Audiencia Nacional

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  • La Audiencia Nacional da un plazo de diez días a seis condenados en el caso Gürtel a penas graves para su ingreso voluntario en prisión
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 29/10/2020 a las 11:15

    La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez 10 días a los seis condenados a penas graves en el caso Gürtel para su ingreso voluntario en prisión, caso de Rosalía I., Jesús S., Ricardo G., José Luis I., María del Carmen R. Q. y Carlos C. El Tribunal adopta esta decisión en una providencia una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal en los que no se opone a la concesión de plazo para el ingreso voluntario de los condenados a penas graves, en ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la de la Audiencia Nacional. En la misma resolución, los magistrados rechazan la suspensión del ingreso en prisión solicitada por José Luis I., Carmen R.Q. y Rosalía I. En el caso de esta última, el Tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

  • La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión al exconcejal de Majadahonda en ejecución de la sentencia firme del caso Gürtel
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/10/2020 a las 12:43

    La Audiencia Nacional ha acordado el inmediato ingreso en prisión del exconcejal de Majadahonda Juan José M. en ejecución de la sentencia firme del caso Gürtel, por la que se le impuso una pena de 17 años y dos meses de cárcel, y ha dado traslado a la Fiscalía que informe respecto del aplazamiento de ingreso en un centro penitenciario solicitado por otros seis condenados a penas graves, caso de Rosalía I., Jesús S., José Luis I., Ricardo G., María del Carmen R. Q. y Carlos C. En una providencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señala que las peticiones presentadas por los condenados a penas no graves, caso de Jesús C., Jesús M., Pedro R. y Teresa G., para su tramitación, quedan a la espera de la incoación íntegra de la ejecutoria para todos los condenados. Respecto de aquellos condenados que ya se encuentran en prisión, por esta o por otras causas (Francisco C., Pablo C., Isabel J., Guillermo O., Luis D.M., Luis B. y Alberto L.V.), la Sala acuerda que se proceda a cursar orden a los centros penitenciarios donde se encuentren internos para el pase a penado y el cumplimiento de la condena impuesta en este procedimiento.

  • El juez de la Audiencia Nacional cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza separada de la causa ‘3 por ciento’
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 23/10/2020 a las 12:00

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la citación como investigado del exgerente de CDC Germá Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado caso ‘3 por ciento’ en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta”. En un auto, el magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que citara a Gordó a declarar por un delito de blanqueo de capitales, interrogatorio que tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 30 de octubre, a las 10 horas, por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. El magistrado le cita después de que el extesorero de la formación señalara en su declaración ante el juez que “la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces gerente del partido, Gordó Aurabell”. La resolución explica que en ese procedimiento se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas supuestas vías ilegales de allegamiento de recursos. En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido. “Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras”, indica el auto, que añade que mediante esos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido. Aflorar el dinero procedente del delito Para aflorar estas cantidades de dinero procedente de delito, señala de la Mata, directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de ‘pitufeo’ que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito. “Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos ‘donantes’ realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el instructor. Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad”, de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

  • La Audiencia Nacional deniega la inscripción a la denominada ‘Iglesia Pastafari’ en el registro de entidades religiosas
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 22/10/2020 a las 12:30

