Audiencia Nacional

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  • La juez acuerda la libertad provisional con medidas cautelares para un miembro de ETA entregado por Francia
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 19/02/2020 a las 14:50

    La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el miembro de ETA entregado ayer por Francia D.P.M., tal y como ha solicitado la Fiscalía. La magistrada le impone como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional con retirada de pasaporte, presentación semanal ante el juzgado de instrucción de su domicilio y fijación de un teléfono y domicilio donde pueda ser localizado. El auto señala que en este caso “a la vista de las alegaciones de las partes, no cabe sino entender que, aun cuando ha aportado documentación justificativa del cumplimiento de las medidas acordadas por las autoridades judiciales francesas, es lo cierto que por este juzgado hubo de acudirse a la emisión de una orden europea de detención y entrega para obtener su disposición personal a este procedimiento, por lo que si bien la prisión provisional no resulta proporcionada a tales circunstancias, sí habrán de adoptarse otras medidas cautelares que garanticen que no eludirá la acción de la justicia en la presente causa”, en la que se le investiga por pertenencia a organización terrorista .

  • La Audiencia Nacional acuerda el archivo por prescripción de la causa contra un miembro de ETA por el atentado contra la Guardia Civil en Bilbao en 1981
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 18/02/2020 a las 14:10

    Un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento libre por prescripción para la miembro de ETA N.J. en la causa por el ametrallamiento de varios vehículos de la Guardia Civil, en Bilbao el 14 de junio de 1981, que dejó cuatro agentes heridos. En el auto, la Sala considera que debe extinguirse la responsabilidad penal de N.J. en este procedimiento al haber transcurrido, tal y como planteó su defensa, más de veinte años desde la fecha de la comisión de los hechos hasta el auto de procesamiento, de 11 de marzo de 2004. Los magistrados entienden que se ha superado el plazo de prescripción de 20 años tal y como contempla el artículo 132 del Código Penal. La Sala analiza todas las diligencias y resoluciones acordadas durante estos años respecto de N.J. para concluir que ninguna de ellas goza de la virtualidad interruptora de la prescripción conforme a los parámetros jurisprudenciales. Por otro lado, tiene otra causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción 5 por el asesinato del militar Ramón Romeo Rotaeche y que se encuentra pendiente de la decisión de las autoridades belgas que deben resolver sobre la entrega solicitada por el magistrado José de la Mata.  

  • La Audiencia Nacional propone juzgar a dos Mossos de Esquadra por encubrimiento de Puigdemont
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 14/02/2020 a las 14:00

    El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por un delito de encubrimiento a dos Mossos de Esquadra que, en marzo de 2018, ayudaron al entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a eludir la captura de este hasta que fue detenido en Alemania en virtud de una orden del Tribunal Supremo, donde estaba investigado. El magistrado acuerda el archivo de la causa para los otros dos acompañantes de Puigdemont, Josep María M. y Lluís A. En un auto, en línea con el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el magistrado acuerda el pase a procedimiento abreviado de esta causa y entiende que los miembros de los Mossos de Escuadra Carlos P.L. y Xavier G. deben ser juzgados por delito de encubrimiento. La resolución da diez días a partir de ahora al Ministerio Público para presentar su escrito de acusación. El magistrado explica de lo investigado se desprende que el 25 de marzo de 2018 los dos Mossos, que tienen la condición de funcionarios y que se encontraban de permiso esos días, junto con Josep María M. y Lluís A., acompañaban a Puigdemont cuando este fue detenido en la localidad alemana de Jagel por la policía de aquel país, en cumplimiento de la orden europea de detención y entrega cursada por las autoridades judiciales españolas. “Ambos investigados, puestos de común acuerdo, pese a su condición de funcionarios de la policía y con pleno conocimiento de que el sr. Puigdemont tenía una orden de búsqueda y detención europea librada por el Tribunal Supremo, le ayudaron a intentar sustraerse a a la acción de la justicia cuando este último se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta su domicilio de Bélgica“, afirma el juez. El auto destaca que el propio Puigdemont era consciente de la existencia de la orden de detención, pues como se detalla en el informe policial, dice el magistrado, “se le notifica que existía una orden internacional de detención contra él. Él tenía conocimiento de dicha orden, tras aportar algunos datos propios”. Después de relatar todos los detalles del trayecto realizado desde Helsinki hasta que fueron detenidos, el magistrado señala que “todos estos datos eran por ello conocidos por los investigados Carlos P.L. y Xavier G. cuando prestaban ayuda a Carles Puigdemont para desplazarse por carretera desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas (2.370 kilómetros, un trayecto en ferry)”. La actuación de los investigados estaba dirigida a evitar la captura del huido Carles Puigdemont, “logrando de esta forma su sustracción a la acción de la justicia”, lo que reviste los caracteres de un delito de encubrimiento, concluye García Castellón. Respecto de los otros dos acompañantes, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 indica que no tienen la condición de funcionario público, que acompañaban a Puigdemont, que no consta que facilitasen el vehículo, que lo condujesen en algún momento o que hubieren proporcionado cualquier otra ayuda con la intención de que Carles Puigdemont se sustrajese a la acción de la justicia, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto a ellos dos.

