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  • La Audiencia Nacional da un plazo de diez días a seis condenados en el caso Gürtel a penas graves para su ingreso voluntario en prisión
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/10/2020 a las 11:15

    La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez 10 días a los seis condenados a penas graves en el caso Gürtel para su ingreso voluntario en prisión, caso de Rosalía I., Jesús S., Ricardo G., José Luis I., María del Carmen R. Q. y Carlos C. El Tribunal adopta esta decisión en una providencia una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal en los que no se opone a la concesión de plazo para el ingreso voluntario de los condenados a penas graves, en ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la de la Audiencia Nacional. En la misma resolución, los magistrados rechazan la suspensión del ingreso en prisión solicitada por José Luis I., Carmen R.Q. y Rosalía I. En el caso de esta última, el Tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

  • La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión al exconcejal de Majadahonda en ejecución de la sentencia firme del caso Gürtel
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/10/2020 a las 12:43

    La Audiencia Nacional ha acordado el inmediato ingreso en prisión del exconcejal de Majadahonda Juan José M. en ejecución de la sentencia firme del caso Gürtel, por la que se le impuso una pena de 17 años y dos meses de cárcel, y ha dado traslado a la Fiscalía que informe respecto del aplazamiento de ingreso en un centro penitenciario solicitado por otros seis condenados a penas graves, caso de Rosalía I., Jesús S., José Luis I., Ricardo G., María del Carmen R. Q. y Carlos C. En una providencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señala que las peticiones presentadas por los condenados a penas no graves, caso de Jesús C., Jesús M., Pedro R. y Teresa G., para su tramitación, quedan a la espera de la incoación íntegra de la ejecutoria para todos los condenados. Respecto de aquellos condenados que ya se encuentran en prisión, por esta o por otras causas (Francisco C., Pablo C., Isabel J., Guillermo O., Luis D.M., Luis B. y Alberto L.V.), la Sala acuerda que se proceda a cursar orden a los centros penitenciarios donde se encuentren internos para el pase a penado y el cumplimiento de la condena impuesta en este procedimiento.

  • El juez de la Audiencia Nacional cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza separada de la causa ‘3 por ciento’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/10/2020 a las 12:00

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la citación como investigado del exgerente de CDC Germá Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado caso ‘3 por ciento’ en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta”. En un auto, el magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que citara a Gordó a declarar por un delito de blanqueo de capitales, interrogatorio que tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 30 de octubre, a las 10 horas, por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. El magistrado le cita después de que el extesorero de la formación señalara en su declaración ante el juez que “la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces gerente del partido, Gordó Aurabell”. La resolución explica que en ese procedimiento se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas supuestas vías ilegales de allegamiento de recursos. En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido. “Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras”, indica el auto, que añade que mediante esos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido. Aflorar el dinero procedente del delito Para aflorar estas cantidades de dinero procedente de delito, señala de la Mata, directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de ‘pitufeo’ que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito. “Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos ‘donantes’ realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el instructor. Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad”, de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

  • La Audiencia Nacional deniega la inscripción a la denominada ‘Iglesia Pastafari’ en el registro de entidades religiosas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/10/2020 a las 12:30

    La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia a la denominada ‘Iglesia Pastafari’ porque sus fines son ajenos a una entidad religiosa. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó un particular contra la resolución del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia que rechazó la inscripción de la Iglesia Pastafari en el Registro de Entidades religiosas.El tribunal señala que existen otras cinco solicitudes anteriores entre 2010 y 2016, presentadas por sujetos distintos, de inscripción de la Iglesia Pastafari, con nombres en ocasiones diferentes como Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador o Legionarios de Monesvol. La sentencia incluye algunos de los Estatutos de esta entidad, como la Oración principal al Monesvol: «Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación (de no alimentamos de ti) y líbranos del hambre… Ramén». En otro artículo de los Estatutos se recogen doctrinas y principios como los siguientes: 1. El dios más poderoso grande y perfecto es el Monstruo de Espagueti Volador, también referido como Monesvol o MEV. Él es invisible e indetectable, creador del Universo después de una borrachera, lo cual explica las imperfecciones de este mundo. 2. La divina inspiración del Evangelio del Monstruo del Espagueti Volador del profeta Bobby Henderson, su credibilidad plena y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta, a menos que otro pastafari opine lo contrario. 3. Monesvol guía continua e invisiblemente la conducta de cada ser humano creyente o no) por medio de sus apéndices tallarinescos. 4. Los pastafaris devotos deben vestir completamente con atuendo pirata y gritar ¡Arrrgh! Siempre que les sea posible. Esto es así porque los piratas son el pueblo elegido. Cuando esta vestimenta no sea viable (por ejemplo, porque haga falta ver por los dos ojos), el fiel pastafari procurará vestir la prenda religiosa de cabeza consistente en un colador. Esta prenda será lavada antes de su posterior reutilización como utensilio ritual. 5. La realidad del calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas y la esperanza del retorno del número de piratas a valores saludables para el planeta mediante la conversión de los fieles a la religión Pastafari. 6. Monesvol reveló al capitán pirata Mosley y a Bobby Henderson que son profetas de la Iglesia Pastafari. 7. Los pastafaris que se porten razonablemente bien irán al cielo Pastafari, que tiene volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista y una fábrica de bailarines/as de striptease. En cambio, aquellos que Monesvol tenga por diversión mandar al infierno, también dispondrán de volcanes de cerveza y una fábrica de bailarines/as de striptease, pero [en] dichos volcanes la cerveza está caliente y sin gas y las bailarines/as de striptease sufren enfermedades venéreas. 8. El sacerdocio de todos los creyentes que, en la unidad proclaman por su fe, constituyen la Iglesia Universal, comprometidos por el mandamiento de su tallerinesca santidad a la proclamación del evangelio a todo el que quiera escucharles. 9. La pasta con albóndigas y la cerveza son los elementos que forman el cuerpo del creador, y son, por tanto, un alimento ideal y de fácil preparación. Después de leer los estatutos, la Sala concluye que la Iglesia Pastafari no es una entidad religiosa. “Sus fines son ajenos a los de una entidad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes”. Los magistrados explican que el movimiento Pastafari se inició en 2005, en la protesta contra ciertas decisiones en materia educativa del Estado de Kansas por lo que su finalidad, “ sería, en principio, respetable como asociación, pero no puede pretenderse que se trata de una religión, porque visto su credo, estatutos y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa”. La Sala rechaza el argumento de los recurrentes de vulneración de su derecho de asociación puesto que nada les impide asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas, en forma de asociación, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones pero no en el de Entidades Religiosas.La resolución añade que el hecho de que el pastafarismo fuera creado con la finalidad de hacer una parodia crítica a decisiones del sistema educativo de Kansas, Es un hecho histórico que “permite por añadidura confirmar la posición sustentada por la resolución recurrida “ y concluir que no se ha vulnerado la libertad religiosa de los recurrentes La sentencia impone las costas a los recurrentes.  

  • La Audiencia Nacional absuelve a Josep Lluis Trapero y a la excúpula de los Mossos por los sucesos del 20 y 21 septiembre y el referéndum ilegal del 1-O
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 21/10/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del 1 de octubre relacionados con el proceso independentista. En una sentencia de la Sección Primera, con voto particular de la presidenta Concepción Espejel favorable a la condena por sedición de Trapero y Soler, los magistrados Ramón Saéz (ponente) y Francisco Vieira consideran que no ha quedado acreditado que los acusados “hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma” ni que se hubieran puesto de acuerdo con quienes lideraban el proceso independentista o que hubieran apoyado sus actos propiciando la pasividad de la policía autonómica. La resolución explica que no hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio, ni tampoco entre los acusados, o alguno de ellos, y las personas condenadas en el juicio ante el Tribunal Supremo como coautores del delito de sedición o con otros organizadores de la preparación y ejecución del referéndum. La Fiscalía pedía una condena de 10 años de cárcel para Trapero, Soler y Puig y de 4 años para Laplana por delito de sedición y ofreció como calificación alternativa la de delito de desobediencia por el que se solicitaba la imposición de penas de multa e inhabilitación por 1 año. Los contraindicios de la connivencia de los acusados con los promotores de las movilizacionesLa sentencia señala que son numerosos los hechos que funcionan como contraindicio de la hipótesis de la existencia de un acuerdo de los acusados con los que llamaron, organizaron y lideraron la movilización ciudadana frente a los registros del 20 de septiembre y para celebrar el referéndum el 1 de octubre. En este sentido, explica que los acusados no se comunicaron con los responsables políticos y sociales de la convocatoria del referéndum y de las movilizaciones durante el periodo de septiembre y octubre de 2017; y la Prefectura de Mossos d’Esquadra, con el mayor al frente, reprobó públicamente el 23 de septiembre las declaraciones del Conseller de Interior, de quien dependían orgánicamente, afirmando su compromiso con la ley y las decisiones de los jueces. Los magistrados de la Audiencia apuntan también como contraindicios que, en dos ocasiones, el 26 y el 28 de septiembre, Trapero se reunió con el entonces President de la Generalitat para pedirle que desconvocara el referéndum, así como que el mayor volviera a manifestar, esta vez en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, al President y al Conseller de Interior, y en presencia del secretario de Estado de Interior, que los Mossos cumplirían la ley y las resoluciones de los jueces. En la misma línea, la Sala argumenta que el acusado principal, Trapero, siguió manifestando después del 1 de octubre, en una reunión con los mandos del Cuerpo el día 13, que la Policía debería actuar bajo criterios de neutralidad política, imparcialidad y profesionalidad, ejecutando las decisiones de jueces y fiscales. Trapero preparó un dispositivo para la detención de los cargos políticos el día de la DUI Para la Sala, otros de los contraindicios apreciados se basan en que el mayor Trapero preparó con otros comisarios del cuerpo un dispositivo para la detención de cargos y representantes políticos el día de la Declaración Unilateral de Independencia, en previsión de que así lo decidiera la autoridad judicial. Añaden también que, en diversas ocasiones, durante el periodo examinado, agentes de la policía autonómica intervinieron de manera eficaz y contundente contra movilizaciones dirigidas a la celebración del referéndum, como es paradigmático, por su importancia, el apoyo a la comisión judicial que registraba el 19 de septiembre la sede de Unipost, cuyo resultado impidió la constitución formal de las mesas electorales. La actuación de los acusados el 20 y 21 de septiembre Para el Tribunal, la actuación de Trapero como jefe policial el 20 de septiembre no fue de colaboración con los independentistas, si no que afrontó la situación de un modo que evitó graves daños. Y trató de cumplir con la resolución judicial, igual que antes lo había hecho con las órdenes que emitía la Fiscalía Superior. En el caso de Laplana, explica, carecía de mando sobre las unidades de orden público y su función fue servir de medio de comunicación y enlace del mando de Mossos d’Esquadra con las unidades presentes en la sede de Vicepresidencia y, sobre todo, con la comisión judicial. La Sala concluye que la hipótesis acusatoria (de que negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba) carece de respaldo probatorio. Del mismo modo, el Tribunal considera que los coacusados Soler y Puig no tuvieron actuación en el dispositivo policial de aquellas dos jornadas. La sentencia indica que en el registro del día 20 de septiembre de la Secretaría General de Vicepresidencia se puso en evidencia el método policial de la mediación antes de utilizar la fuerza. “Se evitó desde el primer momento -explica- la reacción violenta contra ciudadanos que no manifestaban una especial agresividad; cuando apareció un riesgo cierto de sustracción de las armas que había en los vehículos de Guardia Civil, se intensificó la actuación discreta de agentes; se agotaron todas las posibilidades de mediación con los que se erigieron como líderes de la protesta, aunque fueran principales representantes del independentismo, pero especialmente aptos por ello para convencer a la multitud congregada; no se cedió ante las presiones de esos líderes independentistas. Se posibilitó la realización de la diligencia judicial, aunque los componentes de la comisión sufrieran injustamente la retención en el interior del edificio al estar rodeado por la multitud. Finalmente, cuando la actuación de grupos violentos al comienzo de la noche cambió el escenario pacífico, intervinieron eficazmente los efectivos de orden público de Mossos d’Esquadra”. El 1 de octubre y la actuación de los Mossos Respecto al día 1 de octubre y el dispositivo policial, la sentencia explica que las actuaciones de Trapero “parecen estar dirigidas a minimizar los daños, aunque ello supusiera al final la celebración del referéndum ilegal. No puede desdeñarse esto. Efectivamente, el acusado venía obligado a hacer todo lo que estuviera en su mano para cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y de la Magistrada Instructora del Tribunal Superior de Justicia. Pero, en la ponderación de los intereses en juego (integridad de las personas, alteración del orden público, cumplimiento del mandato judicial), el jefe policial no debía poner como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum. Si ello producía unos daños irreparables, no solo podían achacarle la responsabilidad de su producción, sino que, desde el punto de vista profesional, su gestión habría sido un fracaso. Bajo este prisma, puede entenderse la reiterada mención a los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad”. En este contexto, añade la Sala, era razonable que en esa situación se resaltara “la necesidad de atenerse a ellos. De hecho, estos principios fueron observados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando tuvieron que desistir en muchas de las intervenciones de orden público el día 1 de octubre ante la naturaleza y condición de las personas que se encontraban en los centros de votación, aparte de que se contemplaban en la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad”. La sentencia considera que “la prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales. El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo”. El ordenamiento jurídico tiene resortes para afrontar los incumplimientos legales y judiciales “En un sistema democrático avanzado como el nuestro, el ordenamiento jurídico tiene resortes suficientes para afrontar todos los incumplimientos legales y judiciales, incluso cuando provienen de las más altas autoridades de una Comunidad Autónoma. Desde la declaración del estado de alarma o excepción contemplado en el artículo 116 de la Constitución, hasta la adopción de las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma cumpla con las obligaciones que le imponen la Constitución y la ley o cuando actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, a través del mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución. El hecho de que no se hubiera puesto en marcha este remedio constitucional ante la convocatoria, primero, y la celebración, después, de un referéndum ilegal que trataba de ser prolegómeno de la declaración de independencia de una parte del territorio español no justificaba, siempre y en todo caso, que el acatamiento de la legalidad y de las decisiones de los tribunales tuviera que pasar por la producción de graves daños a las personas y por una alteración generalizada del orden público en Cataluña”, advierte la Audiencia. Para los jueces, “la opción finalmente puesta en práctica por la policía autonómica de restringir la intervención de los efectivos antidisturbios ante la posible causación de daños irreparables y desproporcionados debe considerarse, al menos, como razonable, aunque pudiera haberse optado por otro tipo de intervenciones policiales y se pueda discutir cuál hubiera sido más adecuada”. El día 1 octubre 2017, entiende la Sala, se pusieron en práctica formas policiales de actuar que obedecían a criterios diferentes, que pueden analizarse y cuestionarse, pero la preparación, planificación y ejecución de la actuación de los Mossos d’Esquadra no puede calificarse como de colaboración, ni siquiera por omisión, con quienes desobedecían las resoluciones judiciales y pretendían que no se cumplieran. Voto particular de la presidenta favorable a la condena de Trapero y Soler Frente a la sentencia mayoritaria, la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, formula un voto particular discrepante porque considera que los acusados Josep Lluis Trapero y Pere Soler i Campins debieron ser condenados como coautores de un delito de sedición. La magistrada estima que ha quedado probado que el acusado Trapero, en su condición de mayor del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, conociendo los propósitos del Conseller de Interior y del director de la Policía, de los que dependía política y gubernativamente y la firme decisión de éstos (y de otras personas que luego serían condenadas en el juicio del Procés) de que llegara a celebrarse a toda costa el referéndum suspendido por el TC, sumó sus esfuerzos a ese propósito común y puso medios eficaces para contribuir a tal resultado. Para ello, a medida que iban siendo dictadas las Instrucciones del Fiscal Superior de Cataluña, primero, y la resolución de la magistrada del TSJC, después, de común acuerdo con el conseller Forn y el director de la Policía, fue poniendo diversas trabas a su cumplimiento; oponiéndose contumazmente a la coordinación atribuida al Coronel Pérez de los Cobos. Presentó un Plan para el teórico cumplimiento de la Instrucción 3/2017 de la Fiscalía deliberadamente ineficaz para el cumplimiento de lo ordenado. No introdujo modificaciones al diseño del Plan (un binomio para cada colegio, al margen de la conflictividad previsible en los diversos centros), pese a habérsele advertido que tanto el Fiscal Superior de Cataluña como el Fiscal General del Estado consideraban el Plan inidóneo, por ser propio de unas elecciones legales. Seguidamente el mayor, aprovechando que las órdenes contenidas en la resolución de la Magistrada del TSJC eran menos concretas que las dadas en las Instrucciones del Fiscal Superior y la referencia contenida en el auto dictado por la misma a la necesidad de preservar la convivencia, pautó una actuación de mínimos por parte de los Mossos, tanto para los días previos como para el propio día 1 de octubre. Fijó unas Pautas de actuación para el teórico cumplimiento de la resolución del TSJC, sabiendo que las mismas eran claramente ineficaces para impedir el referéndum, máxime cuando el propio mayor anticipó su contenido a los responsables políticos y las mismas se publicitaron incluso por redes sociales. De manera que los que instigaban la iniciativa Escoles Obertes conocieran de antemano cual iba a ser la actuación del Cuerpo de Mossos d´Esquadra (y que bastaría la concentración de familias, personas mayores y colectivos vulnerables para que los binomios no pusieran obstáculo alguno a la ocupación previa de los colegios ni a la celebración del referéndum ilegal). Para asegurar que la actuación de la generalidad de los Mossos no supusiera obstáculo real a la ocupación previa de los colegios y a la celebración del referéndum, el Mayor estableció un rígido sistema de petición de apoyos por las patrullas y de transmisión de órdenes por parte de los mandos que evitara cualquier iniciativa o actuación directa de los agentes; de modo que, cuando pudiera adoptarse alguna medida, ésta resultara ineficaz. Respecto al acusado Soler, el voto particular explica que no solo no dio las instrucciones a las que venía obligado, en el ejercicio de su cargo de Director de la Policía, para el cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales, sino que, contraviniendo las mismas, sostuvo el derecho a votar de los ciudadanos, que los Mossos debían garantizarlo, que organizar un referéndum (que se le había ordenado impedir por el TC) no era delito y que debían prevalecer las órdenes gubernativas sobre las que pudieran dar los Jueces y Fiscales. Mediante la aceptación de un Plan presentado a la Fiscalía y de unas Pautas de actuación entregadas a la Magistrada del TSJC deliberadamente ineficaces, favoreció conscientemente que, bajo la apariencia de formal acatamiento de las órdenes judiciales recibidas, la actuación del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, no comportara obstáculo alguno para la celebración del referéndum.  

