusión, propaganda o alabanza de dicha ideología y de sus fines”. La sentencia analiza el tipo delictivo (575.2 del Código Penal) y señala que la jurisprudencia viene exigiendo de forma unánime que se acredite que la autoformación en radicalismo violento vaya dirigida a la comisión de un delito de terrorismo o al adoctrinamiento ajeno, la colaboración, apología o financiación del terrorismo. En este caso, apunta, la investigación no ha ofrecido “información sobre conductas sospechosas que indiquen una resolución delictiva de integrarse en una organización o grupo terrorista, de colaborar con ella o de cometer un delito de terrorismo”. Así, explica que ninguna de las conversaciones interceptadas al acusado es indicativa de que albergara el propósito de utilizar la información que tenía descargada en sus dispositivos para cometer atentados o convencer a otros de que los cometieran. Los seguimientos policiales, continúa la Sala, solo ponen de manifiesto sus prácticas religiosas, su relación exclusivamente con personas de su entorno y la celebración de reuniones en sitios apartados, en las que adopta -a juicio de los investigadores- una actitud de liderazgo, pero sin que haya trascendido lo que decía en aquellas reuniones. “Nada que indique en la dirección que pide el tipo penal, indicadores de su resolución delictiva, de que se estaba capacitando para pasar a la acción”, añade. “El acusado no ha interactuado con terroristas, ni les manda mensajes, ni se hace fotos vestido de muyahidín saludando con signos yihadistas. Ni siquiera se puede decir, no lo ha dicho la acusación, que los contenidos que consulta en la red señalen que evolucionaba hacia una radicalización progresiva. No hay dato objetivo alguno al margen de los archivos que busca y consulta en la red”, argumenta la Audiencia. La prueba de la acusación no ha logrado aportar elemento incriminatorio que permita afirmar, indica el fallo, que el acusado había decidido pasar a la acción. “La ausencia del elemento subjetivo, que ha de ser probado, determina la absolución”, concluye la Audiencia.

  • Penas de entre un año y nueve meses y dos años de cárcel para seis exdirectivos de Abengoa en Brasil por aumentarse retribuciones de tres millones de euros de forma fraudulenta
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 27/11/2020 a las 13:10

    La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y nueve meses y dos años de cárcel a seis exdirectivos de Abengoa en Brasil como autores de un delito de apropiación indebida por hacerse pagos a sí mismos entre 2011 y 2013 que carecían de justificación, incrementando de manera “fraudulenta” las retribuciones que percibían por su trabajo. En total, las cantidades que cobraron de forma indebida superaron los 3 millones de euros. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal dictan sentencia tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y los acusados, a quienes se les aplica la atenuante de confesión tardía tras admitir su participación en los hechos y su pleno arrepentimiento. También se les aplica la atenuante de reparación del daño. La resolución recoge que el Grupo Abengoa, en cuanto perjudicado, ha alcanzado un acuerdo de satisfacción extrajudicial, habiendo sido íntegramente indemnizado por los acusados y renunciando con ello al ejercicio de acciones tanto penales como civiles. La Sala impone una pena de dos años de cárcel a Juan T.V., director general de Abengoa Bioenergía Agroindustria Limitada, 1 años y 11 meses de cárcel al director de Recursos Humanos Luis R.M. y 1 año y 9 meses a los otros cuatro exdirectivos. Los hechos probados de la sentencia relatan que entre enero de 2011 y agosto de 2013 los acusados ocupaban puestos directivos en las sociedades con las que Abengoa desarrollaba su actividad en Brasil, principalmente la sociedad española Abengoa Bioenergía Brasil SA y su filial brasileña denominada Abengoa Bioenergía Agroindustria Limitada. Así, con intención de lograr una ventaja patrimonial ilegítima, se hicieron, con cargo a la empresa, “pagos a sí mismos que carecían de toda causa o justificación, incrementando de este modo y de manera fraudulenta las retribuciones que percibían por su trabajo, ocultándolo a sus superiores y apartándose de las normas y protocolos internos que debían seguirse para adoptar decisiones de ese tipo”. Para lograr hacerse con las cantidades que los acusados se adjudicaron a sí mismos, Juan V., como director general de Abengoa Bioenergía Agroindustria, indicaba a Luis R.M., como director de Recursos Humanos, el importe a abonar y éste, a su vez, lo comunicaba a la entidad bancaria a través de la cual cada uno cobraba su retribución del Grupo Abengoa. Dicho pago, señala la Sala, no había sido aprobado con arreglo a la las normas y protocolos que regían la actividad interna de todo el Grupo Abengoa y no era conocido por los responsables de la multinacional que debían saberlo y aprobar la operación. Ambos conocieron en todo momento los pagos ilegítimos que recibieron tanto ellos como el resto de acusados, mientras que los otros cuatro, ni gestionaron ni participaron en otros pagos que no fueran los que ellos mismos recibieron, explica el Tribunal. “Los acusados trataron de justificar esos incrementos fraudulentos de la retribución que percibían por su trabajo en el Grupo Abengoa indicando que se trataba de pagos de bonos extraordinarios por diferentes motivos –como la puesta en marcha de la nueva capacidad de la planta de producción- sin que, en ningún caso, como se dice, dichos pagos hubieran sido autorizados ni conocidos por el Grupo Abengoa al tiempo en que se realizaron”, sostiene la resolución. La sentencia detalla las cantidades que cobraron los acusados de forma fraudulenta: Juan T. (1.234.939 euros); Javier R. (449.385 euros) Fernando G.B. (493.717 euros); Luis R.M. (418.899 euros); Roberto P. (338.376 euros) y Carlos M.G. (350.484 euros).  

  • Penas de hasta 15 años de cárcel para 19 de los 23 acusados por la visita del Papa a Valencia en 2006
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 25/11/2020 a las 17:00

    La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.  En una sentencia, de 556 páginas, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan en esta pieza del denominado ‘caso Gürtel’ a 13 años y 7 meses de prisión al líder del Grupo Correa Francisco C.; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo C.; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro P. y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro G.G., y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de TECONSA José Luis M.P.  El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los que ha sido condenado Jacobo G. a los tres años de Francisco Javier A.P. En el caso de Ramón B.B. ha sido condenado a 1 año y medio de prisión.  Por el contrario, la Sala absuelve a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí M. y Alexandra A.B., mientras que otros dos procesados fallecieron, Juan C. y Luis S.B., por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal. La sentencia, ponencia de la magistrada María Fernanda García Pérez, acuerda aplicar la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada al haber transcurrido catorce años desde la fecha de los hechos y doce desde la incoación de la causa y, en algunos acusados, las de reparación del daño y de confesión solicitadas por el Ministerio Público.  Además, se ha considerado que varios delitos se cometieron en concurso medial (por un lado, prevaricación, malversación y fraude y por otro el blanqueo, la falsedad de documental y los delitos contra la hacienda pública), por lo que, al penarlos por separado por ser más beneficioso para los acusados, las penas son más bajas que las solicitadas por las acusaciones.  De los 22 acusados, 11 de ellos reconocieron esencialmente los hechos y los 12 restantes los negaron ejerciendo su legítimo derecho de defensa, si bien uno de ellos, Pablo C., se negó a declarar.  En cuanto a los pronunciamientos civiles, la sentencia condena a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia como partícipe a título lucrativo, aunque declara extinguida la obligación de pago por encontrarse extinguidos tanto este ente como RTVV y haber asumido sus obligaciones y deudas la Generalitat valenciana.  La adjudicación del contrato tuvo un sobrecoste de 3,2 millones de euros  La Audiencia considera que la valoración de la prueba en su conjunto permite concluir que hubo una adjudicación directa por parte del director general de la RTVV a favor de la empresa interpuesta por el grupo CORREA, TECONSA, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).  El contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de ilegalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.  Con posterioridad, continúa la Sala, el importe cobrado de la RTVV por TECONSA, se canalizó hacia los distintos beneficiarios a través de un entramado de facturas ficticias e irregulares abonadas por TECONSA, y que ésta procedió a deducir en los correspondientes Impuestos de Sociedades y del IVA.  Los jueces consideran acreditado que al menos desde octubre de 2005 la organización de Correa una inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el Encuentro Mundial de las Familias que se iba a celebrar en julio.  Hubo un concierto, dice la Sala, para que la contratación se realizara por la RTVV a favor de la empresa interpuesta por la organización del Sr. C., TECONSA, para lo cual consiguieron que la Fundación, que era la organizadora del V Encuentro Mundial de la Familia, firmara un Convenio de colaboración con RTVV el 27 de febrero de 2006 por el cual no sólo cedían la señal institucional a dicho ente, sino que le cargaron el coste de la contratación de las pantallas, sonido y megafonía.  Por tanto, señalan, el Convenio fue el mecanismo jurídico utilizado para que la RTVV se hiciera cargo de un coste que no le correspondía porque para la retransmisión del evento no eran necesarias las pantallas, dado que éstas iban destinadas a que los peregrinos y visitantes pudieran ver al Papa en su recorrido por Valencia.  Una ficción al servicio del fraude  La sentencia considera acreditado que la adjudicación directa a Teconsa fue claramente ilegal pues los acusados del Grupo Correa y el director general de RTVV primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos de RTVV que han resultado condenados.  Por tanto, el tribunal argumenta que hubo un concierto previo para adoptar la decisión, al margen de cualquier procedimiento administrativo y de los principios de publicidad y concurrencia. Después se intentó dar cobertura formal “tramitando un expediente antedatado para favorecer a una empresa, Teconsa, que no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios y que tuvo que subcontratar todo, y autorización del gasto aún sin dotación presupuestaria”.  Para la Sala, los hechos juzgados encajan como delito de cohecho, prevaricación, delito de fraude a la Administración Pública, malversación, delito de falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. El concierto de los acusados del Grupo Correa con el director de RTVV para que el contrato de pantallas y sonido se adjudicara a Teconsa por un precio por un importe de 6.460.000 euros (7.493.600 euros con IVA) fue, según hace constar el tribunal, a un precio muy superior al coste de los trabajos necesarios para el desarrollo del evento.  Basándose en la prueba documental, la testifical pericial de los agentes de la UDEF y la pericial de la Inspectora de la AEAT, el tribunal concluye que el coste de los trabajos de ejecución fue de 3.254.624 euros por lo que la diferencia (3.205.375 euros) “constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público, que fue después repartido entre los acusados con influencia decisiva en el proceso de adjudicación”.  La sentencia añade que los acusados participaron en una ficción al servicio del fraude, en el caso de los empleados públicos, infringiendo su deber de probidad inherente al ejercicio de la función y en perjuicio económico del ente público, dado el sobrecoste del precio pagado.  También destaca la función del vicepresidente de Teconsa Jose Luis M.P. al haber prestado la empresa familiar de la que era socio y gestor para que hiciera de pantalla como adjudicataria, cuando en realidad los verdaderos adjudicatarios eran los acusados del Grupo  de Francisco C., con quien se concertó, obteniendo a cambio una comisión de 200.000 euros, y los beneficios fiscales derivados de la deducción de las facturas ficticias abonadas que encubrían el reparto de los fondos obtenidos y que acreditan el delito de blanqueo de  capitales.  En relación a los delitos contra la Hacienda pública, la Sala indica en la resolución las cuotas defraudas por los acusados en concepto de Impuesto de Sociedades de 2006, 2007 y 2008 e IVA de 2006 y 2007 y que ascenderían a 1.328572 euros.   Rebajas de penas en aplicación de atenuantes  La sentencia rebaja las penas solicitadas al aplicar varias atenuantes, como la de confesión muy cualificada u atenuante analógica de confesión solicitada por la fiscalía para los acusados conformados.  Los magistrados también aplican la atenuante de reparación del daño para los que consignaron la responsabilidad civil antes del inicio del juicio.  Aprecia también la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada al haber transcurrido catorce años desde la fecha de los hechos y doce desde la incoación de la causa.  Además, la Sala rebaja de cooperadores necesarios a cómplices a los funcionarios públicos que no se habían conformado y cuya aportación era menor que la de los que sí se conformaron y que por ello la Fiscalía los venía considerando cómplices.