  • Prisión para el exdirector de Pemex, reclamado por México
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 13/02/2020 a las 13:25

    El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex en virtud de una extradición cursada por las autoridades judiciales mexicanas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales. En un auto, el magistrado explica que en este caso el delito por el que le reclama la justicia mexicana tiene una pena máxima de prisión de 15 años. Además Moreno, considera que existe un fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado sea puesto en libertad y para ello destaca que en el momento de su detención iba en un taxi con un carnet de conducir con su fotografía pero a nombre de otra persona, “de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia”. El juez ha tenido en cuenta también que no tiene arraigo laboral ni de domicilio en España y que llegó a este país hace solo dos días, según ha manifestado él mismo, por lo que procede acordar la medida de prisión.

  • La Audiencia Nacional investiga a 14 televisiones en el caso de ‘La Rueda’ por corrupción en los negocios por medio de organización criminal
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 04/02/2020 a las 13:40

    El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir contra 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas de televisión, el procedimiento denominado “La Rueda”, en el que se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal. En un auto, el magistrado les da un plazo de cinco días para que se personen en la causa designando abogado y procurador. La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia en 2016 a raíz de denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE que ponían en conocimiento la existencia de un grupo de socios de esta sociedad que desde hacía 10 años veían realizando actuaciones irregulares respecto al registro y/o modificaciones de obras musicales. El magistrado detalla el funcionamiento de esta operativa conocida en el sector como “La Rueda” y que consiste en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si se tratarse de obras nuevas, sin variación alguna de la auténtica y original, en la mayor parte de los casos; en otros casos, se realizaban ligeras modificaciones respecto a la partitura original. Esos registros, explica Moreno, se realizaban bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Esa operativa, añade el juez, la iniciaban los investigados mediante el contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras. Con posterioridad, los denunciados registraban la obra emitida en televisión como arreglo suyo “ya sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor devengados cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación”. El magistrado cifra el fraude total en 100 millones de euros teniendo en cuenta que el periodo investigado se refiere a los años 2006-2011.Las cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondarían los 20 millones de euros anuales. El instructor apunta que los investigados podrían estar actuando en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que “abonarían a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras”. Del mismo modo y para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiados cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos o creando sociedades o productoras. La responsabilidad penal de las televisiones El juez se basa en el informe del fiscal en el que pide las imputaciones y explica que las actividad delictiva “no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos, que estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados”. El origen de la actuación denominada «retorno», continúa el magistrado, se encuentra en la creación por parte de las televisiones de editoriales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE. A final de año, si las cadenas registran canciones que ellos mismos emiten deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos. El otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante. El auto del juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento, también debe trascender “a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión, porque no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador”. La resolución señala que las diligencias practicadas hasta el momento revelan la inexistencia de mecanismos de prevención “dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Asimismo, estos indicios evidencian una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación”. Por todo ello, Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisión de estos hechos, no como un mero instrumento del delito “sino auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo”.