    La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia a la denominada ‘Iglesia Pastafari’ porque sus fines son ajenos a una entidad religiosa. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó un particular contra la resolución del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia que rechazó la inscripción de la Iglesia Pastafari en el Registro de Entidades religiosas.El tribunal señala que existen otras cinco solicitudes anteriores entre 2010 y 2016, presentadas por sujetos distintos, de inscripción de la Iglesia Pastafari, con nombres en ocasiones diferentes como Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador o Legionarios de Monesvol. La sentencia incluye algunos de los Estatutos de esta entidad, como la Oración principal al Monesvol: «Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación (de no alimentamos de ti) y líbranos del hambre… Ramén». En otro artículo de los Estatutos se recogen doctrinas y principios como los siguientes: 1. El dios más poderoso grande y perfecto es el Monstruo de Espagueti Volador, también referido como Monesvol o MEV. Él es invisible e indetectable, creador del Universo después de una borrachera, lo cual explica las imperfecciones de este mundo. 2. La divina inspiración del Evangelio del Monstruo del Espagueti Volador del profeta Bobby Henderson, su credibilidad plena y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta, a menos que otro pastafari opine lo contrario. 3. Monesvol guía continua e invisiblemente la conducta de cada ser humano creyente o no) por medio de sus apéndices tallarinescos. 4. Los pastafaris devotos deben vestir completamente con atuendo pirata y gritar ¡Arrrgh! Siempre que les sea posible. Esto es así porque los piratas son el pueblo elegido. Cuando esta vestimenta no sea viable (por ejemplo, porque haga falta ver por los dos ojos), el fiel pastafari procurará vestir la prenda religiosa de cabeza consistente en un colador. Esta prenda será lavada antes de su posterior reutilización como utensilio ritual. 5. La realidad del calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas y la esperanza del retorno del número de piratas a valores saludables para el planeta mediante la conversión de los fieles a la religión Pastafari. 6. Monesvol reveló al capitán pirata Mosley y a Bobby Henderson que son profetas de la Iglesia Pastafari. 7. Los pastafaris que se porten razonablemente bien irán al cielo Pastafari, que tiene volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista y una fábrica de bailarines/as de striptease. En cambio, aquellos que Monesvol tenga por diversión mandar al infierno, también dispondrán de volcanes de cerveza y una fábrica de bailarines/as de striptease, pero [en] dichos volcanes la cerveza está caliente y sin gas y las bailarines/as de striptease sufren enfermedades venéreas. 8. El sacerdocio de todos los creyentes que, en la unidad proclaman por su fe, constituyen la Iglesia Universal, comprometidos por el mandamiento de su tallerinesca santidad a la proclamación del evangelio a todo el que quiera escucharles. 9. La pasta con albóndigas y la cerveza son los elementos que forman el cuerpo del creador, y son, por tanto, un alimento ideal y de fácil preparación. Después de leer los estatutos, la Sala concluye que la Iglesia Pastafari no es una entidad religiosa. “Sus fines son ajenos a los de una entidad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes”. Los magistrados explican que el movimiento Pastafari se inició en 2005, en la protesta contra ciertas decisiones en materia educativa del Estado de Kansas por lo que su finalidad, “ sería, en principio, respetable como asociación, pero no puede pretenderse que se trata de una religión, porque visto su credo, estatutos y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa”. La Sala rechaza el argumento de los recurrentes de vulneración de su derecho de asociación puesto que nada les impide asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas, en forma de asociación, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones pero no en el de Entidades Religiosas.La resolución añade que el hecho de que el pastafarismo fuera creado con la finalidad de hacer una parodia crítica a decisiones del sistema educativo de Kansas, Es un hecho histórico que “permite por añadidura confirmar la posición sustentada por la resolución recurrida “ y concluir que no se ha vulnerado la libertad religiosa de los recurrentes La sentencia impone las costas a los recurrentes.  

  • La Audiencia Nacional absuelve a Josep Lluis Trapero y a la excúpula de los Mossos por los sucesos del 20 y 21 septiembre y el referéndum ilegal del 1-O
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 21/10/2020 a las 08:00