  • La Audiencia Nacional acuerda mantener en prisión al comisario Villarejo
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/11/2020 a las 13:30

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener en prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la denominada Operación Tándem debido al elevado riesgo de fuga existente y a que la situación de pandemia no puede suponer un cambio de su situación al haberse adoptado medidas concretas en la cárcel, donde está siendo “absolutamente atendido y tratado” de sus dolencias físicas y está sometido a control médico permanente. En un auto, los magistrados de la Sección Tercera desestiman los recursos presentados por Villarejo en las piezas 2 y 6 de este procedimiento contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 de mantenerle en la cárcel. En sus escritos, la defensa de Villarejo solicitaba la modificación de su situación de prisión por la de libertad provisional con diferentes medidas cautelares o con la instalación de mecanismo de control telemático para su localización permanente en su domicilio. La Sala señala que en los autos del instructor recurridos por Villarejo, al contrario de lo sostenido por éste, se razona sobre los hechos que presentan caracteres de delito, las penas que les corresponden, así como del riesgo de fuga que lleva aparejado. Un riesgo, dice el Tribunal, “que se ve incrementado ahora por las elevadísimas penas que interesan las acusaciones, que superan los cincuenta años de prisión y la proximidad de la celebración del juicio”. El auto explica también que la situación de prisión provisional del apelante tampoco vulnera sus derechos a la vida, respeto a su dignidad personas e integridad física y moral y la protección a la salud en la situación actual de pandemia por COVID-19. Recuerda que la pandemia afecta a todos los ciudadanos y que se ha dictado la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con medidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aparte de estas medidas generales para todos los internos, apunta la Sala, se han adoptado medidas concretas en relación con el apelante en el Centro Penitenciario de Estremera donde está interno, tal y como se recoge en los informes del servicio sanitario de dicho centro a petición del Juzgado de Instrucción 6. En ellos se señala que el estado de Villarejo es bueno, que dispone de una celda individual de 12 metros cuadrados donde puede realizar su ejercicios de rehabilitación, que en el centro penitenciario se observan todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades ante la pandemia, y que cualquier circunstancia relevante acerca de la situación del apelante será comunicada al juzgado. “De todo ello resulta que José Manuel Villarejo está siendo debidamente atendido y tratado en prisión de sus dolencias físicas, que está sometido a control médico permanente que garantiza, en caso de ser necesario, adoptar cualquier medida que su salud requiera, por todo lo cual procede la desestimación del recurso”, concluye la Audiencia.

  • La Audiencia Nacional condena a 52 años de cárcel al miembro de ETA acusado de cometer el atentado frustrado en Citruénigo (Navarra) en el año 2000
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 19/11/2020 a las 15:00

    La Audiencia Nacional ha condenado a 52 años de cárcel al miembro de ETA José Ignacio G.L. por la colocación de un artefacto que no llegó a explosionar situado en la jardinera del alféizar de una vivienda de Citruénigo (Navarra) en la que pensaba que vivía un guardia civil pero que, en esa época, noviembre del año 2000, estaba habitada por una mujer y un niño de corta edad. En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal imponen a José Ignacio G.L. dos penas de 19 años cada una por sendos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa con la concurrencia de la agravante de reincidencia y otros 14 años por estragos terroristas en grado de tentativa, tal y como solicitaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Sala también acuerda la prohibición de que José Ignacio G.L. vuelva a la localidad navarra de Citruénigo durante los 8 años siguientes al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Los hechos probados de la sentencia relatan que el mes de noviembre de 2000, el acusado formaba parte del comando «TOTTO» de la organización terrorista ETA. Junto con los otros dos sujetos componentes del comando y siguiendo las instrucciones del responsable del mismo, en fecha no precisada, pero próxima y anterior al día 9 de noviembre de 2000, colocaron un artefacto explosivo en una jardinera ubicada en el alféizar de una de las ventanas del salón-comedor de la primera planta de una vivienda situada de la localidad de Cintruénigo (Navarra). El objetivo de dicha acción era causar la muerte de un miembro de la Guardia Civil que residió en la vivienda en régimen de alquiler hasta el mes de marzo de 1996, desconociendo el comando que se había trasladado a otra localidad, siendo habitada la vivienda en la fecha de los hechos por una persona adulta, no perteneciente a las fuerzas de seguridad, y su hijo menor de edad. El artefacto no llegó a explosionar, indica la resolución, debido a la interrupción del fluido eléctrico del circuito, ocasionada por la rotura de los hilos conductores del cableado en alguna de las conexiones del dispositivo. Posteriormente, el 28 de enero de 2001, el artefacto fue hallado, procediéndose a su retirada y desactivación por especialistas del GEDEX de la Guardia Civil de Navarra. La explosión habría causado la muerte de todos los habitantes de la vivienda Los magistrados afirman que “la explosión del artefacto, dada su potencia, de haberse producido, hubiese causado la muerte de cuantas personas se encontraban en la vivienda, que, en la fecha de los hechos, como ya se ha manifestado, estaba habitada por una persona adulta y su hijo menor, de cuatro años de edad”. También, añaden, hubiese ocasionado en dicha vivienda graves daños en el suelo y en el techo de la habitación, que se correspondía con el suelo de la primera planta. Las fachadas lateral y posterior de la vivienda hubiesen resultado prácticamente destruidas debido a su proximidad al foco de explosión y la fachada delantera situada en la pared opuesta al lugar donde se encontraba colocado el artefacto hubiera sufrido graves desperfectos, al igual que todos los objetos y enseres que se encontraban en la referida habitación Asimismo, habría afectado a las casas cercanas, “generado daños enormes y graves no sólo en ese frente, sino también en esas viviendas aledañas, producto de la presión y la onda expansiva que igualmente habría alcanzado a coches, viviendas e incluso lesionado a personas que estuviesen o pasasen por allí al momento de la explosión, que les habría motivado lesiones muy probables”.

  • El juez propone juzgar a 23 personas por una supuesta trama de corrupción en Argelia
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 16/11/2020 a las 14:47

    El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha propuesto juzgar al exembajador Gustavo D.A., al que fuera diputado del PP Pedro G.D.L.S y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país. En el auto de pase a procedimiento abreviado de esta pieza investigada, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (antes art. 445 CP y ahora art. 286 bis y ss. CP), cohecho (arts. 419 y ss. CP), blanqueo de capitales (art. 301 y ss. CP) y organización criminal o asociación ilícita. En su resolución, De la Mata explica que de la investigación se desprende “que la finalidad de la organización constituida, era doble: por un lado, conseguir contratos en países extranjeros (en este caso, en Argelia), mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos”. Por otro lado, continúa el instructor, en algunos casos, enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla: aparentes negocios jurídicos mercantiles suscritos entre sociedades interpuestas; contratos de prestación de servicios y de consultoría falsos; facturación igualmente falsa justificativa de las operaciones; etc. A ello se añade que las prestaciones objeto de los contratos no fueron realizadas y eran meramente ficticias. “Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización”, dice el juez. Justo por esta razón, agrega, el alcance subjetivo de la organización se extiende a los directivos de ELECNOR que desarrollaron sus actividades criminales, no en relación con un único contrato, sino con relación a distintos bloques contractuales (SOUK TLETA y OURGLA). Junto a ello, y por la misma razón, forman parte de la organización los comisionistas e intermediarios que conforman el núcleo más próximo de relaciones entre las empresas contratistas españolas y las empresas públicas argelinas, y sus más próximos colaboradores. Todos ellos participaron en las dos operaciones mercantiles corruptas desarrolladas, tanto en Souk Tleta como Ourgla, lo que les atribuye estabilidad y permanencia en la organización, así como persistencia en los objetivos criminales, que no limitaron a una única operación sino que se prolongó y reiteró en el tiempo. El juez apunta que el liderazgo de la organización estaba integrado por el exembajador, el exdiputado y otras dos personas. Los restantes se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos.A partir de ahora, el Juzgado Central de Instrucción 5 da un plazo de 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral de esta investigación presentando escrito de acusación e bien solicitando el sobreseimiento de la causa.  