  • La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior por inadecuada protección de la Guardia Civil a una denunciante de violencia de género que fue asesinada
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/10/2020 a las 09:00

    La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección que la Guardia Civil otorgó a una mujer que solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género y que fue asesinada por su marido. En una sentencia, los magistrados de la Sección Quinta estiman que la Guardia Civil es responsable cuando en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, a resultas del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia. La resolución razona que “la actuación de los agentes ante situaciones de violencia de género no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio, sino que su actuación exige una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”. Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2016 cuando la mujer solicitó una orden de protección contra su marido ante el puesto de La Guardia Civil de Sanlucar La Mayor (Sevilla), que fue denegada por el juzgado atendiendo a la existencia de versiones contradictorias, la carencia de antecedentes del denunciado, y a que los agentes calificaron el riesgo para la mujer como “NO APRECIADO”. La Sala afirma que en caso de muerte violenta de una mujer que puso una denuncia contra su marido, que solicitó la adopción de medidas de protección a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, y que tan solo un mes después fue asesinada por aquél, no puede haber ningún deber jurídico que la perjudicada, sus hijos o sus padres deban soportar. En cambio, el tribunal entiende que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado “a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público”. La importancia de la concienciación social e institucional sobre la violencia de género Destaca la Sala que “la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil” encargado del caso. Añade que en este asunto hay elementos, tanto en la denuncia como en la declaración judicial, para que se hubiera dado un mayor nivel de protección por la Benemérita, al menos en el seguimiento del caso que dejaron en manos del Punto de Igualdad municipal. A pesar que la estimación policial del riesgo de la denunciante respecto a su presunto agresor no supone probabilidad real de comportamiento violento, y aunque tampoco una protección más elevada puede evitar, desgraciadamente, explica el fallo, el asesinato de mujeres por violencia de género, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, acorde al derecho reconocido en el artículo 106.2 de la Constitución, debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera normal, del servicio público. Voto particular del Consejo de Estado La sentencia, además de acoger el criterio del voto particular de la presidenta y tres Consejeros de Estado que frente a la decisión mayoritaria apreciaron un funcionamiento erróneo del servicio de la Guardia Civil como policía judicial en cuanto a la inaplicación y seguimiento del Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, añade, con un criterio más general, que la respuesta policial en violencia contra la mujer exige que el sistema pueda prevenir la violencia y reevaluar el riesgo, más allá de la recogida de datos automatizados, mediante agentes especializados en su tratamiento y sensibilización en su seguimiento. Por tanto, la Sala concede una indemnización a los padres (20.000 euros a cada uno) y a los dos hijos menores de la mujer fallecida por el daño moral (70.000 euros a cada uno), moderada por la circunstancia de concurrencia de culpas del marido y del juzgado que denegó la orden de protección.

  • La Audiencia Nacional condena a 74 años de cárcel a un miembro de ETA por el atentado en 1983 donde murió un guardia civil
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 09/10/2020 a las 06:00

    La Audiencia Nacional ha condenado a una pena de 74 años de cárcel al miembro de la banda terrorista ETA Ignacio B.B., alias Iñaki de Lemona”, por el atentado contra varios vehículos de la Guardia Civil, el 2 de febrero de 1983 en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), en el que un agente resultó muerto y otros dos heridos de gravedad. En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal imponen una pena a Iñaki de 30 años de cárcel por un delito de atentado contra miembros de la seguridad del Estado en acción terrorista, con la agravante de premeditación, y otras dos penas de 22 años por sendos delitos de asesinato frustrado. Los hechos probados relatan que el acusado Ignacio B.B., alias Iñaki Lemona, durante el año 1983 formaba parte de uno de los “taldes” del comando Goierri Costa de la banda terrorista ETA, cuyo objetivo era la independencia del País Vasco a través de la lucha armada. La zona de actuación del comando se centraba en la provincia de Guipúzcoa y algunas zonas de Álava y Navarra. El día 2 de febrero de 1983, Ignacio Bilbao y los otros integrantes del mencionado comando, habiendo recibido la información recabada por José Miguel L.G., condenado por estos hechos, sobre los movimientos de vehículos del cuartel de la Guardia Civil de Villafranca de Ordicia y los puntos desde donde sería factible realizar un ataque con lanzagranadas, se reunieron en Zaldivia, aproximadamente a 4 Km. de Villafranca de Ordicia, y provistos de fusiles ametralladores tipo Cetme o G-3 y dos lanzagranadas se dirigieron repartidos en dos vehículos a las proximidades del punto elegido para atacar los coches patrulla que salieran del cuartel. Los terroristas lanzaron granadas y ametrallaron los vehículos Una vez allí, continúa la resolución, estacionaron sus vehículos y se emboscaron manteniendo la visibilidad sobre el cruce existente en el km. 422’5 de la carretera N-1 de Madrid a Francia por Irún, y formando dos grupos se situaron en puntos diferentes: uno desde el lado izquierdo de la carretera de acceso al cuartel, y el otro desde la ladera frontal próxima a la carretera N-1. Cuando observaron que dos automóviles de la Guardia Civil llegaron a la intersección de las carreteras y se detuvieron para ceder el paso a los vehículos que circulaban por la carretera N-1, dispararon dos granadas contra estos vehículos. Una de ellas fue lanzada por Pedro José (o María) P.U., también condenado por estos hechos, encargándose el acusado de introducir las granadas en el lanzagranadas. Acto seguido, ametrallaron con fuego cruzado desde cada uno de los dos automóviles a los agentes de la Guardia Civil, quienes trataron de repeler la agresión disparando con las armas reglamentarias que portaban. A consecuencia de las explosiones y los disparos falleció el guardia civil Miguel Mateo Pastor y resultaron heridos los agentes José Luis Bueno Fernández y Custodio Contreras La Rosa. Después de analizar la prueba practicada en la vista oral, los magistrados consideran relevante para la culpabilidad del acusado el testimonio de José Miguel L.G., quien, en su declaración indagatoria en 1996 ratificada en el juicio oral, afirmó que Iñaki formaba parte de ese comando y que participó en la ejecución de los hechos. La Sección Primera acordó el jueves de la semana pasada la libertad de Iñaki al haberse cumplido el fin para el que fue acordada, esto es, su presencia en el juicio, y, dado que los hechos tuvieron lugar en 1983, la eventual condena no modificaría el límite máximo de cumplimiento de 30 años fijado por la Sección Segunda en la ejecutoria 25/2020 y que la condena acumulada por ese auto ya ha sido extinguida por el acusado.