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del 1 de octubre relacionados con el proceso independentista. En una sentencia de la Sección Primera, con voto particular de la presidenta Concepción Espejel favorable a la condena por sedición de Trapero y Soler, los magistrados Ramón Saéz (ponente) y Francisco Vieira consideran que no ha quedado acreditado que los acusados “hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma” ni que se hubieran puesto de acuerdo con quienes lideraban el proceso independentista o que hubieran apoyado sus actos propiciando la pasividad de la policía autonómica. La resolución explica que no hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio, ni tampoco entre los acusados, o alguno de ellos, y las personas condenadas en el juicio ante el Tribunal Supremo como coautores del delito de sedición o con otros organizadores de la preparación y ejecución del referéndum. La Fiscalía pedía una condena de 10 años de cárcel para Trapero, Soler y Puig y de 4 años para Laplana por delito de sedición y ofreció como calificación alternativa la de delito de desobediencia por el que se solicitaba la imposición de penas de multa e inhabilitación por 1 año. Los contraindicios de la connivencia de los acusados con los promotores de las movilizacionesLa sentencia señala que son numerosos los hechos que funcionan como contraindicio de la hipótesis de la existencia de un acuerdo de los acusados con los que llamaron, organizaron y lideraron la movilización ciudadana frente a los registros del 20 de septiembre y para celebrar el referéndum el 1 de octubre. En este sentido, explica que los acusados no se comunicaron con los responsables políticos y sociales de la convocatoria del referéndum y de las movilizaciones durante el periodo de septiembre y octubre de 2017; y la Prefectura de Mossos d’Esquadra, con el mayor al frente, reprobó públicamente el 23 de septiembre las declaraciones del Conseller de Interior, de quien dependían orgánicamente, afirmando su compromiso con la ley y las decisiones de los jueces. Los magistrados de la Audiencia apuntan también como contraindicios que, en dos ocasiones, el 26 y el 28 de septiembre, Trapero se reunió con el entonces President de la Generalitat para pedirle que desconvocara el referéndum, así como que el mayor volviera a manifestar, esta vez en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, al President y al Conseller de Interior, y en presencia del secretario de Estado de Interior, que los Mossos cumplirían la ley y las resoluciones de los jueces. En la misma línea, la Sala argumenta que el acusado principal, Trapero, siguió manifestando después del 1 de octubre, en una reunión con los mandos del Cuerpo el día 13, que la Policía debería actuar bajo criterios de neutralidad política, imparcialidad y profesionalidad, ejecutando las decisiones de jueces y fiscales. Trapero preparó un dispositivo para la detención de los cargos políticos el día de la DUI Para la Sala, otros de los contraindicios apreciados se basan en que el mayor Trapero preparó con otros comisarios del cuerpo un dispositivo para la detención de cargos y representantes políticos el día de la Declaración Unilateral de Independencia, en previsión de que así lo decidiera la autoridad judicial. Añaden también que, en diversas ocasiones, durante el periodo examinado, agentes de la policía autonómica intervinieron de manera eficaz y contundente contra movilizaciones dirigidas a la celebración del referéndum, como es paradigmático, por su importancia, el apoyo a la comisión judicial que registraba el 19 de septiembre la sede de Unipost, cuyo resultado impidió la constitución formal de las mesas electorales. La actuación de los acusados el 20 y 21 de septiembre Para el Tribunal, la actuación de Trapero como jefe policial el 20 de septiembre no fue de colaboración con los independentistas, si no que afrontó la situación de un modo que evitó graves daños. Y trató de cumplir con la resolución judicial, igual que antes lo había hecho con las órdenes que emitía la Fiscalía Superior. En el caso de Laplana, explica, carecía de mando sobre las unidades de orden público y su función fue servir de medio de comunicación y enlace del mando de Mossos d’Esquadra con las unidades presentes en la sede de Vicepresidencia y, sobre todo, con la comisión judicial. La Sala concluye que la hipótesis acusatoria (de que negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba) carece de respaldo probatorio. Del mismo modo, el Tribunal considera que los coacusados Soler y Puig no tuvieron