  • La Audiencia Nacional absuelve a un imán acusado de integración en organización terrorista
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 13/11/2020 a las 14:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al imán H.F.M.S., alias “Abu Adam”, del delito de integración en organización terrorista del que le acusaba la Fiscalía y por el que pedía una condena de nueve años de cárcel.En una sentencia, los jueces de la Sección Primera, con voto particular del uno de los magistrados favorable a la condena por adoctrinamiento terrorista activo, absuelve al acusado también de los delitos alternativos propuestos por el Ministerio Público, esto es, captación y adoctrinamiento terrorista o adoctrinamiento pasivo terrorista. La resolución relata que el acusado llegó a España procedente de Alemania, donde había ejercido como imán en una mezquita de Munich, y su actividad consistía en visitar mezquitas de Alicante y Valencia participando de sus actividades dando conferencias, sermones y ponencias como gran conocedor de la religión islámica, sin que se “haya acreditado del contenido de aquellos que efectuase loas a grupos terroristas yihadistas o pretendiese la expansión del odio hacia Occidente, ni adoctrinar a sujeto alguno para su unión a la causa de la yihad global”. Los magistrados explican que en los dispositivos incautados al acusado determinó que los mismos servían de repositorios de cuantiosos documentos de todo tipo relacionados con el islam y con una visión yihadista del mismo, entre las que destacan fotos con armas, ejecuciones, acciones armadas o situaciones bélicas. “Se trata fundamentalmente de actividades en redes abiertas , singularmente de Facebook y de vídeo descargados de YouTube, sin que conste del examen de aquellos que tuviera alguna clase de interacción con organizaciones terroristas yihadistas ni relación con ellas ni con sus m miembros o integrantes ni que tampoco tuviera intención ulterior de colaborar o participar en sus actividades, ni para formarse ni capacitarse en tal sentido, ni que con sus publicaciones, sermones, conferencias pretendiera expandir el ideario terrorista o contribuir, de hecho, a reclutar formar o capacitar a otros sujetos para tal finalidad”. La Sala indica que tampoco se ha probado que H.F.M.S. intentase traer a España a una mujer y a sus hijos con una finalidad distintas de la de prestarle ayuda ya que se encontraba en Siria, donde al parecer había fallecido su esposo, un reconocido terrorista, en combate. Para los magistrados, de los múltiples viajes que el acusado realizó a Pakistán no ha quedado acreditado que mantuviese reuniones con miembros de asociaciones afines al radicalismo islámico “y menos aún que en aquellas estuviese planificando actuación alguna de naturaleza terrorista relacionada con el objeto de la presente investigación”. Voto particular favorable a la condena por adoctrinamiento La sentencia incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que considera que el acusado debe ser condenado por delito de adoctrinamiento del artículo 577.2 del Código Penal en tanto que tenía la conciencia y voluntad de difundir una idónea doctrina de adoctrinamiento yihadista y que, según este magistrado, queda acreditado en el relato de hechos probados de la sentencia. A diferencia de la sentencia mayoritaria, Hurtado entiende que la actitud del acusado, amable y orientada a la desradicalización de individuos con tendencias radicales en el terreno del terrorismo yihadista y que se refleja en una parte de los hechos, es solo una apariencia que encubre la auténtica realidad y ello “porque también se describen pasajes que evidencian una actividad de proselitismo a favor de la radicalización mediante la difusión de una doctrina yihadista que, insisto, es lo único que requiere el tipo contemplado en el 577.2 CP”. Este magistrado recuerda que dicho tipo penal se trata de un delito de riesgo abstracto, cuya consumación tiene lugar por el mero hecho de ser consciente quien difunde el mensaje, de que esta actividad resulta idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo y pese a ser consciente de ello, como tiene voluntad de emitirlos, los emite. La sentencia incluye un voto particular del magistrado Angel Hurtado que considera que el acusado debe ser condenado por delito de adoctrinamiento del artículo 577.2 del Código Penal en tanto que tenía la conciencia y voluntad de difundir una idónea doctrina de adoctrinamiento yihadista y que según este magistrado queda acreditado en el relato de hechos probados de la sentencia. A diferencia de la sentencia mayoritaria, Hurtado entiende que la actitud del acusado, amable y orientada a la desradicalización de individuos con tendencias radicales en el terreno del terrorismo yihadista y que se refleja en una parte de los hechos es solo una apariencia que encubre la auténtica realidad y ello “ porque también se describen pasajes que evidencian una actividad de proselitismo a favor de la radicalización mediante la difusión de una doctrina yihadista que, insisto, es lo único que requiere el tipo contemplado en el 577.2 CP”. Este magistrado recuerda que el 577.2 se trata de un delito de riesgo abstracto, cuya consumación tiene lugar por el mero hecho de ser consciente quien difunde el mensaje, de que esta actividad resulta idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo y pese a ser consciente de ello, como tiene voluntad de emitirlos, los emite.  

  • La Audiencia Nacional confirma la extradición a México de un empresario por delitos relacionados con la corrupción
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 13/11/2020 a las 13:00

    El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto que rechaza el recurso de súplica que presentó el expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México Alonso A. contra el auto que acordaba su extradición a México por delitos relacionados con corrupción. La Sala confirma la entrega de este empresario al considerar que los hechos por los que le persigue la Justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación. La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México S.A. a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector General de Pemex Emilio L. por un importe de 3.4 millones de dólares. En noviembre del mismo año Emilio L. adquirió un inmueble en una zona residencial de ciudad de México y un mes después, una vez elegido director General de Pemex propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos. Los hechos investigados, según la Sala de lo Penal en España encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”. El auto argumenta que Alonso A. cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado (dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a TOCHOS, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Emilio L., cuando ya sea director General de la empresa estatal PEMEX la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”. Los hechos nada tienen que ver con una persecución política La Sala descarta la prescripción alegada por la defensa al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana. La Sala rechaza también la persecución política alegada por la defensa en tanto que se persigue un delito común de clara corrupción” donde deviene ínsita legalmente la existencia de una autoridad política, que no es la persona del reclamado, sino su contraparte, y donde se denuncia un fraude por sobre precio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agro nitrogenados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México que es lo que constituye el núcleo de los que se persigue ante el hecho de haber pretendido y momentáneamente conseguido ocultarlo, introduciendo en el mercado lícito mexicano tal activo mediante tan complicada operación con triangulación de envíos económicos al extranjero, a empresa constituida en un paraíso off shore, en entregas fraccionadas de dinero, con la utilización de un testaferro familiar, y gran perjuicios al dinero público, circunstancias que, objetivamente, nada tienen que ver con la persecución política”.  

  • Penas de entre seis meses y tres años de cárcel para tres de los nueve acusados en el ‘caso Madeja’ de comisiones a funcionarios a cambio de contratos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 13/11/2020 a las 12:18

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van de los 6 meses a los 3 años de cárcel a tres de los nueve acusados en el juicio de la primera pieza del conocido como ‘caso Madeja’ de pagos a funcionarios a cambio de obra pública en torno a la empresa sevillana Fitonovo. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta han dictado sentencia en el marco de la pieza separada 1 denominada “Administraciones Autonómicas e Insulares” que abarcó actuaciones en las que intervino Fitonovo en las Islas Canarias, fundamentalmente relacionadas con el Cabildo de Lanzarote, en la Comunidad de Extremadura, relacionadas con la zona de Plasencia y Mérida, y la Comunidad de Andalucía, en las zonas de Sevilla y Huelva. La Sala impone una pena de 3 años de cárcel por un delito continuado de cohecho a José María P.G., Jefe de Sección de Explotación de carreteras de Mérida (Badajoz), si bien le absuelve del delito de prevaricación por estar prescrito.Además, el Tribunal condena por cohecho a 6 meses de prisión a José Francisco C., jefe de Servicio de Conservación y Dominio Público Viario, de la Junta de Andalucía, y a José María L.T., jefe de Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en la delegación de Huelva. La sentencia acuerda aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a los condenados, por lo que impone las penas en el mínimo de su mitad inferior. La Audiencia absuelve a José U.G., Rubens C. y Gustavo A.G. del delito de cohecho al haber retirado la Fiscalía su acusación, mientras que por prescripción de ese mismo delito absuelve también al delegado de Fitonovo Adolfo T.G., al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio M.L. y al funcionario de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco I. En sus fundamentos de derecho, la sentencia explica que los hechos “constituyen para todos los acusados un delito de cohecho, en alguna de las modalidades recogidas en las sucesivas versiones del código penal y, además, para el acusado José María P.G. un delito de prevaricación”, si bien en algunos casos los delitos están prescitos. El Tribunal indica en sus hechos probados que las actuaciones de esta pieza se han centrado en las licitaciones a favor de Fitonovo en determinados contratos públicos relacionados con su objeto social en las Islas Canarias, Extremadura y Andalucía en los que diversos comerciales de la empresa pagaron comisiones, en efectivo o en regalos, a los funcionarios o autoridades que intervinieron en ellos, “perjudicando a la administración y al principio de libre concurrencia entre los solicitantes”.  

  • El juez propone juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y otras cinco personas por supuestas irregularidades en los contratos del Campus de la Justicia
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 12/11/2020 a las 16:30

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo P. y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM). En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 253 páginas, el magistrado procede, además de contra Alfredo, contra Isabelino B.F., Mariano José S.P., Alicio DLH. R. y Andrés G.G., en sus respectivas condiciones de director general Técnico, subdirector general Técnico, director Financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, con el asesoramiento de Félix José G.DC. Al mismo tiempo, archiva la causa para dos personas, María Lourdes M. y Paloma M.M. El magistrado explica que los investigados, liderados por Alfredo P., quien en última instancia tomaba todas las decisiones, “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”. Según explica de la Mata, que examina de forma pormenorizada los contratos investigados en este procedimiento, Alfredo y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”. “En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, afirma el juez. Los contratos investigados Entre los contratos presuntamente irregulares se mencionan en el documento la “Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007)” o la “Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 del Campus de la Justicia de Madrid (2006)”. Además, la “Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid (2007)”, la “Edición y distribución del libro “FOSTER & PARTNERS”, la “Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia de Madrid”, el “Servicio de asesoramiento jurídico” o la “Gestión integrada del proyecto y construcción de la urbanización y edificación de la fase 2 de Campus de la Justicia de Madrid”, entre otros. En su auto, el juez explica que el análisis de la actuación de las personas investigadas refleja que “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación” y apunta que no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los informes técnicos de valoración, en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o que prescindieron en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna, entre otras supuestas irregularidades. La preeminencia absoluta de Alfredo P. en la toma de decisiones De la Mata destaca la intervención personal y directa y la preeminencia absoluta que, durante la primera fase del Campus de la Justicia en que ejerció la Presidencia, tuvo Alfredo P. en la toma de decisiones en los distintos procesos de contratación. “De entrada -explica- todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación (que alcanzan en su conjunto más de 5 millones de euros en contratación), se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM. Estas contrataciones no se decidían en CJM, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la CAM, es decir, de Alfredo P., limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones”. De hecho, continúa el instructor, el personal de CJM que se ocupaba de estos ámbitos ni siquiera estaba en sede de CJM, sino en la de Vicepresidencia o de la Consejería, integrado junto con el resto del personal del Gabinete de Alfredo. En todos estos contratos sobre publicidad, comunicación y propaganda, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por aquel personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos. “Aun así, lo más relevante no es esto, sino que los contratos de comunicación y publicidad no constituían, como era lógico y debido, el componente comunicacional del Programa Ciudad de la Justicia de Madrid, que era el objetivo de CJM, ni estaban integrados en la estrategia de CJM”, agrega. La existencia de un plan criminal defraudatorio El auto del juez señala que las personas investigadas, “lideradas desde luego por Alfredo, que en última instancia tomaba todas las decisiones, se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”. Esto se aprecia, indica el instructor en distintos supuestos entre los que destaca la contratación de los consultores BURO HAPPOLD y GLEEDS IBERICA para la fase de proyecto básico del contrato de FOSTER&PARTNERS Redacción del Proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La situación es la misma en la contratación de THE BANK, por 40.000 libras inglesas, para elaborar un video. En este caso, dice el juez, se opera del mismo modo: para ocultar esta contratación, disimular el pago y evitar la puesta en marcha de un proceso de licitación que permitiera alcanzar un precio equilibrado fruto de la libre concurrencia, aplicaron de nuevo la vía de abonar estos servicios a FOSTER & PARTNERS, para que esta firma, a su vez, lo abonara a esta agencia de comunicación. Además, existe un buen conjunto de contratos, por otra parte, en que los investigados se concertaron con distintos grupos empresariales para fijar un precio arbitrario a los servicios y conseguir su adjudicación a la empresa arbitrariamente elegida mediante el ardid de presentar presupuestos por parte de sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, de modo que la competencia y libre concurrencia no existía. En otros casos, explica el magistrado, los investigados fraccionaron los contratos, siempre con la misma finalidad de conseguir adjudicar los contratos a la empresa predefinida por los directivos de CJM.  

