Comunidad de propietarios cesa a un trabajador por incumplimiento de contrato


Una vez más, SPAIN Detectives, gracias al trabajo en equipo y a la colaboración entre los distintos operadores jurídicos, consigue dar testimonio de uno hechos, suficientes para poder emprender acciones legales.

“La avaricia rompe el saco”

incumplía un contrato para atender otros. Eso sí, los cobraba todos.

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Video grabaciones por detective dentro de una comunidad de propietarios


Extracto del Expediente Nº: E/01753/2017 RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos

Por los siguientes hechos según manifestaciones del denunciante: grabación mediante videocámara de las escaleras del edificio sin señalización de ningún tipo ni autorización ni conocimiento de la Comunidad de Propietarios. Manifiesta que la cámara grabó al denunciante D. D.D.D.,al parecer con un punzón u objeto similar cuando en realidad lo que llevaba en la mano eran las llaves de la puerta del trastero que pretendía abrir.

La denunciada ha manifestado que las imágenes fueron obtenidas por un detective privado al que identifica con su nombre y apellidos y su número de licencia de la Dirección General de la Policía, que contrató a consecuencia de los daños sufridos en la puerta de su propiedad. 2. Las imágenes fueron obtenidas con cámara oculta por dicho profesional, que tiene inscrito el fichero en RGPD de esta Agencia con el código E.E.E.. 

De la documentación aportada, se deduce que la denunciada contrató a un detective privado para esclarecer la rotura de la cerradura del local y se supone en su caso, poder aportar las grabaciones como pruebas en el consiguiente procedimiento judicial Así pues, en primer lugar debe clarificarse que la cámara con las que se realiza las captaciones del denunciante, no es una instalación de seguridad propiamente dicha, sino una cámara oculta temporal utilizada por un detective privado contratado al efecto para obtener información y pruebas sobre el la rotura de la cerradura del local.

El Legislador ha creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en que el propio Legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.  Tal y como sostiene reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 186/2000, de 10 de julio, con cita de otras muchas) “el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido del derecho”.

Por otro lado, junto a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LOPD, el artículo 11 de la LOPD, recoge otras excepciones, a la exigencia del consentimiento: “1.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. 2.-El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: a.-Cuando la cesión esté autorizada en una ley.(…)”.  En este caso en la LOPD, al existir contrato vinculante entre la denunciada y la Agencia de Detectives.  

Análisis de la actuación de la agencia detectives contratada por la denunciada. En cuanto a la legitimación de la actuación llevada por la correspondiente Agencia de Detectives.

En su procedimiento de investigación encomendada, como regla general, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, ha dado carta de naturaleza a la actividad realizada por las empresas de seguridad privada, del tipo de detectives privados, por lo que no estaríamos ante una actuación ilegítima, aún más si tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 48 de dicha ley 5/2014, que nos dice: “Artículo 48 Servicios de investigación privada 1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados …//…  c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

De la citada norma, se desprende que los detectives privados se encuentran habilitados por Ley para obtener información de personas, siempre que no se utilicen para ello “medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar», sin que de los hechos y antecedentes descritos se deduzca que tal circunstancia se haya producido.  La Sentencia de la Audiencia Nacional de 19/10/2005, recurso nº 1139/2003, en su Fundamento de Derecho tercero, es del tenor siguiente: “ Asimismo, la comunicación realizada por .. a su abogado y al perito imparcial se haya autorizada por la Ley de Protección de Datos a tenor del artículo 11.2 de la misma, al ser preceptiva la intervención de abogado y procurador en el procedimiento judicial, y dado que el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que los dictamines periciales se acompañen con la demanda. Además tal comunicación tendría igualmente amparo en el artículo 12 de la LOPD que permite el acceso y comunicación de datos para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento”.

Dicta la Agencia Española de Protección de Datos que: 
 


A la vista de lo expuesto, no estaríamos ante una actuación ilícita por parte de la agencia de detectives, por lo que procede el archivo del presente expediente de actuaciones previas.