actuación en el dispositivo policial de aquellas dos jornadas. La sentencia indica que en el registro del día 20 de septiembre de la Secretaría General de Vicepresidencia se puso en evidencia el método policial de la mediación antes de utilizar la fuerza. “Se evitó desde el primer momento -explica- la reacción violenta contra ciudadanos que no manifestaban una especial agresividad; cuando apareció un riesgo cierto de sustracción de las armas que había en los vehículos de Guardia Civil, se intensificó la actuación discreta de agentes; se agotaron todas las posibilidades de mediación con los que se erigieron como líderes de la protesta, aunque fueran principales representantes del independentismo, pero especialmente aptos por ello para convencer a la multitud congregada; no se cedió ante las presiones de esos líderes independentistas. Se posibilitó la realización de la diligencia judicial, aunque los componentes de la comisión sufrieran injustamente la retención en el interior del edificio al estar rodeado por la multitud. Finalmente, cuando la actuación de grupos violentos al comienzo de la noche cambió el escenario pacífico, intervinieron eficazmente los efectivos de orden público de Mossos d’Esquadra”. El 1 de octubre y la actuación de los Mossos Respecto al día 1 de octubre y el dispositivo policial, la sentencia explica que las actuaciones de Trapero “parecen estar dirigidas a minimizar los daños, aunque ello supusiera al final la celebración del referéndum ilegal. No puede desdeñarse esto. Efectivamente, el acusado venía obligado a hacer todo lo que estuviera en su mano para cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y de la Magistrada Instructora del Tribunal Superior de Justicia. Pero, en la ponderación de los intereses en juego (integridad de las personas, alteración del orden público, cumplimiento del mandato judicial), el jefe policial no debía poner como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum. Si ello producía unos daños irreparables, no solo podían achacarle la responsabilidad de su producción, sino que, desde el punto de vista profesional, su gestión habría sido un fracaso. Bajo este prisma, puede entenderse la reiterada mención a los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad”. En este contexto, añade la Sala, era razonable que en esa situación se resaltara “la necesidad de atenerse a ellos. De hecho, estos principios fueron observados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando tuvieron que desistir en muchas de las intervenciones de orden público el día 1 de octubre ante la naturaleza y condición de las personas que se encontraban en los centros de votación, aparte de que se contemplaban en la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad”. La sentencia considera que “la prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales. El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo”. El ordenamiento jurídico tiene resortes para afrontar los incumplimientos legales y judiciales “En un sistema democrático avanzado como el nuestro, el ordenamiento jurídico tiene resortes suficientes para afrontar todos los incumplimientos legales y judiciales, incluso cuando provienen de las más altas autoridades de una Comunidad Autónoma. Desde la declaración del estado de alarma o excepción contemplado en el artículo 116 de la Constitución, hasta la adopción de las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma cumpla con las obligaciones que le imponen la Constitución y la ley o cuando actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, a través del mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución. El hecho de que no se hubiera puesto en marcha este remedio constitucional ante la convocatoria, primero, y la celebración, después, de un referéndum ilegal que trataba de ser prolegómeno de la declaración de independencia de una parte del territorio español no justificaba, siempre y en todo caso, que el acatamiento de la legalidad y de las decisiones de los tribunales tuviera que pasar por la producción de graves daños a las personas y por una alteración generalizada del orden público en Cataluña”, advierte la Audiencia. Para los jueces, “la opción finalmente puesta en práctica por la policía autonómica de restringir la intervención de los efectivos antidisturbios ante la posible causación de daños irreparables y desproporcionados debe considerarse, al menos, como razonable, aunque pudiera haberse optado por otro tipo de intervenciones policiales y se pueda discutir cuál hubiera sido más adecuada”. El día 