  • El juez abre juicio oral contra 26 personas en la pieza principal de Gürtel e impone fianzas por multas de hasta 33,6 millones
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 04/11/2020 a las 11:50

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del caso Gürtel contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco C. y Pablo C., a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros.  En un auto, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal por hechos constitutivos de delitos contra la Hacienda pública, continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. De la Mata envía a juicio también a un total de 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios.  Se trata de la última pieza que quedaba en instrucción en el Juzgado Central de Instrucción 5, a excepción de una parte de la pieza de los llamados «papeles de Bárcenas» que se reabrió y que todavía se investiga en este órgano judicial.  En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Francisco C.y Pablo C. con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigas en las piezas separadas», dice el juez, y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.  El juez sienta en el banquillo a los responsables del Grupo Correa y sus asesores fiscales  La resolución acuerda sentar en el banquillo a los responsables del llamado Grupo Correa Francisco C. y Pablo C., a sus asesores fiscales Luis D.M. y Ramón B.B., así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron durante la época de la Gürtel en la operativa para eludir pagos a la Hacienda pública y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.      El juez incluye en la apertura de juicio oral a Javier N., Alicia M., Pablo C., Felisa J. e Inmaculada M. en ejecución de lo acordado por la Sala de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública, tal y como sostenían la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus escritos de acusación. Por el mismo motivo amplía la apertura de juicio oral respecto de Jesús C.S., Vicente Luis A., y Guillermo M.L. por delito contra la Hacienda pública.  Las responsabilidades pecuniarias reflejadas en el auto a las que deben hacer frente los acusados son el resultado de las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudiera imponerse en sentencia. En el caso de Francisco C. y Pablo C., las fianzas por las multas se elevan hasta los 33,6 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar las posibles responsabilidades civiles que deben satisfacer los acusados por IRPF, IVA y Sociedades entre 2003 y 2007 reflejadas en la resolución.  Ocultaron cantidades multimillonarias a través de complejas estructuras financieras  De la Mata explica que en el caso de Francisco C. ha quedado acreditado que las cantidades multimillonarias que ha obtenido las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera, justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos. Los citados fondos nunca fueron declarados por aquel a la Hacienda Pública quien, de hecho, no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas.  En el caso de Pablo C., continúa el instructor, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo. Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad CRESVA SL y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.  Los asesores Luis D.M. y Ramón B.B deben ser imputados, explica el magistrado, a título de cooperadores necesarios a la vista de la posición que han desempeñado en sus respectivas épocas y tareas en el diseño y desarrollo de las estructuras societarias. «Su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación», añade.  «Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Francisco C. y Pablo C., para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública», apunta.  Para el juez, “lo relevante no es que colaboraran con Francisco C. y Pablo C. en la creación de la maraña societaria, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente (siempre a los efectos limitados de esta resolución), que estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos. Por la misma razón se imputa a cada uno de ellos como cooperador necesario en las defraudaciones tributarias imputadas a ambos».   

  • La Audiencia Nacional absuelve por prescripción de los hechos a tres acusados del asesinato de un policía en Galdácano en 1990
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/10/2020 a las 17:00

    La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la que fuera dirigente de ETA Carmen G. y a otros dos miembros de la banda, Oscar A.P. y José Ramón M., del atentado cometido en Galdácano, el 30 de enero de 1990, en el que murió el policía Ignacio Pérez Álvarez, al considerar que los hechos están prescritos. En una sentencia, los magistrados estiman la cuestión planteada por los abogados de la defensa en la que sostenían que la providencia dictada por el Juzgado Central de Instrucción 5 el 1 de junio de 1993 no interrumpe el plazo de prescripción de los hechos objeto de enjuiciamiento. La Sala recuerda que la actuación lleva a cabo por el Juzgado 5, en sus diligencias previas 329/91, seguidas por hechos consistentes en explosión en la calle Mar Mediterráneo de Bilbao -en relación a las declaraciones policiales prestadas por los imputados Oscar A.P. y José Ramón M. reconociendo distintos hechos delictivos- en las que acuerda oficiar al juzgado decano para que informe sobre procedimientos judiciales y órgano instructor, “no se incluye el hecho investigado en las presentes actuaciones, por lo que no se remitió antecedente alguno para la prosecución del procedimiento”. En este sentido, añade, “no constituye una actuación judicial dirigida a la investigación del hecho objeto de las presentes actuaciones, careciendo de auténtico contenido material, tratándose de una resolución de mero trámite, no dirigida a la efectiva prosecución del procedimiento contra los culpables, por lo que la misma no produce efecto interruptor alguno de la prescripción que en el presente caso tiene un plazo de 20 años”. Así, la Sala considera que procede estimar la prescripción alegada y absolver a los acusados, “dado que los hechos relatados en el factum tiene lugar el 30/1/1990 y se dirige el procedimiento contra ellos por auto de 30/01/2013, habiendo por tanto prescrito el delito del cual eran acusados por el Ministerio Fiscal, quedando extinguida la responsabilidad criminal”. La Audiencia recuerda la doctrina del Tribunal Supremo en la que señala que los actos procesales dotados de auténtico contenido material pueden interrumpir la prescripción, excluyéndose como tales las diligencias inocuas, las resoluciones sin contenido sustancial y todas aquellas que no constituyan efectiva prosecución contra los culpables como actos procesales dotados de auténtico contenido material por constituir efectiva prosecución contra los presuntos culpables. Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba una condena para los tres acusados de 30 años de cárcel por un delito de asesinato con finalidad terrorista.

  • La Audiencia Nacional da un plazo de diez días a seis condenados en el caso Gürtel a penas graves para su ingreso voluntario en prisión
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/10/2020 a las 11:15

    La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez 10 días a los seis condenados a penas graves en el caso Gürtel para su ingreso voluntario en prisión, caso de Rosalía I., Jesús S., Ricardo G., José Luis I., María del Carmen R. Q. y Carlos C. El Tribunal adopta esta decisión en una providencia una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal en los que no se opone a la concesión de plazo para el ingreso voluntario de los condenados a penas graves, en ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la de la Audiencia Nacional. En la misma resolución, los magistrados rechazan la suspensión del ingreso en prisión solicitada por José Luis I., Carmen R.Q. y Rosalía I. En el caso de esta última, el Tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

  • La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión al exconcejal de Majadahonda en ejecución de la sentencia firme del caso Gürtel
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/10/2020 a las 12:43

    La Audiencia Nacional ha acordado el inmediato ingreso en prisión del exconcejal de Majadahonda Juan José M. en ejecución de la sentencia firme del caso Gürtel, por la que se le impuso una pena de 17 años y dos meses de cárcel, y ha dado traslado a la Fiscalía que informe respecto del aplazamiento de ingreso en un centro penitenciario solicitado por otros seis condenados a penas graves, caso de Rosalía I., Jesús S., José Luis I., Ricardo G., María del Carmen R. Q. y Carlos C. En una providencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señala que las peticiones presentadas por los condenados a penas no graves, caso de Jesús C., Jesús M., Pedro R. y Teresa G., para su tramitación, quedan a la espera de la incoación íntegra de la ejecutoria para todos los condenados. Respecto de aquellos condenados que ya se encuentran en prisión, por esta o por otras causas (Francisco C., Pablo C., Isabel J., Guillermo O., Luis D.M., Luis B. y Alberto L.V.), la Sala acuerda que se proceda a cursar orden a los centros penitenciarios donde se encuentren internos para el pase a penado y el cumplimiento de la condena impuesta en este procedimiento.

  • El juez de la Audiencia Nacional cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza separada de la causa ‘3 por ciento’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/10/2020 a las 12:00

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la citación como investigado del exgerente de CDC Germá Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado caso ‘3 por ciento’ en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta”. En un auto, el magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que citara a Gordó a declarar por un delito de blanqueo de capitales, interrogatorio que tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 30 de octubre, a las 10 horas, por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. El magistrado le cita después de que el extesorero de la formación señalara en su declaración ante el juez que “la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces gerente del partido, Gordó Aurabell”. La resolución explica que en ese procedimiento se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas supuestas vías ilegales de allegamiento de recursos. En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido. “Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras”, indica el auto, que añade que mediante esos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido. Aflorar el dinero procedente del delito Para aflorar estas cantidades de dinero procedente de delito, señala de la Mata, directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de ‘pitufeo’ que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito. “Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos ‘donantes’ realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el instructor. Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad”, de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

  • La Audiencia Nacional deniega la inscripción a la denominada ‘Iglesia Pastafari’ en el registro de entidades religiosas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/10/2020 a las 12:30

