Audiencia Nacional

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  • La Audiencia Nacional vuelve a rechazar la petición de libertad del creador del antivirus Mc Afee
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/01/2021 a las 14:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado una nueva petición de libertad del empresario de la informática y creador del antivirus McAfee, por lo que seguirá en prisión provisional mientras se tramita su extradición a Estados Unidos, donde se le reclama por cinco delitos de evasión de impuestos y otros tantos de impago de impuestos. En un auto, los magistrados de la Sección Segunda rechazan los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por el reclamado en relación con el transcurso del plazo legal concedido a las autoridades de EEUU para la remisión de la documentación extradicional, así como la falta de legitimidad y de la necesidad de la medida impuesta. Los magistrados confirman todos los argumentos expuestos en el auto del pasado mes de diciembre en el que se ratificó su prisión provisional y consideran que, además de la sustracción a la acción de la Justicia en su país y otro intermedio y la negativa manifestada a la entrega, “es insuficiente el arraigo personal y familiar que invoca, dada la escasa antigüedad del contrato de arrendamiento que aporta (enero de 2020, nueve meses antes de la detención) y que no puede deducirse de la documental médica que acompaña riesgo para su salud derivado de su permanencia en prisión, la cual refleja dolencias propias de su edad, 75 años”. En todo caso, añade el tribunal, “nada obsta a que pueda seguir su tratamiento en el centro penitenciario. Y que no le impediría huir de ser necesario, como se deduce de sus movimientos anteriores por varios países”.

  • La Audiencia Nacional fija que los datos de dopaje son datos de salud del deportista
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/01/2021 a las 10:40

    La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha fijado que los datos sobre dopaje son datos de salud del deportista y, por tanto, una infracción en materia de protección de datos en este ámbito constituye una falta muy grave. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que sancionó a la recurrente por infracción muy grave por publicar datos de la salud de un deportista en el marco de un expediente sancionador por dopaje que terminó archivado. El deportista denunció ante la Agencia de Protección de Datos que la AEPSAD había revelado datos de su salud al publicar sus alegaciones en el expediente que se le había abierto por dopaje. El deportista había manifestado que la presencia de una sustancia prohibida en sus muestras fisiológicas se debía a la ingesta accidental de un medicamento que estaba tomando su hijo por una enfermedad común. La Agencia Española de Protección de Datos consideró que la AEPSAD había incurrido en una falta muy grave al infringir el artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que establece que los datos de carácter personal sobre la salud sólo pueden ser recabados, tratados y cedidos por razones de interés general, cuando así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. La AEPSDAD reconoció su error pero recurrió ante la Audiencia Nacional al entender que los datos publicados no eran datos de salud y por tanto la infracción debería calificarse como grave y no muy grave. El tribunal rechaza el recurso y explica que en el ámbito específico de las normas deportivas, “la lucha contra el dopaje está estrechamente vinculada con la salud de los deportistas, como no podía ser de otra manera, ya que el uso y consumo de determinados productos pueden falsear el rendimiento individual y, por ello, están prohibidos en las competiciones deportivas, pero, además afectan directamente a las condiciones físicas de los usuarios y por tanto, también su salud”. La sentencia recuerda que según la propia acepción gramatical de la palabra “salud” recogida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua estaría incluido como dato de salud el resultado de la toma de muestras corporales para analizarlas y comprobar las condiciones físicas de cualquier persona, incluidos los deportistas. La Sala analiza la normativa española, la de la Unión Europea y la internacional y concluye que los datos sobre dopaje en el deporte son datos de salud del deportista, “sin perjuicio de que en la lucha contra el dopaje se regule detalladamente la determinación de existencia de infracciones y su publicidad para evitar el falseamiento de las competiciones y, en definitiva, tratar de que el juego sea limpio, pero no se deriva de tales normas que las infracciones en materia de protección de datos no tengan la calificación de gravedad que corresponde a las categorías especiales de datos que están particularmente protegidos, como son los datos de salud”.

  • La Audiencia Nacional absuelve a tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y a un empresario en la pieza por la reestructuración de la deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 19/01/2021 a las 12:20

    La Audiencia Nacional ha absuelto a la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) M.D.A. y los exdirectivos de la entidad D.G.M. y V.S.A., así como al empresario R.G., en relación con una serie de operaciones para la reestructuración de la deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal exculpan a los acusados en esta pieza denominada “TIP Reestructuraciones” del delito de administración desleal del que les acusaba la Fiscalía y por el que pedía para los tres exdirectivos una condena de cuatro años de cárcel como autores y de dos años para el empresario como cooperador necesario. Les absuelve igualmente del delito continuado de distracción desleal de dinero del que les acusaba el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La Sala rechaza por tanto que los acusados tengan que indemnizar con 35,7 millones de euros al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como solicitaba el Ministerio Público en concepto de responsabilidad civil, así como que la aseguradora Caser respondiera de forma directa de dicha cantidad. Tras analizar los hechos y las operaciones enjuiciadas, el Tribunal no considera que la exdirectora general de la CAM “se haya excedido en el ejercicio de las funciones que desempeñaba, ni menos aún una actuación dolosa de aquella en cuanto a las operaciones objeto de enjuiciamiento respecta, máxime cuando carecía de facultades para su aprobación, rechazo o modificación, la cual se residenciaba en otros órganos de la CAM ajenos a esta acusada”En cuanto a al exdirector de Empresas de la CAM, los jueces indican que “no parece muy factible que se pueda imputar un delito de administración desleal, ni siquiera un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción de dinero, a un mero apoderado de la CAM, y no a los que realmente tenían facultades de decisión respecto de estas operaciones, ya directamente, ya por delegación del Consejo de Administración. Ninguna disposición, ni dominio del hecho, ni capacidad para cambiar las cosas poseía este acusado”. Añade que este acusado, al margen de su puntual intervención en momentos concretos, “ninguna capacidad de maniobra tuvo respecto de la ejecución de las operaciones enjuiciadas, ya que como han declarado la casi totalidad de los testigos, las mimas eran aprobadas por los órganos de la CAM, sin posibilidad de maniobra alguna por parte de TIP, y más aún en esas fechas, en la que la presencia del Sr. D.G.M. era casi testimonial”. Por lo que respecta al acusado V.S.A., exdirector general de la mercantil “Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L.”, la sentencia destaca que la intervención de este acusado en los hechos objeto de enjuiciamiento, al margen de su puntual participación, “ha sido nula, quedando descartada por la abundante prueba obrante en autos que hubiere tenido cualquier tipo de disposición sobre las mismas”. Por último, el fallo se refiere al acusado R.G.E., socio mayoritario y administrador de “Hansa Urbana, S.A., de quien indica que “no cabe hablar de una condonación de deuda encubierta tal y como pretenden las acusaciones, y tampoco se puede imputar en calidad de cooperador necesario al Sr. R.G.E. en un delito de administración desleal societaria, ni de la CAM, con la que ninguna relación tenía, más allá de la societaria-empresarial, ni de TIP, ni de “Hansa Urbana, S.A.”, de la que a tenor de lo expuesto se limitó a salvaguardar los intereses que le eran propios, en orden a la conservación de aquella”.  