  • El juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias por revelación de secretos y daños informáticos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 07/10/2020 a las 10:40

    El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina B. La exposición razonada incluye también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria E. y a los letrados de esta formación Marta F.N. y Rául C., así como a la propia exasesora Dina B. y Ricardo D., estos dos últimos por falso testimonio. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. En otro auto, el juez acuerda continuar el procedimiento por estos hechos contra el excomisario Jose Manuel V., el exdirector de la revista Interviu, Alberto P. y el periodista Luis R. por delito de descubrimiento y revelación de secretos. En su escrito, el magistrado rechaza las diligencias que habían solicitado la defensa de Dina B. y el Ministerio Fiscal y añade que pueden plantearse a partir de ahora ante el órgano competente, la Sala de lo Penal. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. En su escrito, el juez relata los hechos que sustentan la exposición razonada respecto de Pablo Iglesias, el equipo jurídico de Podemos, su exasesora Dina B. y su marido. El origen de este procedimiento, explica el magistrado, es el robo del teléfono móvil de la exasesora el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta de memoria mini SD. Según el auto, dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2017, se lleva a cabo una entrada y registro en la vivienda del excomisario en la que aparecen un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3. De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto P. y el subdirector, Luis R., quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Zeta. Iglesias se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió del director del Grupo PZeta, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina B., en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. “Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de ella desde noviembre de 2015”, explica el auto. Esta acción, continúa la resolución, puede vincularse al conocimiento que Iglesias tuvo al observar el contenido de la tarjeta micro SD de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado. El magistrado señala como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que, si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”. El magistrado apunta como otro hecho destacado el que durante los días 21 y siguientes del mes de julio de 2016 se publican el Ok Diario varias noticias a las que se acompañan imágenes procedentes del dispositivo de Dina y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El aforado Pablo Iglesias, dice el juez, en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora. Pese a ello, afirma, con la única finalidad de desprestigiar al medio OK Diario, puesto de común acuerdo con Gloria E. y con la participación de los letrados Raúl C. y Marta F.N., “a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en OK Diario, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Dina, tratando de disimular falsariamente, una conexión entre las imagen publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015 Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo; el aforado, secretario general de Podemos; la responsable de los servicios jurídicos del partido y la letrada del partido, Marta F.N., como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al excomisario para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión”. El juez apunta que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían una finalidad “estrictamente de oportunidad política”. A lo largo de su escrito, García Castellón también destaca como un hecho relevante la comparecencia ante el propio juez, el 26 de marzo de 2019, de Dina en calidad de testigo-perjudicada, quien, con conocimiento de su falsedad, faltó a la verdad en sus manifestaciones, al igual que hizo su marido tres días más tarde. “Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el agorado, secretario General del Partido”, concluye el magistrado. Para contextualizar su decisión, el juez recoge el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, de 16 de septiembre, en el que además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas de los hechos, en relación con la autoría y naturaleza de los desperfectos de la tarjeta del móvil de Dina. Según argumentaba la Sala, al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, los hechos carecerían de conexidad para poder investigarlos en este juzgado de la Audiencia Nacional. Así pues, la Sala de lo Penal instaba al magistrado a remitir al órgano competente los testimonios oportunos para esclarecer os hechos aparentemente delictivos que han ido apareciendo en esta pieza y que se infiere, según el magistrado, “la existencia de indicios razonables de la participación delictiva del aforado Pablo Iglesias Turrión”. Descubrimiento y revelación de secretos con agravante de “razones de género” Los hechos que rodearon al robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, según el juez se incardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal que sanciona a quien, sin estar autorizado se apodera, utiliza o modifica en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. Además, el juez entiende que en este caso concreto concurre la agravante del art 22.4 del código Penal, porque “el hecho se habría cometido por razones de género”. Después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre este delito, el juez concluye que “podríamos apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información (la mini tarjeta SD) de carácter íntimo y personal de Dina B.”. El juez explica que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso Dina B. El magistrado considera que debe ser el órgano competente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien decida si considera oportuno o no citar a la Sra. B., a los efectos de manifestar si exculpa al señor Iglesias por los hechos expuestos, tal y como ha venido interesando en varias ocasiones la Fiscalía Anticorrupción. García Castellón argumenta que hasta ahora no ha practicado esta diligencia, toda vez que la Sala de lo Penal confirmó la incompetencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos. Delito de daños informáticos El magistrado indica que la interrupción de la investigación tras el auto de la Sala de lo Penal ha impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado, “esto no impide, sin embargo, que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial en el que nos encontramos, que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD”. De lo actuado hasta el momento se desprende, según el juez, que Iglesias recibió la micro tarjeta de memoria en buen estado, que se la llevó y que durante un tiempo la tuvo en su poder; que no consta que la compartiera con nadie más; la misma tarjeta, añade el juez- que recibe del director del Grupo Zeta- es la que entregó a Dina B., que trató de recuperar los datos y que sigue sin funcionar. García Castellón considera que ahora debe ser el órgano competente el que decida si practicaba más diligencias para concretar cómo se dañó la tarjeta. “La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el sr. A. se la entrega, y ya no lo hace cuando el sr. Iglesias se la devuelve”. Acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio El juez califica de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. El magistrado relata que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.    

  • La Audiencia Nacional condena a ocho años cárcel al expresidente de Pescanova y a penas de seis meses a tres años y medio a otros once miembros de la excúpula
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 06/10/2020 a las 09:00

    La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel F.S.F. y a penas que van de los 6 meses a los 3 años y medio de prisión para otros 11 acusados de la excúpula de la entidad por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a 7 de los 19 acusados y condena a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente. Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova S.A. y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores. Prácticas irregulares desde la dirección de Pescanova La sentencia, de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel F.S.F. Contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo P.U., el financiero, dirigido por Antonio T. y determinados empleados de confianza como José Manuel G.G. o Ángel G.D. Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la entidad, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza , entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares de financiación con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria. Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”. Mecanismos ilícitos para seguir obteniendo financiación Entre los mecanismos ilícitos ideados por los condenados, el tribunal destaca las operaciones de comercio internacional con filiales de ultramar que permitió a Pescanova obtener financiación bancaria a través de “créditos documentarios” millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparecían en la contabilidad de Pescanova. Además, los acusados crearon una serie de empresa ficticias, las denominadas “sociedades instrumentales” con las que también simularon operaciones de compraventa de pescado que les permitió contratar pólizas de crédito y líneas de factoring que eran abonadas con pagarés que descontaban en los bancos permitiendo tener tesorería durante la vigencia de las financiaciones bancarias. Esas operaciones de compraventa inexistentes que se reflejaron en la contabilidad con conocimiento del auditor interno y que ocultaron en gran medida el pasivo bancario, señala la Sala, unido a los continuos neteos (compensaciones de activos con pasivos y de créditos con deudas) y la falta del adecuado control por parte del responsable del auditor externo, cargo que ostentaba Santiago S.F., perteneciente a la firma BDO Auditores S.L., que no puso salvedad alguna a la formulación de las cuentas y demás documentos oficiales que la entidad debía poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de valores, motivó que una vez publicados los buenos resultados elaborados ficticiamente por la entidad, personas físicas y jurídicas invirtieran importantes sumas de dinero que perdieron como consecuencia de que la realidad de la situación económica y financiera de Pescanova era muy distintas de la publicada en las cuentas. Concurso medial entre cuatro delitos Según explican los magistrados a lo largo de su sentencia, la primera fase de la estrategia llevada a cabo por los acusados consistió en la creación de las formas ilegales de financiación y la creación ficticia de una serie de operaciones comerciales de compraventa; estas operaciones serían las constitutivas de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. En la segunda fase, en la que se desarrolla la financiación bancaria a través de líneas factoring o de pólizas de descuento bancario se consumó el delito de estafa, del que el de falseamiento era el medio. Los engañados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del engaño fueron las facturas, “transformadas en remesas de facturas supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado”. A partir de ahí, la tercera fase consistió en trasladar a las cuentas anuales una imagen con beneficios y con poca deuda financiera, “muy distinta a la real, que se transmitió perfectamente al público en general y a los inversores en particular”. Una vez conseguida esa buena imagen irreal, se trataba de captar inversores que les permitiera una situación financiera más relajada que la propia de la financiación bancaria. En esta tercera fase el tribunal concluye que también se produce una relación concursal medial entre el delito de falseamiento de las cuentas anuales y el de falseamiento de la información económica y financiera.De esta forma el tribunal concluye que los cuatro delitos están en una única relación de concurso medial. Alzamiento de bienes del matrimonio F.S.F. La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario A., sacaron 4 millones y medio de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas y que trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong. La sentencia explica que él como autor y su esposa como cooperadora necesaria, trataron de impedir que una parte de la devolución del préstamo de los 6 millones prestados por el presidente de Pescanova en nombre de Sodesco estuviera al alcance de los inversores de Pescanova y para ello sacaron el dinero de España a dos cuentas abiertas en Portugal. La intención de matrimonio, indica la sentencia, era trasladar parte de la devolución de los 6 millones desde las cuentas de Kiwi S.A, de España a Portugal y desde Portugal a China, para lo cual, Rosario A. abrió una cuenta en el “chartered Bank of China” de la ciudad de Hong Kong. Recoge doctrina del TS y explica que el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad que consiste en la actuación del deudor, sobre sus propios bienes, destinada a mostrarse real o aparentemente insolvente frente a todos o parte de los acreedores, con el propósito de frustrar los créditos que hubieran podido atenderse total o parcialmente con dichos bienes. Durante el juicio ambos acusados reconocieron sin ambages las transferencias de España a Portugal, aunque discreparon de su carácter delictivo y alegaron que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad. Por estos hechos, el expresidente de Pescanova resulta condenado a dos años de cárcel y a uno su mujer por delito de alzamiento de bienes. En su sentencia, el tribunal rechaza las dilaciones indebidas alegadas por los acusados que, entre otros argumentos, esgrimían la extensa duración de la instrucción y del juicio. La Sala recuerda que las sesiones solo se vieron interrumpidas debido a la pandemia durante el periodo de confinamiento y añade que gracias a la retransmisión diario de la vista por la tv pública gallega se evitaron posibles problemas de salud para los abogados y los propios acusados, lo que evitó que el juicio se tuviera que suspender. Toda la causa de Pescanova supera los 80.000 folios de extensión.  

  • La Audiencia Nacional rechaza la cautelarísima solicitada por un abogado contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial sobre las restricciones contra el COVID 19
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 05/10/2020 a las 12:00

    La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por un abogado particular contra el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden Comunicada del ministro de Sanidad mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para la adopción de determinadas medidas contra el COVID 19. En un auto, el Tribunal explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión en este caso del Acuerdo y de la Orden Ministerial sin oír a la otra parte, la Abogacía del Estado. La Audiencia recuerda que para adoptar esta medida se exigen circunstancias que pongan de manifiesto una urgencia excepcional o extraordinaria de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de las cautelares. La Sección Octava explica que el recurrente ha utilizado el cauce del procedimiento previsto al amparo del artículo 114 de la Ley Jurisdiccional para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona. Las resoluciones impugnadas están dirigidas a las comunidades autónomas y no a los ciudadanos Tras analizar las resoluciones impugnadas, el Tribunal destaca que van dirigidas a las comunidades autónomas y no a las personas en el sentido que obligará a las comunidades autónomas a adoptar, al menos, las medidas que se prevén en el apartado 2 en los municipios de más de 100.000 habitantes que formen parte de su territorio cuando concurran determinadas circunstancias. La Sala añade que en el caso de que deban adoptarse esas medidas, tal actuación deberá llevarse a cabo mediante acto o disposición de las comunidades autónomas antes de 48 horas desde que se tenga conocimiento de dichas circunstancias. Por ello, concluye la Sala, las resoluciones impugnadas en ausencia de la ulterior actividad administrativa de las Comunidades Autónomas, no producen la afección directa de los derechos fundamentales del actor. La afección tendrá lugar, en su caso, cuando las destinatarias de los actos administrativos impugnados, las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dicten resoluciones adoptando medidas que ya directa e individualmente afecten a los ciudadanos”. El auto argumenta que el procedimiento especial por el que ha optado el recurrente de protección derechos fundamentales tiene un objeto limitado, dado que no puede extenderse más allá de la comprobación de si un acto del poder público afecta o no a los derechos fundamentales de la persona, “siendo en relación con sus propios y únicos derechos fundamentales que debe apreciarse la lesión invocada, y en este concreto trámite, la urgencia de la adopción de la medida solicitada”. En conclusión, señalan los jueces, como las resoluciones impugnadas están dirigidas a la comunidades autónomas, no a los ciudadanos, y como será necesaria la descrita actividad de esas comunidades autónomas, no puede concluirse en este trámite que concurra la urgencia prevista contemplada en el marco de unas medidas cautelarísimas, tal y como prevé el artículo 135 de la Ley Jurisdiccional y de la interpretación jurisprudencial del concepto técnico-jurídico de urgencia. La Sala rechaza, por tanto, la medida cautelarísima y abre pieza separada de medidas cautelares para solicitar informe de la Abogacía del Estado antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. En otro auto, la Sala rechaza la medida cautelar solicitado por la Federación Nacional de Empresarios del Ocio y Espectáculos (ESPAÑA DE NOCHE) contra la Orden de Sanidad del 14 de agosto que supuso el cierre de discotecas y salas de baile y la apertura de los locales de restauración hasta la 1h como máximo. El auto repite los argumentos de este misma Sala del pasado 21 de septiembre en relación con la solicitud de suspensión cautelar de la misma Orden impugnada en ese caso por la Federación Catalana del Ocio Nocturno (FECALON). En ambas resoluciones, sin prejuzgar el fondo del asunto, los magistrados explican que prima el interés público frente al de los empresarios porque es el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias que se describen la resolución de Sanidad y que no fueron rechazadas por los recurrentes. *La segunda resolución está disponiible en el Fondo de Jurispriudencia con el código: ECLI:ES:AN:2020:3771A

  • El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concede el tercer grado a Rodrigo Rato
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 01/10/2020 a las 12:40

    El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la progresión al tercer grado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, mediante control telemático, en virtud del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. En un auto, el magistrado José Luis Castro señala que la propia Junta de Tratamiento de la cárcel de Madrid V ha propuesto por mayoría la progresión del interno al tercer grado, al entender que está capacitado para seguir cumpliendo su condena en un régimen de semilibertad y se basa en los informes emitidos por las profesiones del equipo técnico del centro penitenciario. El juez concluye que en este caso se dan las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, debiendo unir a ello su avanzada edad (71 años) que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como por las enfermedades coronarias que padece. Entre los factores positivos para la concesión del tercer grado, el juez incluye el hecho de que Rato ha venido disfrutando de permisos de salida sin incidencia negativa alguna. Añade que en atención a la actividad profesional y edad se señala un pronóstico de reincidencia bajo. Indica asimismo que el exvicepresidente del Gobierno ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena para el conocido como caso de las “tarjetas black” (en el que fue condenado a 4 años y medio de cárcel), en cuya ejecutoria abonó tanto la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Además, el juez explica que la asunción de responsabilidad por parte del penado va más allá del pago de la responsabilidad civil y, en tal sentido, ha pedido perdón de forma voluntaria, pública y notoria antes de su inmediato ingreso en prisión.