1 octubre 2017, entiende la Sala, se pusieron en práctica formas policiales de actuar que obedecían a criterios diferentes, que pueden analizarse y cuestionarse, pero la preparación, planificación y ejecución de la actuación de los Mossos d’Esquadra no puede calificarse como de colaboración, ni siquiera por omisión, con quienes desobedecían las resoluciones judiciales y pretendían que no se cumplieran. Voto particular de la presidenta favorable a la condena de Trapero y Soler Frente a la sentencia mayoritaria, la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, formula un voto particular discrepante porque considera que los acusados Josep Lluis Trapero y Pere Soler i Campins debieron ser condenados como coautores de un delito de sedición. La magistrada estima que ha quedado probado que el acusado Trapero, en su condición de mayor del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, conociendo los propósitos del Conseller de Interior y del director de la Policía, de los que dependía política y gubernativamente y la firme decisión de éstos (y de otras personas que luego serían condenadas en el juicio del Procés) de que llegara a celebrarse a toda costa el referéndum suspendido por el TC, sumó sus esfuerzos a ese propósito común y puso medios eficaces para contribuir a tal resultado. Para ello, a medida que iban siendo dictadas las Instrucciones del Fiscal Superior de Cataluña, primero, y la resolución de la magistrada del TSJC, después, de común acuerdo con el conseller Forn y el director de la Policía, fue poniendo diversas trabas a su cumplimiento; oponiéndose contumazmente a la coordinación atribuida al Coronel Pérez de los Cobos. Presentó un Plan para el teórico cumplimiento de la Instrucción 3/2017 de la Fiscalía deliberadamente ineficaz para el cumplimiento de lo ordenado. No introdujo modificaciones al diseño del Plan (un binomio para cada colegio, al margen de la conflictividad previsible en los diversos centros), pese a habérsele advertido que tanto el Fiscal Superior de Cataluña como el Fiscal General del Estado consideraban el Plan inidóneo, por ser propio de unas elecciones legales. Seguidamente el mayor, aprovechando que las órdenes contenidas en la resolución de la Magistrada del TSJC eran menos concretas que las dadas en las Instrucciones del Fiscal Superior y la referencia contenida en el auto dictado por la misma a la necesidad de preservar la convivencia, pautó una actuación de mínimos por parte de los Mossos, tanto para los días previos como para el propio día 1 de octubre. Fijó unas Pautas de actuación para el teórico cumplimiento de la resolución del TSJC, sabiendo que las mismas eran claramente ineficaces para impedir el referéndum, máxime cuando el propio mayor anticipó su contenido a los responsables políticos y las mismas se publicitaron incluso por redes sociales. De manera que los que instigaban la iniciativa Escoles Obertes conocieran de antemano cual iba a ser la actuación del Cuerpo de Mossos d´Esquadra (y que bastaría la concentración de familias, personas mayores y colectivos vulnerables para que los binomios no pusieran obstáculo alguno a la ocupación previa de los colegios ni a la celebración del referéndum ilegal). Para asegurar que la actuación de la generalidad de los Mossos no supusiera obstáculo real a la ocupación previa de los colegios y a la celebración del referéndum, el Mayor estableció un rígido sistema de petición de apoyos por las patrullas y de transmisión de órdenes por parte de los mandos que evitara cualquier iniciativa o actuación directa de los agentes; de modo que, cuando pudiera adoptarse alguna medida, ésta resultara ineficaz. Respecto al acusado Soler, el voto particular explica que no solo no dio las instrucciones a las que venía obligado, en el ejercicio de su cargo de Director de la Policía, para el cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales, sino que, contraviniendo las mismas, sostuvo el derecho a votar de los ciudadanos, que los Mossos debían garantizarlo, que organizar un referéndum (que se le había ordenado impedir por el TC) no era delito y que debían prevalecer las órdenes gubernativas sobre las que pudieran dar los Jueces y Fiscales. Mediante la aceptación de un Plan presentado a la Fiscalía y de unas Pautas de actuación entregadas a la Magistrada del TSJC deliberadamente ineficaces, favoreció conscientemente que, bajo la apariencia de formal acatamiento de las órdenes judiciales recibidas, la actuación del Cuerpo de Mossos d´Esquadra, no comportara obstáculo alguno para la celebración del referéndum.