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  • La Audiencia de Castellón absuelve a una mujer que soltó dos ratones en la empresa cárnica en la que trabajaba
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/02/2020 a las 12:58

    La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a una mujer que estaba acusada de los delitos contra la salud pública y daños, por soltar dos ratones en una empresa cárnica de Almassora. La Sala confirma así la sentencia dictada en julio de 2018 por el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital de La Plana, que determinó que los roedores no ocasionaron ningún daño a la producción de la empresa. Los hechos sucedieron el 31 de mayo de 2015 cuando, según narra la sentencia de Penal 3 en el relato de hechos probados, la mujer introdujo y dejó dos ratones sueltos en el interior de las instalaciones de la planta de procesado y producción de la empresa. La cárnica acusó entonces a la trabajadora de un delito contra la salud pública y uno de daños, pero la sentencia, ahora confirmada por la Audiencia, la absolvió al no considerar probado que “hubiera ocasionado daño alguno a la producción”. La empresa recurrió la resolución y aseveró que el comportamiento de la mujer estaba encaminado a contaminar los productos cárnicos destinados al consumo humano debido a que la mercantil había decidido no contratarla tras el periodo de prueba que acababa de finalizar. Sin embargo la Audiencia Provincial confirma la decisión del Juzgado de lo Penal y mantiene que la introducción de “dos ratoncillos blancos” en la planta de procesado fue una “circunstancia inmediatamente constatada” ya que las cámaras de seguridad los detectaron prácticamente al instante y “no dio lugar a la paralización de la producción”. La resolución concluye que la acción de la empleada solo generó un riesgo “ligero”de contaminación.  

  • El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio por abuso sexual sobre un menor saharaui en Alicante porque la Audiencia Provincial no justificó que la víctima no declarara
    por webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) el día 20/02/2020 a las 07:30

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado nulo el juicio oral y la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que condenó a dos años y medio de cárcel a un hombre por un delito de abuso sexual a un niño saharaui a quién acogió en su casa de Alicante en un programa de vacaciones, y ordena a dicha Audiencia repetir el juicio con una composición distinta de magistrados. El motivo de la nulidad es la insuficiente justificación que ofreció la Audiencia al rechazar como prueba la declaración del menor en el juicio, solicitada por la defensa del acusado, teniendo en cuenta que su testimonio era la única prueba de cargo de la acusación. El Supremo estima el recurso del acusado al considerar que la decisión de la Audiencia le generó indefensión. El TS cita un conjunto de elementos que muestran que la limitación del espacio de defensa, al rechazar la declaración de la víctima, careció de su debido soporte, empezando porque no hubo ninguna petición de protección al menor, siendo emitida de oficio la decisión denegatoria de la prueba, que además había sido inicialmente admitida. De otro lado, señala el Supremo, la demora en la tramitación de la causa llevó a que el menor, al momento en que había de prestar su declaración en el plenario, contaba ya con una madurez susceptible de modificar sensiblemente la debilidad psicológica que pudiera haberse apreciado cuando los hechos tuvieron lugar (año 2014), habiendo pasado de los 13 años de edad entonces, a los 17 años en el momento del juicio. Recuerda además la sentencia que el propio menor, posiblemente por haber sido prevenido por la defensa, compareció voluntariamente al acto del plenario, “observándose en ello su personal capacidad y disposición a abordar el acto judicial”, y además la Audiencia, cuando denegó la práctica de la prueba, no identificó ningún soporte a su conclusión de que la declaración podría comportar una victimización secundaria. El acusado asumió en su recurso que en fase de instrucción se tomó declaración al denunciante y que la diligencia se practicó como prueba anticipada para el juicio, pero en todo caso, destacó que el instrumento probatorio se anticipó por haber apreciado el juez instructor un riesgo de que el denunciante, al tener procedencia y residencia extranjera, pudiera abandonar el territorio español para cuando el juicio oral tuviera que celebrarse. Sin embargo, esa posibilidad no se materializó y cuando la defensa del acusado pidió la declaración presencial del menor en el juicio oral, la resolución inicial del Tribunal fue la admisión de todos los instrumentos de prueba propuestos. En el momento en que la defensa reclamó que se cursaran unas citaciones que no habían llegado a emitirse, fue cuando el Tribunal declaró que no procedía la reiteración de un testimonio que se había recabado como prueba anticipada.