  • La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/09/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La sentencia, de 442 páginas, destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores, Banco de España, CNMV, FROB y EBA, que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. La resolución de la Sección Cuarta establece tres bloques distintos. El primero aborda la constitución de BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO (BFA) y las cuentas del ejercicio 2010 y destaca que “la integración de las siete Cajas de Ahorro que conformaron BFA fue impulsada por las autoridades económicas y financieras, las cuales ejercieron una fuerte presión para que se acometieran procesos de integración en el sistema financiero español, con el objetivo de lograr a corto plazo reforzar la solvencia e incrementar la capacidad de soportar escenarios de extrema morosidad en el marco de un fuerte deterioro del ciclo”.El segundo bloque de la sentencia se centra en el nacimiento de BANKIA y su salida a Bolsa, y el tercero desarrolla las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y BANKIA del ejercicio 2011. La salida a Bolsa contó con el beneplácito de todas las instituciones La sentencia destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todas las instituciones “tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban”, para luego determinar que “lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de BANKIA fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las Instituciones.” En relación al folleto de la salida a Bolsa, se afirma que el mismo contenía una amplia y certera información financiera y no financiera indicándose al respecto: “en definitiva, la información financiera incluida en el Folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el Folleto”. La Sala recuerda que el Fiscal, en sus conclusiones provisionales manifestaba que la información económica y financiera que BANKIA suministró al mercado con ocasión de la salida a Bolsa “no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables” aunque “no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente”. Respecto a la información no financiera suscrita en el folleto, la sentencia indica que “se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de BANKIA que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido”. Añade que “la descripción de los riesgos exhaustiva y clara contiene también una advertencia que cualquiera entendería”. La Sala especifica que estos riesgos no eran los únicos a los que el emisor podría hacer frente en el futuro: “podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor o en el precio de cotización de sus acciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que dichos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones del Emisor, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada debido a diversos factores, incluyendo los riesgos a los que se encuentra sujeto el Banco que se describen en el presente apartado y en otros del Documento de Registro”. La sentencia sostiene la bondad del folleto y refiriéndose a Bankia, manifiesta la “parece difícil concebir que cualquier entidad bancaria, después de contar con el beneplácito del Banco de España, de la CNMV, del FROB y de la EBA sobre la idoneidad de su salida a Bolsa y la adecuación del Folleto informativo a la realidad, recele de todos estos pareceres y proclame la necesidad de adoptar prevenciones ante compañías publicitarias que, como en el caso de BANKIA, resalten la potencia de la entidad, referenciando el elevado número de empleados, de oficinas de cajeros, y su elevada cifra de activos totales, datos que eran ciertos.” Viabilidad de Bankia La sentencia argumenta que en el momento de su salida a bolsa, Bankia era viable y añade que la inviabilidad que se pretende “se sustenta principalmente en los cuatro correos en los que se plasman el parecer del Inspector del Banco de España D. José Antonio Casaus Lara enviados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011 a otros integrantes del Servicio de Inspección del Banco de España, incluido sus superiores, opiniones de Sr. Casaus que no tuvieron nunca reflejo en documento oficial alguno, y se indica: “por su parte, el Banco de España era viable, no solo en el momento de la salida a Bolsa sino también en abril de 2012 afirmando entonces que los Planes de Recapitalización presentados por esta entidad bancaria, a juicio de la Dirección General de Supervisión debían ser objeto de aprobación porque “el equipo Gestor entiende, y así lo ha mostrado con determinación, que puede gestionar BANKIA satisfactoriamente en tanto la economía se recupere. En este sentido, el diagnóstico realizado se considera realista y acertadas las medidas que se están implantando, así como el detalle de su ejecución también parecen esperanzadoras”. Respecto al tercero de los bloques, dedicado a la falsedad de las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y BANKIA del ejercicio 2011, se manifiesta en la sentencia que ya el Fiscal, en las conclusiones provisionales mantenía en dichas cuentas, ”no podían considerarse como tales, en sentido estricto, precisando que solo lo eran aquellas que, tras su formulación en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social han sido revisadas y verificadas por el Auditor de cuentas y aprobadas por la Junta General, de tal manera que solo después, cuando se depositan en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación, las cuentas son públicas. Todo ello por así disponerlo los artículos 253, 263, 283, 272, 279 y 281 de la Ley de Sociedades de Capital. y las que son objeto de este procedimiento, “ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las Juntas Generales de BFA y de BANKIA. Por lo tanto, jurídicamente no llegaron a ser “cuentas anuales” y no pueden constituir el objeto material del delito de falsedad por carecer de potencialidad lesiva, habida cuenta que no estuvieron a disposición de los usuarios de la contabilidad (accionistas, acreedores, inversores…), esto es, nunca entraron en el tráfico jurídico mercantil.” En el juicio no se imputaron hechos concretos a los acusados A lo largo de su sentencia los jueces resaltan en varios apartados la ausencia de actos concretos atribuidos a los acusados. Según el tribunal, esa falta de menciones concretas a las personas que se sentaban en el banquillo fue nota predominante durante el juicio y así se establece en la sentencia: “resulta también destacable la ausencia de menciones especificas a las personas acusadas, que se sentaron en el banquillo destinado para ellos, por parte de los numerosos testigos que, después de haber prestado exhaustivas declaraciones en fase de instrucción, lo volvieran a hacer en juicio, y también por parte de los peritos, o de referencias documentales etc. de contenido incriminatorio. En el acto del plenario nadie los nombró, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas, cayeron en el olvido en el transcurso del Juicio Oral, solo recordadas sus identidades por el Ministerio Público en el trámite de conclusiones definitivas para dirigir ahora su acusación contra los que antes acusó y, además, contra los que no acusó, miembros de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento de BFA y BANKIA sin que sepamos a ciencia cierta en base a qué obedeció tal cambio de postura ostentada por la Acusación Pública”. La Sala concluye que las acusaciones durante el juicio sólo atribuyeron actitudes genéricas a los acusados, lo que no puede tener cabida en un relato de hechos probados de una sentencia “tras una somera lectura del mismo, las escasísimas referencias que se hacen a las personas sometidas a nuestro enjuiciamiento, consecuencia ineludible de la ausencia de hechos concretos imputados por el Ministerio Fiscal y demás Acusaciones a los acusados, los mismos, a los que se dedican, en el mejor de los casos, actitudes genéricas, que no tienen cabida en un relato de hechos probados de una sentencia, condenatoria e impiden desde luego, a los acusados defenderse adecuadamente de algo tan etéreo, tan abstracto, tan indefinido, como es la observancia de una actitud”.  

  • La Audiencia Nacional absuelve a la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 25/09/2020 a las 12:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la mujer y a dos hijos del expresidente de Pescanova Manuel F.S. de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública de los que estaban acusados por ocultar 2,6 millones de euros en cuentas de Andorra. En esta pieza separada del denominado caso Pescanova la Fiscalía pedía una condena de 3 años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales para los acusados María del Rosario A.D. y Pablo Javier e Ignacio José F.A. Alternativamente, el Ministerio Público solicitaba también 3 años de prisión para ellos por delito contra la Hacienda pública. Por este último delito la Abogacía del Estado solicitaba 4 años de cárcel para María del Rosario y 3 para sus hijos. Los hechos probados de la sentencia consideran acreditado que los tres acusados abrieron sendas cuentas corrientes en la entidad bancaria andorrana Andbank que no fueron declaradas ante Hacienda de acuerdo con lo dispuesto en la normativa para el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero. Dichos fondos alcanzaron un total de 2.671.450 euros, de los cuales 2.521 fueron abonados mediante ingresos en efectivo y los 150.000 restantes fueron trasferidos desde la cuenta interna de una sociedad panameña. Las cuentas, continúa la resolución, “permanecieron ocultas a la Hacienda pública y la jurisdicción española hasta que las autoridades de Andorra comunicaron su existencia al Juzgado Central de Instrucción 5” en contestación a una comisión rogatoria. Los fondos no provienen de Pescanova La Sala afirma que se desconoce con exactitud el origen último de los fondos con los que se nutrieron de forma aparentemente unificada las tres cuentas bancarias andorranas en los años 2009, 2010 y 2012, pero apunta que “lo que sí aparece acreditado es que tales fondos no proceden de las cuentas de la sociedad Pescanova S.A. o de alguna de sus filiales”. En cambio, apuntan, lo largo del procedimiento se ha logrado desentrañar acreditación de las actividades relacionadas con la hípica desarrolladas por los acusados en años anteriores a la materialización de los ingresos bancarios en la entidad andorrana Andbank. En este sentido, indica el Tribunal, se ha constatado que la acusada María del Rosario se dedicó durante los años 1987 a 2007, aproximadamente, a la cría y reproducción de caballos, lo que le proporcionó cuantiosos ingresos cuando eran vendidos, en sumas que no han sido precisadas; en tanto que sus hijos se dedicaron durante los años 1992 a 2006, aproximadamente, a la doma de caballos y a las competiciones deportivas ecuestres, en las que ganaron por premios importantes cantidades de dinero, que no han quedado tampoco determinadas. Inexistencia del hecho que da origen al delito fiscal A juicio de los magistrados, no ha quedado acreditado que los acusados, por los ingresos inicialmente no declarados efectuados en 2009, 2010 y 2012 en las cuentas que abrieron en la entidad andorrana Andbank, hayan perpetrado infracción tributaria alguna con consecuencias penales. Y ello porque no puede serles de aplicación la reforma instaurada por los artículos 1 y 3 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que fue publicada el día 30 de octubre de 2012 y entró en vigor el 31, porque los hechos imponibles protagonizados por los acusados ocurrieron en fechas anteriores a la entrada en vigor del artículo 39.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la Disposición Adicional 8ª de la referida Ley 7/2012. Más en concreto, los ingresos realizados en Andorra tuvieron lugar en relación a los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2012, cuyos períodos impositivos debían de haberse liquidado de modo voluntario, respectivamente, hasta el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012. En cambio, a efectos penales y conforme a la normativa en vigor desde el 31 de octubre de 2013, la deuda tributaria se ha unificado y se ha aplicado toda al ejercicio de 2013, y no a cada uno de los ejercicios 2009, 2010 y 2012, que fue cuando se originó. Se trata de una conducta de las autoridades tributarias españolas, recuerdan los jueces, que ha sido tajantemente reprochada por la Comisión Europea, en su Dictamen Motivado fechado en Bruselas el día 15 de febrero de 2017, en el Procedimiento de Infracción 2014/4330, al considerarla claramente discriminatoria y desproporcionada, invitando al Reino de España a la adopción de las medidas de ajuste correspondientes, lo que no ha efectuado en los dos meses concedidos. Ello ha implicado, agregan, el inicio de un proceso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actualmente en tramitación. “Por lo que no puede ser amparada aquella conducta, al vulnerar los principios informadores del Derecho Penal, atinentes a la legalidad, a la predeterminación normativa, y a la irretroactividad de las normas penales desfavorables”, concluye el Tribunal. No existe prueba de cargo contundente de blanqueo de capitales A lo largo de la sentencia, la Audiencia examina todas las pruebas practicadas durante el juicio, entre ellas las declaraciones de los tres acusados, dos testificales de personas vinculadas a las actividades hípicas, las periciales de las cuentas de Pescanova y sus filiales, así como la abundante documental incorporada a las actuaciones. Tras el análisis de toda la prueba, los jueces consideran que la tesis acusatoria formulada por el Ministerio Fiscal acerca de la perpetración por los acusados de un delito de blanqueo de capitales no puede prosperar. “Lo impide la abundante prueba practicada, de la que claramente se deducen los fundamentales datos atinentes, por un lado, a la no procedencia criminal del dinero ingresado entre 2009 y 2012 en las cuentas abiertas en la entidad bancaria andorrana Andbank y, por otro lado, a la existencia de actividades lucrativas de los acusados relacionadas con el negocio de compra y venta de caballos y con las competiciones hípicas”, aclara el fallo. En opinión de los magistrados, se aprecia una falta de conexión de los hechos enjuiciados con cualquier indicio de delito que llevara a la detentación de las cantidades ingresadas en Andorra, especialmente cuando en la pieza principal no se ha ejercitado contra los acusados acción pública alguna por supuestamente haber desviado fondos de las sociedades pertenecientes al Grupo Pescanova en beneficio de alguno de ellos. Los fondos ingresados en Andorra, afirma la sentencia, “no procedían de previas actividades delictivas, siendo coherente, lógica y verosímil la unánime versión de los acusados acerca de que dicho efectivo ingresado en las cuentas andorranas procedía del negocio ecuestre que desarrollaban. De ahí que, por falta de prueba sólida y contundente, haya que absolverlos del delito de blanqueo de capitales”. Absolución del delito contra la Hacienda pública La Sala señala que la aplicación de los principios procesales básicos en el Derecho penal, como son los de irretroactividad de las normas penales desfavorables, la prescripción del delito, como ha reprochado la Comisión europea, y el de la legalidad penal por predeterminación normativa de los delitos y sus penas, “constituyen obstáculos que impiden que estemos en presencia de una verdadera y real comisión delictiva punible”.  