    La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia a la denominada ‘Iglesia Pastafari’ porque sus fines son ajenos a una entidad religiosa. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó un particular contra la resolución del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia que rechazó la inscripción de la Iglesia Pastafari en el Registro de Entidades religiosas.El tribunal señala que existen otras cinco solicitudes anteriores entre 2010 y 2016, presentadas por sujetos distintos, de inscripción de la Iglesia Pastafari, con nombres en ocasiones diferentes como Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador o Legionarios de Monesvol. La sentencia incluye algunos de los Estatutos de esta entidad, como la Oración principal al Monesvol: «Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación (de no alimentamos de ti) y líbranos del hambre… Ramén». En otro artículo de los Estatutos se recogen doctrinas y principios como los siguientes: 1. El dios más poderoso grande y perfecto es el Monstruo de Espagueti Volador, también referido como Monesvol o MEV. Él es invisible e indetectable, creador del Universo después de una borrachera, lo cual explica las imperfecciones de este mundo. 2. La divina inspiración del Evangelio del Monstruo del Espagueti Volador del profeta Bobby Henderson, su credibilidad plena y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta, a menos que otro pastafari opine lo contrario. 3. Monesvol guía continua e invisiblemente la conducta de cada ser humano creyente o no) por medio de sus apéndices tallarinescos. 4. Los pastafaris devotos deben vestir completamente con atuendo pirata y gritar ¡Arrrgh! Siempre que les sea posible. Esto es así porque los piratas son el pueblo elegido. Cuando esta vestimenta no sea viable (por ejemplo, porque haga falta ver por los dos ojos), el fiel pastafari procurará vestir la prenda religiosa de cabeza consistente en un colador. Esta prenda será lavada antes de su posterior reutilización como utensilio ritual. 5. La realidad del calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas y la esperanza del retorno del número de piratas a valores saludables para el planeta mediante la conversión de los fieles a la religión Pastafari. 6. Monesvol reveló al capitán pirata Mosley y a Bobby Henderson que son profetas de la Iglesia Pastafari. 7. Los pastafaris que se porten razonablemente bien irán al cielo Pastafari, que tiene volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista y una fábrica de bailarines/as de striptease. En cambio, aquellos que Monesvol tenga por diversión mandar al infierno, también dispondrán de volcanes de cerveza y una fábrica de bailarines/as de striptease, pero [en] dichos volcanes la cerveza está caliente y sin gas y las bailarines/as de striptease sufren enfermedades venéreas. 8. El sacerdocio de todos los creyentes que, en la unidad proclaman por su fe, constituyen la Iglesia Universal, comprometidos por el mandamiento de su tallerinesca santidad a la proclamación del evangelio a todo el que quiera escucharles. 9. La pasta con albóndigas y la cerveza son los elementos que forman el cuerpo del creador, y son, por tanto, un alimento ideal y de fácil preparación. Después de leer los estatutos, la Sala concluye que la Iglesia Pastafari no es una entidad religiosa. “Sus fines son ajenos a los de una entidad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes”. Los magistrados explican que el movimiento Pastafari se inició en 2005, en la protesta contra ciertas decisiones en materia educativa del Estado de Kansas por lo que su finalidad, “ sería, en principio, respetable como asociación, pero no puede pretenderse que se trata de una religión, porque visto su credo, estatutos y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa”. La Sala rechaza el argumento de los recurrentes de vulneración de su derecho de asociación puesto que nada les impide asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas, en forma de asociación, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones pero no en el de Entidades Religiosas.La resolución añade que el hecho de que el pastafarismo fuera creado con la finalidad de hacer una parodia crítica a decisiones del sistema educativo de Kansas, Es un hecho histórico que “permite por añadidura confirmar la posición sustentada por la resolución recurrida “ y concluir que no se ha vulnerado la libertad religiosa de los recurrentes La sentencia impone las costas a los recurrentes.  

  • La Audiencia Nacional absuelve a Josep Lluis Trapero y a la excúpula de los Mossos por los sucesos del 20 y 21 septiembre y el referéndum ilegal del 1-O
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 21/10/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del 1 de octubre relacionados con el proceso independentista. En una sentencia de la Sección Primera, con voto particular de la presidenta Concepción Espejel favorable a la condena por sedición de Trapero y Soler, los magistrados Ramón Saéz (ponente) y Francisco Vieira consideran que no ha quedado acreditado que los acusados “hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma” ni que se hubieran puesto de acuerdo con quienes lideraban el proceso independentista o que hubieran apoyado sus actos propiciando la pasividad de la policía autonómica. La resolución explica que no hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio, ni tampoco entre los acusados, o alguno de ellos, y las personas condenadas en el juicio ante el Tribunal Supremo como coautores del delito de sedición o con otros organizadores de la preparación y ejecución del referéndum. La Fiscalía pedía una condena de 10 años de cárcel para Trapero, Soler y Puig y de 4 años para Laplana por delito de sedición y ofreció como calificación alternativa la de delito de desobediencia por el que se solicitaba la imposición de penas de multa e inhabilitación por 1 año. Los contraindicios de la connivencia de los acusados con los promotores de las movilizacionesLa sentencia señala que son numerosos los hechos que funcionan como contraindicio de la hipótesis de la existencia de un acuerdo de los acusados con los que llamaron, organizaron y lideraron la movilización ciudadana frente a los registros del 20 de septiembre y para celebrar el referéndum el 1 de octubre. En este sentido, explica que los acusados no se comunicaron con los responsables políticos y sociales de la convocatoria del referéndum y de las movilizaciones durante el periodo de septiembre y octubre de 2017; y la Prefectura de Mossos d’Esquadra, con el mayor al frente, reprobó públicamente el 23 de septiembre las declaraciones del Conseller de Interior, de quien dependían orgánicamente, afirmando su compromiso con la ley y las decisiones de los jueces. Los magistrados de la Audiencia apuntan también como contraindicios que, en dos ocasiones, el 26 y el 28 de septiembre, Trapero se reunió con el entonces President de la Generalitat para pedirle que desconvocara el referéndum, así como que el mayor volviera a manifestar, esta vez en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, al President y al Conseller de Interior, y en presencia del secretario de Estado de Interior, que los Mossos cumplirían la ley y las resoluciones de los jueces. En la misma línea, la Sala argumenta que el acusado principal, Trapero, siguió manifestando después del 1 de octubre, en una reunión con los mandos del Cuerpo el día 13, que la Policía debería actuar bajo criterios de neutralidad política, imparcialidad y profesionalidad, ejecutando las decisiones de jueces y fiscales. Trapero preparó un dispositivo para la detención de los cargos políticos el día de la DUI Para la Sala, otros de los contraindicios apreciados se basan en que el mayor Trapero preparó con otros comisarios del cuerpo un dispositivo para la detención de cargos y representantes políticos el día de la Declaración Unilateral de Independencia, en previsión de que así lo decidiera la autoridad judicial. Añaden también que, en diversas ocasiones, durante el periodo examinado, agentes de la policía autonómica intervinieron de manera eficaz y contundente contra movilizaciones dirigidas a la celebración del referéndum, como es paradigmático, por su importancia, el apoyo a la comisión judicial que registraba el 19 de septiembre la sede de Unipost, cuyo resultado impidió la constitución formal de las mesas electorales. La actuación de los acusados el 20 y 21 de septiembre Para el Tribunal, la actuación de Trapero como jefe policial el 20 de septiembre no fue de colaboración con los independentistas, si no que afrontó la situación de un modo que evitó graves daños. Y trató de cumplir con la resolución judicial, igual que antes lo había hecho con las órdenes que emitía la Fiscalía Superior. En el caso de Laplana, explica, carecía de mando sobre las unidades de orden público y su función fue servir de medio de comunicación y enlace del mando de Mossos d’Esquadra con las unidades presentes en la sede de Vicepresidencia y, sobre todo, con la comisión judicial. La Sala concluye que la hipótesis acusatoria (de que negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba) carece de respaldo probatorio. Del mismo modo, el Tribunal considera que los coacusados Soler y Puig no tuvieron actuación en el dispositivo policial de aquellas dos jornadas. La sentencia indica que en el registro del día 20 de septiembre de la Secretaría General de Vicepresidencia se puso en evidencia el método policial de la mediación antes de utilizar la fuerza. “Se evitó desde el primer momento -explica- la reacción violenta contra ciudadanos que no manifestaban una especial agresividad; cuando apareció un riesgo cierto de sustracción de las armas que había en los vehículos de Guardia Civil, se intensificó la actuación discreta de agentes; se agotaron todas las posibilidades de mediación con los que se erigieron como líderes de la protesta, aunque fueran principales representantes del independentismo, pero especialmente aptos por ello para convencer a la multitud congregada; no se cedió ante las presiones de esos líderes independentistas. Se posibilitó la realización de la diligencia judicial, aunque los componentes de la comisión sufrieran injustamente la retención en el interior del edificio al estar rodeado por la multitud. Finalmente, cuando la actuación de grupos violentos al comienzo de la noche cambió el escenario pacífico, intervinieron eficazmente los efectivos de orden público de Mossos d’Esquadra”. El 1 de octubre y la actuación de los Mossos Respecto al día 1 de octubre y el dispositivo policial, la sentencia explica que las actuaciones de Trapero “parecen estar dirigidas a minimizar los daños, aunque ello supusiera al final la celebración del referéndum ilegal. No puede desdeñarse esto. Efectivamente, el acusado venía obligado a hacer todo lo que estuviera en su mano para cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y de la Magistrada Instructora del Tribunal Superior de Justicia. Pero, en la ponderación de los intereses en juego (integridad de las personas, alteración del orden público, cumplimiento del mandato judicial), el jefe policial no debía poner como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum. Si ello producía unos daños irreparables, no solo podían achacarle la responsabilidad de su producción, sino que, desde el punto de vista profesional, su gestión habría sido un fracaso. Bajo este prisma, puede entenderse la reiterada mención a los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad”. En este contexto, añade la Sala, era razonable que en esa situación se resaltara “la necesidad de atenerse a ellos. De hecho, estos principios fueron observados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando tuvieron que desistir en muchas de las intervenciones de orden público el día 1 de octubre ante la naturaleza y condición de las personas que se encontraban en los centros de votación, aparte de que se contemplaban en la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad”. La sentencia considera que “la prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales. El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo”. El ordenamiento jurídico tiene resortes para afrontar los incumplimientos legales y judiciales “En un sistema democrático avanzado como el nuestro, el ordenamiento jurídico tiene resortes suficientes para afrontar todos los incumplimientos legales y judiciales, incluso cuando provienen de las más altas autoridades de una Comunidad Autónoma. Desde la declaración del estado de alarma o excepción contemplado en el artículo 116 de la Constitución, hasta la adopción de las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma cumpla con las obligaciones que le imponen la Constitución y la ley o cuando actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, a través del mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución. El hecho de que no se hubiera puesto en marcha este remedio constitucional ante la convocatoria, primero, y la celebración, después, de un referéndum ilegal que trataba de ser prolegómeno de la declaración de independencia de una parte del territorio español no justificaba, siempre y en todo caso, que el acatamiento de la legalidad y de las decisiones de los tribunales tuviera que pasar por la producción de graves daños a las personas y por una alteración generalizada del orden público en Cataluña”, advierte la Audiencia. Para los jueces, “la opción finalmente puesta en práctica por la policía autonómica de restringir la intervención de los efectivos antidisturbios ante la posible causación de daños irreparables y desproporcionados debe considerarse, al menos, como razonable, aunque pudiera haberse optado por otro tipo de intervenciones policiales y se pueda discutir cuál hubiera sido más adecuada”. El día 1 octubre 2017, entiende la Sala, se pusieron en práctica formas policiales de actuar que obedecían a criterios diferentes, que pueden analizarse y cuestionarse, pero la preparación, planificación y ejecución de la actuación de los Mossos d’Esquadra no puede calificarse como de colaboración, ni siquiera por omisión, con quienes desobedecían las resoluciones judiciales y pretendían que no se cumplieran. Voto particular de la presidenta favorable a la condena de Trapero y Soler Frente a la sentencia mayoritaria, la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, formula un voto particular discrepante porque considera que los acusados Josep Lluis Trapero y Pere Soler i Campins debieron ser condenados como coautores de un delito de sedición. La magistrada estima que ha quedado probado que el acusado Trapero, en su condición de mayor del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, conociendo los propósitos del Conseller de Interior y del director de la Policía, de los que dependía política y gubernativamente y la firme decisión de éstos (y de otras personas que luego serían condenadas en el juicio del Procés) de que llegara a celebrarse a toda costa el referéndum suspendido por el TC, sumó sus esfuerzos a ese propósito común y puso medios eficaces para contribuir a tal resultado. Para ello, a medida que iban siendo dictadas las Instrucciones del Fiscal Superior de Cataluña, primero, y la resolución de la magistrada del TSJC, después, de común acuerdo con el conseller Forn y el director de la Policía, fue poniendo diversas trabas a su cumplimiento; oponiéndose contumazmente a la coordinación atribuida al Coronel Pérez de los Cobos. Presentó un Plan para el teórico cumplimiento de la Instrucción 3/2017 de la Fiscalía deliberadamente ineficaz para el cumplimiento de lo ordenado. No introdujo modificaciones al diseño del Plan (un binomio para cada colegio, al margen de la conflictividad previsible en los diversos centros), pese a habérsele advertido que tanto el Fiscal Superior de Cataluña como el Fiscal General del Estado consideraban el Plan inidóneo, por ser propio de unas elecciones legales. Seguidamente el mayor, aprovechando que las órdenes contenidas en la resolución de la Magistrada del TSJC eran menos concretas que las dadas en las Instrucciones del Fiscal Superior y la referencia contenida en el auto dictado por la misma a la necesidad de preservar la convivencia, pautó una actuación de mínimos por parte de los Mossos, tanto para los días previos como para el propio día 1 de octubre. Fijó unas Pautas de actuación para el teórico cumplimiento de la resolución del TSJC, sabiendo que las mismas eran claramente ineficaces para impedir el referéndum, máxime cuando el propio mayor anticipó su contenido a los responsables políticos y las mismas se publicitaron incluso por redes sociales. De manera que los que instigaban la iniciativa Escoles Obertes conocieran de antemano cual iba a ser la actuación del Cuerpo de Mossos d´Esquadra (y que bastaría la concentración de familias, personas mayores y colectivos vulnerables para que los binomios no pusieran obstáculo alguno a la ocupación previa de los colegios ni a la celebración del referéndum ilegal). Para asegurar que la actuación de la generalidad de los Mossos no supusiera obstáculo real a la ocupación previa de los colegios y a la celebración del referéndum, el Mayor estableció un rígido sistema de petición de apoyos por las patrullas y de transmisión de órdenes por parte de los mandos que evitara cualquier iniciativa o actuación directa de los agentes; de modo que, cuando pudiera adoptarse alguna medida, ésta resultara ineficaz. Respecto al acusado Soler, el voto particular explica que no solo no dio las instrucciones a las que venía obligado, en el ejercicio de su cargo de Director de la Policía, para el cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales, sino que, contraviniendo las mismas, sostuvo el derecho a votar de los ciudadanos, que los Mossos debían garantizarlo, que organizar un referéndum (que se le había ordenado impedir por el TC) no era delito y que debían prevalecer las órdenes gubernativas sobre las que pudieran dar los Jueces y Fiscales. Mediante la aceptación de un Plan presentado a la Fiscalía y de unas Pautas de actuación entregadas a la Magistrada del TSJC deliberadamente ineficaces, favoreció conscientemente que, bajo la apariencia de formal acatamiento de las órdenes judiciales recibidas, la actuación del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, no comportara obstáculo alguno para la celebración del referéndum.  