  • La Audiencia Nacional rechaza responsabilidad de la Guardia Civil por los daños causados durante los sucesos del 1-O en el pabellón municipal Sant Juliá Ramís de Girona
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/01/2021 a las 12:25

    El Juzgado Central de lo Contencioso nº 7 ha rechazado la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en el pabellón municipal gerundés de Sant Juliá de Ramís durante los sucesos del 1 de octubre de 2017. La sentencia rechaza el recurso del Ayuntamiento de esta localidad y destaca que la Guardia Civil no actuó antijurídicamente porque un auto judicial le obligaba a retirar todo el material electoral y porque no hay relación de causa efecto por la propia conducta del recurrente. El ayuntamiento reclamaba la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Justicia y atribuía a la Guardia Civil los daños causados en su pabellón municipal la jornada del 1 de octubre de 2017. En su recurso reclamaba una indemnización de 13.427 euros. En su sentencia, el juez rechaza la actuación antijurídica de la Guardia Civil. El magistrado recuerda que esa actuación se encontraba amparada por una resolución judicial “que le ordenaba retirar de las instalaciones puestas a disposición del referéndum convocado ilegalmente todo el material relacionado con dicho proceso electoral”. El ayuntamiento recurrente puso sus instalaciones a disposición del referéndum ilegal La sentencia se basa en doctrina del Supremo para añadir que en el presente caso tampoco se ha acreditado el nexo causal, directo, inmediato y exclusivo entre la actuación de la Administración, en este caso la Guardia Civil, y sus efectos, “por la conducta del propio Ayuntamiento perjudicado al poner las instalaciones del pabellón municipal a disposición de un proceso electoral ilegal y existiendo resoluciones judiciales que obligaban a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, a retirar todo material electoral de aquéllas”. Por ello la sentencia concluye que se ha roto el nexo causal que determina la inexistencia de la responsabilidad patrimonial del Estado “por la intensa intervención del perjudicado, de tal manera que el daño no se hubiera producido sin la puesta a disposición de las instalaciones de titularidad municipal al servicio de una actividad ilegal y frente a la que existían resoluciones judiciales que obligaban a la guardia civil a recoger el material electoral de aquéllas”.  

  • La Audiencia Nacional admite una querella por la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/12/2020 a las 17:00

    La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve entre jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y La Coruña. La querella se presenta por hechos considerados por la entidad sindical como constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.  Se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group. En el auto de admisión, la magistrada oficia a la UDEF para que realice una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes. Además, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella”, la juez pide a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, entre otros extremos. La querella refiere que Alcoa Inespal, compañía estadounidense, se dedicaba a la producción de aluminio y aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a 688 trabajadores. Afirma que la referida mercantil engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, iniciado el 17 de octubre de 2018, “elidiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros”. La querella relata todo el proceso de venta y concluye que, en definitiva, con sus actuaciones “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el Plan de Negocios, ni el del pago de los salarios de los trabajadores, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo”. Al mismo tiempo, añade, con ello se habría llevado al incumplimiento de las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir (en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla -costa salarial aproximado 42.5 millones de dólares anuales-), ejecución de plan de negocio y medidas de protección para evitar el destino de los fondos a fin distinto, destinándose 20 millones por cada planta para la realización de inversiones. Así, lo primero que hace Alcoa, explican, es bloquear la inversión de los 40 millones de dólares, consignándolo notarialmente, lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y las aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores que seguían unidos a la empresa. Finalmente, se añade que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo efectivo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido. En su auto, la juez recuerda que el pasado día 17 de septiembre la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el procedimiento sobre Despido Colectivo afectante a la factoría de ALCOA de San Ciprián (LUGO), se dictó sentencia declarando su nulidad y condenando a la mercantil a la reincorporación de los trabajadores afectados (524) a su puesto de trabajo, al entender que la empresa actuó con mala fe en las negociaciones, -en un proceso paralelo y similar al seguido en las dos factorías a las que afecta la presente querella- y que el fin único que la guiaba era el de apagar las cubas electrolíticas para cerrar la fábrica de la manera más rentable posible. Señala, asimismo,  que los diálogos de ALCOA con una empresa para vender la planta “permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica”, y que la misma entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo de no llegar a un acuerdo final”.