  • El juez archiva la causa para el inspector de Extranjería investigado en la ‘Operación Emperador’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/09/2020 a las 14:00

    El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el archivo para el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel G. G. en la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la presunta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao P. para llevar a cabo actividades de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado admite el recurso de reforma del investigado presentado contra el auto del pasado mes de julio que acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y en el que proponía juzgar a 105 personas por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsificación de documentos mercantiles y públicos. En un auto, el magistrado entiende, tal y como expone la defensa del inspector, que todos los hechos relacionados con el recurrente ya fueron investigados en una pieza separada denominada “funcionarios” y en la que la Sala de lo Penal ordenó el sobreseimiento respecto del investigado, por lo que debe mantenerse dicho pronunciamiento. En la misma resolución del Juzgado Central de Instrucción 4 se desestiman los recursos de reforma presentados por otros once investigados en este procedimiento.

  • La Audiencia Nacional rechaza la suspensión cautelar de la Orden de Sanidad que obliga al cierre de discotecas por COVID
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/09/2020 a las 12:19

    La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar reclamada por la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON) de la Orden del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto por la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial riesgo de actuaciones derivada del incremento de casos positivos por Covid 19 y que supone el cierre de discotecas, salsas de baile y bares de copas y la apertura de locales de hostelería hasta la 1 horas como máximo. En un auto, los magistrados de la Sección Octava explican que, en este caso, después de estudiar las alegaciones de FECALON y de la Abogacía del Estado, la resolución impugnada se adopta debido a la situación epidemiológica y el riesgo generalizado para la población debido al incremento constante de casos positivos por coronavirus. El tribunal recoge argumentos de Sanidad para adoptar dichas medidas y en los que señala que, aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril se observa un incremento constante de casos en todo el territorio que va generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización. Además, el Ministerio especificaba que “durante las últimas semanas, se ha incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos. Entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno (bares de copas, discotecas y salas de baile). Los primeros son los más numerosos, pero los segundos, afectan a grupos más grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que debido a las grandes dificultades de localización que generan impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control… El rápido control de la infección es esencial para evitar la presión excesiva sobre el sistema asistencial y el colapso en alguno de nuestros hospitales. En este sentido, la necesidad de controlar la transmisión hasta los niveles más bajos posibles antes de que se recupere la actividad habitual en el mes de septiembre hace que la implementación de las medidas de esta Declaración, además de necesarias sean urgentes.” En consecuencia, concluyen los magistrados de la Audiencia Nacional, a los solos efectos de resolver sobre la medida cautelar y sin prejuzgar en modo alguno el fondo del asunto, pese a ser evidentes los perjuicios que la resolución impugnada puede acarrear a la parte actora, es el interés público el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias descritas en la orden impugnada y no rechazadas por la parte recurrente.

  • El juez García Castellón cita como investigado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 18/09/2020 a las 12:00

    El auto de la ‘pieza Kitchen’ del denominado caso Villarejo en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como investigados al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el próximo 29 de octubre, y al exministro del interior Jorge Fernández Díaz, el 30. El magistrado cita como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José esteban y a otras tres personas, el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a Icíar Castro Álvarez. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 indica que no ha lugar a otras diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la declaración como investigada de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El magistrado explica que, en línea con lo solicitado por el fiscal, resulta necesaria, útil y pertinente la comparecencia del que fuera ministro del interior, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. El magistrado añade que así se desprende de los audios registrados a Villarejo, así como de los mensajes transcritos y de la documentación referida en su auto. García Castellón considera especialmente revelador de la importancia de la excúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación, el pago a Sergio Ríos de cantidades mensuales abonadas al parecer con cargo a los fondos reservados procedente de Interior, lo que según el instructor, “evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo”. El magistrado añade el hecho de que Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, obtuviera una plaza como funcionario de Policía tras superar un proceso de oposición, extremo que requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio. García Castellón entiende que antes de citar de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez que en su primera citación no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.

  • Las autoridades judiciales de España, Holanda y Bélgica desarticulan una gran organización criminal dedicada a introducir cocaína y distribuirla en Países Bajos
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 17/09/2020 a las 10:00

    El Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ha coordinado en España una operación policial con la que se ha desarticulado una importante organización transnacional de narcotraficantes que introducían, a través de puertos españoles, cocaína camuflada en contendedores de fruta y la distribuían en diferentes países de Europa, principalmente en Holanda. El operativo, en el que han participado 250 agentes en España y 500 en Países Bajos, se ha desarrollado al mismo tiempo en nuestro país (donde han sido detenidas ocho personas) Holanda (seis personas han sido arrestadas) y Bélgica, todo ello bajo la coordinación de Eurojust, la agencia de la UE encargada de la cooperación judicial entre los Estados miembros. En España se han practicado diversos registros en viviendas y locales de negocio o sedes sociales vinculados con la organización en las localidades de Mijas, Benalmádena y Torremolinos. En el operativo, los agentes han decomisado dinero en efectivo, una veintena de vehículos y joyas por valor de 400.000 euros. La titular del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón, que investiga en secreto esta causa desde 2017, a instancias de la Fiscalía Antidroga, atribuye a los arrestados, la mayoría de nacionalidad holandesa, delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en el seno de organización criminal. La investigación se inició en torno a una organización criminal dedicada a la importación de importantes cantidades de cocaína, procedente de Sudamérica, y que la introducía en España por medio de contenedores de fruta para después transportarla a Europa, principalmente a Holanda, de donde son los jefes de la organización. Los máximos responsables de esta trama son de nacionalidad neerlandesa. De acuerdo con la investigación, la organización se dedicaba a la importación y venta de cocaína procedente de países de Sudamérica, lo que ha reportado grandes cantidades de dinero a sus integrantes. A lo largo de la investigación desarrollada en distintos países se han creado equipos conjuntos de investigación coordinados por Eurojust que han mantenido diversas reuniones con el fin de perfilar las actuaciones que han culminado con la operación policial conjunta.

  • La Audiencia Nacional devuelve a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la investigación sobre la sustracción del teléfono móvil de su exasesora
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 16/09/2020 a las 11:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos de apelación de Pablo Iglesias y Dina Boulselham contra el auto del juez de instrucción Manuel García Castellón que le retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos en la pieza que investiga la sustracción del teléfono móvil de su exasesora. La Sala entiende que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Iglesias como perjudicado en la causa que se inició como una pieza del conocido como caso Villarejo. En un auto, los magistrados de la Sección Tercera recuerdan en su escrito que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial. La Sala añade que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bouselham. La Sala explica que algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por aquella, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, fueron publicados por OK Diario y otros diarios digitales, con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo. El Tribunal argumenta que la inicial admisión por el juzgado de instrucción de Iglesias como perjudicado “no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil con arreglo a lo actuado hasta esa fecha, del hecho de que la publicación de los archivos inicialmente almacenados en el teléfono de la señora Bouselham tuviese como fuente a la organización del señor Villarejo, objeto de investigación en estas diligencias previas unida tal aceptación a la consideración como eventualmente delictiva de la obtención y/o difusión de la información y a la apreciación de la virtualidad de la difusión e esos contenidos para causar un quebranto al señor Iglesias”. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado, se mantienen en la actualidad, según la Sala. Otras hipótesis alternativas El auto explica que la habilitación de Iglesias como perjudicado no resulta compatible con la existencia de hipótesis alternativas como que, según las resoluciones del juzgado de instrucción, hubiera otras fuentes de publicación del contenido del móvil, incluyendo los propios recurrentes. En este sentido, las resoluciones recurridas aluden a la existencia de otras copias de los archivos publicados en poder de la revista Interviú. Por todo ello, los jueces consideran que en la fecha en la que se dictaron los autos impugnados no hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas señaladas por el juzgado central de instrucción, “por lo que nos encontramos ante meras hipótesis que no desvirtúan la ya referida conexión del recurrente sr Iglesias con el objeto del proceso en virtud de la cual -con arreglo a la valoración provisional que corresponde efectuar en esta fase procesal y sin perjuicio de lo que en su día pudiera resultar acreditada- se le reconoció la legitimación como parte en calidad de perjudicado y para actuar en defensa de sus derechos e intereses”. La Sala añade que el hecho de que esta pieza separada del caso Villarejo continúe abierta no puede obedecer sino a la existencia de indicios compatibles con la atribución a la organización investigada de la obtención ilícita y/o la publicación de los datos de la sra. Bouselham, lo que a su vez resulta compatible a expensas de lo que resulte en su día acreditado, con el eventual perjuicio del señor Iglesias”. Hipótesis alternativas que no serían competencia de la Audiencia Nacional En relación con las hipótesis alternativas planteadas por el juzgado de instrucción respecto del origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Bouselham, el tribunal indica que no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta, por lo que las eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigas en otro órgano judicial.

  • La Audiencia Nacional condena a 133 años de cárcel al exviceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador por el asesinato de cinco jesuitas en 1989
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 11/09/2020 a las 11:30

    La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador I.O.M.M. por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Elllacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera a I.O.M.M. autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno de los cuales le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión. Los magistrados también consideran a I.O.M.M. autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes. La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años. La creación de ‘La tandona’ La promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1966 a la que pertenecía el acusado fue conocida como ‘la tandona’ debido a que fue la clase más grande poderosa y cohesiva del Ejército. Dado su tamaño inusualmente grande, los oficiales de este grupo esperaban gobernar al final de la década, una opción que habían estado anticipando desde por lo menos 1980. I.O.M.M.era miembro del “círculo íntimo” de poder de este grupo, denominado “los compadres”, y participaba en las decisiones con los demás. El padre Ellacuría como rector de la Universidad Centroamericana era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Además, se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas. Esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, explica la sentencia, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA que fueron creciendo e intensidad y en número, hasta 49 en el año 1989. En definitiva, el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocaba especialmente a la figura de Ignacio Ellacuría, cuya insistencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto de alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los jesuitas. La línea dura centró su atención en obstaculizarla, teniendo en cuenta que uno de los elementos centrales de la negociación era la depuración de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros rechazaban. El creciente consenso para que hubiera una purga de los oficiales del grupo de militares al que pertenecía I.O.M.M. en las Fuerzas Armadas, conocido como ‘la Tandona’, se debía principalmente a los esfuerzos de mediación de paz de Ignacio Ellacuría. De esta forma, se había ido gestando entre los miembros que componían el Alto Mando, los cuales pertenecían casi en su totalidad a ‘la Tandona’, la consideración de Ignacio Ellacuría como un “enemigo”, cuya labor de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, “por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar” con su vida. El asesinato de los jesuitas la noche del 15 al 16 de noviembre La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba el viceministro de Seguridad Pública, el coronel I.O.M.M. en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello unidad del batallón Alacatl. Después de la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se hubiera producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos. Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK 47 empezó a disparar a los tres que estaban en el suelo, Ellacuría, Baró y Montes. Tras ello, según el relato de la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes. En ese mismo momento, el sargento que se había quedado custodiando a la cocinera de la universidad y a su hija efectuó numerosos disparos mientras ambas se agarraban. A continuación, cuando descubrió que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo que hizo descargando su M-16 “hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad”. Inmediatamente después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en una pared: “EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN”. Por estos hechos, se celebró un juicio en El Salvador que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción a la Justicia, al tiempo que remarcó la ausencia de garantías necesarias de independencia e imparcialidad. Terrorismo desde el Estado La sentencia, ponencia de Fernando Andreu, indica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas. Legalmente constituyen 8 delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, si bien la Sala sólo puede condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina del Sur que concedió la extradición de I.O.M.M. redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española. La sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, “lo que comúnmente viene a denominarse como “terrorismo desde el estado” que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso, en el seno del Alto Mando de las fuerzas Armadas , y al que pertenecía el acusado, I.O.M.M., y en donde se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población, y alterar gravemente la paz pública y a perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador, cometiendo los crímenes desde el poder de los medios que le suministra el Estado Concurrencia de alevosía Según el tribunal, los hechos son notoriamente alevosos, desde el momento en que el acusado, como miembro del núcleo decisorio, residenciado en el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, participó en la decisión de ordenar al Coronel director de la Escuela Militar acudir de madrugada a la Residencia de la UCA, en donde vivían las víctimas, a fin de “ proceder contra ellas” , es decir, “ejecutar tanto a Ignacio Ellacuría como a quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quiénes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos, y lo hace dotando al citado Coronel de un Comando compuesto por unos cuarenta soldados, pertenecientes a un batallón de élite de la Fuerzas Armadas, entrenados por el ejército de los Estados Unidos De América, fuertemente armados y equipados, sin que las víctimas tuviesen ninguna capacidad de defensa, pues se encontraban durmiendo, fueron llevados a un patio y allí, tras ordenarlas ponerse tumbados boca abajo, se les descerrajaron disparos de fusiles de asalto AK 47 y M -16”. Un grupo violento y estable compuesto por el presidente de la República, miembros de ‘la Tandona’ y otros altos cargos La Sala considera acreditado que en los hechos ha participado un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en el Salvador y compuesto por el propio presidente de la República utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz “con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones; cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes que trabajaban como profesores de la UCA, especialmente Ignacio Martí Baró y Segundo Montes Mozo, pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación nacional Farabundo Martí”, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedad, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista y que tenía como fin terminar con los valores aceptados como propios y absolutos por quienes detentaban el poder”. Las pruebas practicadas corroboran su participación Después del examen de las pruebas practicadas el tribunal llega al convencimiento de que los 8 asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía I.O.M.M.en su condición de viceministro de la Seguridad Pública. Él participó en la decisión y junto a otros cuatro miembros de dicho alto Mando, “transmitió la orden de realizar las ejecuciones al Coronel Director de la Escuela Militar”. La sala considera vital el testimonio del exteniente del ejército R.Y.M., que en calidad de testigo reconoció su participación en los hechos. La sala le da credibilidad y recuerda que desde el principio reconoció esa participación, señalando que fue por orden del coronel director de la Escuela Militar, que acudió aquella noche a la universidad y que la orden era “matar a Ellacuría, sin dejar testigos”. Además de la declaración de R.Y.M., el tribunal ha tenido en cuenta a la hora de enervar la presunción de inocencia, el testimonio de otros testigos, así como los informes periciales, los informes de la Comisión de la Verdad para el Salvador de la ONU y el emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condenado a pagar las costas de la acusación popular por su papel determinante en la causa  La Sala, en este caso, ha optado por incluir en la condena al acusado las costas causadas por la acusación popular ejercida por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia. La sentencia explica que, aunque la jurisprudencia sobre esta materia indica que la condena a costas no puede comprender las de la acusación popular salvo excepciones, en este caso los magistrados aplican esta excepción dado el papel determinante y decisivo que ha tenido la acusación popular desde que interpuso la querella, el 13 de noviembre de 2008 y que dio origen a la causa. Destaca su “esencial contribución en el buen fin del proceso, coadyuvando a la tramitación de la causa, tanto en España como en el extranjero, facilitando la labor del Juzgado Central en fase de instrucción y la de este Tribunal en la celebración del juicio” por ello el tribunal califica de “determinante el papel llevado a cabo por la acusación popular para la terminación, en justicia, del presente proceso y de la impunidad en que se encontraban los crímenes enjuiciados”.  