  • La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior por inadecuada protección de la Guardia Civil a una denunciante de violencia de género que fue asesinada
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/10/2020 a las 09:00

    La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección que la Guardia Civil otorgó a una mujer que solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género y que fue asesinada por su marido. En una sentencia, los magistrados de la Sección Quinta estiman que la Guardia Civil es responsable cuando en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, a resultas del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia. La resolución razona que “la actuación de los agentes ante situaciones de violencia de género no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio, sino que su actuación exige una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”. Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2016 cuando la mujer solicitó una orden de protección contra su marido ante el puesto de La Guardia Civil de Sanlucar La Mayor (Sevilla), que fue denegada por el juzgado atendiendo a la existencia de versiones contradictorias, la carencia de antecedentes del denunciado, y a que los agentes calificaron el riesgo para la mujer como “NO APRECIADO”. La Sala afirma que en caso de muerte violenta de una mujer que puso una denuncia contra su marido, que solicitó la adopción de medidas de protección a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, y que tan solo un mes después fue asesinada por aquél, no puede haber ningún deber jurídico que la perjudicada, sus hijos o sus padres deban soportar. En cambio, el tribunal entiende que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado “a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público”. La importancia de la concienciación social e institucional sobre la violencia de género Destaca la Sala que “la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil” encargado del caso. Añade que en este asunto hay elementos, tanto en la denuncia como en la declaración judicial, para que se hubiera dado un mayor nivel de protección por la Benemérita, al menos en el seguimiento del caso que dejaron en manos del Punto de Igualdad municipal. A pesar que la estimación policial del riesgo de la denunciante respecto a su presunto agresor no supone probabilidad real de comportamiento violento, y aunque tampoco una protección más elevada puede evitar, desgraciadamente, explica el fallo, el asesinato de mujeres por violencia de género, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, acorde al derecho reconocido en el artículo 106.2 de la Constitución, debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera normal, del servicio público. Voto particular del Consejo de Estado La sentencia, además de acoger el criterio del voto particular de la presidenta y tres Consejeros de Estado que frente a la decisión mayoritaria apreciaron un funcionamiento erróneo del servicio de la Guardia Civil como policía judicial en cuanto a la inaplicación y seguimiento del Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, añade, con un criterio más general, que la respuesta policial en violencia contra la mujer exige que el sistema pueda prevenir la violencia y reevaluar el riesgo, más allá de la recogida de datos automatizados, mediante agentes especializados en su tratamiento y sensibilización en su seguimiento. Por tanto, la Sala concede una indemnización a los padres (20.000 euros a cada uno) y a los dos hijos menores de la mujer fallecida por el daño moral (70.000 euros a cada uno), moderada por la circunstancia de concurrencia de culpas del marido y del juzgado que denegó la orden de protección.

  • La Audiencia Nacional condena a 74 años de cárcel a un miembro de ETA por el atentado en 1983 donde murió un guardia civil
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 09/10/2020 a las 06:00

    La Audiencia Nacional ha condenado a una pena de 74 años de cárcel al miembro de la banda terrorista ETA Ignacio B.B., alias Iñaki de Lemona”, por el atentado contra varios vehículos de la Guardia Civil, el 2 de febrero de 1983 en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), en el que un agente resultó muerto y otros dos heridos de gravedad. En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal imponen una pena a Iñaki de 30 años de cárcel por un delito de atentado contra miembros de la seguridad del Estado en acción terrorista, con la agravante de premeditación, y otras dos penas de 22 años por sendos delitos de asesinato frustrado. Los hechos probados relatan que el acusado Ignacio B.B., alias Iñaki Lemona, durante el año 1983 formaba parte de uno de los “taldes” del comando Goierri Costa de la banda terrorista ETA, cuyo objetivo era la independencia del País Vasco a través de la lucha armada. La zona de actuación del comando se centraba en la provincia de Guipúzcoa y algunas zonas de Álava y Navarra. El día 2 de febrero de 1983, Ignacio Bilbao y los otros integrantes del mencionado comando, habiendo recibido la información recabada por José Miguel L.G., condenado por estos hechos, sobre los movimientos de vehículos del cuartel de la Guardia Civil de Villafranca de Ordicia y los puntos desde donde sería factible realizar un ataque con lanzagranadas, se reunieron en Zaldivia, aproximadamente a 4 Km. de Villafranca de Ordicia, y provistos de fusiles ametralladores tipo Cetme o G-3 y dos lanzagranadas se dirigieron repartidos en dos vehículos a las proximidades del punto elegido para atacar los coches patrulla que salieran del cuartel. Los terroristas lanzaron granadas y ametrallaron los vehículos Una vez allí, continúa la resolución, estacionaron sus vehículos y se emboscaron manteniendo la visibilidad sobre el cruce existente en el km. 422’5 de la carretera N-1 de Madrid a Francia por Irún, y formando dos grupos se situaron en puntos diferentes: uno desde el lado izquierdo de la carretera de acceso al cuartel, y el otro desde la ladera frontal próxima a la carretera N-1. Cuando observaron que dos automóviles de la Guardia Civil llegaron a la intersección de las carreteras y se detuvieron para ceder el paso a los vehículos que circulaban por la carretera N-1, dispararon dos granadas contra estos vehículos. Una de ellas fue lanzada por Pedro José (o María) P.U., también condenado por estos hechos, encargándose el acusado de introducir las granadas en el lanzagranadas. Acto seguido, ametrallaron con fuego cruzado desde cada uno de los dos automóviles a los agentes de la Guardia Civil, quienes trataron de repeler la agresión disparando con las armas reglamentarias que portaban. A consecuencia de las explosiones y los disparos falleció el guardia civil Miguel Mateo Pastor y resultaron heridos los agentes José Luis Bueno Fernández y Custodio Contreras La Rosa. Después de analizar la prueba practicada en la vista oral, los magistrados consideran relevante para la culpabilidad del acusado el testimonio de José Miguel L.G., quien, en su declaración indagatoria en 1996 ratificada en el juicio oral, afirmó que Iñaki formaba parte de ese comando y que participó en la ejecución de los hechos. La Sección Primera acordó el jueves de la semana pasada la libertad de Iñaki al haberse cumplido el fin para el que fue acordada, esto es, su presencia en el juicio, y, dado que los hechos tuvieron lugar en 1983, la eventual condena no modificaría el límite máximo de cumplimiento de 30 años fijado por la Sección Segunda en la ejecutoria 25/2020 y que la condena acumulada por ese auto ya ha sido extinguida por el acusado.