  • La Audiencia Nacional confirma el cese del coronel Sanchez Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 28/07/2020 a las 12:00

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado el cese del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Ángel Sánchez Corbí acordada por el secretario de Estado de Seguridad el 1 de agosto de 2018 por pérdida de confianza de la Dirección General de la Benemérita y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior. En una sentencia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso de apelación presentado por Sánchez Corbí contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso 3 que confirmó que el cese estaba ajustado a derecho y que la pérdida de confianza no tenía que ver con las relaciones personales de los intervinientes. La resolución refleja que el motivo del cese del coronel fue haber remitido el 25 de julio de 2018 un correo electrónico a la Jefatura de Policía Judicial y a todos de los Departamentos de la UCO ordenando que “queda temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y de sus unidades subordinadas, que requieran obligatoriamente realizar gastos, sin haber recibido ningún tipo de instrucción de sus mandos orgánicos o autoridad judicial o Ministerio Fiscal y poniendo así en riesgo el éxito de operaciones policiales y judiciales”. Según la Audiencia, el cese estuvo justificado y el coronel conoció las razones del mismo, tanto las señaladas en la propuesta del director general de la Guardia Civil, como en la resolución del recurso de alzada impugnado en la instancia. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, recuerda el régimen específico del personal de Cuerpo de la Guardia Civil que se rige por su propia ley y que en materia de nombramientos discrecionales no es comparable al de altos cargos judiciales, como también ha establecido el Tribunal Constitucional. La asignación de destinos y el cese por necesidades del servicio de un miembro de la Guardia Civil, incluidos los destinos de mando, es una manifestación del principio de disciplina y operatividad que rige tal Instituto Armado, explica la sentencia. Los magistrados indican que, en apelación, como segunda instancia, se examina la cuestión litigiosa sin repetir los argumentos expuestos en la primera instancia y considera que la sentencia del Juzgado Central da cumplida respuesta, razonada y razonable, a las cuestiones planteadas “sin que la reiteración de la tesis del demandante en apelación, pueda llevar a revocar” la resolución recurrida. El tribunal descarta también la vulneración del derecho constitucional del acceso igualitario a las funciones y cargos públicos del artículo 23 de la Constitución esgrimido por el coronel al considerar que “cabe decir que, configurado legalmente el sistema de provisión de destinos del personal de la Guardia Civil, la asignación y el cese de destinos, en la medida en que no hay ningún derecho al mantenimiento en el cargo asignado por libre designación, debe rechazar la infracción por la sentencia de este derecho fundamental”.

  • La Audiencia Nacional condena a la exjefa de ETA ‘Anboto’ a 122 años por asesinato al comandante Luciano Cortizo en su primer juicio en España
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 24/07/2020 a las 10:50

    La Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a la que fuera jefa de los “comandos legales” de ETA María Soledad I.G., ‘Anboto’, por dar la orden y suministrar los explosivos para el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León, mediante la explosión de una bomba lapa adosada bajo el asiento de su vehículo. Se trata del primer juicio al que se enfrenta en España tras ser entregada por Francia, donde ha cumplido varias condenas. En una sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Penal impone a María Soledad I.G. una pena de 30 años por un delito de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro penas de 20 años por asesinato terrorista frustrado por cada uno de los heridos en el atentado -la hija del comandante que viajaba en el coche en el asiento del copiloto y tres transeúntes-, y otros 12 años por tenencia de explosivos. La Sala establece una indemnización para la mujer del fallecido de 300.000 euros y de 160.000 para cada uno de los hijos por el fallecimiento de su padre. Además, la hija deberá ser indemnizada con 92.100 euros por las lesiones causadas y con otros 250.000 por las secuelas sufridas en el atentado. Los jueces destacan la «especial perversidad y falta absoluta de respeto por la vida e integridad de las personas de la acción y de la afectación psíquica e intenso sufrimiento causado a las víctimas».En su relato de hechos probados, la Sala relata cómo, tras la crisis sufrida dentro de ETA a raíz de la detención de su cúpula en Bidart (Francia), la organización terrorista se reorganizó, pasando a formar parte de su nueva jefatura o Comité Ejecutivo numerosos miembros que habían ocupado puestos de lugartenientes. Así, María Soledad I.G., tras haber formado parte de diversos comandos, en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del aparato militar de la banda en Francia, en concreto, en tareas de control y coordinación de los comandos «legales» como lugarteniente del entonces responsable, Pedro José P.U., alias ‘Larrún’. ‘Anboto’ pasa a ser en 1994 responsable de los «comandos legales» de ETA Una vez detenido Pedro José P.U. por la Policía Francesa en julio de 1994, María Soledad I.G. pasó a ocupar su puesto como responsable de los «comandos legales», tarea que desempeñó hasta el año 1998. A partir de 1994, como jefa de los «comandos legales», dice la sentencia, ‘Anboto’ transmitía a los comandos las órdenes concretas de ETA respecto de los objetivos contra los que había que atentar, daba instrucciones sobre la forma en la que debían perpetrarse las acciones, les facilitaba el material necesario -explosivos y armas- y les daba las instrucciones de fabricación y de su utilización, además de suministrarles los fondos necesarios para su actividad. Una de las acciones señaladas por ETA, cuya orden de ejecución María Soledad I.G., ‘Anboto’, transmitió al miembro de la organización encargado de perpetrarla, fue el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, destinado en León. La Sala considera probado que María Soledad I.G. ordenó ejecutar la muerte de dicho militar a Sergio P.E., alias ‘Lur’, que en aquella época constituía él solo un «comando legal» de ETA. Para llevar a cabo dicha acción, indica la sentencia, en fecha anterior a la comisión del atentado, la acusada entregó a Sergio P.E. el material para la confección de artefactos explosivos, entre ellos los precisos para la fabricación de una bomba lapa, «dándole instrucciones precisas sobre la ejecución del atentado, fabricación, transporte y colocación del artefacto explosivo, tendentes a asegurar el resultado y evitar riesgos para el autor». De acuerdo con las instrucciones recibidas, Sergio P.E., ya condenado en firme por estos hechos, guardó los explosivos en un piso de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), fabricó la bomba lapa y se trasladó de San Sebastián a León, donde durante unos días vigiló a su objetivo. El miembro de ETA observó que la víctima utilizaba un vehículo para sus desplazamientos y en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1995 colocó bajo el asiento del conductor una bomba lapa, «como le había ordenado María Soledad I.G.». Al día siguiente, cuando el comandante y su hija se desplazaban en el vehículo, el artefacto explosionó, causando la muerte del militar, de 44 años, y heridas de gravedad a su hija, de 18, que se encontraba en el asiento del copiloto, además de heridas de diversa consideración a otros transeúntes. La Sala considera que existe un “sólida prueba indiciaria” La Sala analiza todas las pruebas practicadas durante la vista oral y que, a su juicio, permiten fundamentar una «sólida prueba indiciaria» para concluir que la acusada, como responsable de los «comandos legales» ordenó el atentado que acabó con la vida del comandante Cortizo. Entre las pruebas examinadas, el Tribunal subraya como incriminatoria la carta (comunicación orgánica) dirigida a ‘Lur’ por ‘Anboto’ intervenida en el piso de Pasajes en el que el primero se alojaba, explicándole las causas por las que en otro atentado anterior cometido en Salamanca el miembro de las fuerzas armadas contra el que se dirigió el ataque (el comandante Juan José Aliste) no resultó fallecido, achacándolo a la colocación del artefacto mediante imanes en los bajos del vehículo. Para asegurar el resultado mortal del atentado enjuiciado, apunta la Sala, ‘Anboto’ le explicó en su comunicación a ‘Lur’ que el artefacto debía ser colocado dentro del coche, directamente bajo el asiento del conductor, «lo que efectivamente ejecutó materialmente Sergio P.E. siguiendo las instrucciones de María Soledad I.G.». «Ese comunicado evidencia las funciones desplegadas por ‘Anboto’ respecto de ‘Lur’, como responsable de los comandos legales, y que fue la acusada la que ordenó la comisión del atentado, facilitó los explosivos, instrucciones para su fabricación, transporte y colocación que asegurara el resultado de acabar con la vida de la víctima sin riesgo para el autor». Además de dicho documento, los magistrados tienen en cuenta para determinar la autoría de la acusada los vestigios y materiales intervenidos en el lugar del atentado, las declaraciones de miembros de ETA condenados en otras causas que identificaron a ‘Anboto’ y describieron sus funciones como responsable de los comandos legales de ETA en la fecha de los hechos o los explosivos, la pistola, los materiales, los manuales de explosivos y los documentos falsos utilizados por Polo e intervenidos en el piso. La Sala hace referencia también a las periciales que evidencian la identidad de los explosivos recuperados en la vivienda de Sergio P.E. con los empleados en los atentados de León y Salamanca y los utilizados habitualmente por ETA y a la pericial del bombín de la cerradura del vehículo de la víctima que evidencia que fue manipulado, lo que coincide con las instrucciones dadas por ‘Anboto’ a ‘Lur’ , dice la resolución, para asegurar el resultado, con la ocupación de un manual para la requisa de coches y los cursillos que declararon haber recibido para tal fin diversos miembros de la banda. Los magistrados añaden como indicios incriminatorios los documentos aportados de otras actuaciones judiciales de España y Francia en los que se identifica a María Soledad I.G. como ‘Anboto’, así como los datos facilitados por los peritos de inteligencia relativos al funcionamiento de ETA, a las funciones de los jefes de los sub-aparatos, a la identificación de ‘Anboto’ como responsable de los comandos legales, al estudio de los diversos comandos desarticulados y la recopilación y análisis de documentos, declaraciones y reconocimientos en los que se identificó a la acusada. «Tales indicios, acreditados por prueba directa, lleva razonablemente a la conclusión de que Sergio Polo ejecutó los hechos en la forma descrita en el factum y que María Soledad Iparraguirre, alias «Anboto», fijó el objetivo, facilitó los explosivos y dio instrucciones para la fabricación y transporte de la bomba lapa y para su colocación en el interior del coche, bajo el asiento, para asegurar la muerte del objetivo sin riesgo para el autor», concluye la Audiencia.  

  • El juez acuerda prisión y procesamiento para la miembro de ETA detenida por el asesinato del presidente del PP de Aragón en 2001
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/07/2020 a las 15:05

    El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional y el procesamiento para la miembro de ETA detenida ayer, Miren I.Z.I., por el asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, cometido en mayo del año 2001. El magistrado procesa a la detenida, conocida con el alias de ‘Sahatsa’, por la comisión de un delito de asesinato de carácter terrorista. Pedraz explica que de las diligencias practicadas hasta ahora se infiere indiciariamente la participación de Miren I.Z.I. en el asesinato terrorista investigado, al menos como colaboradora, tal y como se corrobora con el reconocimiento fotográfico y la declaración testifical en sede policial realizada por un testigo protegido y ratificada ante el juez. El reconocimiento e identificación de los hechos por el testigo protegido en el momento actual permite confirmar, a los efectos de este auto, afirma el juez, la comisión delictiva por parte de Miren I.Z.I., que se ve reforzada por las conclusiones del informe número 447/2020 de 10 de marzo, del Servicio de Información de la Guardia Civil y de los informes de Inteligencia de la Comisaría General de Información de 5 de diciembre de 2019 y 25 de junio de 2020, que trazan un perfil de la estructura, componentes y atentados presuntamente cometidos por el entramado Basajaun de ETA “que pudieran corresponderse con el autor material del asesinato del señor Giménez Abad (Mikel K.C.S.) y su colaboradora (Miren I.Z.I.) cuya integración en la organización criminal era desconocida para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento de la comisión de la acción terrorista”. De ahí, continúa Pedraz, que su fotografía no habría formado parte de los fotogramas que se mostraron a los testigos del atentado en un primer momento, siendo motivo destacado y valorable que esa fotografía reconocida por el testigo protegido nunca había sido difundida por los medios de comunicación escritos o digitales y nunca había sido vista con anterioridad por el testigo, “lo que refuerza el valor del reconocimiento”. De acuerdo con el relato de hechos del auto de procesamiento, entre las 18 y las 18.30 horas del 6 de mayo de 2001, el que fuera presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad se dirigía con su hijo al estadio de La Romareda de Zaragoza cuando al llegar a la calle Princesa, Mikel K.C.S. ‘Ata’ le abordó por la espalda y le disparó tres veces en la cabeza, que le produjeron la muerte en el acto. A continuación, el autor de los disparos huyó corriendo del lugar de los hechos, cruzándose por el camino con varios testigos a los que apuntaba con la pistola, mientras el hijo de Giménez Abad le increpaba al grito de: “cabrón me has jodido la vida; ETA asesina”. Durante su huida, continúa el auto de procesamiento, en un determinado momento ‘Ata’ se cruzó con una mujer “bajita, de mofletes rollizos, ojos negros” que vestía de color oscuro y con gorro tipo bombín y abrigo largo a pesar del mes de mayo, que daba seguridad a cierta distancia al autor de los disparos (disparos realizados con el mismo arma que sirvió para asesinar a Joseba Pagazaurtundua) y a la que entregó un objeto que no se puede precisar, tras lo cual ‘ATA’ y la mujer huyeron en direcciones opuestas, el primer corriendo y la segunda con paso ligero. “De las actuaciones practicadas y reconocimientos habidos durante esta instrucción se puede concluir que la mujer que se cruzó con el autor de los disparos es Miren I.Z.I.”, según señala la resolución judicial. El magistrado apunta que ambos, en la fecha de comisión del atentado, se integraban en un comando armado de ETA denominado Basajaun, pertenencia que se deriva del examen de la documentación intervenida en el registro efectuado en 2002 en la residencia de Tarbes (Francia) donde residía Juan F.I., ‘Susper’, y de la que se infiere que dicho comando se hallaba operativo en octubre de 2000 hasta, al menos el verano de 2002. Además, existen metadatos en un fichero informático, de febrero de 2001, justificativos de una cita entre ‘ATA’ y la dirección de ETA para recibir instrucciones “a cometer acciones u objetivos concretos, Zaragoza, Fraga…” entre los que se incluiría el atentado objeto de este sumario. La comunicación y periodicidad de los contactos directos e indirectos entre los responsables del comando Basajaun (un hombre y una mujer) y la dirección de ETA en los meses previos a mayo de 2001 no pudo conocerse hasta la operación policía de Tarbes en diciembre de 2002, lo que justifica el desconocimiento de la vinculación de ‘ATA’ y ‘Sahatsa’ a ETA en la fecha del atentado contra Giménez Abad y que en los días posteriores al asesinato no se pudiera haber confirmado su reconocimiento por los testigos”, concluye el juez.

  • La Audiencia Nacional rechaza declarar la nulidad de la lista de compensación por formación de futbolistas femeninas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/07/2020 a las 11:00

    La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del sindicato Futbolistas ON para que se declararse la nulidad de la lista de compensación por formación prevista para el año 2019/2020 respecto de las jugadoras menores de 23 años, tal y como establece el artículo 20 del I Convenio Colectivo de Fútbol Femenino Profesional. No obstante, la Sala considera que, a la fecha del juicio, celebrado la semana pasada, el Convenio no había sido objeto de publicación en el BOE por lo que no reúne los requisitos de validez del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores para tener la consideración de convenio estatutario, con lo que su eficacia y la de la lista de compensación, “ha de limitarse a los sujetos firmantes”. En una sentencia, la Sala Social resuelve la demanda planteada por el sindicato de Futbolistas ON contra la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el Futbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, ampliada posteriormente al Real Madrid (antes Club Deportivo Tacón) en relación con la denominada lista de compensación, las cláusulas que tienen que abonarse a la hora de fichar a jugadoras menores de 23 años y que se refieren a los derechos de formación. La demanda, a la que posteriormente se adhirió el Real Madrid, solicitaba como pretensión principal que se declarase la nulidad de la lista de compensación por haber entregado la ACFF la documentación a la Comisión Paritaria fuera de plazo. También porque los importes incluidos en las listas no habían sido objeto de negociación y porque las cantidades fijadas para algunas de ellas eran “absolutamente desproporcionadas” en relación con los costes de formación. Como pretensión subsidiaria, Futbolistas ON pedía que al no encontrase publicado el Convenio Colectivo en el BOE, “se declarase su carácter extraestatutario de forma que el artículo 20 únicamente tuviera eficacia entre las futbolistas afiliadas a alguno de los sindicatos que firmaron el Convenio o entre los clubes representados por asociaciones profesionales que lo rubricaron, entre los que no se encuentra el Real Madrid, el Futbol Club Barcelona ni el Athletic de Bilbao”. El artículo 20 del Convenio que regula la relación laboral de los deportistas profesionales establece que para el caso de que, tras la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido, la futbolista profesional estipulase un nuevo contrato con otro club, este último deberá abonar al equipo de procedencia la compensación que libremente haya fijado en las listas de compensación. Además, no podrá incluirse a ninguna jugadora de 23 años o menos y, en el caso de que efectivamente se realice el contrato con un nuevo club, la futbolista tendrá derecho a percibir el 15 por ciento de la citada compensación a la finalización del contrato. La Sala rechaza anular la lista de compensación En su resolución, la Sala descarta la pretensión principal de anular la lista de compensación al entender que fue presentada ante la Comisión Paritaria a tiempo y que la acción entablada, al ser de naturaleza colectiva, impide entrar a ponderar las circunstancias singulares respecto de cada una de las jugadoras, cuestión que debería ventilarse en reclamaciones por procedimientos individuales respecto de los que la Sala carece de competencia. La sentencia desestima también el tercer argumento de los demandantes y señala que no se puede deducir del tenor del convenio que la fijación del importe de compensación por formación haya de ser consensuado entre los clubes de procedencia y las jugadoras incluidas en la lista de compensación. En relación con la petición subsidiaria de la demandante, la Audiencia considera que “el hecho de no encontrarse aún publicado en el BOE hace que el convenio que nos ocupa carezca de uno de los requisitos de validez exigidos por el artículo 90 de Estatuto de los Trabajadores, de tal suerte que sus efectos quedarían limitados exclusivamente a los sujetos firmantes del pacto, no pudiendo ser llevados más allá”. Tampoco cabría admitir, añade el tribunal, la presencia de una suerte de adhesión tácita de los clubes no firmantes del mismo por el hecho de acudir al acto oficial de firma en el Congreso de los Diputados (como pretende la ACFF) o por el hecho de haber incluido jugadoras en la lista de compensación “pues la adhesión y extensión de un convenio no es un acto que pueda desarrollarse de manera presunta, sino que se procedimiento viene desarrollado en el artículo 92.1 de la norma estatutaria y exige, entre otros requisitos, de la previa comunicación a la autoridad laboral, extremo aquí no concurrente”. “En definitiva, debiendo calificarse el I Convenio Colectivo de Fútbol Femenino Profesional de extraestatutario procede estimar la demandada en su pretensión subsidiaria, en el sentido de declarar que su artículo 20 resultará únicamente de aplicación a las futbolistas y Clubes afiliados a los sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del mismo, dada su eficacia limitada”, concluye la Sala. Por todo ello, el fallo acuerda “estimar en parte la demanda formulada por el sindicato de Futbolistas ON, a la que se adhirió el Real Madrid, en su pretensión subsidiaria y declarar el carácter extratutario del I Convenio Colectivo de Fútbol Femenino Profesional únicamente de aplicación de aplicación a futbolistas y clubes afiliados a los sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del mismo, condenado a los codemandados ACFF, AFE, al Fútbol Club Barcelona y al Athletic Club de Bilbao a estar y pasar por esta declaración”.

  • La Audiencia Nacional ordena levantar parcialmente el secreto de la pieza Iberdrola del ‘caso Villarejo’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/07/2020 a las 12:30

    La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha acordado el levantamiento parcial de las actuaciones en la pieza 17 (Iberdrola) del caso Villarejo, donde se investigan los encargos de responsables de esta empresa al Grupo Cenyt, vinculado al excomisario de Policía y su socio Rafael R., para realizar servicios presuntamente ilícitos consistentes en acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial. En un auto, los magistrados explican que procede alzar el secreto de las actuaciones con excepción de la documentación que está todavía pendiente de examen por parte de la Policía y cuya comunicación a las partes se realizará una vez ese análisis se haya producido, excluyendo los elementos que afecten a la declaración de secreto que pudiera haberse efectuado en otras piezas separadas de la causa, así como todos aquellos datos no relevantes para este procedimiento que pudieran perjudicar a víctimas o a terceros y respecto a los cuales el instructor deberá adoptar las oportunas medidas para evitar posibles perjuicios. El tribunal, que admite parcialmente el recurso del exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio A. al que se había opuesto la Fiscalía, explica en su escrito que desde que se declaró el secreto en esta pieza separada ya ha transcurrido un tiempo suficiente para adoptar, respecto a la documentación examinada, las cautelas necesarias para evitar perjuicios a víctimas y terceros, por lo que no aprecia motivos para mantener el secreto respecto al resto de las diligencias personales y de cualquier otro orden hasta ahora practicadas. Los magistrados consideran que tanto la declaración de secreto inicial como las prórrogas sucesivas estaban justificadas por el riesgo que para los fines del proceso, la intimidad de las eventuales víctimas y de terceros, pudiera representar que las partes accedieran a la documentación incautada antes de que este fuese analizada; un riesgo que, según el tribunal, resulta evidente dada la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de Villarejo y el acceso que esa condición le proporcionaba a ficheros informáticos con material altamente sensible. No obstante, la Sala también considera incuestionable que el transcurso del tiempo y el análisis de la documentación incautada excluyen el peligro, puesto que ha habido ocasión de expurgar previamente los datos no relevantes para el proceso susceptibles de causar los perjuicios antes señalados, o de adoptar, respeto a los datos que sí sean de interés en la causa, “las cautelas precisas para evitarlos y para armonizar ese interés con el imprescindible acceso que, para una adecuada preservación del derecho de defensa, han de tener los investigados y demás partes a los materiales del procedimiento”.

  • Condenado a cinco años de cárcel por adoctrinar a una joven para convertirse en profesional del marketing digital para ayudar al Estado Islámico
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 17/07/2020 a las 12:40

    La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años de cárcel como autor de un delito de adoctrinamiento terrorista a un ciudadano argelino por instruir a través de las redes sociales a una joven, que en realidad era un agente encubierto informático, a formarse en marketing digital y convertirse en una profesional del sector con el fin de ayudar en ese campo al Estado Islámico. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal establecen en el fallo que, una vez transcurridas las tres cuartas partes de la condena, procederá la sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional con la prohibición regresar durante ocho años. Los hechos probados relatan que, con motivo de la interacción en redes sociales de un agente encubierto informático en otro operativo, identificado con el perfil “Amira Chafchaf”, en abril de 2018 recibió un saludo del condenado, Izzaddine B., a través de las redes sociales. Posteriormente, le preguntó por detalles personales como la edad, el lugar de residencia o si era una buena musulmana. Entablado el primer contacto, explica la Sala, “Amira” le manifestó estar preocupada porque una amiga suya mayor se había ido a Siria (Sham) y ella había pensado en ir allí o enviarle dinero. Estas ideas, dice el Tribunal, fueron disuadidas por el acusado para “enfocar su ayuda en favor de los <hermanos> (alusión con la que hacía referencia a los musulmanes que residen en el denominado Estado Islámico, integrantes de DAESH o ISIS) de otra manera más sutil, por ejemplo, estudiando, siendo una profesional del marketing digital”. Para el acusado, explican los jueces, dichas actividades sí eran una “ayuda verdadera” a la causa yihadista, insistiendo en querer prepararla para que aprendiera “a moverse, manejar Internet, idiomas, programación, ser camello (llevar cosas de un punto a otro) o hacer cursos de informática” y así, de esta forma, añaden, “cuando Sham cayera sería una bomba que causaría sufrimiento a los infieles (kofar), hablándole con este objeto y para su formación, de la web de difusión para Europa de contenidos yihadistas Ansar Alkhelafa Europe”. La sentencia apunta que el acusado entendía que “era necesario preparar a otros y ella sería uno de ellos, con un puesto en el sector de prensa, informática y programación porque su objetivo era ayudar a volver a construir un estado islámico como era en la época del profeta”. Al propio tiempo que Izzeddine le instruía en que la mejor forma de ayudar a combatir a los infieles era profundizando en la religión y adquiriendo conocimientos de marketing digital e idiomas, le insistía en borrar el contenido de las conversaciones que ambos mantenían a través de las redes sociales por estar muy controladas, pasando a otros sistemas de comunicación más seguros. La resolución también recoge que Izzeddine insistía a “Amira” en que dejara a su madre y se fuera a Vitoria -donde él residía y ejercía como presidente de la Asociación Argelina del País Vasco- con la intención de casarse y vivir de una pensión del Gobierno vasco de 1.100 euros. Una vez allí, le enseñaría religión, idioma y marketing digital “y entonces empezaría su verdadera ayuda, porque había muchas formas de ayudar y cada uno sirve de su forma”. Hasta que eso ocurriera, explica la sentencia, le mandó una lista de lecturas de algunos sabios religiosos con objeto de que se fuera formando en la doctrina salafista. Una vez analizada toda la prueba, la Sala concluye que la intención del acusado era “captar a su interlocutor para la causa yihadista a través de su formación en profundidad de contenido religioso violento y extremista tras una formación profesional útil y diversa en campos del mundo digital coherente con una de las vías de implantación del yihad violento contra los que no participan de tales ideas”.