  • El juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias por revelación de secretos y daños informáticos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 07/10/2020 a las 10:40

    El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina B. La exposición razonada incluye también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria E. y a los letrados de esta formación Marta F.N. y Rául C., así como a la propia exasesora Dina B. y Ricardo D., estos dos últimos por falso testimonio. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. En otro auto, el juez acuerda continuar el procedimiento por estos hechos contra el excomisario Jose Manuel V., el exdirector de la revista Interviu, Alberto P. y el periodista Luis R. por delito de descubrimiento y revelación de secretos. En su escrito, el magistrado rechaza las diligencias que habían solicitado la defensa de Dina B. y el Ministerio Fiscal y añade que pueden plantearse a partir de ahora ante el órgano competente, la Sala de lo Penal. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. En su escrito, el juez relata los hechos que sustentan la exposición razonada respecto de Pablo Iglesias, el equipo jurídico de Podemos, su exasesora Dina B. y su marido. El origen de este procedimiento, explica el magistrado, es el robo del teléfono móvil de la exasesora el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta de memoria mini SD. Según el auto, dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2017, se lleva a cabo una entrada y registro en la vivienda del excomisario en la que aparecen un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3. De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto P. y el subdirector, Luis R., quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Zeta. Iglesias se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió del director del Grupo PZeta, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina B., en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. “Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015”, explica el auto. Esta acción, continúa la resolución, puede vincularse al conocimiento que Iglesias tuvo al observar el contenido de la tarjeta micro SD de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado. El magistrado señala como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que, si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”. El magistrado apunta como otro hecho destacado el que durante los días 21 y siguientes del mes de julio de 2016 se publican el Ok Diario varias noticias a las que se acompañan imágenes procedentes del dispositivo de Dina y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El aforado Pablo Iglesias, dice el juez, en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora. Pese a ello, afirma, con la única finalidad de desprestigiar al medio OK Diario, puesto de común acuerdo con Gloria E. y con la participación de los letrados Raúl C. y Marta F.N., “a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en OK Diario, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Dina, tratando de disimular falsariamente, una conexión entre las imagen publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015 Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; el aforado, secretario general de Podemos; la responsable de los servicios jurídicos del partido y la letrada del partido, Marta F.N., como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al excomisario para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión”. El juez apunta que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían una finalidad “estrictamente de oportunidad política”. A lo largo de su escrito, García Castellón también destaca como un hecho relevante la comparecencia ante el propio juez, el 26 de marzo de 2019, de Dina en calidad de testigo-perjudicada, quien, con conocimiento de su falsedad, faltó a la verdad en sus manifestaciones, al igual que hizo su marido tres días más tarde. “Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el agorado, secretario General del Partido”, concluye el magistrado. Para contextualizar su decisión, el juez recoge el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, de 16 de septiembre, en el que además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas de los hechos, en relación con la autoría y naturaleza de los desperfectos de la tarjeta del móvil de Dina. Según argumentaba la Sala, al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, los hechos carecerían de conexidad para poder investigarlos en este juzgado de la Audiencia Nacional. Así pues, la Sala de lo Penal instaba al magistrado a remitir al órgano competente los testimonios oportunos para esclarecer os hechos aparentemente delictivos que han ido apareciendo en esta pieza y que se infiere, según el magistrado, “la existencia de indicios razonables de la participación delictiva del aforado Pablo Iglesias Turrión”. Descubrimiento y revelación de secretos con agravante de “razones de género” Los hechos que rodearon al robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, según el juez se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal que sanciona a quien, sin estar autorizado se apodera, utiliza o modifica en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. Además, el juez entiende que en este caso concreto concurre la agravante del art 22.4 del código Penal, porque “el hecho se habría cometido por razones de género”. Después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre este delito, el juez concluye que “podríamos apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información (la mini tarjeta SD) de carácter íntimo y personal de Dina B.”. El juez explica que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso Dina B. El magistrado considera que debe ser el órgano competente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida si considera oportuno o no citar a la Sra. B., a los efectos de manifestar si exculpa al señor Iglesias por los hechos expuestos, tal y como ha venido interesando en varias ocasiones la Fiscalía Anticorrupción. García Castellón argumenta que hasta ahora no ha practicado esta diligencia, toda vez que la Sala de lo Penal confirmó la incompetencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos. Delito de daños informáticos El magistrado indica que la interrupción de la investigación tras el auto de la Sala de lo Penal ha impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado, “esto no impide, sin embargo, que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial en el que nos encontramos, que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD”. De lo actuado hasta el momento se desprende, según el juez, que Iglesias recibió la micro tarjeta de memoria en buen estado, que se la llevó y que durante un tiempo la tuvo en su poder; que no consta que la compartiera con nadie más; la misma tarjeta, añade el juez- que recibe del director del Grupo Zeta- es la que entregó a Dina B., que trató de recuperar los datos y que sigue sin funcionar. García Castellón considera que ahora debe ser el órgano competente el que decida si practicaba más diligencias para concretar cómo se dañó la tarjeta. “La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el sr. A. se la entrega, y ya no lo hace cuando el sr. Iglesias se la devuelve”. Acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio El juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. El magistrado relata que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.    

  • La Audiencia Nacional condena a ocho años cárcel al expresidente de Pescanova y a penas de seis meses a tres años y medio a otros once miembros de la excúpula
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 06/10/2020 a las 09:00

    La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel F.S.F. y a penas que van de los 6 meses a los 3 años y medio de prisión para otros 11 acusados de la excúpula de la entidad por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a 7 de los 19 acusados y condena a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente. Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova S.A. y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores. Prácticas irregulares desde la dirección de Pescanova La sentencia, de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel F.S.F. Contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo P.U., el financiero, dirigido por Antonio T. y determinados empleados de confianza como José Manuel G.G. o Ángel G.D. Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la entidad, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza , entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares de financiación con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria. Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”. Mecanismos ilícitos para seguir obteniendo financiación Entre los mecanismos ilícitos ideados por los condenados, el tribunal destaca las operaciones de comercio internacional con filiales de ultramar que permitió a Pescanova obtener financiación bancaria a través de “créditos documentarios” millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparecían en la contabilidad de Pescanova. Además, los acusados crearon una serie de empresa ficticias, las denominadas “sociedades instrumentales” con las que también simularon operaciones de compraventa de pescado que les permitió contratar pólizas de crédito y líneas de factoring que eran abonadas con pagarés que descontaban en los bancos permitiendo tener tesorería durante la vigencia de las financiaciones bancarias. Esas operaciones de compraventa inexistentes que se reflejaron en la contabilidad con conocimiento del auditor interno y que ocultaron en gran medida el pasivo bancario, señala la Sala, unido a los continuos neteos (compensaciones de activos con pasivos y de créditos con deudas) y la falta del adecuado control por parte del responsable del auditor externo, cargo que ostentaba Santiago S.F., perteneciente a la firma BDO Auditores S.L., que no puso salvedad alguna a la formulación de las cuentas y demás documentos oficiales que la entidad debía poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de valores, motivó que una vez publicados los buenos resultados elaborados ficticiamente por la entidad, personas físicas y jurídicas invirtieran importantes sumas de dinero que perdieron como consecuencia de que la realidad de la situación económica y financiera de Pescanova era muy distintas de la publicada en las cuentas. Concurso medial entre cuatro delitos Según explican los magistrados a lo largo de su sentencia, la primera fase de la estrategia llevada a cabo por los acusados consistió en la creación de las formas ilegales de financiación y la creación ficticia de una serie de operaciones comerciales de compraventa; estas operaciones serían las constitutivas de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. En la segunda fase, en la que se desarrolla la financiación bancaria a través de líneas factoring o de pólizas de descuento bancario se consumó el delito de estafa, del que el de falseamiento era el medio. Los engañados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del engaño fueron las facturas, “transformadas en remesas de facturas supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado”. A partir de ahí, la tercera fase consistió en trasladar a las cuentas anuales una imagen con beneficios y con poca deuda financiera, “muy distinta a la real, que se transmitió perfectamente al público en general y a los inversores en particular”. Una vez conseguida esa buena imagen irreal, se trataba de captar inversores que les permitiera una situación financiera más relajada que la propia de la financiación bancaria. En esta tercera fase el tribunal concluye que también se produce una relación concursal medial entre el delito de falseamiento de las cuentas anuales y el de falseamiento de la información económica y financiera.De esta forma el tribunal concluye que los cuatro delitos están en una única relación de concurso medial. Alzamiento de bienes del matrimonio F.S.F. La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario A., sacaron 4 millones y medio de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas y que trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong. La sentencia explica que él como autor y su esposa como cooperadora necesaria, trataron de impedir que una parte de la devolución del préstamo de los 6 millones prestados por el presidente de Pescanova en nombre de Sodesco estuviera al alcance de los inversores de Pescanova y para ello sacaron el dinero de España a dos cuentas abiertas en Portugal. La intención de matrimonio, indica la sentencia, era trasladar parte de la devolución de los 6 millones desde las cuentas de Kiwi S.A, de España a Portugal y desde Portugal a China, para lo cual, Rosario A. abrió una cuenta en el “chartered Bank of China” de la ciudad de Hong Kong. Recoge doctrina del TS y explica que el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad que consiste en la actuación del deudor, sobre sus propios bienes, destinada a mostrarse real o aparentemente insolvente frente a todos o parte de los acreedores, con el propósito de frustrar los créditos que hubieran podido atenderse total o parcialmente con dichos bienes. Durante el juicio ambos acusados reconocieron sin ambages las transferencias de España a Portugal, aunque discreparon de su carácter delictivo y alegaron que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad. Por estos hechos, el expresidente de Pescanova resulta condenado a dos años de cárcel y a uno su mujer por delito de alzamiento de bienes. En su sentencia, el tribunal rechaza las dilaciones indebidas alegadas por los acusados que, entre otros argumentos, esgrimían la extensa duración de la instrucción y del juicio. La Sala recuerda que las sesiones solo se vieron interrumpidas debido a la pandemia durante el periodo de confinamiento y añade que gracias a la retransmisión diario de la vista por la tv pública gallega se evitaron posibles problemas de salud para los abogados y los propios acusados, lo que evitó que el juicio se tuviera que suspender. Toda la causa de Pescanova supera los 80.000 folios de extensión.  