  • El juez propone juzgar a la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 16/07/2020 a las 18:00

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas. En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi P.S., su mujer Marta F.L. y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi P.F., Mercé G., o los empresarios Luis D.H., Carlos S.C. y Carlos S.C. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón G.R., Ana V.M. y Amelia B.L. El auto, de 509 páginas, explica que la investigación durante estos años ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi P.S. entre 1980 y 2003. No se ha acreditado la existencia de una herencia secreta del abuelo La procedencia de dicho patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente del abuelo Florensi P.B. “A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”. Así, paradójicamente, explica de la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades). El origen de los fondos En ocasiones, continúa De la Mata, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán. Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales. Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, “cuya existencia real no ha quedado acreditada”, señala. De hecho, añade, en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente. En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola. Una organización criminal liderada por Jordi Pujol Soley y con reparto de tareas De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi P.S. y Marta F.L. quien, de hecho, se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”. Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi P.F. (“el capellán de la parroquia”). El auto indica que Jordi P.F. asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos. El juez considera que este ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los “negocios” en que invirtió durante años, estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia. También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia, apunta el juez. El resto de los hermanos, sin perjuicio de su participación individual en determinados “negocios” u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito. No obstante, el rol más preeminente de Jordi Pujol Ferrusola y su carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia, en alguna ocasión fueron Josep P.F., Oleguer P.F. o Pere P.F. los que realizaron las transferencias a sus hermanos. Otras personas, por último, colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones. El instructor explica que en este caso se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014. Una organización con la finalidad de obtener multimillonarios beneficios ilícitos Esta organización criminal, concluye el juez, tenía finalidad claramente ilícita: “obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas”. A lo largo de las 509 páginas del escrito, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportó cantidades multimillonarias sin razón alguna. En relación con el delito de blanqueo de capitales, De la Mata sostiene que “es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con el sistema que crearon, pues con anterioridad al mismo el dinero se hacía llegar a la familia directamente en “negro», en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”. La resolución del juez advierte de las pautas comunes de actuación en la estrategia defensiva de los investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.  

  • El juez de la Audiencia Nacional abre juicio oral en las piezas ‘Iron’ y ‘Pintor’ del caso ‘Tándem’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 15/07/2020 a las 11:30

    El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral en las piezas 2 y 6, denominadas ‘Iron’ y ‘Pintor’, del conocido como caso ‘Tándem’, por el que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En el caso de la pieza Iron, el instructor envía a juicio ante la Sala de lo Penal a Villarejo y otras 13 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil, así como a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica. En esta causa se ha investigado al excomisario Villarejo y a su socio Rafael R. a raíz de haber sido contratados por el despacho de abogados Herrero y Asociados para investigar a antiguos socios y empleados que constituyeron un nuevo bufete. En su auto, el juez fija la responsabilidad civil a la que deben hacer frente los investigados en 480.000 euros por las posibles indemnizaciones de los perjudicados en esta pieza. Acuerda también el decomiso de 302.500 euros en concepto de las dádivas percibidas por el Grupo Cenyt. Una vez que las acusaciones han prestado sus respectivos informes, el magistrado acuerda dar traslado de los escritos de acusación a los letrados de los investigados para que en el plazo de diez días presenten sus escritos de defensa. Respecto de la pieza Pintor, el juez ha acordado abrir juicio oral contra Villarejo, Rafael R., los empresarios Juan y Fernando M.T. y otras diez personas por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración. Esta pieza se ha centrado en la contratación que realizaron los hermanos M.T. a principios de 2017 de los servicios de Villarejo para conseguir información de un exsocio y de su entonces abogado con el fin de reclamar una deuda pendiente en Hacienda. En este procedimiento, el juez fija en 220.000 la responsabilidad civil por las posibles indemnizaciones a los perjudicados. Al igual que en la otra pieza, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda dar traslado de los escritos de acusación a las defensas para que en el plazo de días presenten sus escritos de defensa.

  • La Audiencia Nacional abre juicio oral a los tres acusados de pertenecer a la célula terrorista que provocó los atentados de Cataluña de 2017
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 09/07/2020 a las 13:30

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra Mohamed H.C., Driss O. y Said B.I., los tres presuntos miembros de la célula terrorista que cometió los atentados de Cataluña de 17 y 18 de agosto de 2017. En el auto, la Sala confirma la conclusión del sumario por los delitos que incluyó el juez instructor en su auto de procesamiento y que constituían integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa, sin perjuicio, indica el tribunal en su resolución, de su determinación en los escritos de conclusiones, de estragos terroristas consumados y asesinatos en tentativa o lesiones de carácter terrorista por los hechos de Alcanar. Varias de las acusaciones particulares y las dos populares habían solicitado al tribunal que ordenase al juez instructor la ampliación de la imputación a los tres miembros de la célula por las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils. La Sala rechaza este extremo y explica que cuando finaliza la investigación impera el principio acusatorio y se debe garantizar la necesaria imparcialidad de la sala sentenciadora, de ahí que, salvo clamorosas omisiones de hechos imputables, “no deba hacerse uso de la facultad de ordenar el procesamiento o la ampliación del mismo mediante la atribución a los procesados de hechos que no les fueron imputados en el auto del juzgado”. Además, el tribunal recuerda que el auto de procesamiento se excluye expresamente por el instructor la participación de los procesados en los hechos acontecidos en Barcelona o Cambrils. Los jueces añaden que si ordenaran procesar o ampliar el procesamiento estarían valorando aun provisionalmente los indicios racionales de criminalidad contra determinada o determinadas personas, lo que les haría perder la necesaria imparcialidad. No obstante, la Sala argumenta que la prohibición de incluir en el escrito de conclusiones hechos que no han sido objeto de imputación a los procesados no conduce a la exigencia de una exactitud fáctica entre la resolución inculpatoria y la acusación. Por ello, siempre que las calificaciones no sean sobre hechos no imputados pueden variar y comprender posibles concursos, por lo que el tribunal recoge las distintas alternativas de las acusaciones, entre ellas las posibles consecuencias lesivas, personales y materiales, de la explosión del material almacenado en la casa de Alcanar que podría suponer la existencia de un concurso de delitos como entienden varias de las acusaciones personadas. En el mismo sentido, el auto explica también la posibilidad de que las acusaciones imputen a Said B.I. por integración o simple colaboración en su escrito de conclusiones.

  • El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a 105 personas por formar parte de una macroorganización criminal en la causa ‘Operación Emperador’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 08/07/2020 a las 16:30

    El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas en la causa por la denominada Operación Emperador, la macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao P. para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 envía este procedimiento a la Sala de lo Penal por hechos que constituyen, según su criterio, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos. La resolución, que pone fin a la instrucción de este procedimiento, da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables. Además de contra Gao P., el juez dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía, como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel G.G., empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos. El juez también propone juzgar a Ignacio G.J., actor de cine de adultos conocido como “Nacho Vidal”. El juez expone que a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, “aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Ping G., compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”. Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos. Las tres tramas de la organización criminal En su escrito el juez explica que la investigación ha acreditado la existencia de una macroorganización bajo el liderazgo absoluto de Ping G., que de forma permanente y sistemática durante años defraudó a Hacienda y blanqueó las ganancias obtenidas a través de una pluralidad de sociedades donde cada investigado tenía distribuidas de forma milimétrica y perfecta sus funciones y cometidos. Esta organización criminal se estructuraba en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la hacienda Pública. Para ello, registraban un número menor al real de los artículos que entraban en los contenedores y declaraban otro tipo de productos distintos a los reales. Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del Polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en la localidad toledana de Seseña y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros. Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización “una inconmensurable cantidad de dinero en metálico” que posteriormente enviaban a China, “fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario”. La trama de intermediación para el blanqueo de capitales Una segunda trama de la organización estaba integrada por personas que actuaban de intermediarios. Eran ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y que contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico en España y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Los intermediarios cobraban comisiones entre el 2% y 3% por facilitar la salida del dinero de la organización de Gao P. Esta organización se encuentra liderada por François L., explica el auto, y funciona como una estructura de intermediación, a cambio de una comisión, entre personas que teniendo elevados saldos bancarios en paraísos fiscales requieren dinero efectivo en España, y quienes teniendo precisamente dinero metálico en España quieren transferirlo ilícitamente a cuantas bancarias localizadas en el exterior. De este modo surge la comunidad de intereses entre Ping G. y François L. El primero dispone de inconmensurables cantidades de dinero en efectivo, y este último hace posible su salida de España a cambio de una comisión de entre el 2% y el 3%. La actuación coordinada entre ambas tramas se lleva a cabo a través de la labor de Rafael P., que trabaja para la trama constituida por ciudadanos de origen chino y es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero que dicha trama genera; y Malka M., alias “la Sobrina”, que actúa bajo la jefatura directa de Isaac C., alías El Gordo, que representaba en España esta trama B, y cuya labor era buscar “donantes”, empresarios con una alta disposición de dinero en efectivo, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a otros países eludiendo el pago de impuestos; y “receptores”, empresarios con elevados saldos bancarios en paraísos fiscales que necesitan disponer de efectivo en España pero eludiendo el pago de todo tributo al efecto. Por último, el juez describe una tercera trama de la organización, integrada por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales, que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a China. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera para remesar el dinero desde países con menor control respecto al blanqueo de dinero, o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.

  • La Audiencia Nacional acuerda la extradición a México del exdirector general de PEMEX
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 06/07/2020 a las 09:40

    La Audiencia Nacional ha acordado la extradición a México del exdirector general de la petrolera PEMEX Emilio L. para ser juzgado en dos causas por delitos que en su país constituirían asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita y que en la legislación española corresponden a asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran, tras examinar el procedimiento, que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega y recuerdan que Emilio L. presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país y renunció al principio de especialidad (la prohibición de ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición). Los hechos por los que está reclamado en la primera causa indican que Emilio L., antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mejicanos (PEMEX) propiedad del Gobierno, se comprometió con la empresa Altos Hornos de Méjico (AHMSA) representada por Emilio A., “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”. De ese modo, continúa el escrito, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó 5 transferencias por importe de 3.400.000 dólares USA a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era el reclamado, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda. Las transferencias desde AHMSA a Tochos, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se efectuaron el 12 de junio y el 1, 9, 16 y 28 de noviembre. De acuerdo con la solicitud de México, desde el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre el reclamado formó parte del gabinete de transición del nuevo presidente electo. Además, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 Tochos Holdin ingresó en distintas cuentas bancarias cuya titularidad correspondía al reclamado un total de 60.000 dólares USA “sin causa que justificase dichos pagos”. Posteriormente, la misma empresa, ingresó en una cuenta a nombre de María del Carmen A. un importe de 2.580.000 dólares USA señalando como concepto “Ladera num 20 casa 11 Col. Lomas de Bezares”. Al día siguiente, el reclamado en calidad de comprador, adquirió dicho inmueble por la misma cantidad. La resolución explica que en diciembre de 2013, en su calidad de director general de la empresa PEMEX, Emilio L. propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de PEMEX, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira, “pese a que los diversos informes desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad”. La compra se llevó a cabo estableciéndose como precio, excluyendo el valor del inmueble, la cantidad de 264.000.000 dólares USA. Debido a la deteriorada situación de la mercantil, apunta el texto, fue necesario llevar a cabo inversiones para su rehabilitación por valor de 450.000.000 dólares, siempre según la reclamación de las autoridades mexicanas. La segunda causa por la que Emilio L. está reclamado señala que en el año 2009 aquel ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto D.M., director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país. “A cambio de la ayuda prestada al Director Superintendente de Odebretch para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en el mes de marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI, llevando a cabo la mercantil en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta 8 transferencias por un total de 4.000.000,00 dólares USA a empresas «Latin América Asia Capital Holding LTD» y «Zecapan S.A.” vinculadas al reclamado o a su familia. Parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013, a la compra de un inmueble por 1.900.000,00 dólares USA en el Estado de Guerrero en la República Mejicana por la esposa del reclamado Marielle Helen Eckers”, según señala la documentación de extradición. La resolución explica que como director general de PEMEX el reclamado, en el año 2013, otorgó de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por 1.436.398.637,49 pesos mejicanos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente e internacionalmente, comprometiéndose la citada mercantil a pagarle 6.000.000,00 dólares USA a cambio del otorgamiento de la obra que finalmente obtuvo, firmando el contrato de obra pública en febrero de 2014. De dicha cantidad, al reclamado le fueron abonados un total de 5.000.000,00 dólares USA, mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A. que se realizaron los días 6 y 12 de diciembre de 2013, 24 de febrero, 11 y 20 de marzo de 2014. En este caso, la Audiencia aplica el artículo 19 bis del Tratado bilateral en el que señala que “si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de la Parte Requerida que consiente en ser extraditado, dicha Parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites y tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para expeditar la extradición, no siendo aplicable en estos casos la regla de especialidad”.