  • La Audiencia Nacional rechaza la cautelarísima solicitada por un abogado contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial sobre las restricciones contra el COVID 19
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 05/10/2020 a las 12:00

    La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por un abogado particular contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden Comunicada del ministro de Sanidad mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para la adopción de determinadas medidas contra el COVID 19. En un auto, el Tribunal explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión en este caso del Acuerdo y de la Orden Ministerial sin oír a la otra parte, la Abogacía del Estado. La Audiencia recuerda que para adoptar esta medida se exigen circunstancias que pongan de manifiesto una urgencia excepcional o extraordinaria de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de las cautelares. La Sección Octava explica que el recurrente ha utilizado el cauce del procedimiento previsto al amparo del artículo 114 de la Ley Jurisdiccional para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona. Las resoluciones impugnadas están dirigidas a las comunidades autónomas y no a los ciudadanos Tras analizar las resoluciones impugnadas, el Tribunal destaca que van dirigidas a las comunidades autónomas y no a las personas en el sentido que obligará a las comunidades autónomas a adoptar, al menos, las medidas que se prevén en el apartado 2 en los municipios de más de 100.000 habitantes que formen parte de su territorio cuando concurran determinadas circunstancias. La Sala añade que en el caso de que deban adoptarse esas medidas, tal actuación deberá llevarse a cabo mediante acto o disposición de las comunidades autónomas antes de 48 horas desde que se tenga conocimiento de dichas circunstancias. Por ello, concluye la Sala, las resoluciones impugnadas en ausencia de la ulterior actividad administrativa de las Comunidades Autónomas, no producen la afección directa de los derechos fundamentales del actor. La afección tendrá lugar, en su caso, cuando las destinatarias de los actos administrativos impugnados, las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dicten resoluciones adoptando medidas que ya directa e individualmente afecten a los ciudadanos”. El auto argumenta que el procedimiento especial por el que ha optado el recurrente de protección derechos fundamentales tiene un objeto limitado, dado que no puede extenderse más allá de la comprobación de si un acto del poder público afecta o no a los derechos fundamentales de la persona, “siendo en relación con sus propios y únicos derechos fundamentales que debe apreciarse la lesión invocada, y en este concreto trámite, la urgencia de la adopción de la medida solicitada”. En conclusión, señalan los jueces, como las resoluciones impugnadas están dirigidas a la comunidades autónomas, no a los ciudadanos, y como será necesaria la descrita actividad de esas comunidades autónomas, no puede concluirse en este trámite que concurra la urgencia prevista contemplada en el marco de unas medidas cautelarísimas, tal y como prevé el artículo 135 de la Ley Jurisdiccional y de la interpretación jurisprudencial del concepto técnico-jurídico de urgencia. La Sala rechaza, por tanto, la medida cautelarísima y abre pieza separada de medidas cautelares para solicitar informe de la Abogacía del Estado antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. En otro auto, la Sala rechaza la medida cautelar solicitado por la Federación Nacional de Empresarios del Ocio y Espectáculos (ESPAÑA DE NOCHE) contra la Orden de Sanidad del 14 de agosto que supuso el cierre de discotecas y salas de baile y la apertura de los locales de restauración hasta la 1h como máximo. El auto repite los argumentos de este misma Sala del pasado 21 de septiembre en relación con la solicitud de suspensión cautelar de la misma Orden impugnada en ese caso por la Federación Catalana del Ocio Nocturno (FECALON). En ambas resoluciones, sin prejuzgar el fondo del asunto, los magistrados explican que prima el interés público frente al de los empresarios porque es el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias que se describen la resolución de Sanidad y que no fueron rechazadas por los recurrentes. *La segunda resolución está disponiible en el Fondo de Jurispriudencia con el código: ECLI:ES:AN:2020:3771A

  • El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concede el tercer grado a Rodrigo Rato
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 01/10/2020 a las 12:40

    El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la progresión al tercer grado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, mediante control telemático, en virtud del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. En un auto, el magistrado José Luis Castro señala que la propia Junta de Tratamiento de la cárcel de Madrid V ha propuesto por mayoría la progresión del interno al tercer grado, al entender que está capacitado para seguir cumpliendo su condena en un régimen de semilibertad y se basa en los informes emitidos por las profesiones del equipo técnico del centro penitenciario. El juez concluye que en este caso se dan las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, debiendo unir a ello su avanzada edad (71 años) que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como por las enfermedades coronarias que padece. Entre los factores positivos para la concesión del tercer grado, el juez incluye el hecho de que Rato ha venido disfrutando de permisos de salida sin incidencia negativa alguna. Añade que en atención a la actividad profesional y edad se señala un pronóstico de reincidencia bajo. Indica asimismo que el exvicepresidente del Gobierno ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena para el conocido como caso de las “tarjetas black” (en el que fue condenado a 4 años y medio de cárcel), en cuya ejecutoria abonó tanto la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Además, el juez explica que la asunción de responsabilidad por parte del penado va más allá del pago de la responsabilidad civil y, en tal sentido, ha pedido perdón de forma voluntaria, pública y notoria antes de su inmediato ingreso en prisión.

  • La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/09/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La sentencia, de 442 páginas, destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores, Banco de España, CNMV, FROB y EBA, que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. La resolución de la Sección Cuarta establece tres bloques distintos. El primero aborda la constitución de BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO (BFA) y las cuentas del ejercicio 2010 y destaca que “la integración de las siete Cajas de Ahorro que conformaron BFA fue impulsada por las autoridades económicas y financieras, las cuales ejercieron una fuerte presión para que se acometieran procesos de integración en el sistema financiero español, con el objetivo de lograr a corto plazo reforzar la solvencia e incrementar la capacidad de soportar escenarios de extrema morosidad en el marco de un fuerte deterioro del ciclo”.El segundo bloque de la sentencia se centra en el nacimiento de BANKIA y su salida a Bolsa, y el tercero desarrolla las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y BANKIA del ejercicio 2011. La salida a Bolsa contó con el beneplácito de todas las instituciones La sentencia destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todas las instituciones “tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban”, para luego determinar que “lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de BANKIA fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las Instituciones.” En relación al folleto de la salida a Bolsa, se afirma que el mismo contenía una amplia y certera información financiera y no financiera indicándose al respecto: “en definitiva, la información financiera incluida en el Folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el Folleto”. La Sala recuerda que el Fiscal, en sus conclusiones provisionales manifestaba que la información económica y financiera que BANKIA suministró al mercado con ocasión de la salida a Bolsa “no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables” aunque “no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente”. Respecto a la información no financiera suscrita en el folleto, la sentencia indica que “se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de BANKIA que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido”. Añade que “la descripción de los riesgos exhaustiva y clara contiene también una advertencia que cualquiera entendería”. La Sala especifica que estos riesgos no eran los únicos a los que el emisor podría hacer frente en el futuro: “podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor o en el precio de cotización de sus acciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que dichos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones del Emisor, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada debido a diversos factores, incluyendo los riesgos a los que se encuentra sujeto el Banco que se describen en el presente apartado y en otros del Documento de Registro”. La sentencia sostiene la bondad del folleto y refiriéndose a Bankia, manifiesta la “parece difícil concebir que cualquier entidad bancaria, después de contar con el beneplácito del Banco de España, de la CNMV, del FROB y de la EBA sobre la idoneidad de su salida a Bolsa y la adecuación del Folleto informativo a la realidad, recele de todos estos pareceres y proclame la necesidad de adoptar prevenciones ante compañías publicitarias que, como en el caso de BANKIA, resalten la potencia de la entidad, referenciando el elevado número de empleados, de oficinas de cajeros, y su elevada cifra de activos totales, datos que eran ciertos.” Viabilidad de Bankia La sentencia argumenta que en el momento de su salida a bolsa, Bankia era viable y añade que la inviabilidad que se pretende “se sustenta principalmente en los cuatro correos en los que se plasman el parecer del Inspector del Banco de España D. José Antonio Casaus Lara enviados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011 a otros integrantes del Servicio de Inspección del Banco de España, incluido sus superiores, opiniones de Sr. Casaus que no tuvieron nunca reflejo en documento oficial alguno, y se indica: “por su parte, el Banco de España era viable, no solo en el momento de la salida a Bolsa sino también en abril de 2012 afirmando entonces que los Planes de Recapitalización presentados por esta entidad bancaria, a juicio de la Dirección General de Supervisión debían ser objeto de aprobación porque “el equipo Gestor entiende, y así lo ha mostrado con determinación, que puede gestionar BANKIA satisfactoriamente en tanto la economía se recupere. En este sentido, el diagnóstico realizado se considera realista y acertadas las medidas que se están implantando, así como el detalle de su ejecución también parecen esperanzadoras”. Respecto al tercero de los bloques, dedicado a la falsedad de las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y BANKIA del ejercicio 2011, se manifiesta en la sentencia que ya el Fiscal, en las conclusiones provisionales mantenía en dichas cuentas, ”no podían considerarse como tales, en sentido estricto, precisando que solo lo eran aquellas que, tras su formulación en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social han sido revisadas y verificadas por el Auditor de cuentas y aprobadas por la Junta General, de tal manera que solo después, cuando se depositan en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación, las cuentas son públicas. Todo ello por así disponerlo los artículos 253, 263, 283, 272, 279 y 281 de la Ley de Sociedades de Capital. y las que son objeto de este procedimiento, “ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las Juntas Generales de BFA y de BANKIA. Por lo tanto, jurídicamente no llegaron a ser “cuentas anuales” y no pueden constituir el objeto material del delito de falsedad por carecer de potencialidad lesiva, habida cuenta que no estuvieron a disposición de los usuarios de la contabilidad (accionistas, acreedores, inversores…), esto es, nunca entraron en el tráfico jurídico mercantil.” En el juicio no se imputaron hechos concretos a los acusados A lo largo de su sentencia los jueces resaltan en varios apartados la ausencia de actos concretos atribuidos a los acusados. Según el tribunal, esa falta de menciones concretas a las personas que se sentaban en el banquillo fue nota predominante durante el juicio y así se establece en la sentencia: “resulta también destacable la ausencia de menciones especificas a las personas acusadas, que se sentaron en el banquillo destinado para ellos, por parte de los numerosos testigos que, después de haber prestado exhaustivas declaraciones en fase de instrucción, lo volvieran a hacer en juicio, y también por parte de los peritos, o de referencias documentales etc. de contenido incriminatorio. En el acto del plenario nadie los nombró, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas, cayeron en el olvido en el transcurso del Juicio Oral, solo recordadas sus identidades por el Ministerio Público en el trámite de conclusiones definitivas para dirigir ahora su acusación contra los que antes acusó y, además, contra los que no acusó, miembros de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento de BFA y BANKIA sin que sepamos a ciencia cierta en base a qué obedeció tal cambio de postura ostentada por la Acusación Pública”. La Sala concluye que las acusaciones durante el juicio sólo atribuyeron actitudes genéricas a los acusados, lo que no puede tener cabida en un relato de hechos probados de una sentencia “tras una somera lectura del mismo, las escasísimas referencias que se hacen a las personas sometidas a nuestro enjuiciamiento, consecuencia ineludible de la ausencia de hechos concretos imputados por el Ministerio Fiscal y demás Acusaciones a los acusados, los mismos, a los que se dedican, en el mejor de los casos, actitudes genéricas, que no tienen cabida en un relato de hechos probados de una sentencia, condenatoria e impiden desde luego, a los acusados defenderse adecuadamente de algo tan etéreo, tan abstracto, tan indefinido, como es la observancia de una actitud”.